J. Pedro Morales Pérez
Expediente 51/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 32 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 06/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Pedro Morales Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que suscribe el Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, por el que solicita copia fotostática certificada del presente juicio de amparo, y toda vez que dicha autoridad no tiene reconocida personalidad alguna dentro del juicio en que se actúa, dígase a dicha autoridad que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud; ello además, por que no cita disposición legal alguna que obligue a este órgano jurisdiccional a actuar de la manera que pretende.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por tanto y toda vez que este ha quedado firme, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, que no existen documentos exhibidos por las partes, que deban ser devueltos al interesado y, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.
- Principal
SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Pedro Morales Pérez o J. Pedro Morales Pérez, para que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de siete de enero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación penal 165/2019. b) En su lugar emita otra, con plenitud de jurisdicción, en la que de manera fundada y motivada deberá purgar el vicio de constitucionalidad apuntado, es decir: b.1.) Prescinda de considerar que el procedimiento penal inicia en sede judicial, considerando que "procedimiento" y "proceso" son figuras jurídicas distintas, conforme a lo razonado en esta sentencia. b.2.) Razone fundada y motivadamente, conforme a lo expuesto en esta sentencia, que de la literalidad de los artículos 1º del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que la averiguación previa y la investigación inicial, respectivamente, ambas llevadas en sede ministerial, forman parte del procedimiento penal, al ser la primer fase del mismo que se origina con la denuncia o querella ante el ministerio público, lo que implica que el procedimiento penal inicia en sede ministerial. b.3.) Exponga que, como en el caso concreto, la denuncia que dio origen a la averiguación previa 142/I/2008, fue presentada el catorce de julio de dos mil ocho, y con ello dio origen el procedimiento penal, la legislación aplicable es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, no así el Código Nacional de Procedimientos Penales ni el Código Procesal para el Estado de Zacatecas. b.4.) Hecho lo anterior, se pronuncie con libertad de jurisdicción, respecto de los recursos de apelación interpuestos por el ministerio público adscrito al juzgado de origen y la parte civil coadyuvante Eduardo Medrano Valenzuela, contra el auto de libertad dictado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por la Juez Primera Penal de la Capital, dentro de la causa penal 11/2016." Inconforme con dicha sentencia, el autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 e la Ley de Amparo, del tercero interesado J. Jesús Medrano Covarrubias, interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad de Zacatecas, donde se radicó bajo el amparo en revisión penal 171/2021; y, en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se desechó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, en proveído de veintiséis de octubre dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio 1017 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable de referencia, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó copia certificada de la resolución dictada en la fecha mencionada, dentro del toca A.P 165/2019. En dicha resolución se advierte lo siguiente: - Que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de siete de enero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación penal 165/2019, que revocó el auto de término constitucional de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 11/2016, que se instruye contra Pedro Morales Pérez o J. Pedro Morales Pérez (página 6 de la resolución). - Que prescindió de considerar que el procedimiento penal inicia en sede judicial, considerando que "procedimiento" y "proceso" son figuras jurídicas distintas, citado lo razonado por este órgano jurisdiccional; y, concluyó que, de la interpretación de los artículos 1º del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento inicia con la averiguación previa y la investigación inicial, respectivamente (páginas 9 a 12 ídem). - Señaló que, como la denuncia que dio origen a la averiguación previa 142/I/2008, fue presentada el catorce de julio de dos mil ocho, y con ello se dio origen al procedimiento penal, la legislación aplicable es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, no así el Código Nacional de Procedimientos Penales ni el Código Procesal para el Estado de Zacatecas (fojas 15 a 18 ídem). - Finalmente, expuestas las anteriores consideraciones, abordó el estudio de los agravios relativos a la apelación interpuesta contra el auto de término constitucional de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 11/2016, que se instruye contra Pedro Morales Pérez o J. Pedro Morales Pérez; y, con libertad de jurisdicción, revocó el auto de libertad dictado en favor del procesado y en su lugar dicto auto de formal prisión por la comisión del delito de fraude específico. Documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al tratarse de una copia certificada por un funcionario público actuando en pleno ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Pedro Morales Pérez o J. Pedro Morales Pérez, para que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de siete de enero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación penal 165/2019. b) En su lugar emita otra, con plenitud de jurisdicción, en la que de manera fundada y motivada deberá purgar el vicio de constitucionalidad apuntado, es decir: b.1.) Prescinda de considerar que el procedimiento penal inicia en sede judicial, considerando que "procedimiento" y "proceso" son figuras jurídicas distintas, conforme a lo razonado en esta sentencia. b.2.) Razone fundada y motivadamente, conforme a lo expuesto en esta sentencia, que de la literalidad de los artículos 1º del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que la averiguación previa y la investigación inicial, respectivamente, ambas llevadas en sede ministerial, forman parte del procedimiento penal, al ser la primer fase del mismo que se origina con la denuncia o querella ante el ministerio público, lo que implica que el procedimiento penal inicia en sede ministerial. b.3.) Exponga que, como en el caso concreto, la denuncia que dio origen a la averiguación previa 142/I/2008, fue presentada el catorce de julio de dos mil ocho, y con ello dio origen el procedimiento penal, la legislación aplicable es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, no así el Código Nacional de Procedimientos Penales ni el Código Procesal para el Estado de Zacatecas. b.4.) Hecho lo anterior, se pronuncie con libertad de jurisdicción, respecto de los recursos de apelación interpuestos por el ministerio público adscrito al juzgado de origen y la parte civil coadyuvante Eduardo Medrano Valenzuela, contra el auto de libertad dictado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por la Juez Primera Penal de la Capital, dentro de la causa penal 11/2016." Inconforme con dicha sentencia, el autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 e la Ley de Amparo, del tercero interesado J. Jesús Medrano Covarrubias, interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta Ciudad de Zacatecas, donde se radicó bajo el amparo en revisión penal 171/2021; y, en auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, se desechó el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, en proveído de veintiséis de octubre dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante oficio 1017 de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable de referencia, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó copia certificada de la resolución dictada en la fecha mencionada, dentro del toca A.P 165/2019. En dicha resolución se advierte lo siguiente: - Que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de siete de enero de dos mil veintiuno, en el toca de apelación penal 165/2019, que revocó el auto de término constitucional de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 11/2016, que se instruye contra Pedro Morales Pérez o J. Pedro Morales Pérez (página 6 de la resolución). - Que prescindió de considerar que el procedimiento penal inicia en sede judicial, considerando que "procedimiento" y "proceso" son figuras jurídicas distintas, citado lo razonado por este órgano jurisdiccional; y, concluyó que, de la interpretación de los artículos 1º del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento inicia con la averiguación previa y la investigación inicial, respectivamente (páginas 9 a 12 ídem). - Señaló que, como la denuncia que dio origen a la averiguación previa 142/I/2008, fue presentada el catorce de julio de dos mil ocho, y con ello se dio origen al procedimiento penal, la legislación aplicable es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, no así el Código Nacional de Procedimientos Penales ni el Código Procesal para el Estado de Zacatecas (fojas 15 a 18 ídem). - Finalmente, expuestas las anteriores consideraciones, abordó el estudio de los agravios relativos a la apelación interpuesta contra el auto de término constitucional de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal 11/2016, que se instruye contra Pedro Morales Pérez o J. Pedro Morales Pérez; y, con libertad de jurisdicción, revocó el auto de libertad dictado en favor del procesado y en su lugar dicto auto de formal prisión por la comisión del delito de fraude específico. Documental con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al tratarse de una copia certificada por un funcionario público actuando en pleno ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo.
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