J. Merced Acevedo Rodríguez

Expediente 2747/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 34 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2747/2019
Año
2019
Actuaciones
34
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit
  • J. Merced Acevedo Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo a Nayela Yuriana Damián Alfaro como autorizada en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Sin embargo, vista la certificación que antecede, se desprende que Nayela Yuriana Damián Alfaro tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su arábigo 2°, se ordena regularizar el procedimiento, por lo que se tiene a Nayela Yuriana Damián Alfaro, como autorizada en términos amplios de la parte tercero interesada, conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Nayela Yuriana Damián Alfaro, autorizada en términos amplios de las parte tercero interesada, a través del cual señala nuevo domicilio, dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como nueva autorizada para tal efecto. Por tanto, de conformidad a lo establecido por el ordinal 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la promovente y como autorizada para ello en términos restringidos del precepto 12 de la ley en comento a la persona que indica por así haberlo solicitado. Por último, en relación al señalamiento de correo electrónico para oír y recibir notificaciones, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo capítulo octavo, artículo 21, inciso a, prevé que son susceptibles destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes; por lo tanto este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en el inciso a, del citado artículo 21, inciso a del capítulo octavo, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte se negó y por otra se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Por otro lado, devuélvase a las autoridades responsables las constancias que remitieron en apoyo a su informe con justificación. Finalmente, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Notifíquese

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 2747/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, J. Merced Acevedo Rodríguez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: -Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit. -Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María del Oro, Nayarit. -Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19. Actos reclamados: ".PRIMERO. La Nulidad de todo lo actuado dentro del Expediente No 269/2017, tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit en virtud de haberse tramitado JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO" a bienes de mi señora madre de nombre MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ ANAYA, sin que se me hubiera llamado al mismo para ser oído y vencido en juicio, y existir una sentencia en la cual existe acuerdo de ejecutoria, por las razones que más adelante se expondrán. Señalando que el suscrito tuve conocimiento del contenido del juicio señalado en este punto, el día 04 de noviembre del presente año en el que se me hizo conocimiento del mismo en la audiencia del Expediente No. 546/2019 tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, con sede en esta Ciudad de Tepic, Nayarit, y de este último fui notificado del mismo el día 31 de octubre del presente año. Es necesario señalar a su señoría que el del Expediente Civil señalado en el párrafo anterior me informaron del número de expediente más no así del contenido del expediente y al presentar un escrito para apersonarme, me contestaron que no me podían dar información del contenido del mismo por no ser parte procesal del mismo y por ende no supe del contenido del mismo hasta el día de la audiencia agraria que vi las copias certificadas de dicho expediente. SEGUNDO. Consecuencia de lo anterior la nulidad de todo lo actuado dentro del Juicio Agrario No. 546/2019 tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, con sede en esta Ciudad de Tepic, por las razones que más adelante se expondrán. Señalando que de dicho juicio fui emplazado el día 31 de octubre del presente año, pocos días antes de la celebración de la audiencia inicial." SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado donde se registró con el número de expediente 2747/2019, Previo cumplimiento de prevención, en veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 24-25) se admitió a trámite la demanda, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo a Asunción, María y/o Martha, Primitivo, todos de apellidos Acevedo Rodríguez y José de Jesús Yáñez Rodríguez como terceros interesados, por lo se ordenó emplazarlos al presente juicio de amparo. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a un tribunal judicial que reside en el Estado de Nayarit, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: Del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit y secretario adscrito: Todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, en virtud de no ser llamado a deducir derechos. Del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19: Todo lo actuado en el juicio agrario 546/2019, como consecuencia de lo tramitado en el juicio sucesorio citado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado (fojas 37-34), el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19 negó el acto que le fue reclamado, consistente en lo actuado en el juicio agrario 546/2019. No obstante, en el mismo informe, la autoridad responsable aceptó la tramitación de dicho controvertido, promovido por Asunción Acevedo Rodríguez contra J. Merced Acevedo Rodríguez. Por su parte, en su respectivo informe (foja 48), el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit y secretario adscrito, de igual forma, negaron el acto que les fue reclamado, consistente en lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017. Empero, más adelante, manifestaron que, en efecto, en su registro aparece en trámite el aludido expediente, promovido por Asunción Acevedo Rodríguez y otros. Por tanto, se concluye que son ciertos los actos reclamados de las autoridades descritas, pues no obstante que lo negaron en sus respectivos informes, enseguida hicieron manifestaciones de certeza en torno a ellos. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, visible a página trescientos noventa y uno del Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Es oportuno precisar que las constancias en copia certificada del juicio agrario 546/2019 y del juicio sucesorio testamentario 269/2017 que las responsables remitieron con sus informes, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." De forma oficiosa, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como se abundará enseguida. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal trascrito, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. En ese sentido, el artículo 17 del cuerpo normativo en cita establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". Del precepto anterior se desprende que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo será de quince días. Ahora, el artículo 18 de dicha ley es del contenido siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor" En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, en primer término, el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit y secretario adscrito, todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, en virtud de no ser llamado a deducir derechos. En efecto, de las constancias del juicio sucesorio aludido, se observa que por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 2-7 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017), Asunción Acevedo Rodríguez, María Acevedo Rodríguez y/o Martha Asebedo Rodríguez, Primitivo Acevedo Rodríguez y José de Jesús Yáñez Rodríguez promovieron juicio sucesorio testamentario a bienes de su madre María del Refugio Rodríguez Anaya; lo anterior, con la finalidad de formalizar el testamento privado en el que ésta heredó distintos bienes inmuebles a los promoventes. Asimismo, es oportuno mencionar que en dicho escrito de demanda, lo promoventes manifestaron tener tres hermanos más, de nombres Blanca Estela Yáñez Rodríguez, Antonio Yáñez Rodríguez y Merced Acevedo Rodríguez. Dicha demanda fue admitida el seis de octubre de dos mil veintiuno (fojas 39-40 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017); asimismo, se ordenó notificar Blanca Estela Yáñez Rodríguez, Antonio Yáñez Rodríguez y Merced Acevedo Rodríguez sobre el inicio del procedimiento a fin de que comparecieran a deducir derechos. Luego, en nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 47-48 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017) se llevó a cabo la designación de Asunción Acevedo Rodríguez, así la declaración de validez del testamento privado y el reconocimiento de los herederos ahí instituidos. Ahora bien, por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 68 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017), el aquí quejoso J. Merced Acevedo Rodríguez compareció como interesado de la parte proporcional de los bienes que le pudieran corresponder; no obstante, en proveído de doce de enero de dos mil dieciocho, el juez determinó que no había lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en virtud de no ser parte en el procedimiento de origen. Finalmente, en veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho se declaró firme la determinación de nueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 84 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017) y, tal como solicitó el albacea de la sucesión, se ordenó remitir testimonio autorizado al notario público, para que el procedimiento continuara por su cause respectivo. De lo anterior se desprende que, no obstante que el aquí quejoso J. Merced Acevedo Rodríguez no fue reconocido como parte en el juicio sucesorio de origen, lo cierto es que tuvo pleno conocimiento de su tramitación; esto, pues, como se relató, compareció a dicho procedimiento por escrito presentado el quince de diciembre dos mil diecisiete. Por tanto, es posible establecer que desde esa fecha el quejoso tuvo conocimiento de lo actuado en el juicio sucesorio de origen; sin embargo, hasta el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve en que presentó demanda de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover juicio de amparo. Por tanto, respecto del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y conducente es sobreseer respecto de dicho acto, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Ahora bien, el quejoso también reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, todo lo actuado en el juicio agrario 546/2019. De la lectura de las constancias de dicho procedimiento, se advierte la demanda promovida por Asunción Acevedo Rodríguez contra J. Merced Acevedo Rodríguez, de quien reclamó la nulidad de la lista de sucesión por María del Refugio Rodríguez Anaya el trece de mayo de dos mil ocho; la nulidad de los certificados parcelarios 1014752 y 1014753; la declaratoria de nulidad del certificado de uso común número 1003998; así como la expedición de nuevos títulos en favor del actor. Lo anterior, se observa, con sustento en el testamento privado emitido por María del Refugio Rodríguez Anaya, reconocido ante el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit, en el juicio sucesorio testamentario 269/2017. En ese sentido, en su demanda de amparo, al reclamar lo actuado en el juicio agrario, el quejoso no le atribuye vicios propios, sino como consecuencia de lo actuado en el juicio sucesorio. Por tanto, el sobreseimiento decretado respecto de lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, se hace extensivo a lo actuado en el juicio agrario 546/2019, al ser éste reclamado como consecuencia del primero. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Merced Acevedo Rodríguez, contra el acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit, secretario adscrito y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 2747/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, J. Merced Acevedo Rodríguez demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: -Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit. -Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María del Oro, Nayarit. -Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19. Actos reclamados: ".PRIMERO. La Nulidad de todo lo actuado dentro del Expediente No 269/2017, tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Ciudad de Santa María del Oro, Nayarit en virtud de haberse tramitado JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO" a bienes de mi señora madre de nombre MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ ANAYA, sin que se me hubiera llamado al mismo para ser oído y vencido en juicio, y existir una sentencia en la cual existe acuerdo de ejecutoria, por las razones que más adelante se expondrán. Señalando que el suscrito tuve conocimiento del contenido del juicio señalado en este punto, el día 04 de noviembre del presente año en el que se me hizo conocimiento del mismo en la audiencia del Expediente No. 546/2019 tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, con sede en esta Ciudad de Tepic, Nayarit, y de este último fui notificado del mismo el día 31 de octubre del presente año. Es necesario señalar a su señoría que el del Expediente Civil señalado en el párrafo anterior me informaron del número de expediente más no así del contenido del expediente y al presentar un escrito para apersonarme, me contestaron que no me podían dar información del contenido del mismo por no ser parte procesal del mismo y por ende no supe del contenido del mismo hasta el día de la audiencia agraria que vi las copias certificadas de dicho expediente. SEGUNDO. Consecuencia de lo anterior la nulidad de todo lo actuado dentro del Juicio Agrario No. 546/2019 tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, con sede en esta Ciudad de Tepic, por las razones que más adelante se expondrán. Señalando que de dicho juicio fui emplazado el día 31 de octubre del presente año, pocos días antes de la celebración de la audiencia inicial." SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado donde se registró con el número de expediente 2747/2019, Previo cumplimiento de prevención, en veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 24-25) se admitió a trámite la demanda, por lo que se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en proveído de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se tuvo a Asunción, María y/o Martha, Primitivo, todos de apellidos Acevedo Rodríguez y José de Jesús Yáñez Rodríguez como terceros interesados, por lo se ordenó emplazarlos al presente juicio de amparo. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 54, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a un tribunal judicial que reside en el Estado de Nayarit, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: Del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit y secretario adscrito: Todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, en virtud de no ser llamado a deducir derechos. Del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19: Todo lo actuado en el juicio agrario 546/2019, como consecuencia de lo tramitado en el juicio sucesorio citado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado (fojas 37-34), el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19 negó el acto que le fue reclamado, consistente en lo actuado en el juicio agrario 546/2019. No obstante, en el mismo informe, la autoridad responsable aceptó la tramitación de dicho controvertido, promovido por Asunción Acevedo Rodríguez contra J. Merced Acevedo Rodríguez. Por su parte, en su respectivo informe (foja 48), el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit y secretario adscrito, de igual forma, negaron el acto que les fue reclamado, consistente en lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017. Empero, más adelante, manifestaron que, en efecto, en su registro aparece en trámite el aludido expediente, promovido por Asunción Acevedo Rodríguez y otros. Por tanto, se concluye que son ciertos los actos reclamados de las autoridades descritas, pues no obstante que lo negaron en sus respectivos informes, enseguida hicieron manifestaciones de certeza en torno a ellos. Apoya a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia Común, visible a página trescientos noventa y uno del Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Es oportuno precisar que las constancias en copia certificada del juicio agrario 546/2019 y del juicio sucesorio testamentario 269/2017 que las responsables remitieron con sus informes, gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." De forma oficiosa, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como se abundará enseguida. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (... ) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". De acuerdo con el precepto legal trascrito, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. En ese sentido, el artículo 17 del cuerpo normativo en cita establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". Del precepto anterior se desprende que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo será de quince días. Ahora, el artículo 18 de dicha ley es del contenido siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor" En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En el caso, en primer término, el quejoso reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit y secretario adscrito, todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, en virtud de no ser llamado a deducir derechos. En efecto, de las constancias del juicio sucesorio aludido, se observa que por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 2-7 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017), Asunción Acevedo Rodríguez, María Acevedo Rodríguez y/o Martha Asebedo Rodríguez, Primitivo Acevedo Rodríguez y José de Jesús Yáñez Rodríguez promovieron juicio sucesorio testamentario a bienes de su madre María del Refugio Rodríguez Anaya; lo anterior, con la finalidad de formalizar el testamento privado en el que ésta heredó distintos bienes inmuebles a los promoventes. Asimismo, es oportuno mencionar que en dicho escrito de demanda, lo promoventes manifestaron tener tres hermanos más, de nombres Blanca Estela Yáñez Rodríguez, Antonio Yáñez Rodríguez y Merced Acevedo Rodríguez. Dicha demanda fue admitida el seis de octubre de dos mil veintiuno (fojas 39-40 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017); asimismo, se ordenó notificar Blanca Estela Yáñez Rodríguez, Antonio Yáñez Rodríguez y Merced Acevedo Rodríguez sobre el inicio del procedimiento a fin de que comparecieran a deducir derechos. Luego, en nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 47-48 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017) se llevó a cabo la designación de Asunción Acevedo Rodríguez, así la declaración de validez del testamento privado y el reconocimiento de los herederos ahí instituidos. Ahora bien, por escrito presentado el quince de diciembre de dos mil diecisiete (foja 68 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017), el aquí quejoso J. Merced Acevedo Rodríguez compareció como interesado de la parte proporcional de los bienes que le pudieran corresponder; no obstante, en proveído de doce de enero de dos mil dieciocho, el juez determinó que no había lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en virtud de no ser parte en el procedimiento de origen. Finalmente, en veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho se declaró firme la determinación de nueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 84 de las constancias del juicio sucesorio 269/2017) y, tal como solicitó el albacea de la sucesión, se ordenó remitir testimonio autorizado al notario público, para que el procedimiento continuara por su cause respectivo. De lo anterior se desprende que, no obstante que el aquí quejoso J. Merced Acevedo Rodríguez no fue reconocido como parte en el juicio sucesorio de origen, lo cierto es que tuvo pleno conocimiento de su tramitación; esto, pues, como se relató, compareció a dicho procedimiento por escrito presentado el quince de diciembre dos mil diecisiete. Por tanto, es posible establecer que desde esa fecha el quejoso tuvo conocimiento de lo actuado en el juicio sucesorio de origen; sin embargo, hasta el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve en que presentó demanda de amparo, es evidente que transcurrió en exceso el plazo de quince días con que contaba el quejoso para promover juicio de amparo. Por tanto, respecto del acto reclamado consistente en todo lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y conducente es sobreseer respecto de dicho acto, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Ahora bien, el quejoso también reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, todo lo actuado en el juicio agrario 546/2019. De la lectura de las constancias de dicho procedimiento, se advierte la demanda promovida por Asunción Acevedo Rodríguez contra J. Merced Acevedo Rodríguez, de quien reclamó la nulidad de la lista de sucesión por María del Refugio Rodríguez Anaya el trece de mayo de dos mil ocho; la nulidad de los certificados parcelarios 1014752 y 1014753; la declaratoria de nulidad del certificado de uso común número 1003998; así como la expedición de nuevos títulos en favor del actor. Lo anterior, se observa, con sustento en el testamento privado emitido por María del Refugio Rodríguez Anaya, reconocido ante el Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit, en el juicio sucesorio testamentario 269/2017. En ese sentido, en su demanda de amparo, al reclamar lo actuado en el juicio agrario, el quejoso no le atribuye vicios propios, sino como consecuencia de lo actuado en el juicio sucesorio. Por tanto, el sobreseimiento decretado respecto de lo actuado en el juicio sucesorio testamentario 269/2017, se hace extensivo a lo actuado en el juicio agrario 546/2019, al ser éste reclamado como consecuencia del primero. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Merced Acevedo Rodríguez, contra el acto que reclamó del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa María Del Oro, Nayarit, secretario adscrito y el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 19, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE

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