J. Jesús y/o Jesús Angeles Ortiz

Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
142/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • J. Jesús y/o Jesús Angeles Ortiz
  • Sucesión de Leonardo Mariano Ángeles Ortiz
  • J. Jesús y/o Jesús Angeles Ortiz y Otros.
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Uruapan, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra la sentencia de de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó en el juicio de amparo en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales de imposible reparación exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso a), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, al ordenarse el archivo definitivo del presente asunto, resulta innecesaria la retención de constancias, por tanto, devuélvase al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, las documentales que adjuntó en apoyo a su informe justificado; solicitándole a quien corresponda el acuse de recibo respectivo. Finalmente, agréguese a los autos para que obre como corresponde, el escrito de cuenta signado por la tercera interesada María Concepción Ángeles Ortiz; atento a su contenido, como lo solicita y en atención a la Circular SECNO/12/2020, expedida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la "Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal", determino entre otras cuestiones en su numeral 2, la posibilidad de que se envíe documentación con la que se le da vista a las partes a una dirección de correo electrónico que hayan proporcionado; por tanto, se ordena remitir las copias simples de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a la promovente, al correo electrónico que proporciona zirandaro_xz@hotmail.com, para lo cual se deberá levantar la correspondiente certificación secretarial del envío, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    EN RAZÓN DE QUE J. JESÚS ÁNGELES ORTIZ Y/O JESÚS ÁNGELES ORTIZ. ( EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA), no generó cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica; o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el siete de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución interlocutoria de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; en esa medida, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese el presente incidente al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a, del referido acuerdo y en apoyo a lo establecido en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido por la Dirección General de Archivo y Documentación, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible. Finalmente, de las constancias que obran en autos se desprende que la parte quejosa exhibió los billetes de depósito N 924227 y N 934961, expedidos por el Banco del Bienestar, por las cantidades de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional y definitiva concedidas en auto de data ocho de marzo y en interlocutoria de veintiuno de abril, ambos del año en curso, respectivamente, dictadas dentro del presente incidente de suspensión. De igual modo, de las constancias que integran el expediente principal se advierte que existen terceros interesados; por tal motivo es necesario que transcurra el plazo de seis meses posteriores a que causó ejecutoria la resolución emitida por la superioridad dentro del juicio principal del que deriva el presente incidente, de conformidad por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que de estimarlo procedente, dichos terceros promuevan el incidente de daños y perjuicios; por consiguiente, se hace saber a la parte quejosa que una vez transcurrido dicho plazo, en caso de no haberse promovido el citado incidente, podrá solicitar la devolución de las garantía correspondiente, caso en el cual se acordará lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Incidental

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por la autoridad responsable el Coordinador Regional Uruapan del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán; atento a su contenido, téngasele informando las gestiones que ha realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en el presente asunto y remitiendo al efecto copias certificadas de las constancias que así lo acreditan, consistente en el registro realizado en el libro de sentencias bajo el Tomo: 103, Registro: 05 y así mismo la anotación respectiva en el libro de propiedad Tomo: 00004920, Registro: 00000003. Consecuentemente, dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga; de lo que toma cocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDOS DE VEINTE DE ABRIL Y TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, RESPECTIVAMENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LOS TERCEROS INTERESADOS: A MARÍA CONCEPCIÓN ANGELES ORTIZ A SUCESIÓN DE LEONARDO MARIANO ÁNGELES ORTIZ LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN LA QUE SE RESOLVIÓ: PRIMERO. Ha procedido la sucesión legítima de ********************. SEGUNDO. Se declara como únicos y universales herederos a ********************, en virtud de que acreditaron su entroncamiento como hijos de la autora de la sucesión. TERCERO. Se designa albacea definitivo a ********************. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." Por auto de siete de junio de dos mil uno, se tuvo a ********************, aceptando y protestando el cargo de albacea definitivo que le había sido conferido. Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil uno, se concedió a la albacea definitiva ********************, autorización judicial para litigar y recobrar bienes de la sucesión a la que representa. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se inició la segunda sección de inventario y avaluó. Por resolución interlocutoria de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió la segunda sección, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Ha procedido la segunda sección del juicio siucesorio intestamentario a bienes de ******************** y/o ********************, que fuera impulsada por la albacea definitiva ********************. SEGUNDO. En consecuencia, se aprueba en los términos precisados en el considerando segundo de este fallo el inventario y avalúo del caudal hereditario formulado, condenándose a las partes a estar y pasar por él, con la única reserva de que si aparecieron otros bienes, se listaran en el lugar que corresponda." Por acuerdo de seis de mayo de dos mil diecinueve, se inició la tercera sección correspondiente a la administración de los bienes que integran el caudal hereditario. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se inició la cuarta sección relativa a la partición y adjudicación de los bienes que constituyen el caudal hereditario. El quince de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva de la cuarta sección, bajo los siguientes puntos resolutivos: "PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO. Ha procedido la cuarta sección del juicio sucesorio intestametario a bienes de ******************** y/o ********************. SEGUNDO. Se aprueba en su totalidad el proyecto de partición de la masa hereditaria del presente juicio, formulado por ********************, por lo que en su momento envíense los autos del Notario Público correspondiente." El diez de enero de dos mil veinte, se remitieron los autos a la Notaría Pública, para la protocolización respectiva. Bajo esa tesitura, y como se puede ver de los antecedentes destacados del juicio sucesorio de origen, dicho controvertido ya se encuentra concluido por haberse llevado a cabo la partición y adjudicación de los bienes hereditarios. De ahí que la acción de petición de herencia promovida por el heredero preterido tiene como presupuesto necesario para su ejercicio que se haya efectuado la declaratoria de herederos y en ella no se le haya incluido. Pues, es sólo hasta que se haya dictado la sentencia de declaratoria de herederos que el heredero preterido puede iniciar la acción de petición de herencia, a fin de lograr su reconocimiento como tal, que es uno de los propósitos de dicha acción. En ese sentido, de las constancias del juicio de origen, se advierte que el diecinueve de abril de dos mil uno, se dictó sentencia interlocutoria en la que se realizó la declaratoria de herederos y se tuvo como únicos y universales herederos a ******************** y ********************, además de que el siete de junio de ese año se tuvo a ********************, aceptando y protestando el cargo de albacea definitivo. Por tanto, en términos de la Jurisprudencia 1a./J. 22/2021 (11a.), es a partir de la declaratoria de herederos -diecinueve de abril de dos mil uno-, en que debe empezar a computarse el término para la prescripción de la acción de petición de herencia. De modo que, si en el caso el quejoso promovió su demanda de amparo el siete de marzo de dos mil veintidós, es claro que ya había transcurrido en demasía los diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia y consecuentemente para promover el amparo en contra de la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario de origen, pues si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, por el sólo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, de ahí que resulta incuestionable que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción. Se cita en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 22/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual quedó transcrita con anterioridad, de rubro: "PETICIÓN DE HERENCIA. INICIO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE ESA ACCIÓN CUANDO LA LEGISLACIÓN NO LO DISPONE EXPRESAMENTE (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y BAJA CALIFORNIA, ESTA ÚLTIMA ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 10 DE ABRIL DE 2015). Criterio que es precisamente el que sustenta esta resolución. Lo anterior se sostiene ya que tratándose del juicio de amparo indirecto en el cual se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio testamentario en el que la parte quejosa estima tener derecho para heredar, el juzgador está obligado a analizar de manera preliminar, que no haya transcurrido el tiempo previsto en la legislación correspondiente para que opere la prescripción del derecho que pretende deducirse en la contienda sucesoria. Ello es así, pues para que un juicio de amparo satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el numeral 5, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 1******************** y 107 Constitucionales, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial. En ese sentido, a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. Sirve de apoyo por identidad jurídica la tesis con registro 202********************04, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo ******************** Circuito, consultable en la página 2128, del Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "JUICIO SUCESORIO CONCLUIDO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO RECLAME QUE NO FUE LLAMADO A ÉSTE, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PREVISTO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA, VIGENTE HASTA EL 7 DE MARZO DE 2013). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/99, de rubro: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).", estableció que cuando el afectado impugne que no fue llamado al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que señalan los preceptos adjetivos aplicables, el amparo indirecto será procedente siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción. Así, cuando se pretende el llamamiento a un juicio sucesorio que ya concluyó, el juzgador debe analizar, de manera preliminar, si ya transcurrió o no el término de diez años para que opere la prescripción de la acción de petición de herencia, señalado en el artículo 1537 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, vigente hasta el siete de marzo de dos mil trece, pues de haber prescrito, el amparo resultará improcedente, al no afectar la esfera jurídica de la quejosa, acorde con lo previsto en el numeral 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, que exige que el juicio constitucional sea instado en razón de la existencia de una afectación real al momento de la formulación de la pretensión ante la autoridad judicial. Actuar en forma contraria, implica utilizar la acción constitucional a sabiendas de que ya está prescrito el derecho que se pretende deducir en el juicio sucesorio, cuya falta de llamamiento se reclama. Por tanto, al estar demostrado que el acto tildado de inconstitucional no afecte la esfera jurídica de la parte quejosa, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, procede SOBRESEER en el juicio constitucional en que se actúa, respecto del acto reclamado al Juez ******************** de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de ********************, conforme al artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamadas a las autoridades ejecutoras Oficina Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio de ********************; Dirección de Catastro, Sub-dependencia Administración de Rentas y Secretaría de Desarrollo Urbano, Departamento de Urbanismo del H. Ayuntamiento, estas dos últimas autoridades de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, al no impugnarse por vicios propios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por otra parte, no pasa inadvertido que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la tercero interesada ********************, expresaron manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, una vez analizados, se estima innecesario plasmar consideración al respecto. Se cita, en la idea conducente, la Jurisprudencia P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados al Juez ******************** de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de ********************, consistente en la falta de emplazamiento al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ******************** y/o ********************, número ********************, del índice del Juzgado ******************** de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de ******************** y todo lo actuado en ese controvertido; y, la ejecución de los actos que relama de las autoridades Oficina Regional del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio de ********************; Dirección de Catastro, Sub-dependencia Administración de Rentas y Secretaría de Desarrollo Urbano, Departamento de Urbanismo del H. Ayuntamiento, estas dos últimas autoridades de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán, ya que lo actos que reclama a estas autoridades son consecuencia de la falta de emplazamiento del quejoso a dicho juicio. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

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