J. Jesus Quintana Martinez

Expediente 816/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
816/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Piceno Arevalo
  • J. Jesus Quintana Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al cual anexa el oficio JOPMO/400/2021, derivado de la causa penal 1P2319-177, del índice de la autoridad responsable Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con residencia en Pénjamo. Sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento respecto del oficio de la autoridad responsable en el cual comunica que las partes llegaron a un convenio y decretó el sobreseimiento de la causa penal, en virtud de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido ya que la materia de la litis se constriñó a si se giró o no orden de aprehensión en contra de los quejosos, circunstancia que no aconteció. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el incidente de suspensión debido a que se concedió la medida cautelar. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 816/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció medios de convicción. El juez provee: Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Ya que las partes no formularon alegatos precluye su derecho para hacerlo y se declara cerrado dicho periodo. R E S U L T A N D O: Primera. La parte quejosa señala como autoridades responsables a las siguientes: Agente Tercera Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional o Subprocuraduría "B", en Pénjamo, Guanajuato; Director de la Policía de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional o Subprocuraduría "B", en Pénjamo, Guanajuato; Director Regional de Carpetas de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional o Subprocuraduría "B", en Pénjamo, Guanajuato; Fiscal Regional o Sub procurador del Fuero Común Región "B", en Pénjamo, Guanajuato; Juez de Control en Materia Penal en Pénjamo, Guanajuato; Director de la Policía Ministerial del Fuero Común de la Fiscalía Regional en La Piedad, Michoacán; Director Regional de Carpetas de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. Y como acto reclamado: La orden de aprehensión dictada en contra de los promoventes del amparo. Segundo. Por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la celebración de audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos omisivos que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en: La orden de aprehensión dictada en contra de los quejosos. Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agente Tercera Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional o Subprocuraduría "B", en Pénjamo, Guanajuato; Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional "B", en Pénjamo, Guanajuato; Director de la Policía Ministerial del Fuero Común de la Fiscalía Regional en La Piedad, Michoacán; y, Director Regional de Carpetas de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional de La Piedad, Michoacán. al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Finalmente, por lo que ve a las autoridades responsables Director de la Policía de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional o Subprocuraduría "B", en Pénjamo, Guanajuato; Director Regional de Carpetas de Investigación del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía Regional o Subprocuraduría "B", en Pénjamo, Guanajuato; y, Fiscal Regional o Sub procurador del Fuero Común Región "B", en Pénjamo, Guanajuato, la presente determinación se hace extensiva, a pesar de que dichas autoridades no han rendido sus informes justificados, toda vez que éstas tiene el carácter de ejecutoras y no pueden realizar alguna acción o cumplimentar alguna orden si ninguna autoridad ordenadora se los encomienda. Cuarta. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos a la Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado, Base Pénjamo, sede Salamanca, Guanajuato, pues aun cuando negó su existencia, después realiza manifestaciones que llevan implícita la certeza de los actos reclamados. Lo anterior, pues la Jueza, admitió haberlos citado a fin de desahogar una audiencia de formulación de imputación en su contra, por los delitos de despojo y robo calificado, citación que lleva implícita lograr la comparecencia o presentación de los imputados, aquí quejosos. En su informe justificado, la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal en Pénjamo, Guanajuato, manifestó que no son ciertos los actos reclamados; sin embargo, señaló que se instruye la causa penal 1P2319-177, en contra de los quejosos por los delitos de robo calificado y despojo. Luego, manifestó que el veintisiete de febrero del año en curso citó a audiencia de formulación de imputación; sin embargo, ante la inasistencia de los imputados, no se llevó a cabo y el Ministerio Público solicitó audiencia privada para solicitar orden de aprehensión, misma que se obsequió en contra de José Piceno Arévalo (probable comisión del delito de despojo y robo calificado); Javier Ortiz Piceno y José Pedro Pimentel Enríquez (probable comisión del delito de robo calificado). Posteriormente, el primero de mayo de dos mil veinte, se cumplimentaron las ordenes de aprehensión, para que el dos siguiente se llevara a cabo audiencia de formulación de imputación al ser presentados José Piceno Arévalo, Javier Ortiz Piceno y José Pedro Pimentel Enríquez, ante lo cual la fiscalía formuló imputación y posteriormente, la Jueza de Control emitió auto de vinculación a proceso en contra de las personas señaladas. En consecuencia, ante esa falta de precisión del acto reclamado, ello no impide, de ser procedente, examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Quinto. Improcedencia del juicio. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. En la especie el que esto resuelve, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción IV (este en sentido contrario), ambos de la ley de la materia, es decir, que en el caso particular el amparo indirecto resulta improcedente, respecto del acto reclamado. Es así, ya que del análisis de dichos numerales, se evidencia que el juicio de amparo indirecto procede, en lo que interesa, contra actos de tribunales, judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluidos, así como actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, debe entenderse como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte, ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa. Por su parte el artículo 170, fracción I, párrafo quinto de la Ley de Amparo, establece que para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez d Control. Ahora, la Juez de Control del Juzgado de oralidad penal de la Segunda Región en el Estado Base Pénjamo, sede Salamanca, Guanajuato, al rendir su informe de ley informó, que se tenían señaladas las nueve horas con quince minutos del veintisiete de febrero de dos mil veinte, para celebrar la audiencia de formulación de imputación de los quejosos José Piceno Arévalo, Javier Ortiz Piceno, José Pedro Pimentel Enriquez y J. Jesús Quintana Martínez, lo que se corroboró de un análisis que se hizo de los registros de audio y video en discos ópticos remitidos por la propia Juez, que contiene las videograbaciones de la citación a la audiencia de formulación de la imputación de mérito. De ahí, que la citación para la audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio, que consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante el cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación. Es decir, su finalidad, simplemente, es comunicarle al imputado la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial, sin que dicha circunstancia afecte su libertad personal. No se inadvierte lo establecido en la fracción II del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece apercibimiento al imputado para el caso que de no comparecer a la audiencia de formulación de la imputación, se ordenará su aprehensión, pues ello, en todo caso, queda supeditado a la actitud que tome el imputado respecto de la citación a la audiencia inicial. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 78/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)] La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el numeral 107, fracción IV y V, de la referida ley, a contrario sensu, procede sobreseer el juicio de amparo, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Robustece lo narrado, por ilustrativa, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, que obra en el folio número 2042 y que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Atento a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, sólo procede el sobreseimiento respecto de actos reclamados y no de conceptos de violación, ya que la resolución que se dicta en tales casos, tiene como supuesto fundamental y jurídico, la existencia de una causal de improcedencia, que impide al juzgador entrar al estudio del problema de fondo que le ha sido planteado, a fin de establecer si el acto reclamado es, o no, violatorio de garantías" Igualmente, cobra aplicación a lo antes referido, por ilustrativa, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, editada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Tesis II.3o. J/58, que aparece en la foja 57, del Tomo 70, octubre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, que destaca: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y quinta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Jesús Quintana Martínez, José Piceno Arévalo, José Pedro Pimentel Enriquez y Javier Ortiz Piceno, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien remite diversas promociones relacionadas con el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, de ellas se advierte que obra el informe justificado rendido por el Fiscal adscrito a la Unidad Especializada en Investigaciones de Homicidios de la Fiscalía Regional "B", por lo cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes. Con lo anterior, hágase nueva relación de dicho informe justificado en la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, se reserva hacer relación de las constancias de emplazamiento, hasta en tanto obren los informes justificados de las autoridades responsables. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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