J. Ramón Contreras de Lira
Expediente 527/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 40 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Ramón Contreras de Lira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, catorce de abril de dos mil veintitrés. Visto; la certificación que antecede de la que se advierte que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto; advirtiéndose de la certificación secretarial de cuenta que transcurrió el término que la ley concede a las partes para interponer el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, que declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; se declara que dicha determinación ha quedado firme, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
SE PUBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL PARA LA REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR TERCERO INTERESADO DE INICIALES C.E.R.C. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto; advirtiéndose de la certificación secretarial de cuenta que transcurrió el término que la ley concede a las partes para interponer el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, que declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que lo hubieran hecho; se declara que dicha determinación ha quedado firme, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de once de marzo del presente año, en el cual se les informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó y se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para los siguientes efectos: "1. Citar a las partes del proceso penal a una audiencia, a efecto de verificar la credencial de los defensores que asistieron al aquí quejoso en las diversas fases de la audiencia inicial, esto es, verificar que en ese momento procesal contaban con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos, para fungir como defensores del aquí quejoso. Si se acredita esa calidad deberá dejar patente en audiencia tal circunstancia, o 2. Si del resultado de la verificación, se constata que los defensores en cita, no eran licenciados en derecho en ese momento procesal, deberá reponer el procedimiento en los siguientes términos: 2.1 Deberá dejar insubsistente la audiencia inicial celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, así como su continuación de veintinueve del mismo mes y año, dentro de la causa 31/2019. 2.2 Previo a la formulación de la imputación durante la individualización de las partes y para el caso de que el investigado no cuenten con defensor particular, se le designe un defensor público, en ambos casos recabando los datos necesarios que permitan corroborar su calidad de licenciado en derecho, con la referencia que éste realice al individualizarse, de su número de cédula y registro, cuestionando la Juez responsable, al auxiliar o encargado de sala, sobre si esos datos fueron cotejados con la respectiva identificación exhibida en su caso, al registrarse previamente a la celebración de la audiencia, destacando entre dichos datos, el número de cédula que le corresponde, a efecto de que quede constancia de ese hecho en la videograbación. 2.3. Continúe con la audiencia inicial por sus diversas fases legales; y, 2.4. Con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del imputado, aquí quejoso, pero sin agravarla, lo anterior bajo su más estricta responsabilidad. 2.5. Resuelva lo que corresponda, en relación con las diversas peticiones de las partes en dicha audiencia. Lo anterior, porque dada la naturaleza del acto reclamado, el asunto no puede dejar de resolverse y, por tanto, necesariamente la responsable debe emitir una nueva determinación una vez que acate los diversos efectos de la concesión de la protección constitucional." Además, debe acotarse que el agente del Ministerio Público, no podrá agravar la imputación realizada ni aportar diversas argumentaciones o datos de prueba en que apoyó su solicitud inicialmente. Ello, en atención a los derechos fundamentales de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia, que establecen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe establecer, que al formular la imputación, el Ministerio Público no podrá integrar antecedentes de investigación diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación al momento de realizarse la primigenia formulación de imputación, en la audiencia inicial de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, lo anterior para evitar la vulneración al derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes." Porque solo así se restituirá al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados, lo cual debe acreditar ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes." Así, inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual por ejecutoria de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el juicio de amparo en revisión administrativo 121/2021, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se decreta improcedente el incidente de objeción de documentos promovido por J. Ramón Contreras de Lira, contra el informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Ramón Contreras de Lira, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación Mixta del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, consistente en el ocultamiento de evidencia al momento de formularle imputación al aquí quejoso, en la audiencia celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, concretamente, del dictamen psicológico practicado al menor de identidad protegida de iniciales C.E.R.C. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a J. Ramón Contreras de Lira respecto del acto que reclama de la Jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas consistente en el auto de vinculación a proceso de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal 31/2019, por el hecho que la ley señala como delito de violación equiparada, previsto en el artículo el artículo 237, fracción I del Código Penal en el Estado Zacatecas, acorde a los motivos y efectos expresados en el último considerando de la sentencia venida en revisión. Notifíquese." Por lo anterior, en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, remitieran a este juzgado las constancias con las que acreditaran el cumplimiento del fallo protector. En acato a dicho requerimiento la citada responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexó copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno de la que se advierte lo siguiente: Que compareció el licenciado en derecho, José Luis López López, quien dio a conocer su número de cédula profesional número 5199118 y número de registro 20 en ese aparato administrativo; así como el licenciado en derecho, José López López, con número de cédula profesional 7873924 y número de registro 21 en ese aparato administrativo. Que el Juez constató en el acto de la audiencia con el encargado de Sala, los datos emitidos por los profesionistas en cuestión, la fecha de registro de esas cédulas que lo fue el doce de julio de dos mil diecisiete, por lo que coligió que dicho registro fue anterior a la celebración de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso reclamado. El Juez concluyó que quedó debidamente acreditada la calidad de licenciados en derecho de José Luis López López y José López López, con cédula profesional que les permitió desempeñarse como defensores del imputado J. Ramón Contreras de Lira, por lo que quedaba subsistente todo lo actuado en esa causa penal. La videograbación de que se habla, adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, máxime que esta constancia se reputa idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante la juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo. Ahora bien, no pasan inadvertidos los argumentos del quejoso así como de su autorizado, al considerar que la ejecutoria de amparo encuentra defectos en cuanto a su cumplimiento, pues esencialmente indicaron que los datos de prueba como son, entre otros, el dictamen de psicología practicado al menor de edad de identidad protegida, que fue ocultado, debía ser analizado por el Juez responsable en un nuevo acto, lo que había hecho del conocimiento al Juez de Control, siendo que sin fundar ni motivar su determinación señaló que no era materia de amparo. Asimismo, señala que quien presidió esa audiencia, no fue el Juez que en un inicio dictó el acto reclamado, por lo que desconocía el fondo del acto reclamado. Por lo tanto, la parte quejosa solicita que se requiera al Juzgado responsable de cumplimiento, conforme a los lineamientos establecidos por el Tribunal Colegiado en el considerando tercero, foja veinticuatro de su ejecutoria, pues tal resolución arroja que se le está ordenando al Juez de Control emitir un acto nuevo en el que se deben de analizar los datos de prueba, como lo es el dictamen en psicología practicado al menor de edad de identidad protegida. Son infundados e inoperantes los motivos de inconformidad que se hacen valer contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que como quedó asentado anteriormente la ejecutoria de amparo constriño a la autoridad responsable únicamente en primer término en citar a las partes del proceso penal a una audiencia, a efecto de verificar la credencial de la defensora que asistió a los aquí quejosos en las diversas fases de la audiencia inicial, esto es, verificar que en ese momento procesal contaba con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos, para fungir como defensores de los aquí quejosos y si se acreditaba esa calidad debería dejar patente en audiencia tal circunstancia. Dicha circunstancia el Juez de Control la cumplió a cabalidad pues requirió a los licenciados José Luis López López y José López López, exhibieran su cédula profesional, quienes así lo hicieron, pues señalaron que tienen los números de cédula profesional 5199118 y 7873924 respectivamente; además contaban con los números de registro 20 y 21 en ese aparato administrativo; circunstancia que el Juez de Control constató en el acto de la audiencia con el encargado de Sala, y dejó constancia que dicho registro fue anterior a la celebración de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso reclamado, por lo que concluyó que quedó debidamente comprobada la calidad de licenciados en derecho de José Luis López López y José López López, con cédula profesional que les permitió desempeñarse como defensores del imputado J. Ramón Contreras de Lira, por lo que quedaba subsistente todo lo actuado en esa causa penal. Asimismo, contrario a lo alegado por la parte quejosa, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el juicio de amparo en revisión administrativo 121/2021, no constriño al Juzgado responsable a emitir un acto nuevo en el que se deben de analizar los datos de prueba, como lo es el dictamen en psicología practicado al menor de edad de identidad protegida; pues en el considerando tercero de su ejecutoria lo que señaló al recurrente es que los conceptos de violación de fondo hechos valer en su escrito de demanda de amparo, de ninguna manera podrían ser analizados en este juicio de amparo, puesto que a virtud de los efectos de la concesión, la autoridad responsable debía emitir un nuevo acto, y el que es materia de ese medio de defensa constitucional quedaría superado por aquél, ante lo cual, resultaba jurídicamente imposible el análisis de las alegaciones de fondo que hizo valer. Por tanto, el Tribunal Colegiado determinó que los datos de prueba como son, entre otros, el dictamen de psicología practicado al menor de edad de identidad protegida de iniciales C.E.R.C. y que reiteradamente adjo el recurrente, se le ocultó, en su caso debía ser analizado por el Juzgado de Control responsable, en las audiencias de imputación y de vinculación a proceso; más aún, que lo pretendido por el recurrente, como lo es alcanzar un mayor beneficio, no era jurídicamente procedente en el recurso de revisión en el amparo indirecto, pues intentaba que se analizara de fondo la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, a efecto de determinar si es o no responsable del delito de violación equiparada que se le imputa en la causa penal de origen, lo cual es inexacto, ya que una eventual negativa de amparo puede controvertir el principio non reformatio in peius, que impera en el recurso de revisión. Por tanto, como ya había quedado establecido en el presente acuerdo, el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito confirmó la sentencia dictada por este juzgado y con ello los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección al quejoso, los cuales tratan exclusivamente de la violación procesal destacada y no respecto de cuestiones de fondo, de ahí lo infundado e inoperante de sus argumentos.
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