J. Merced Escobedo Guitrón

Expediente 757/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
757/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
21/11/2018

Partes del expediente

  • J. Merced Escobedo Guitrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 101 a 103), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de uno de octubre de la presente anualidad (foja 104), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el cinco de octubre del presente año (foja 107); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 49 a 71), por una parte se sobreseyó y por otra, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el recibo de pago exhibido por la quejosa y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Secretario de Administración y Finanzas, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, en diverso proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 85 y 86). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de septiembre del año actual (fojas 101 a 103), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $9,194.40 (nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el veintiséis de septiembre del año en curso. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,156.03 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dos de abril de dos mil dieciocho, y el veintiséis de septiembre del año en curso, se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7612; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,156.03 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejosa era de $9,156.03 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,194.40 (nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 moneda nacional), es decir, reintegró un excedente a favor de la parte quejosa por la cantidad de $38.37 (treinta y ocho pesos 37/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la parte peticionaria de amparo, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó y por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 101 a 103), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de uno de octubre de la presente anualidad (foja 104), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el cinco de octubre del presente año (foja 107); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió en exceso, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia emitida dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 49 a 71), por una parte se sobreseyó y por otra, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: a) Los artículos 23, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, determinadas en el recibo de pago exhibido por la quejosa y la impresión de la constancia de recepción de pago que allegó el Secretario de Administración y Finanzas, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, en diverso proveído de veintiséis de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió al recaudador responsable para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 85 y 86). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de septiembre del año actual (fojas 101 a 103), la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución de la cantidad de $9,194.40 (nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 moneda nacional) a la parte quejosa por medio de cheque el veintiséis de septiembre del año en curso. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $9,156.03 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el dos de abril de dos mil dieciocho, y el veintiséis de septiembre del año en curso, se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil dieciocho fue de 132.009 y para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7612; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $9,156.03 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional), se obtiene el mismo monto de dicha contribución. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejosa era de $9,156.03 (nueve mil ciento cincuenta y seis pesos 03/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $9,194.40 (nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 40/100 moneda nacional), es decir, reintegró un excedente a favor de la parte quejosa por la cantidad de $38.37 (treinta y ocho pesos 37/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la parte peticionaria de amparo, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, por una parte se sobreseyó y por otra, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por **, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por **, en su carácter de delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. **

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