J. Melquiades Mercado Ochoa

Expediente 685/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
685/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • J. Melquiades Mercado Ochoa
  • Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que origino el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo que origino el presente juicio de amparo, en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General Conjunto de veinticinco de marzo de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del citado artículo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el artículo 9, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por J Melquiades Mercado Ochoa, mediante el cual cumple en tiempo con lo requerido en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y al afecto expone lo siguiente: ... De lo anterior se advierte que los actos reclamados se tienen de la siguiente forma: ... Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior... Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia ... Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por lo que ve al primero de los actos reclamados, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ... No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." De la norma inserta se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con similares alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa legislación. ... De los preceptos insertos con antelación se desprende que la víctima u ofendido de un delito tendrá el derecho a impugnar ante una autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. En este punto se estima pertinente precisar que los actos reclamados a la primera de las responsables se hicieron consistir en: ... De igual forma, se observa la posibilidad que la víctima u ofendido tiene de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que tal conducta supone la paralización de su función investigadora. De ahí que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. ...En esa tesitura, cabe señalar que la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal son decisiones que definen el curso de la indagatoria, por lo que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en esa etapa de la investigación son actuaciones que tienen como efecto la paralización de su función investigadora, las cuales deben ser revisadas por el Juez de Control, quien al estimar que tales actuaciones son ilegales ordenará al representante social que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, si el acto reclamado en la especie consiste en las omisiones del Agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones de investigar dentro de la carpeta de investigación con número NDC 1010202003964, y con ello, a dicho de la parte quejosa (víctima), se obstruye y alarga su derecho a la justicia, al encuadrar en los supuestos a que alude el indicado criterio debe ser impugnado por la víctima u ofendido (quejoso) ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es el medio de impugnación idóneo y específico que tiene como finalidad que el citado Juez revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria y de estimar que la actuación del representante social fue ilegal lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivos de los delitos. ... En las relatadas condiciones, dado que en contra de los actos reclamados procede un medio ordinario de defensa ante el Juez de Control es inconcuso que el justiciable está obligado a agotarlo previo a la promoción de este sumario, a fin de observar el principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional, por lo que al no haber acatado ese principio rector se actualiza la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo por lo que ve al primero de los actos reclamados. ...Al respecto se tiene que en lo que respecta a los actos reclamados al Notario público número 23 del Estado con ejercicio y ubicación en Jiquilpan, Michoacán, se desecha la demanda de garantías, toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. ... Ahora, previamente a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supraordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo cual implica la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. ...De acuerdo con los artículos transcritos, la función del notario consiste, esencialmente, en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Es decir, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él; sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como cuando expide un testamento o escritura pública, así como declarar el impuesto correspondiente por adquisición de inmuebles. En efecto, la circunstancia de que en ocasiones, por determinación de la ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha dicho, su intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos. Por consecuencia, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto; sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Ahora, no se desconoce que en algunos casos el notario público pueda ser considerado como autoridad responsable, por ejemplo, cuando con su actuar o intervención dicta, ordena y ejecuta actos que crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues en ese supuesto se sustituye a una autoridad jurisdiccional. ... En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías que dio origen al presente juicio, por lo que respecta a la autoridad responsable Juan Cutberto Tenorio González, Notario público número 23 del Estado con ejercicio y ubicación en Jiquilpan, Michoacán, y actos que en específico le son reclamados. En tales condiciones y al no existir más actos reclamados que analizarse lo procedente es desechar la demanda de amparo en su totalidad, en la inteligencia que las causales respecto de cada acto y autoridad reseñaladas han sido analizadas y expuestas en sus apartados correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Uruapan, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por J Melquiades Mercado Ochoa, mediante el cual cumple en tiempo con lo requerido en proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y al afecto expone lo siguiente: ... De lo anterior se advierte que los actos reclamados se tienen de la siguiente forma: ... Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia... Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior... Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia ... Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por lo que ve al primero de los actos reclamados, toda vez que de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ... No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." De la norma inserta se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva en contra de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las propias leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con similares alcances que los que prevé la ley que norma a este medio procesal de tutela constitucional y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa legislación. ... De los preceptos insertos con antelación se desprende que la víctima u ofendido de un delito tendrá el derecho a impugnar ante una autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en sus funciones de investigación en los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se advierte que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho, esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. En este punto se estima pertinente precisar que los actos reclamados a la primera de las responsables se hicieron consistir en: ... De igual forma, se observa la posibilidad que la víctima u ofendido tiene de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que tal conducta supone la paralización de su función investigadora. De ahí que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. ...En esa tesitura, cabe señalar que la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal son decisiones que definen el curso de la indagatoria, por lo que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en esa etapa de la investigación son actuaciones que tienen como efecto la paralización de su función investigadora, las cuales deben ser revisadas por el Juez de Control, quien al estimar que tales actuaciones son ilegales ordenará al representante social que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, si el acto reclamado en la especie consiste en las omisiones del Agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones de investigar dentro de la carpeta de investigación con número NDC 1010202003964, y con ello, a dicho de la parte quejosa (víctima), se obstruye y alarga su derecho a la justicia, al encuadrar en los supuestos a que alude el indicado criterio debe ser impugnado por la víctima u ofendido (quejoso) ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto por el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es el medio de impugnación idóneo y específico que tiene como finalidad que el citado Juez revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una indagatoria y de estimar que la actuación del representante social fue ilegal lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivos de los delitos. ... En las relatadas condiciones, dado que en contra de los actos reclamados procede un medio ordinario de defensa ante el Juez de Control es inconcuso que el justiciable está obligado a agotarlo previo a la promoción de este sumario, a fin de observar el principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional, por lo que al no haber acatado ese principio rector se actualiza la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 16, párrafo décimo cuarto, y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo por lo que ve al primero de los actos reclamados. ...Al respecto se tiene que en lo que respecta a los actos reclamados al Notario público número 23 del Estado con ejercicio y ubicación en Jiquilpan, Michoacán, se desecha la demanda de garantías, toda vez que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. ... Ahora, previamente a exponer las razones de la decisión que se adopta, es necesario precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares, lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede, excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supraordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Por su parte, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo cual implica la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. ...De acuerdo con los artículos transcritos, la función del notario consiste, esencialmente, en dar fe para hacer constar actos, negocios y hechos jurídicos a los que se deba o quiera dar autenticidad y seguridad jurídica conforme con las leyes, además de ilustrar a las personas que le soliciten sus servicios, debiendo recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las mismas. Es decir, el notario es un delegatario del Estado para dar fe pública de los actos y hechos jurídicos que se celebran ante él con el fin de brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de los mismos. En este orden de ideas, el notario, a través de la fe pública que le es conferida, sólo hace constar los actos y hechos jurídicos que ocurren ante él; sin que de ello pueda entenderse que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, como cuando expide un testamento o escritura pública, así como declarar el impuesto correspondiente por adquisición de inmuebles. En efecto, la circunstancia de que en ocasiones, por determinación de la ley, como requisito formal se requiera de la intervención del notario para dar fe de un acto o hecho jurídico, de ninguna manera puede entenderse como un acto de autoridad, ya que, como se ha dicho, su intervención sólo tiene como efecto brindar autenticidad, certeza y seguridad jurídica respecto de esos actos o hechos. Por consecuencia, la fe pública notarial sólo debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto; sin que lo anterior signifique que a través de la función notarial se crean, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Ahora, no se desconoce que en algunos casos el notario público pueda ser considerado como autoridad responsable, por ejemplo, cuando con su actuar o intervención dicta, ordena y ejecuta actos que crean, modifican y extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues en ese supuesto se sustituye a una autoridad jurisdiccional. ... En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de garantías que dio origen al presente juicio, por lo que respecta a la autoridad responsable Juan Cutberto Tenorio González, Notario público número 23 del Estado con ejercicio y ubicación en Jiquilpan, Michoacán, y actos que en específico le son reclamados. En tales condiciones y al no existir más actos reclamados que analizarse lo procedente es desechar la demanda de amparo en su totalidad, en la inteligencia que las causales respecto de cada acto y autoridad reseñaladas han sido analizadas y expuestas en sus apartados correspondientes. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por J. Melquiades Mercado Ochoa, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán y otras; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 685/2021. CONSIDERACIONES PREVIAS. El artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: ... Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandará prevenir al promovente para que llenen los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que puedan subsanarlas en tiempo. A efecto de acordar lo que proceda sobre admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se precisa tener en cuenta que del análisis del ocurso de demanda, se advierte lo que a continuación se expone. En el escrito de cuenta se tiene que el quejoso J. Melquiades Mercado Ochoa, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Michoacán y otras, preciso como actos reclamados los siguientes: ... De lo anterior se advierte que la parte quejosa, hace alusión, presumiblemente, a que pretende señalar como acto reclamado a la falta de impartición de justicia, ya que refiere que tiene dos años sin obtener respuesta y acusa de imparcial al Representante social sin que resulte claro el acto que en si reclama. Por otra, la falta de recibir asesoría legal, dentro de la tramitación de la carpeta de investigación NDC.1010202003964; de lo cual tampoco es manifestada de manera clara, sino como una mera a precisión general. De igual manera, hace referencia al precisar el acto reclamado que no se le da información con respecto a la carpeta de investigación NDC.1010202003964 que con motivo de su QUERELLA se integró, violando también su derecho HUMANO a estar informado y su derecho de PETICIÓN que consagran a favor de todo gobernado los artículos (19., y 89.), ídem, de nuestra carta magna. Por otra parte se tiene que las autoridades responsables que señala son las siguientes: ... Hecha la relación que antecede, se tiene que la parte quejosa no expone de manera clara y precisa, cuales son los actos que de cada una de las autoridades pretende reclamar, pues la estructura y narrativa propia de la parte quejosa no es debidamente la relativa al capítulo actos reclamados. Efectivamente la Ley de Amparo en su artículo 108, fracción IV, establece la obligatoriedad de la parte promovente de precisar EL ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME, ello con independencia de que esta pretenda se le subsane la deficiencia en la queja, pues dicha providencia, no contempla la formulación de actos reclamados ni autoridades responsables. Sumadas todas las inconsistencias antes referidas, no existen elementos, ni siquiera básicos, para establecer indiciariamente, los actos reclamados que de cada responsable se pretendan reclamar. Asentado lo anterior, resulta factible imponer lo siguiente: PREVENCIÓN. Con fundamento en los artículos 108, fracciones I, así como el numeral 114, fracción I y II de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído deberá: Única.- Precise de manera clara, precisa y concreta, el acto que a cada autoridad pretende reclamar. Lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal pueda pronunciarse respecto de la demanda de amparo y se satisfaga el requisito que impone el artículo 108, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo requerido en el término concedido, únicamente se tendrá como actos reclamados las omisiones en general que atribuye al Agente del Ministerio Publico Investigador de la Fiscalía Regional de Jiquilpan y se tendrá por no presentada por las demás autoridades. Asimismo, se les indica que deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrán presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia ... Asimismo, al dar cumplimiento a la prevención impuesta, la parte quejosa deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia... Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal, únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a José Trinidad Dávila Farías, Fidel Velázquez Romero y José Roberto Ventura Juárez, lo anterior en virtud a que de la certificación secretarial que antecede se tiene que las precisadas no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ello con independencia de que, por lo que ve a José Trinidad Dávila Farías, exhiba copia cotejada de la cedula profesional respectiva, pues para el reconocimiento en esta instancia este debe realizar el registro respectivo. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, téngase al quejoso, proporcionando el número telefónico 310 292 8397, el cual, únicamente será empleado en caso de ser necesario establecer con el contacto. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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