J. Refugio Barajas Alatorre
Expediente 255/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Refugio Barajas Alatorre
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de La Piedad, Michoacán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el siete de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 255/2022. De conformidad con el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por J. Refugio Barajas Alatorre, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán y otra autoridad, consistentes en: "De la autoridad señalada como ordenadora, el auto de admisión de fecha 04 de noviembre del año 2021, dentro del expediente 827/2021 radicado en el Juzgado Primero de Primer Instancia de lo Civil de La Piedad, Michoacán, mediante el cual, ordena a la C. Actuaria de este Juzgado, se constituya en el domicilio ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas número 86-A de esta ciudad, sin precisar a qué colonia pertenece, en contra del suscrito, constancia que me generó un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos dentro del juicio arriba indicado y no poder contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento, así como se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, hasta el auto en el que se encuentre el mencionado asunto, constancias en las que no se dio cumplimiento con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que el suscrito no tengo mi domicilio en el lugar que señalaron en el expediente al que hago alusión y en el que supuestamente fui emplazado. De la autoridad señalada como ejecutora, solicito la nulidad del acta de citatorio de fecha 18 de noviembre del año 2021 y el acta de emplazamiento de fecha 19 de noviembre del año 2021. Mediante las cuales -supuestamente- se me emplazó a juicio." Tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe analizarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese contexto, este órgano de control constitucional señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" En principio, debe dejarse establecido que para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Así las cosas, cabe señalar que de conformidad con lo expresado en el escrito de demanda de amparo, el quejoso J. Refugio Barajas Alatorre, se sitúa en la primera hipótesis antes precisada, dado que se ostenta como tercero extraño, porque aduce que fue ilegalmente emplazado en el juicio sumario civil 827/2021, promovido por Laura García Hernández en su contra, del índice del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; y, por tanto, no fue oído ni vencido en dicho asunto. Sin embargo, el promovente del amparo, manifiesta en el escrito de demanda: "V. FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tuve conocimiento del acto reclamado, el día 29 de febrero del año en curso, cuando acudí a mi propiedad ubicada en Boulevard Lázaro Cárdenas Numero 86, zona Centro, de La Piedad, Michoacán, para hacer el cobro de las rentas de los locales comerciales que se encuentran en dicha propiedad, y al estar en dicho lugar arribaron unas personas ostentándose como abogados y tomando fotografías de mi propiedad sin previa autorización, preguntándoles el suscrito por qué motivo las tomaban, contestándome que acudiera al Juzgado Primero de Primer Instancia de La Piedad, Michoacán. En el cual existía un juicio en mi contra, sin darme más detalles, acudí y al revisar las listas de acuerdos efectivamente me percaté del procedimiento antes citado sobre Interdicto para recobrar posesión, motivo por el cual es que promuevo la presente demanda de Amparo." Lo subrayado es propio. Asimismo, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta en su escrito de demanda, específicamente en el apartado de antecedentes que identifica como "quinto", lo siguiente: "QUINTO.- Así pues de seguir el juicio sumario civil sobre interdicto para recobrar, la posesión expediente 827/2021, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de La Piedad, Michoacán, se vulnerarían en mi perjuicio los derechos humanos de audiencia y legalidad contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales , sin haber sido oído, ni vencido en juicio, sin darme oportunidad de defenderme, ni de aportar las pruebas necesarias para la defensa de mis derechos, razón por la cual, me veo en la necesidad de promover la presente demanda de Amparo a fin de que me ampare y proteja de los actos de las autoridades señalados como responsables." Lo subrayado es propio. De igual manera, en el apartado de conceptos de violación del escrito de demanda, en particular en el identificado como "I.", así como en el último párrafo del concepto de violación identificado como "III.", el quejoso refiere lo siguiente: I. El auto dictado de fecha 04 de noviembre del año 2021, realizado por la Autoridad Responsable ordenadora, señalado como acto reclamado, mediante el cual, ordena que se me emplace a juicio dentro del expediente 827/2021, radicado en el Juzgado Primero de primera instancia de lo civil de La Piedad, Michoacán, este vulnera en mi perjuicio pues ordena emplazarme a juicio en un domicilio incorrecto y e (sic) incompleto como se desprende de los autos de donde emana el acto reclamado, sin haberse cerciorado la ejecutora que dicho domicilio estaba incompleto y que haya sido el domicilio correcto del suscrito y con qué calidad, vulnera en mi perjuicio los derechos humanos de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que de seguir el juicio 827/2021, antes citado, hasta sentencia, se me lanzaría de dicho inmueble, el cual tengo en posesión desde hace más de 20 años, en calidad de propietario, sin haber sido oído, ni vencido en juicio, lo cual puede terminar en una resolución que afecte mi esfera jurídica." "III. [.] [.] Así pues, de resolver tal asunto, se conculcarían en mi perjuicio, los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, que establecen que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones o propiedades sino mediante juicio, seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidad del procedimiento; y, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Lo subrayado es propio. Finalmente, en el apartado denominado "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN", el quejoso señala: "Solicito se me otorgue la suspensión provisional del acto reclamado, y en su momento, la definitiva, ya que de seguir el juicio antes mencionado y llegar a una sentencia definitiva, se me originarían daños de imposible reparación y perjuicio" Lo subrayado es propio. Ahora bien de lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, específicamente de lo señalado por éste en las transcripciones a que se hizo referencia en los párrafos que anteceden, se advierte que el juicio sumario civil 827/2021, promovido por Laura García Hernández en su contra, del índice del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, de donde emanan los actos reclamados, se encuentra en trámite sin que se haya dictado sentencia en el mismo. Por tanto, no obstante que J. Refugio Barajas Alatorre, tiene el carácter de tercero extraño en el referido juicio sumario civil 827/2021 seguido en su contra, en el que, como se evidenció de acuerdo con lo manifestado por el propio quejoso en diversos apartados de su demanda, aún no se ha dictado sentencia; por lo que es evidente que está en condiciones de comparecer al mismo a defender sus intereses. En tales condiciones, debe estimarse que, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede es DESECHAR la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior criterio, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda que dio origen al presente asunto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Corona Rodríguez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos Vicente Zaragoza Ramírez y Héctor Daniel Casas Moreno, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA SIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 255 2022. De conformidad con el Acuerdo General 1 2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 21 2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por J. Refugio Barajas Alatorre, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán y otra autoridad, consistentes en: De la autoridad señalada como ordenadora, el auto de admisión de fecha 04 de noviembre del año 2021, dentro del expediente 827 2021 radicado en el Juzgado Primero de Primer Instancia de lo Civil de La Piedad, Michoacán, mediante el cual, ordena a la C. Actuaria de este Juzgado, se constituya en el domicilio ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas número 86 A de esta ciudad, sin precisar a qué colonia pertenece, en contra del suscrito, constancia que me generó un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos dentro del juicio arriba indicado y no poder contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento, así como se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, hasta el auto en el que se encuentre el mencionado asunto, constancias en las que no se dio cumplimiento con las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que el suscrito no tengo mi domicilio en el lugar que señalaron en el expediente al que hago alusión y en el que supuestamente fui emplazado. De la autoridad señalada como ejecutora, solicito la nulidad del acta de citatorio de fecha 18 de noviembre del año 2021 y el acta de emplazamiento de fecha 19 de noviembre del año 2021. Mediante las cuales supuestamente se me emplazó a juicio. Tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe analizarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, este órgano de control constitucional señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] En principio, debe dejarse establecido que para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia P. J. 7 98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente . Así las cosas, cabe señalar que de conformidad con lo expresado en el escrito de demanda de amparo, el quejoso J. Refugio Barajas Alatorre, se sitúa en la primera hipótesis antes precisada, dado que se ostenta como tercero extraño, porque aduce que fue ilegalmente emplazado en el juicio sumario civil 827 2021, promovido por Laura García Hernández en su contra, del índice del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán; y, por tanto, no fue oído ni vencido en dicho asunto. Sin embargo, el promovente del amparo, manifiesta en el escrito de demanda: V. FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que tuve conocimiento del acto reclamado, el día 29 de febrero del año en curso, cuando acudí a mi propiedad ubicada en Boulevard Lázaro Cárdenas Numero 86, zona Centro, de La Piedad, Michoacán, para hacer el cobro de las rentas de los locales comerciales que se encuentran en dicha propiedad, y al estar en dicho lugar arribaron unas personas ostentándose como abogados y tomando fotografías de mi propiedad sin previa autorización, preguntándoles el suscrito por qué motivo las tomaban, contestándome que acudiera al Juzgado Primero de Primer Instancia de La Piedad, Michoacán. En el cual existía un juicio en mi contra, sin darme más detalles, acudí y al revisar las listas de acuerdos efectivamente me percaté del procedimiento antes citado sobre Interdicto para recobrar posesión, motivo por el cual es que promuevo la presente demanda de Amparo. Lo subrayado es propio. Asimismo, el quejoso bajo protesta de decir verdad, manifiesta en su escrito de demanda, específicamente en el apartado de antecedentes que identifica como quinto , lo siguiente: QUINTO. Así pues de seguir el juicio sumario civil sobre interdicto para recobrar, la posesión expediente 827 2021, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil de La Piedad, Michoacán, se vulnerarían en mi perjuicio los derechos humanos de audiencia y legalidad contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales , sin haber sido oído, ni vencido en juicio, sin darme oportunidad de defenderme, ni de aportar las pruebas necesarias para la defensa de mis derechos, razón por la cual, me veo en la necesidad de promover la presente demanda de Amparo a fin de que me ampare y proteja de los actos de las autoridades señalados como responsables. Lo subrayado es propio. De igual manera, en el apartado de conceptos de violación del escrito de demanda, en particular en el identificado como I. , así como en el último párrafo del concepto de violación identificado como III. , el quejoso refiere lo siguiente: I. El auto dictado de fecha 04 de noviembre del año 2021, realizado por la Autoridad Responsable ordenadora, señalado como acto reclamado, mediante el cual, ordena que se me emplace a juicio dentro del expediente 827 2021, radicado en el Juzgado Primero de primera instancia de lo civil de La Piedad, Michoacán, este vulnera en mi perjuicio pues ordena emplazarme a juicio en un domicilio incorrecto y e sic incompleto como se desprende de los autos de donde emana el acto reclamado, sin haberse cerciorado la ejecutora que dicho domicilio estaba incompleto y que haya sido el domicilio correcto del suscrito y con qué calidad, vulnera en mi perjuicio los derechos humanos de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que de seguir el juicio 827 2021, antes citado, hasta sentencia, se me lanzaría de dicho inmueble, el cual tengo en posesión desde hace más de 20 años, en calidad de propietario, sin haber sido oído, ni vencido en juicio, lo cual puede terminar en una resolución que afecte mi esfera jurídica. III. [.] [.] Así pues, de resolver tal asunto, se conculcarían en mi perjuicio, los derechos humanos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, que establecen que nadie puede ser privado de sus derechos, posesiones o propiedades sino mediante juicio, seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidad del procedimiento; y, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Lo subrayado es propio. Finalmente, en el apartado denominado INCIDENTE DE SUSPENSIÓN , el quejoso señala: Solicito se me otorgue la suspensión provisional del acto reclamado, y en su momento, la definitiva, ya que de seguir el juicio antes mencionado y llegar a una sentencia definitiva, se me originarían daños de imposible reparación y perjuicio Lo subrayado es propio. Ahora bien de lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, específicamente de lo señalado por éste en las transcripciones a que se hizo referencia en los párrafos que anteceden, se advierte que el juicio sumario civil 827 2021, promovido por Laura García Hernández en su contra, del índice del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de La Piedad, Michoacán, de donde emanan los actos reclamados, se encuentra en trámite sin que se haya dictado sentencia en el mismo. Por tanto, no obstante que J. Refugio Barajas Alatorre, tiene el carácter de tercero extraño en el referido juicio sumario civil 827 2021 seguido en su contra, en el que, como se evidenció de acuerdo con lo manifestado por el propio quejoso en diversos apartados de su demanda, aún no se ha dictado sentencia; por lo que es evidente que está en condiciones de comparecer al mismo a defender sus intereses. En tales condiciones, debe estimarse que, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede es DESECHAR la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al anterior criterio, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 47 2011 10a. , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica , que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En virtud de lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda que dio origen al presente asunto. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21 2020, reformado por el diverso 1 2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas FIREL o e.firma , en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado escaneado , por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso queja, revisión o inconformidad , salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21 2020, reformado por el diverso 1 2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Corona Rodríguez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a los diversos Vicente Zaragoza Ramírez y Héctor Daniel Casas Moreno, únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten contar con la facultad para ejercer la profesión de abogados. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos Consulta de Expediente Electrónico , así como promover y recibir notificaciones vía electrónica notificaciones vía electrónica , quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12 2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21 2020, reformado por el diverso 1 2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12 2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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