J. Jesús Herrera Meraz
Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1117/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- J. Jesús Herrera Meraz
Actuaciones
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto de diecinueve del mes y año en curso, ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Se concede a la parte actora el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para recoger los documentos originales exhibidos en el juicio. Se le apercibe que, de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente; lo anterior, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales tiempos y agenda, obtenga la cita conducente y el código QR a fin de recoger los documentos puestos a su disposición. Además, se le exhorta para que adopte las medidas necesarias para atender los lineamientos de higiene previstos en el artículo 2, fracción VII, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, a partir de las indicaciones que le proporcione el personal de seguridad del inmueble. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por el ****, contra actos de la Juez Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial con sede en el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Colima, y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1° y 14 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, el cual fue registrado con el número 1117/2022-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. De la lectura de la demanda de amparo y anexos se advierte que, los actos reclamados por el quejoso se hace consistir en: a) La actuación de diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ****, en la que la Jueza Auxiliar en Materia Familiar Especializado en Órdenes de Protección del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, decretó el desalojo de **** -quejoso- del domicilio ubicado en calle **** de Colima; y, ordenó se permitiera al nombrado para que en el momento de la diligencia se llevara consigo sus objetos personales, ropa, herramienta de trabajo si fuera necesario, así como levantar un inventario de esos bienes por el actuario respectivo, que deberá constar en el acta correspondiente; y, b) La diligencia realizada por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Auxiliar en Materia Familiar Especializado en Órdenes de Protección del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, el doce de octubre de dos mil veintidós, en contravención a lo ordenado por la titular del referido órgano jurisdiccional en acuerdo de diez del mismo mes y año, dentro del expediente ****, ya que afirma no se le permitió extraer sus objetos personales y herramienta de trabajo. Desechamiento de la demanda. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Bajo esa tesitura, con relación a la notificación reclamada, se advierte la existencia de una causa de improcedencia de la demanda de amparo en estudio, tal como se verá a continuación: El artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...) Del artículo trascrito, se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable procedan al caso en concreto. A contrario sensu, el juicio de amparo es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...) Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así las cosas, en primer término, con relación al acto reclamado relacionado en el inciso a), quien suscribe trae a colación los artículos 686, 687, fracción III, inciso i), y 950 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, que establecen lo siguiente: "Artículo 686.- A través del recurso de apelación el Tribunal de Alzada podrá revocar, modificar el auto o la sentencia recurridos o confirmar la resolución apelada, ello a solicitud de la parte agraviada, con excepción de lo dispuesto en el artículo 715 de este Código. "Artículo 687.- El Recurso de Apelación procede: (.) III.- Contra los autos definitivos o los que independientemente de que tengan ese carácter: i) Causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva. "Artículo 950.- Salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin el otorgamiento de fianza." Del primer artículo transcrito, se desprende que el recurso de apelación, tiene por efecto revocar o modificar el auto o sentencia recurrida o confirmar la resolución impugnada ante el Tribunal de Alzada, el cual se promoverá por regla general a instancia de parte agraviada, pues establece la revisión oficiosa por el Tribunal revisor en la sentencias recaídas sobre la nulidad de relación conyugal. Por su parte, del segundo precepto citado se desprenden las hipótesis en las cuales procederá el recurso de apelación, entre las que se encuentra los autos definitivos o lo que independientemente de que tengan ese carácter causen un gravamen que no pueda repararse en la sentencia definitiva o interlocutoria, pues a partir de su ejecución afectan derechos sustantivos protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es parte. Ahora, el último precepto dispone que en las controversias del orden familiar salvo los casos previstos por el artículo 699 de este Código, en los que el recurso de apelación procede en ambos efectos, en los demás casos solo se admitirá en el efecto devolutivo. Como se anticipó, uno de los actos reclamados es la actuación de diez de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ***, en la que la Jueza Auxiliar en Materia Familiar Especializado en Órdenes de Protección del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, decretó el desalojo de **** -quejoso- del domicilio ubicado en calle ***** y, ordenó se permitiera al nombrado para que en el momento de la diligencia se llevara consigo sus objetos personales, ropa, herramienta de trabajo si fuera necesario, así como levantar un inventario de esos bienes por el actuario respectivo, que deberá constar en el acta correspondiente Sin embargo, tal determinación es apelable en términos del artículo 687, fracción III, inciso i), del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, pues a través de este medio de defensa se revocaría, modificaría o anularía el acto reclamado, pues aunque no es un acto definitivo dentro del juicio causa un gravamen que no puede repararse en sentencia definitiva o interlocutoria pues afecta los derechos sustantivos de la quejosa. Por tanto, se materializa el supuesto descrito en el apartado uno. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, Décima Época, Materia Común, Registro digital 2017117, del tenor literal: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEADE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Asimismo, la jurisprudencia consultable en la página 37 del Semanario Judicial de la Federación, 12 Sexta Parte, Séptima Época, que a continuación se transcribe: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, con relación al diverso acto reclamado contenido en el inciso b), es conveniente destacar el contenido del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, que dispone lo siguiente: "Artículo 76.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. "Artículo 77.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquella queda revalidada de pleno derecho con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "Artículo 78.- Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento, por falta de citación para la absolución de posiciones y para reconocimiento de documentos, y en los demás casos en que la ley expresamente lo determine. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se fallarán en la sentencia definitiva. De la literalidad de las disposiciones transcritas, se advierte, entre otras cosas, que cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en la ley, la parte agraviada puede promover el incidente de nulidad de notificaciones. Como se precisó, el diez de octubre de dos mil veintidós, la Jueza Auxiliar en Materia Familiar Especializado en Órdenes de Protección del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, dentro del expediente ***, decretó el desalojo de **** -quejoso- del domicilio ubicado en calle ***** de Colima; y, ordenó se permitiera al nombrado para que en el momento de la diligencia se llevara consigo sus objetos personales, ropa, herramienta de trabajo si fuera necesario, así como levantar un inventario de esos bienes por el actuario respectivo, que deberá constar en el acta correspondiente. Así, contra el diverso acto reclamado consistente en la diligencia realizada por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Auxiliar en Materia Familiar Especializado en Órdenes de Protección del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, el doce de octubre de dos mil veintidós, en contravención a lo ordenado por la titular del referido órgano jurisdiccional -el diez del mismo mes y año, dentro del expediente ****, pues argumenta que no se le permitió extraer sus objetos personales y herramienta de trabajo, como se ordenó en dicha determinación; previo al ejercicio de la acción constitucional, el quejoso debió agotar el incidente de nulidad previsto por el artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, alegando la forma en que fue practicada la referida actuación, en virtud de que el quejoso, es en contra de quien se emitió la diligencia ordenada, Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/259, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del tenor literal: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. Por ende, una vez que se agote el incidente de nulidad de notificaciones contra la diligencia realizada por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Auxiliar en Materia Familiar Especializado en Órdenes de Protección del Primer Partido Judicial del Estado de Colima, el doce de octubre de dos mil veintidós, que por esta vía se reclama, será entonces que la resolución que recaiga al mismo podrá ser objeto de análisis en el juicio de amparo; ello, en aras de respetar el principio de definitividad, el cual debe agotarse previamente a la presentación del juicio de derechos fundamentales. Sustenta tal consideración, la jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, tomo I, Décima Época, junio de dos mil dieciocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. (Énfasis añadido). Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no se encuentra comprendido en las excepciones que contempla la jurisprudencia y el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es decir, no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, no se actualiza la diversa excepción relativa a ser persona extraña a juicio, pues en el caso, la orden de desalojo fue emitida en contra del quejoso, por lo que tiene legitimación procesal para tal efecto. En efecto, estimar lo contrario equivaldría a considerar que en contra de la forma en que se practicó una notificación procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, toda vez que éste no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de los actos de autoridad. En consecuencia, como se anticipó, se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, y 61, fracción XVIII, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la citada ley, se desecha por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo, ya que, con las razones apuntadas, están plenamente acreditadas las causales de improcedencia invocadas. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, aun cuando se refieran a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se oponen a esta última. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional - principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****de Colima, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza notificación y acceso del expediente vía electrónica, en virtud de que el usuario ****se encuentra registrado. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se tiene a ***** únicamente como autorizadas en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo.
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