J. Jesus Sanchez Fuentes

Expediente 466/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
466/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2017

Partes del expediente

  • J. Jesus Sanchez Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la Magistrada de la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, acusando recibo del oficio 16567/2017 de once de mayo del año en curso, mediante el cual se le remitió copia autorizada del toca penal de ejecución 32/2016 y del expediente de ejecución incidental 330/2016; comunicado que se agrega como constancia legal. Por otra parte, como lo solicita la oficiante, remítase copia autorizada del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Cúmplase.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a once de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por J. Jesús Sánchez Fuentes; para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Hágase la devolución de la copia autorizada del toca penal de ejecución 32/2016 y del expediente de ejecución incidental 330/2016, a la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Diana Edith Hernández Castañeda, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Pachuca, Hidalgo; veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y anexos consistentes en original del juicio de amparo directo 497/2017, dos copias del escrito signado por J. Jesús Sánchez Fuentes, toca penal de ejecución 32/2016 y copia certificada de expediente de ejecución 330/2016. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierte en la resolución de mérito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese con el número 466/2017-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Del estudio integral de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los 17 y 18 de la misma ley, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." La citada causa de improcedencia consiste en la presunción del consentimiento del acto reclamado por la parte de la quejosa, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Por su parte, los preceptos 17 y 18 de la ley de la materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El solicitante de amparo señala como actos reclamados:  La resolución interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, dentro del toca penal 32/2016, en la que se revocó la sentencia de tres de octubre del citado año, dentro del expediente de ejecución incidental 330/2016.  El acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete dictado por el Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial en esta ciudad, en el expediente de ejecución 330/2016, en donde se requirió al inconforme para que en el plazo de cinco días exhibiera la cantidad de $42,765.18 (cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 18/100 moneda nacional), para cubrir la reparación del daño a que fue condenado. Debe precisarse que la demanda de amparo que se provee se presentó ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. En este asunto, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que la demanda de derechos en estudio se presentó en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, por lo que, si el acto reclamado lo es el emitido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, es evidente que a la fecha de la presentación de ésta, transcurrieron más de quince días hábiles, de ahí que se considere que se actualiza la causal de improcedencia señalada con anterioridad, toda vez que tuvo conocimiento del acto reclamado el mismo día -dieciséis de diciembre- (notificado por medio de lista). Es decir, el término para la promoción de la demanda transcurrió del diez al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete; descontándose los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de la presente anualidad por ser inhábiles. Similar consideración debe hacerse respecto al acto reclamado consistente en el auto de nueve de febrero del año en curso, ya que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se está frente alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley de la materia; ahora, la última fracción del numeral en comento establece la posibilidad que se actualice alguna causa diversa a las enumeradas en las fracciones precedentes, de manera que en este apartado se da sustento y apoyo a la improcedencia legal y a la jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia en la vía constitucional, debido a que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo, sino enunciativo. Por ello es que la jurisprudencia puede aplicarse de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, vinculada con lo dispuesto en el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo; en el que, en éste último, se establece la obligatoriedad de la aplicación de los criterios jurisprudenciales. En esa virtud, se advierte que en el caso en estudio se actualiza la referida hipótesis, pues, sobreviene la causa de improcedencia derivada de la jurisprudencia 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doce del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." De igual manera es aplicable la jurisprudencia II.3º. J/69, publicada en la página 45 del Núm. 75, Marzo de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Ahora bien, para que se actualice la improcedencia referida, se necesita que los actos reclamados sean consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, siempre y cuando entre el acto reclamado y el anterior que se estima consentido exista una relación de causa a efecto, es decir, debe existir una dependencia entre ambos actos de autoridad, que haga patente que el segundo acto que se reclama en el amparo, no surge autónomamente y desligado del primero para afectar la esfera jurídica del gobernado, sino que su existencia deriva fáctica e ineludiblemente de la existencia del primer acto que se considera consentido. Tal como lo establece la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Volumen 217-228, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del siguiente tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." En el caso, estamos frente a dicha causa de improcedencia, en razón de que el acto reclamado deriva de otro acto que no fue impugnado en el momento procesal oportuno. Ahora bien, a efecto de demostrar la causal de improcedencia invocada, resulta necesario puntualizar los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial con cabecera en esta ciudad se radicó el expediente de ejecución 330/2016. 2. Por resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, se autorizó al sentenciado J. Jesús Sánchez Fuentes -aquí quejoso-, cubrir la pena de reparación del daño ($56,297.83 -cincuenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 83/100 moneda nacional-) en treinta y seis mensualidades. 3. Inconforme con esa determinación, el fiscal adscrito a dicho juzgado interpuso recurso de apelación, conociendo del mismo la Sexta Sala Unitaria Penal del Sistema Penal Acusatorio del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 4. Mediante resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictó resolución en la que revocó la determinación del Juez Primero Penal de Ejecución -acto que por esta vía se reclama-. 5. Derivado de la resolución indicada con antelación, el Juez de Ejecución dictó el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el que requirió al sentenciado para que en el plazo de cinco días exhibiera la cantidad de $42,765.18 (cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 18/100 moneda nacional), para cubrir la reparación del daño a que fue condenado -segundo acto reclamado-. De manera que la causal de improcedencia que nos ocupa, se actualiza en virtud de que el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero Penal de Ejecución fue emitido en acatamiento a la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala responsable. Luego, resulta inconcuso que el auto que ahora se reclama, deriva de no recurrir la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que es dable considerar que el acto reclamado en estudio es derivado de uno consentido, existiendo así imposibilidad para entrar al estudio de los motivos de inconformidad ahora expuestos. Ello con apoyo en la tesis IV.1o.P.C.11 K, publicada en la página 961 del Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTÚA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA." En esa tesitura, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado de nueve de febrero de dos mil diecisiete. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la normativa aplicable, se desecha por notoriamente improcedente la demanda presentada por J. Jesús Sánchez Fuentes. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida del Palmar número ciento veintidós, Fraccionamiento El Tezontle, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Gabriel Rivera Cela, por contar con registro de su cédula profesional en el módulo de consulta respectivo y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones al otro profesionista que cita. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO COMPARECIO A NOTIFICARSE, NO OBSTANTE QUE SE LE DEJO CITATORIO. Pachuca, Hidalgo; veintiuno de abril de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y anexos consistentes en original del juicio de amparo directo 497/2017, dos copias del escrito signado por J. Jesús Sánchez Fuentes, toca penal de ejecución 32/2016 y copia certificada de expediente de ejecución 330/2016. Acúsese recibo correspondiente y por los motivos que se vierte en la resolución de mérito, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, se avoca al conocimiento del referido juicio de amparo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese con el número 466/2017-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Del estudio integral de la demanda se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los 17 y 18 de la misma ley, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos..." La citada causa de improcedencia consiste en la presunción del consentimiento del acto reclamado por la parte de la quejosa, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Por su parte, los preceptos 17 y 18 de la ley de la materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El solicitante de amparo señala como actos reclamados:  La resolución interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Sexta Sala Unitaria de Ejecución del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, dentro del toca penal 32/2016, en la que se revocó la sentencia de tres de octubre del citado año, dentro del expediente de ejecución incidental 330/2016.  El acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete dictado por el Juez Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial en esta ciudad, en el expediente de ejecución 330/2016, en donde se requirió al inconforme para que en el plazo de cinco días exhibiera la cantidad de $42,765.18 (cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 18/100 moneda nacional), para cubrir la reparación del daño a que fue condenado. Debe precisarse que la demanda de amparo que se provee se presentó ante la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. En este asunto, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que la demanda de derechos en estudio se presentó en la Oficialía de Partes Común del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, por lo que, si el acto reclamado lo es el emitido el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, es evidente que a la fecha de la presentación de ésta, transcurrieron más de quince días hábiles, de ahí que se considere que se actualiza la causal de improcedencia señalada con anterioridad, toda vez que tuvo conocimiento del acto reclamado el mismo día -dieciséis de diciembre- (notificado por medio de lista). Es decir, el término para la promoción de la demanda transcurrió del diez al treinta y uno de enero de dos mil diecisiete; descontándose los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero de la presente anualidad por ser inhábiles. Similar consideración debe hacerse respecto al acto reclamado consistente en el auto de nueve de febrero del año en curso, ya que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "ARTÍCULO 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales." De los enunciados normativos trascritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se está frente alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 61 de la ley de la materia; ahora, la última fracción del numeral en comento establece la posibilidad que se actualice alguna causa diversa a las enumeradas en las fracciones precedentes, de manera que en este apartado se da sustento y apoyo a la improcedencia legal y a la jurisprudencia. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia en la vía constitucional, debido a que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo, sino enunciativo. Por ello es que la jurisprudencia puede aplicarse de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, vinculada con lo dispuesto en el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo; en el que, en éste último, se establece la obligatoriedad de la aplicación de los criterios jurisprudenciales. En esa virtud, se advierte que en el caso en estudio se actualiza la referida hipótesis, pues, sobreviene la causa de improcedencia derivada de la jurisprudencia 17, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doce del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." De igual manera es aplicable la jurisprudencia II.3º. J/69, publicada en la página 45 del Núm. 75, Marzo de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Ahora bien, para que se actualice la improcedencia referida, se necesita que los actos reclamados sean consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, siempre y cuando entre el acto reclamado y el anterior que se estima consentido exista una relación de causa a efecto, es decir, debe existir una dependencia entre ambos actos de autoridad, que haga patente que el segundo acto que se reclama en el amparo, no surge autónomamente y desligado del primero para afectar la esfera jurídica del gobernado, sino que su existencia deriva fáctica e ineludiblemente de la existencia del primer acto que se considera consentido. Tal como lo establece la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve del Volumen 217-228, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del siguiente tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." En el caso, estamos frente a dicha causa de improcedencia, en razón de que el acto reclamado deriva de otro acto que no fue impugnado en el momento procesal oportuno. Ahora bien, a efecto de demostrar la causal de improcedencia invocada, resulta necesario puntualizar los siguientes antecedentes: 1. Ante el Juzgado Primero Penal de Ejecución del Primer Circuito Judicial con cabecera en esta ciudad se radicó el expediente de ejecución 330/2016. 2. Por resolución de tres de octubre de dos mil dieciséis, se autorizó al sentenciado J. Jesús Sánchez Fuentes -aquí quejoso-, cubrir la pena de reparación del daño ($56,297.83 -cincuenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 83/100 moneda nacional-) en treinta y seis mensualidades. 3. Inconforme con esa determinación, el fiscal adscrito a dicho juzgado interpuso recurso de apelación, conociendo del mismo la Sexta Sala Unitaria Penal del Sistema Penal Acusatorio del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 4. Mediante resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictó resolución en la que revocó la determinación del Juez Primero Penal de Ejecución -acto que por esta vía se reclama-. 5. Derivado de la resolución indicada con antelación, el Juez de Ejecución dictó el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, en el que requirió al sentenciado para que en el plazo de cinco días exhibiera la cantidad de $42,765.18 (cuarenta y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 18/100 moneda nacional), para cubrir la reparación del daño a que fue condenado -segundo acto reclamado-. De manera que la causal de improcedencia que nos ocupa, se actualiza en virtud de que el acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Primero Penal de Ejecución fue emitido en acatamiento a la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Sala responsable. Luego, resulta inconcuso que el auto que ahora se reclama, deriva de no recurrir la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que es dable considerar que el acto reclamado en estudio es derivado de uno consentido, existiendo así imposibilidad para entrar al estudio de los motivos de inconformidad ahora expuestos. Ello con apoyo en la tesis IV.1o.P.C.11 K, publicada en la página 961 del Tomo XI, Marzo de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. LA SIMPLE EXPRESIÓN DE INCONFORMIDAD NO DESVIRTÚA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA." En esa tesitura, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado de nueve de febrero de dos mil diecisiete. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en los preceptos 62 y 113 de la normativa aplicable, se desecha por notoriamente improcedente la demanda presentada por J. Jesús Sánchez Fuentes. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida del Palmar número ciento veintidós, Fraccionamiento El Tezontle, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Gabriel Rivera Cela, por contar con registro de su cédula profesional en el módulo de consulta respectivo y por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones al otro profesionista que cita. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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