J. Jesús Guerrero Zúñiga
Expediente 808/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- J. Jesús Guerrero Zúñiga
Actuaciones
- Principal
. De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es destruible, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda; asimismo, carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En consecuencia, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena que dentro de los treinta días siguientes la destrucción del juicio principal, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo General, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa, los datos ordenados en el presente auto, así como la fecha en que se ordena su archivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e Integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 808/2023-VI. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobada en cesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda y anexos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, en la etapa de ejecución del juicio laboral ************, en el que se autoriza la ampliación de embargo y se le requiere por el pago de la cantidad de ******, más los salarios caídos que se sigan generando hasta el cumplimiento del laudo y su ejecución efectuada el trece de diciembre de dos ml veintidós, sobre las cuentas bancarias *****. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, en la etapa de ejecución del juicio laboral ************, en el que se autoriza la ampliación de embargo y se le requiere por el pago de la cantidad de $2´084,765.54 (dos millones ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos), más los salarios caídos que se sigan generando hasta el cumplimiento del laudo y su ejecución efectuada el trece de diciembre de dos ml veintidós, sobre las cuentas bancarias *****. Una vez examinado el acto reclamado se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el taxativo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Así, de la interpretación gramatical del artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Por su parte, el taxativo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, ha sido interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 217/2017, en la que se sostuvo que de dichas fracciones, se derivan, en lo que interesa, dos reglas muy claras: Se señala que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo emitidos fuera de juicio o después de concluido el juicio; pero que en último supuesto, el amparo sólo procederá: Contra la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o, Contra la última resolución del procedimiento de remate, entendida como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Existiendo la posibilidad de reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante esos procedimientos que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, se establece la procedencia del amparo indirecto contra actos emitidos dentro de juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, es decir, que afecten derechos sustantivos del quejoso. En este sentido, la Sala señaló que la regla derivada de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo consiste en admitir la procedencia del amparo contra actos dictados dentro del juicio, esto es, sin esperar a que el procedimiento culmine con el dictado de la sentencia definitiva que dirima la controversia. Asimismo, se mencionó que dicha regla se actualiza únicamente cuando se está ante un acto cuya ejecución produzca una afectación de imposible reparación, a diferencia de lo que sucede tratándose de actos dictados después de concluido el juicio, en los que es necesario esperar a la última resolución del procedimiento de ejecución o de remate. En este contexto, se expuso que no obstante lo anterior, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado un supuesto de excepción tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, pues ha interpretado que sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquéllos respecto de los cuales, el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Para tal efecto se atendió a la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 6, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta tesitura, la Segunda Sala argumentó que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que se establecen diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados después de concluido el juicio, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia o del procedimiento de remate. Esto es, la fracción señalada, establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, dado que se estaría en ante una posible afectación de imposible reparación, ello, sin que dicha aplicación por analogía permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. En efecto, si bien es cierto que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación esta prevista en la fracción V de la Ley de Amparo y se refiere a actos dentro del juicio; el Alto Tribunal ya ha establecido, que dicha regla puede extenderse a lo dispuesto en la fracción relativa a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, dado que existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En síntesis, se expresó que un acto dictado en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, esto es, de aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; o, tratándose del procedimiento de remate, aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados (regla general); Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia (regla de excepción). Sentado lo anterior, se señaló que en las ejecutorias en las que se determinó la existencia de la presente contradicción de tesis, se abordó el tema relativo a la procedencia del amparo indirecto respecto de los actos dictados en procedimientos de ejecución de laudos, que no son independientes de la propia ejecución, es decir, su finalidad es cumplirla. Ahora, la Sala interpretó los artículos 939 al 974 de la Ley Federal del Trabajo antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, que establecen lo siguiente: Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 941. Cuando el laudo deba ser ejecutado por el Presidente de otra Junta, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias y se le facultará para hacer uso de los medios de apremio, en caso de oposición a la diligencia de ejecución. Artículo 942. El Presidente exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. Artículo 943. Si al cumplimentar un exhorto, se opone algún tercero que no hubiese sido oído por el Presidente exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto, previa fianza que otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó ejecución y de los daños y perjuicios que puedan causarse. Otorgada la fianza, se devolverá el exhorto al Presidente exhortante. Artículo 944. Los gastos que se originen en la ejecución de los laudos, serán a cargo de la parte que no cumpla. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta: I. Dará por terminada la relación de trabajo; II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado "A" de la Constitución. Artículo 948. Si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la Junta fuere de los trabajadores se dará por terminada la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 519 fracción III, último párrafo de esta Ley. Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes: I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta Ley; II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente; III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo; IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia; V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado; y VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Artículo 952. Quedan únicamente exceptuados de embargo: I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia; II. Los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable; III. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o establecimiento, en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Podrá embargarse la empresa o establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de esta Ley; IV. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras; V. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para éste, de conformidad con las leyes; VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste; VII. Los derechos de uso y de habitación; y VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo favor estén constituidas. Artículo 953. Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario resolverá las cuestiones que se susciten. Artículo 954. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo. Artículo 956. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el Actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del Presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al Presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario. Artículo 958. Si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al Presidente ejecutor, apercibido de doble pago en caso de desobediencia. Artículo 959. El Actuario requerirá al demandando a fin de que le exhiba los documentos y contratos respectivos, para que en el acta conste y dé fe de las condiciones estipuladas en los mismos. Artículo 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el Título represente y a intentar todas las acciones y los recursos que la Ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impongan las Leyes a los depositarios. Artículo 961. Si el crédito fuese litigioso, se notificará el embargo a la autoridad que conozca del juicio respectivo, y el nombre del depositario, a fin de que éste pueda desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior. Artículo 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el Presidente ejecutor, bajo su responsabilidad, ordenará, dentro de las 24 horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Artículo 963. Si el embargo recae en finca urbana y sus productos o sobre éstos solamente, el depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes: I. Podrá celebrar contratos de arrendamiento, conforme a estas condiciones: por tiempo voluntario para ambas partes; el importe de la renta no podrá ser menor al fijado en el último contrato; exigir al arrendatario las garantías necesarias de su cumplimiento; y recabar en todos los casos, la autorización del Presidente Ejecutor; II. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los inquilinos morosos con arreglo a la Ley; III. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause el inmueble; y cubrir los gastos ordinarios de conservación y aseo; IV. Presentar a la oficina correspondiente, las manifestaciones y declaraciones que la Ley de la materia previene; V. Presentar para su autorización al Presidente Ejecutor, los presupuestos para hacer los gastos de reparación o de construcción; VI. Pagar, previa autorización del Presidente Ejecutor, los gravámenes que reporta la finca; y VII. Rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de depósito, que pondrá a disposición del Presidente Ejecutor. El depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, será acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas. Artículo 964. Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las normas siguientes: I. El depositario será interventor con cargo a la caja, estando obligado a: a) Vigilar la contabilidad; b) Administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella se practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; y los demás actos inherentes a su cargo. II. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que pueda perjudicar los derechos del embargante, lo pondrá en conocimiento del Presidente Ejecutor, para que éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime conveniente; y III. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante el Presidente Ejecutor, por la suma que se determine y rendirá cuenta de su gestión en los términos y forma que señale el mismo. Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio. El Presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado. Artículo 966. Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes: I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos; II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la Junta de Conciliación y Arbitraje siempre que dicho embargo se practique antes que quede fincado el remate. Cuando el Presidente Ejecutor tenga conocimiento de la existencia de un embargo, hará saber a la autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se pondrá a disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo. Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y resolverán por la Junta que conozca del negocio, con exclusión de cualquiera otra autoridad; y III. El que haya reembargado puede continuar la ejecución del laudo o convenio, pero rematados los bienes, se pagará al primer embargante el importe de su crédito, salvo el caso de preferencia de derechos. Artículo 967. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este Capítulo. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución. Artículo 968. En los embargos se observarán las normas siguientes: A.- Si los bienes embargados son muebles: I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el Presidente ejecutor; en los casos en que el Presidente ejecutor se percate de que el avalúo de los bienes es notoriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica de otro, razonando los motivos por los cuales considera que el avalúo no corresponde al valor del bien; II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y III. El remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados de la Junta, en su caso y en el palacio municipal o en la oficina de gobierno que designe el Presidente ejecutor. B.- Si los bienes embargados son inmuebles: I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será designado por el Presidente de la Junta y en su caso, se procederá conforme a lo dispuesto por la fracción I del apartado A de este artículo; II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro Público de la Propiedad, de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos obrare ya otro certificado, se pedirá al Registro sólo el relativo al periodo o periodos que aquél no abarque; y III. El proveído que ordene el remate se publicará, por una sola vez, en el boletín laboral o en los estrados de la Junta, en su caso y se fijará, por una sola vez, en la Tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores. Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos. Artículo 969. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento se observará el procedimiento siguiente: I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Presidente de la Junta a Nacional Financiera, SNC, o a alguna otra institución oficial; II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III del apartado A del artículo anterior, referente a muebles; y IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo anterior. Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona que concurra como postor deberá presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de depósito de Nacional Financiera, SNC, el importe de 10 por ciento de su puja. Artículo 971. El remate se efectuará de conformidad con las normas siguientes: I. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local de la Junta correspondiente; II. Será llevado a cabo por el Presidente de la Junta, quien lo declarará abierto; III. El Presidente concederá un término de espera, que no podrá ser mayor de media hora, para recibir posturas; IV. El Presidente calificará las posturas, y concederá un minuto entre puja y puja; V. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, presentando por escrito su postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere el artículo 974 de esta Ley; y VI. El Presidente declarará fincado el remate a favor del mejor postor. Artículo 972. La diligencia de remate no puede suspenderse. El Presidente de la Junta resolverá de inmediato las cuestiones que planteen las partes interesadas. Artículo 973. Si no se presentan postores, podrá el actor pedir se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura, o solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción de un veinte por ciento en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se celebrarán dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la anterior. Artículo 974. El adjudicatario exhibirá dentro de los tres días siguientes, el importe total de su postura, apercibido de que de no hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del actor; y el Presidente señalará nueva fecha para la celebración de la almoneda. Artículo 975. Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el Presidente declarará fincado el remate y se observará lo siguiente: I. Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden; y si hay remanente, se entregará al demandado; II. Si se trata de bienes inmuebles, se observará: a) El anterior propietario entregará al Presidente de la Junta, toda la documentación relacionada con el inmueble que se remató. b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y derechos fiscales. c) La escritura deberá firmarla el anterior propietario, dentro de los cinco días siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, el Presidente lo hará en su rebeldía; y III. Firmada la escritura, se pondrá al adquirente en posesión del inmueble. En esta tesitura, de la interpretación de dichos preceptos la Sala mencionó que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación y transcurrido este tiempo, en caso de que no se hubiese promovido amparo directo, el Presidente de la Junta, a petición de parte, dictará auto de requerimiento de pago y embargo. Asimismo, señaló que el Actuario debe desahogar tal diligencia, procediendo en primer lugar a requerir el pago a la parte deudora y, en caso de negarse, se procederá al embargo, que deberá seguir las reglas previstas en los numerales 950 a 966 transcritos, y concluidas las diligencias de embargo, debe atenderse al procedimiento previsto para el remate de los bienes que así lo ameriten. Además, que con lo anterior se demuestra que cualquier embargo de bienes de la persona que resultó condenada mediante laudo firme, como lo es el decretado sobre el numerario contenido en una de sus cuentas bancarias por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral, efectuado por el Actuario de la Junta dentro del procedimiento de ejecución previsto en dichos numerales de la Ley Federal del Trabajo, no constituye un acto ajeno a la propia ejecución de la sentencia, pues forma parte de éste. Consideraciones de las cuales dimanó la jurisprudencia 2a./J. 153/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Décima Época, página 643, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y contenido siguiente: EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, en la etapa de ejecución del juicio laboral *************, en el que se autoriza la ampliación de embargo y se le requiere por el pago de la cantidad de *****, más los salarios caídos que se sigan generando hasta el cumplimiento del laudo y su ejecución efectuada el trece de diciembre de dos ml veintidós, sobre las cuentas bancarias *****. En este sentido, el juicio de amparo promovido por la parte quejosa resulta improcedente, pues si bien existe una afectación al patrimonio de la persona que fue condenada en el juicio laboral, dado que impide la libre disposición de la cantidad líquida asegurada, dicha afectación es consecuencia directa de la resolución firme que se pretende cumplimentar, por lo que, de permitirse la impugnación de tal diligencia se estaría obstaculizando el cumplimiento de una sentencia, lo cual es de orden público y, precisamente, pretendió evitar el legislador con la redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, no puede aseverarse que se deja en total estado de indefensión al demandado, toda vez que está en aptitud de hacer valer el amparo indirecto contra la última resolución del procedimiento de ejecución, reclamando cualquier violación cometida durante éste. Así, en caso de que el Actuario hubiese decretado embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del demandado por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral, éste puede promover juicio biinstancial contra la resolución definitiva que ordena a la institución de crédito la entrega a la Junta de las cantidades aseguradas y ordena la notificación personal al patrón, con fundamento en el artículo 743, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que aquél esté en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto, antes de la entrega de la cantidad al actor; notificación que invariablemente debe realizarse. Para demostrar lo anterior, es necesario señalar, en principio, que el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, no establece contra qué resolución procede el juicio de amparo indirecto cuando, en ejecución de sentencia, se embarga un bien que no necesita remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria; sin embargo, la interpretación de tal numeral conlleva a considerar, por analogía, que procede contra la resolución definitiva que requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las cantidades embargadas y ordena la notificación personal al patrón para los efectos mencionados, por las razones que enseguida se exponen. Dicha norma establece que en los procedimientos en los que se ve involucrado el remate, esto es, la venta forzada de bienes para satisfacer una obligación, el juicio de amparo indirecto procede hasta la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados; no obstante, el embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria no está sujeto al procedimiento de remate, por lo que sigue otras reglas. En efecto, el embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria no está sujeto al procedimiento de remate, pues éste, en realidad, está previsto para el evento de que estén involucrados bienes muebles o inmuebles, así como empresas o establecimientos, según se desprende de los artículos 968 y 969 de la Ley Federal del Trabajo. El embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria participa de la naturaleza del embargo a que hace referencia el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo; norma que establece que, tratándose de bienes embargados en dinero o créditos realizables en el acto, el Actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del Presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. Lo anterior revela claramente que el embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria por parte del Actuario por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, esto es, la orden de entrega de las cantidades aseguradas, pues para ello es necesario que sea el Presidente de la Junta quien determine su procedencia. Esto es, tal embargo, no constituye el acto definitivo que requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las cantidades embargadas y ordena la notificación personal al patrón para los efectos mencionados, sino uno previo, en ejecución de sentencia, tendiente a lograr la entrega forzada de bienes para satisfacer la condena decretada en el laudo. Por ello, se concluye que el juicio de amparo es improcedente contra el embargo de numerario decretado sobre cuentas bancarias propiedad del demandado por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral, ya que la resolución contra la que procede es aquella definitiva que requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de las cantidades aseguradas y ordena la notificación personal al patrón, con fundamento en el artículo 743, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que aquél esté en aptitud de promover el juicio de amparo indirecto, antes de la entrega de la cantidad al actor. Se afirma que debe ser la resolución definitiva, toda vez que el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, prevé recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio laboral, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el referido dispositivo de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar en este artículo la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de bienes. Sin que sea obstáculo a lo mencionado la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 133/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, página 104, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto prevé que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, siendo actos de esa naturaleza los que causan una afectación en los derechos sustantivos de una persona. En ese tenor, el embargo de cuentas bancarias decretado en el procedimiento administrativo de ejecución constituye un acto de imposible reparación, porque imposibilita al particular afectado para disponer materialmente de sus recursos económicos, con lo que se le impide utilizarlos para realizar sus fines, pues esa indisponibilidad afecta su desarrollo económico, al provocar el incumplimiento de sus obligaciones, de ahí que sea un acto fuera de juicio que afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues dicho criterio se emitió respecto al análisis del embargo de cuentas decretado en un procedimiento administrativo, lo que no acontece en la especie, tan es así, que la norma interpretada en esa tesis contempla los casos en los que el amparo se promueve contra actos que no provienen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siendo que en el caso, precisamente, el amparo se promueve contra actos de un tribunal del trabajo. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el taxativo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado en el presente juicio constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a. XCI/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 690, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el quejoso en su demanda se ostente tercero extraño al juicio **************, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima; pues de la certificación de cuenta se advierte que el quejoso promovió diverso juicio de amparo ************* del índice de este juzgado, promovido por *************en el que señaló como acto reclamado todo lo actuado en el juicio laboral*************del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Manzanillo, Colima, lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para el suscrito Juez Federal, en la que señalaron lo siguiente: (.) el nueve de octubre del presente año, aproximadamente a las 16:00 horas, el primer de los suscritos me encontraba en la Ciudad de Manzanillo, Colima, llegando a mi oficina ubicada en ********************, tal y como lo acreditar con el comprobante de domicilio que anexamos, en donde me abordo la señora (.) quien me manifestó que hace días, en su local de comida, le habían dejado a su sobrina unos documentos con nuestros nombres y me los entregaba porque consideraba que podrían ser importantes y me hizo entrega de: Dos Cédulas de cumplimentación de fecha 19 de junio del año 2019; dos copias de una demanda promovida por ******************** en nuestra contra; dos acuerdos de fecha 02 de mayo del 2019; dos acuerdos de fecha de mayo del 2019; así como, un acuerdo de fecha 28 de febrero del año 2020 y una acta de requerimiento y embargo de fecha 07 de octubre del 2020 del 2020, todos correspondientes al Procedimiento Ordinario número de expediente ********************, circunstancias y documentos que desconocíamos, hasta ese momento. Antecedentes que fueron motivo de prevención mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte; los cuales al no haber cumplido por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por no presentada su demanda, la cual causó estado el veintiséis de noviembre siguiente, de ahí que el quejoso conocía la acción intentada en su contra, el número de juicio y la autoridad ante la que se llevó (ya que la designó como responsable en la demanda respectiva), así como el nombre de la persona que lo demandó, por lo cual podía reclamar en amparo violación a su derecho de audiencia, tal como lo hizo al presentar dicha demanda, de ahí que cuando promovió el diverso juicio de amparo ********************, conocía del juicio laboral generador de los actos aquí reclamados, de ahí que con ello perdió el carácter de tercero extraño al juicio. Por los motivos que la informan y en lo conducente, se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 20/2018 (10a.), que derivó de la contradicción de tesis 165/2015, publicada en la página 332 del Libro 58, Tomo I, de septiembre de 2018, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017849, que establece: TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión. Asimismo, apoya lo anterior, la tesis XXII. J/12, con número de registro 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. Intervención de autorizados y domicilio procesal. Asimismo, se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, al tratarse el presente asunto en materia laboral. Por otra parte, se tiene a ********************, únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle ********************, número ********************, conjunto habitacional ********************, en ********************, Colima. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta el uso de los medios electrónicos solicitados, para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese en términos de ley.
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