J. Mario Reyes Castro

Expediente 775/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
775/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • J. Mario Reyes Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca, Hidalgo, trece de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso Mario Reyes Castro da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de treinta de junio actual, por lo que téngase dando el debido cumplimiento al requerimiento en cita. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la tala inmoderada de árboles en el "Pueblo Nuevo S/N", de Mineral del Monte, Hidalgo de donde la parte quejosa habita en dicha localidad y del que dice tiene una dotación de ejido. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. En ese sentido, es necesario establecer el contenido de los artículos 9, 33, 43, 44, 56, 57, 61 y 62, de la Ley Agraria, los cuales establecen: "Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 43.- Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal." "Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y III. Tierras parceladas." "Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proverá (sic) a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional." "Artículo 57.- Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal." "Artículo 61.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva." "Artículo 62.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte en principio que los ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. De ahí que la defensa de las tierras que forman parte de la dotación, en la referida clasificación al Ejido lato sensu y en particular de las tierras de "uso común" le corresponde al ente colectivo, por conducto de su representación legal "comisariado". Así las cosas, de los preceptos citados, debe indicarse que el peticionario de derechos carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que el derecho controvertido que reclama es de carácter colectivo, por lo que los ejidatarios en lo individual carecen de legitimación para acudir al juicio de amparo reclamando la tala de árboles que dice se están llevando a cabo en el "Pueblo Nuevo S/N" de Mineral del Monte, Hidalgo. Por lo anterior, se advierte que se debe desechar por manifiesta y notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . ARTÍCULO 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del precepto reproducido en último término, puede apreciarse que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado; de ahí la exigencia de que la persona física o moral a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien acuda a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se transcribe: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4°. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Ello se considera así, en atención a que el juicio constitucional se rige entre otros, por los principios de iniciativa o instancia de parte y agravio personal, en términos del citado ordinal 4° de la Ley de Amparo, siendo que el primero de los señalados, se refiere a que el juicio jamás pueda operar oficiosamente, esto es, para que nazca, el requisito indispensable es que lo promueva alguien; y en atención al segundo de los principios señaladas, ése alguien tiene que ser la persona a quien perjudique o le cause agravios, el acto o la ley que se reclama, entendiendo por agravio todo menoscabo, ofensa a la persona, física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Pues en efecto, la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, no está acreditada, y por ende, tampoco que los actos que reclaman afecten algún derecho de propiedad o posesión, puesto que no demuestran perjuicio a sus derechos, consecuentemente, se surte la causa de improcedencia aludida. Al respecto, cabe citar la tesis III.2o.A.143 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1314, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPROPIEDAD DE TIERRAS EJIDALES. LA LEGISLACIÓN AGRARIA NO OTORGA ESE DERECHO A LOS EJIDATARIOS EN LO PARTICULAR. Conforme al artículo 9o. de la Ley Agraria, los núcleos de población ejidales o ejidos son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título; de ahí que los ejidatarios en lo particular -mientras se continúe con el régimen de explotación ejidal-, únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento, usufructo, goce y disfrute de sus parcelas, pero no al dominio de éstas, toda vez que ese derecho corresponde al núcleo y no a sus integrantes. En consecuencia, en materia agraria no opera la figura de la copropiedad, máxime que la ley de la materia no la contempla". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, Tomo 48 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AGRARIO. NUCLEO EJIDAL. ACTOS QUE LESIONAN SUS DERECHOS COLECTIVOS. NO CONFIERE LEGITIMACION ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR. Si bien es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población, por razón natural, producen una afectación indirecta a alguno o a la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los campesinos en particular para impugnar dichos actos por su propio derecho. En efecto, quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal, y lógica y jurídicamente es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. De otra forma, se llegaría al absurdo de que los campesinos que recibieron un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara al núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograran, en lo particular, mediante una sentencia de amparo (cuyos efectos limita el artículo 76 de la ley de la materia), modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste y, en consecuencia, de sus integrantes." Igualmente sirve de apoyo la jurisprudencia 150, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual reza: "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.- Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente. Finalmente, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Volumen 87, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. ACTOS QUE LESIONAN LOS DERECHOS COMUNES. NO CONFIEREN LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO A LOS COMUNEROS EN PARTICULAR. Respecto de los actos que afectan los derechos agrarios colectivos del núcleo de población comunal de manera directa y principal y en forma secundaria a los comuneros que integran dicho núcleo, éste es el único legalmente capacitado para impugnar en amparo dichos actos por conducto de su órgano de representación legal, el comisariado de bienes comunales, el cual, en los términos del artículo 46 de la Ley Federal de Reforma Agraria, funciona "de acuerdo con las normas establecidas para las autoridades ejidales de igual designación", o sea que aquél deberá integrarse por el presidente, secretario y tesorero, atento lo establecido por el artículo 37 de dicho ordenamiento. Si los quejosos no acreditan en forma alguna que entre ellos se encuentran los que integran el comisariado de bienes comunales que promueve con esa calidad la demanda de garantías, sino, por el contrario, promueven el juicio de amparo por su propio derecho, reclamando actos que afectan al núcleo de población en sus derechos colectivos, resulta improcedente el juicio de garantías, toda vez que los citados quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. Por lo expuesto es que se afirma que resulta incuestionable que el peticionario de amparo carece de legitimación procesal activa para impugnar en sede constitucional el acto que reclama ya que como se ha visto, éste no sufre una afectación a sus intereses jurídicos habida cuenta que no se demuestra que dicho derecho sea distinto al que le corresponde naturalmente a todo aquel que sea miembro del ejido. En efecto, si el quejoso no acude en defensa de tierras parceladas, sino que pretende controvertir derechos colectivos del núcleo ejidal (al referirse a la tala de árboles del Pueblo Nuevo S/N), es inconcuso que carece de legitimación procesal activa y por ende, de interés jurídico, ya que corresponde al Comisariado Ejidal (quien representa al núcleo de población ejidal), la defensa de las tierras ejidales de uso común que se ven afectadas con los actos reclamados señalados. En ese contexto, si el Comisariado Ejidal no es el que impugna los actos reclamados que afectan derechos colectivos (y no parcelarios), se colige que los ejidatarios, en lo individual, carecen de legitimación procesal activa para reclamarlos. Lo anterior es así, pues quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal (ente colectivo), por lo que éste es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. Admitir lo contrario llevaría al absurdo de que un solo ejidatario que recibió un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara el núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograra, en lo particular, mediante una sentencia de amparo modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste y, en consecuencia, de sus integrantes. Así se sostiene en la tesis dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 545 del Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Administrativa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son de la lectura siguiente: "DERECHOS COLECTIVOS, ACTOS QUE LESIONAN LOS. NO SE CONFIERE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR. Si bien es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población, por razón natural, producen una afectación indirecta a alguno o a la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los campesinos en particular para impugnar dichos actos por su propio derecho. En efecto, quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal, y lógica y jurídicamente es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. De otra forma, se llegaría al absurdo de que los campesinos que recibieron un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara el núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograran, en lo particular, mediante una sentencia de amparo (cuyos efectos limita el artículo 76 de la ley de la materia), modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste y, en consecuencia, de sus integrantes." En consecuencia, ante la evidente causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, en términos del numeral 113 de la ordenamiento legal citado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.." Notifique personalmente

  2. Principal

    Pachuca, Hidalgo, trece de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso Mario Reyes Castro da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveído de treinta de junio actual, por lo que téngase dando el debido cumplimiento al requerimiento en cita. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende que el acto reclamado se hace consistir en la tala inmoderada de árboles en el "Pueblo Nuevo S/N", de Mineral del Monte, Hidalgo de donde la parte quejosa habita en dicha localidad y del que dice tiene una dotación de ejido. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. En ese sentido, es necesario establecer el contenido de los artículos 9, 33, 43, 44, 56, 57, 61 y 62, de la Ley Agraria, los cuales establecen: "Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título." "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 43.- Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal." "Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y III. Tierras parceladas." "Artículo 56.- La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue: I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido; II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo. En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proverá (sic) a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional." "Artículo 57.- Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia: I. Posesionarios reconocidos por la asamblea; II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate; III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea. Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal." "Artículo 61.- La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del Procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras. La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva." "Artículo 62.- A partir de la asignación de parcelas, corresponderán a los ejidatarios beneficiados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas, en los términos de esta ley. Cuando la asignación se hubiere hecho a un grupo de ejidatarios, se presumirá, salvo prueba en contrario, que gozan de dichos derechos en partes iguales, y serán ejercidos conforme a lo convenido entre ellos o, en su defecto, a lo que disponga el reglamento interno o la resolución de la asamblea y, supletoriamente, conforme a las reglas de copropiedad que dispone el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte en principio que los ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. De ahí que la defensa de las tierras que forman parte de la dotación, en la referida clasificación al Ejido lato sensu y en particular de las tierras de "uso común" le corresponde al ente colectivo, por conducto de su representación legal "comisariado". Así las cosas, de los preceptos citados, debe indicarse que el peticionario de derechos carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, ya que el derecho controvertido que reclama es de carácter colectivo, por lo que los ejidatarios en lo individual carecen de legitimación para acudir al juicio de amparo reclamando la tala de árboles que dice se están llevando a cabo en el "Pueblo Nuevo S/N" de Mineral del Monte, Hidalgo. Por lo anterior, se advierte que se debe desechar por manifiesta y notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . ARTÍCULO 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del precepto reproducido en último término, puede apreciarse que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado; de ahí la exigencia de que la persona física o moral a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien acuda a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se transcribe: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4°. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Ello se considera así, en atención a que el juicio constitucional se rige entre otros, por los principios de iniciativa o instancia de parte y agravio personal, en términos del citado ordinal 4° de la Ley de Amparo, siendo que el primero de los señalados, se refiere a que el juicio jamás pueda operar oficiosamente, esto es, para que nazca, el requisito indispensable es que lo promueva alguien; y en atención al segundo de los principios señaladas, ése alguien tiene que ser la persona a quien perjudique o le cause agravios, el acto o la ley que se reclama, entendiendo por agravio todo menoscabo, ofensa a la persona, física o moral, que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente, en otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Pues en efecto, la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, no está acreditada, y por ende, tampoco que los actos que reclaman afecten algún derecho de propiedad o posesión, puesto que no demuestran perjuicio a sus derechos, consecuentemente, se surte la causa de improcedencia aludida. Al respecto, cabe citar la tesis III.2o.A.143 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1314, Tomo XXIV, diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPROPIEDAD DE TIERRAS EJIDALES. LA LEGISLACIÓN AGRARIA NO OTORGA ESE DERECHO A LOS EJIDATARIOS EN LO PARTICULAR. Conforme al artículo 9o. de la Ley Agraria, los núcleos de población ejidales o ejidos son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título; de ahí que los ejidatarios en lo particular -mientras se continúe con el régimen de explotación ejidal-, únicamente tienen derecho al uso, aprovechamiento, usufructo, goce y disfrute de sus parcelas, pero no al dominio de éstas, toda vez que ese derecho corresponde al núcleo y no a sus integrantes. En consecuencia, en materia agraria no opera la figura de la copropiedad, máxime que la ley de la materia no la contempla". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 40, Tomo 48 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "AGRARIO. NUCLEO EJIDAL. ACTOS QUE LESIONAN SUS DERECHOS COLECTIVOS. NO CONFIERE LEGITIMACION ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR. Si bien es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población, por razón natural, producen una afectación indirecta a alguno o a la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los campesinos en particular para impugnar dichos actos por su propio derecho. En efecto, quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal, y lógica y jurídicamente es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. De otra forma, se llegaría al absurdo de que los campesinos que recibieron un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara al núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograran, en lo particular, mediante una sentencia de amparo (cuyos efectos limita el artículo 76 de la ley de la materia), modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste y, en consecuencia, de sus integrantes." Igualmente sirve de apoyo la jurisprudencia 150, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, la cual reza: "DERECHOS COLECTIVOS DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN, AFECTACIÓN DE. AMPARO PROMOVIDO POR EJIDATARIOS POR SU PROPIO DERECHO. FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA.- Si unos ejidatarios promueven por su propio derecho el juicio de garantías y los actos reclamados son de aquellos que afectan derechos agrarios colectivos del núcleo de población, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 74, fracción III, del mismo ordenamiento, debe sobreseerse el juicio porque los quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. En efecto, el artículo 43, fracción I, del Código Agrario, atribuye a los comisariados ejidales la representación de los núcleos de población ante las autoridades administrativas y judiciales, con las facultades de un mandatario general, y aun cuando el artículo 8o. bis, fracción II, de la Ley de Amparo reconoce la representación sustituta para promover el juicio de garantías a nombre de un núcleo, a los miembros del comisariado o del consejo de vigilancia, o a cualquier ejidatario perteneciente al núcleo de población perjudicado, tal representación únicamente opera si, después de transcurridos quince días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no ha promovido juicio de amparo, y siempre que los que lo interpongan lo hagan ostentando la representación sustituta prevista legalmente. Finalmente, es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Volumen 87, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y texto: "AGRARIO. BIENES COMUNALES. ACTOS QUE LESIONAN LOS DERECHOS COMUNES. NO CONFIEREN LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO A LOS COMUNEROS EN PARTICULAR. Respecto de los actos que afectan los derechos agrarios colectivos del núcleo de población comunal de manera directa y principal y en forma secundaria a los comuneros que integran dicho núcleo, éste es el único legalmente capacitado para impugnar en amparo dichos actos por conducto de su órgano de representación legal, el comisariado de bienes comunales, el cual, en los términos del artículo 46 de la Ley Federal de Reforma Agraria, funciona "de acuerdo con las normas establecidas para las autoridades ejidales de igual designación", o sea que aquél deberá integrarse por el presidente, secretario y tesorero, atento lo establecido por el artículo 37 de dicho ordenamiento. Si los quejosos no acreditan en forma alguna que entre ellos se encuentran los que integran el comisariado de bienes comunales que promueve con esa calidad la demanda de garantías, sino, por el contrario, promueven el juicio de amparo por su propio derecho, reclamando actos que afectan al núcleo de población en sus derechos colectivos, resulta improcedente el juicio de garantías, toda vez que los citados quejosos carecen de legitimación procesal activa para ejercitar la acción que intentan. Por lo expuesto es que se afirma que resulta incuestionable que el peticionario de amparo carece de legitimación procesal activa para impugnar en sede constitucional el acto que reclama ya que como se ha visto, éste no sufre una afectación a sus intereses jurídicos habida cuenta que no se demuestra que dicho derecho sea distinto al que le corresponde naturalmente a todo aquel que sea miembro del ejido. En efecto, si el quejoso no acude en defensa de tierras parceladas, sino que pretende controvertir derechos colectivos del núcleo ejidal (al referirse a la tala de árboles del Pueblo Nuevo S/N), es inconcuso que carece de legitimación procesal activa y por ende, de interés jurídico, ya que corresponde al Comisariado Ejidal (quien representa al núcleo de población ejidal), la defensa de las tierras ejidales de uso común que se ven afectadas con los actos reclamados señalados. En ese contexto, si el Comisariado Ejidal no es el que impugna los actos reclamados que afectan derechos colectivos (y no parcelarios), se colige que los ejidatarios, en lo individual, carecen de legitimación procesal activa para reclamarlos. Lo anterior es así, pues quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal (ente colectivo), por lo que éste es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. Admitir lo contrario llevaría al absurdo de que un solo ejidatario que recibió un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara el núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograra, en lo particular, mediante una sentencia de amparo modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste y, en consecuencia, de sus integrantes. Así se sostiene en la tesis dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 545 del Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Administrativa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son de la lectura siguiente: "DERECHOS COLECTIVOS, ACTOS QUE LESIONAN LOS. NO SE CONFIERE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN AMPARO A LOS EJIDATARIOS EN PARTICULAR. Si bien es cierto que los actos de autoridad que afectan directamente a un núcleo de población, por razón natural, producen una afectación indirecta a alguno o a la totalidad de sus integrantes, esa afectación indirecta no confiere legitimación procesal activa a los campesinos en particular para impugnar dichos actos por su propio derecho. En efecto, quien directamente sufre las consecuencias de esos actos es el núcleo de población como tal, y lógica y jurídicamente es el único legalmente capacitado para impugnarlos en amparo por conducto de sus representantes. De otra forma, se llegaría al absurdo de que los campesinos que recibieron un perjuicio indirecto por un acto de autoridad que afectara el núcleo de que forman parte, en sus derechos colectivos, lograran, en lo particular, mediante una sentencia de amparo (cuyos efectos limita el artículo 76 de la ley de la materia), modificar o destruir la situación jurídica en que se encuentra el núcleo de población no obstante que, al no haberla impugnado el propio núcleo, debe subsistir en beneficio o perjuicio de éste y, en consecuencia, de sus integrantes." En consecuencia, ante la evidente causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, en términos del numeral 113 de la ordenamiento legal citado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.." Notifique personalmente

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes la razón actuarial que antecede, en la cual se advierte los motivos por el que no fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de treinta de junio del año en curso, dictada en el presente juicio de derechos; en tales circunstancias, acorde a lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, procédase a notificarle el auto en cita por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como las subsecuentes, hasta en tanto designe nuevo domicilio cierto y actual en esta ciudad para tales efectos. Notifíquese.

  4. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...

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