J. José Martínez Martínez

Expediente 18/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
18/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • J. José Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se sobreseyó el juicio de amparo, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 871 de la Ley de 1 Artículo 87. Las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; tratándose de amparo contra normas generales podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. 09/05/23 14:08:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e2.e5 MAIRA FLOR LÓPEZ VALENCIA Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a),2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 18/2023, promovido por Julio Martínez Reyes, en cuanto apoderado jurídico de J. José Martínez Martínez, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión y dilación procesal por parte de la autoridad responsable al no emitir el auto en el que se pronuncie sobre el señalamiento de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, misma que está prevista y sancionada por el articulo 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, dentro del juicio ordinario laboral 782/2021. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos ejecutados dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia quedó acreditada. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de la omisión reclamada; sin embargo de sus propias manifestaciones se obtiene su certeza, ya que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se había pronunciado en cuanto a la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Al efecto allegó al juicio copias certificadas del juicio ordinario laboral 782/2021, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. No obstante la existencia del reclamó formulado, se estima que en cuanto la omisión para dar continuidad al juicio ordinario laboral registrado bajo el número 782/2021, sobrevino la causa de improcedencia del juicio prevista de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso, a manera de preámbulo cabe decir que de las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable se advierte que el treinta de enero de dos mil veintitrés, la responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, dentro del juicio ordinario laboral 782/2021. En esa tesitura, es incuestionable que con posterioridad a la presentación de la demanda - seis de enero de dos mil veintitrés- el Tribunal responsable, dio continuidad al procedimiento laboral, puesto que el treinta de enero pasado señaló las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil veintitrés para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Lo que hace evidente que han cesado los efectos de la omisión reclamada, dejado de interferir en la esfera jurídica del quejoso, ya que las consecuencias de tal falta dejaron de existir. Por tanto, con dicha actuación se restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable la Jurisprudencia de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que sea posible a través de este amparo verificar que la responsable atienda a los plazos que establece la legislación aplicable para cada etapa del procedimiento, dado que, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se reclaman violaciones a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el alcance de la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración al periodo en que se encuentra el juicio de donde emana. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, y por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio Martínez Reyes, en cuanto apoderado jurídico de J. José Martínez Martínez, contra los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. 1. Autoridad responsable remite constancias. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, da cumplimiento con el requerimiento que le fue formulado en auto de tres de los corrientes y remite copia certificada del auto de treinta de enero del año en curso, dictado dentro del expediente 782/2021; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. 1. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. 2. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarlas y recibirlas en la audiencia constitucional. 3. Se requieren constancias a autoridad. Toda vez que la responsable es omisa en remitir el auto de treinta de enero de la presente anualidad, dictado dentro del expediente ********************de su índice; por tanto, atendiendo a la facultad de ejercicio potestativo que tiene este órgano jurisdiccional para recabar medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos; esto es, a fin de acreditar la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se libre requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir de la legal notificación remita copias legibles y certificadas del auto de treinta de enero de la presente anualidad. Apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo diverso 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa por el equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Diferimiento anticipado. En consecuencia, toda vez que se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del ocho de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo; empero para dar margen a lo anterior, esto es, que la autoridad responsable remita las constancias que le fueron solicitadas en los párrafos que anteceden, se difiere de manera anticipada el desahogo de la audiencia constitucional señalada, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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