J. Jesús Valencia Guerrero

Expediente 365/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 54 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
365/2021
Año
2021
Actuaciones
54
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • J. Jesús Valencia Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio firmado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita el acuse de recibo del oficio 485/2022, por el cual remitió los autos de la queja 14/2022; en consecuencia, comuníquese a la superioridad que sí se acusó mediante oficio 1851 de fecha veintiséis de enero del año en curso, recibido en aquel órgano jurisdiccional el treinta y uno de enero de dos mil veintidós. De igual forma, en caso de que dicho acuse no obre en aquel órgano jurisdiccional, se acusa recibo del oficio 485/2022, por el cual remitió los autos de la queja 14/2022, para los fines legales a que haya lugar para la superioridad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que transcurrió el plazo de tres días para que la parte recurrente interpusiera recurso de reclamación en contra del proveído de doce de enero del año en curso, por medio del cual la superioridad desechó el recurso de queja; en consecuencia, informa que el mismo causó estado y quedó firme, lo anterior dentro del recurso de queja 14/2022. Finalmente, se ordena acusar de recibo del oficio de cuenta a la superioridad. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 365/2021; promovido por J. Jesús Valencia Guerrero, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, J. Jesús Valencia Guerrero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General del Servicio Postal Mexicano y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 365/2021 y la admitió en proveído de once de mayo de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veintiuno, el quejoso amplió la demanda de amparo, lo que se acordó de conformidad el diecisiete de noviembre de la citada anualidad, por lo que se pidió el informe a las autoridades responsables; y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede; por lo que se procede resolver de acuerdo a los siguientes C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tendrían ejecución en el lugar en donde este Órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado y autoridades responsables señalados por el quejoso, son: Directora General del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad: La omisión de no tomar medidas para que los envíos no demoren lapsos irracionales para su entrega, así como la falta de supervisión para que se abra el saco postal número 156390013915624, que contiene el envío postal registrado con la guía LB205456923SG, que contiene un celular que adquirió en un portal electrónico de compras. De la Coordinación General de Logística y Operación del Servicio Postal Mexicano. El no instrumentar mecanismos que en cualquier lugar de tránsito se pueda recoger un envío, así como la omisión de realizar sus funciones, verificando que los envíos sean entregados. Del Titular de la oficina Postal CDA Benito Juárez. La omisión de no liberar el envío postal registrado con la guía número LVB205456923SG, ni aperturar el saco postal número 156390013915624 que contiene el celular que adquirió en un portal electrónico de compras, así como el pago del mismo en caso de que no se le proporcione. Del Órgano de Control Interno en el Servicio Postal Mexicano. La omisión de abrir el saco referido, quien debe vigilar la logística de los envíos, liberándose para su entrega el celular que adquirió en un portal electrónico de compras. Del Titular del Servicio Postal Mexicano en Molino de Parras, con residencia en esta ciudad. La falta de entrega del paquete enviado al quejoso. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Tercero. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe justificado por conducto de su apoderado jurídico, manifestaron que no es cierto el acto que se les atribuye; sin embargo, exponen razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, por lo que deben tenerse por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron a su informe justificado, consistentes en el oficio suscrito por la Encargada de Reclamaciones Internacionales, por el que se proporciona información conforme al proceso operativo efectuado, respecto del saco postal que contiene la pieza postal LVB205456923SG. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, este Juzgador Federal, de oficio, estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza de los actos reclamados por el quejoso a los funcionarios señalados como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En principio resulta conveniente señalar que el Servicio Postal Mexicano, es una entidad paraestatal perteneciente a la Administración Pública Federal, de conformidad con los artículos 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Lo anterior, tal como lo disponen los numerales 1, 2, cuarto párrafo y 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, así como 1 y 2 del Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano, que disponen: Ley del Servicio Postal Mexicano "ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular todo lo relativo a la prestación del servicio público de correos y de los otros servicios que expresamente se contemplan." "ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: [.] SERVICIOS DIVERSOS.- La Recepción, transportación y entrega de envíos, distintos a la correspondencia. [.] "ARTICULO 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o., por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley." Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano "Artículo 1o.- El Servicio Postal Mexicano, es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986, cuyo objeto principal es la prestación del servicio público de correos y de los servicios diversos que conforme a las disposiciones legales le corresponden." "Artículo 2o.- Son funciones del Servicio Postal Mexicano las siguientes: I.- Prestar el servicio público de correos; II.- Programar, organizar, operar y controlar, ajustándose a los programas sectoriales respectivos, la prestación del servicio público de correos y diversos a su cargo, que se encuentren establecidos en las leyes, normatividad, convenios internacionales vigentes y demás ordenamientos jurídicos relativos y aplicables; [.] De la anterior transcripción deriva, en lo que interesa, que la prestación de "servicios diversos" corresponde a un organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, cuyos actos son competencia del ámbito federal, que se encargará de la recepción, transportación y entrega de correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos distintos a la correspondencia. Así, se debe entender por servicio público el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado, directa o indirecta, de la administración pública que se encuentra activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada por la misma ley, con la intención de regular de forma continua y sin ánimo de lucro, las actividades dirigidas a la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que los actos reclamados por el quejoso, que toralmente hizo consistir en la omisión de no tomar medidas para que los envíos no demoren lapsos irracionales para su entrega; el no instrumentar mecanismos que en cualquier lugar de tránsito se pueda recoger un envío; la omisión de realizar sus funciones, verificando que los envíos sean entregados; así como omisión la apertura del saco postal número 156390013915624, y liberar el envío postal registrado con la guía LB205456923SG, que contiene un celular que adquirió en un portal electrónico de compras y su entrega al impetrante del amparo, atribuido a diversas autoridades del Servicio Postal Mexicano, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se dice de este modo, toda vez que dichos actos derivan del envío postal registrado con la guía LB205456923SG, que se relaciona directamente con las obligaciones y derechos que nacen de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio, de ahí que la falta de entrega del paquete, es una cuestión que se debe ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Esto es, el Servicio Postal Mexicano únicamente presta un servicio público, sin ejercer facultades de decisión que le estén atribuidas en u ordenamiento legal y que, por ende, constituyan una potestad administrativa, lo que revela que dicho ente no es una autoridad para efectos del juicio de amparo. Por ende, los actos reclamados no se realizan en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que la actuación de las responsables se materializa en función de sus atribuciones como ente prestador de un servicio; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas de los actos de autoridad. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se impone sobreseer el juicio de amparo, respecto de los actos y quejosos precisados en esta consideración. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Finalmente, no se analizarán el resto de las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por J. Jesús Valencia Guerrero, por propio derecho, por los actos, autoridades y motivos expuestos en el considerando segundo y cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", hasta hoy veintiséis de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

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