J. Jesús Aguilar Blanco

Expediente 34/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
34/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • J. Jesús Aguilar Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. FIRME FALLO. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. En atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y decimo, fracción I, del General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido; por otra parte, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamado, de conformidad a lo ordenado en el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procede la destrucción del original del incidente. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto, así como el original del incidente de suspensión, a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Por otra parte, respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado trascurridos seis meses a partir de esta data, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agréguese copia autógrafa del presente acuerdo y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. RECURSO PENDIENTE EN CUADERNO DE SUSPENSIÓN. No existe recurso pendiente por resolver. BILLETE. De igual manera se hace la aclaración que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución, o proveer sobre su destino. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AVISO DE FECHA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS LA SENTENCIA DE TRECE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, SENTENCIA DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Uruapan, Michoacán, siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 34/2020, promovido por J. Jesús Aguilar Blanco. Estando presente la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, quien actúa asistida por el licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe; por lo que procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes, circunstancia que queda corroborada, toda vez que al haberse realizado una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, principalmente en la "Agenda visita a OJ", no se advierte que alguna de las partes hayan solicitado cita a este Juzgado para comparecer a la presente audiencia. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, el informe justificado rendido por la autoridad responsable; proveído de uno de septiembre de dos mil veinte, en que se determinó la reactivación del presente juicio, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; y las demás constancias que obran en autos. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la parte quejosa la documental que anexa a su escrito de demanda; asimismo la autoridad responsable, exhibió diversas documentales, relacionadas con el acto reclamado; las cuales se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza. Se cierra dicho periodo. En la etapa de alegatos. el secretario hace constar que ninguna de las partes presentó escrito que los contenga. Se cierra dicho periodo. Por último, al no obrar en autos más que relacionar, se da por terminada la presente audiencia; y se pasan los autos para el dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 34/2020. R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiuno de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente por razón de turno a éste Juzgado de Distrito, el quejoso J. Jesús Aguilar Blanco, por su propio derecho, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que más adelante se precisan. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales que al parecer le fueron violados los contenidos en los artículos 1°, y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 34/2020-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Asimismo, mediante auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se informó a las partes del cambio de la titular de este órgano de control constitucional, sin que hubiesen manifestado recusación para que la Jueza Mónica Montes Manrique, resuelva el presente asunto conforme lo estatuido en el artículo 51, de la Ley de Amparo, asimismo se reactivó el presente sumario de garantías. Luego, se verificó la audiencia constitucional, conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo; 48, 49 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; lo anterior, teniendo en cuenta que en la especie se reclama un acto cuya ejecución se llevará a cabo dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional -ciudad-. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que las autoridades respónsales y actos reclamados en el presente sumario son. 1. Del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia, Michoacán: La falta de contestación al escrito ante la Subdelegación Uruapan en Ventanilla de Archivo y Correspondencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, en contravención de lo estipulado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia, Michoacán; al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las diversas constancias certificadas, relativas al acto reclamado; las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO.CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. A efecto de tener mayor comprensión del asunto, conviene traer a contexto los antecedentes que se desprenden de autos. 1. J. Jesús Aguilar Blanco, mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve, solicitó al Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia, Michoacán, en esencia lo siguiente: Tener a J. Jesús Aguilar Blanco, solicitando la Aplicación del Acuerdo 295/2000 emitido por el H. Consejo Consultivo del Instituto Me cano del Seguro Social. Valorar los argumentos, motivos y razones aplicables al caso en particular expuestos en el escrito presentado el quince de octubre del dos mil veinte, solicitando dictar procedente lo solicitado. En Atención al Acuerdo 295/2000 del H. Consejo Técnico del IMSS, instruir a quien corresponda se expidan incapacidades posteriores a la elaboración del Dictamen de Invalidez Permanente, de manera retroactiva a partir del catorce de enero del dos mil diecinueve y hasta por el periodo en el cual, el suscrito vuelva a recuperar las semanas de cotización anteriores -44 días aproximadamente- en términos del Artículo 151 de la Ley del Seguro Social, para efectos de que reúna las semanas de cotización necesarias para tener derecho al paso de la pensión. 2. Mediante oficio HCCD-179001400110/61/2020 1107, de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia, Michoacán, dio contestación al quejoso a su petición de quince de octubre del año próximo pasado, en el sentido que no era procedente la misma, la cual se le notificó personalmente el veintiuno de febrero del año en curso (fojas 83 a la 84). Análisis del derecho de petición en materia de seguridad social. En primer lugar, debe considerarse que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de organizar y administrar el seguro social, como lo dispone el artículo 5 de la Ley del Seguro Social. Y su origen constitucional está previsto en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esta manera, el Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado, pues forma parte de la administración pública estatal, de conformidad con el artículo 1°, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En segundo lugar, debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social organiza y administra el seguro social; que éste comprende el régimen obligatorio y el régimen voluntario; y que el régimen obligatorio incorpora los seguros de riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social; en cumplimiento de lo que dispone la propia ley, debe emitir actos a través de los cuales resuelva si los asegurados o beneficiarios reúnen los requisitos legales para disfrutar de una pensión, como lo ordenan los artículos 2 y 8 de la indicada legislación. En relación con los actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de pensiones, al resolver el amparo en revisión 772/2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que en la prestación del servicio público de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de manera unilateral u obligatoria, o bien puede incurrir en omisión de actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían situaciones jurídicas. También se explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social no entabla relaciones con los particulares en el ámbito de la autonomía de la voluntad, sino en los términos vinculantes de las propias normas generales que rigen su función. A partir de lo cual, se concluyó que de manera excepcional, el juicio de amparo indirecto es procedente para conocer de los actos que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente asegurador, y en los que sea necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. De esta manera, dicha Sala puso de relieve que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene la facultad para emitir actos que incidan la situación jurídica del asegurado o beneficiario, en relación con la procedencia de pensiones que establece la ley o, incluso, puede incurrir en omisión; motivo por el cual excepcionalmente será procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Es decir, asumiendo que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo del Estado y que puede emitir actos conforme a la ley que lo regula, incluso incurrir en omisiones, en el precedente citado se definió una pauta para evidenciar cuándo resulta necesario hacer procedente el juicio de amparo, respecto de actos y omisiones del Instituto: siempre que exista necesidad de proteger la efectividad de los derechos humanos involucrados. Por tanto, resulta necesario explicar cómo se entiende el derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Federal, el cual se sustenta en la obligación que tienen todos los funcionarios y empleados públicos de contestar, en breve término, cualquier solicitud que formulen los particulares por escrito. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". De lo expuesto puede colegirse que el juicio de amparo, en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho reconocido en el artículo 8 de la Constitución Federal, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. Por tanto, considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios, como es en el caso; se estima que cuando se atribuye al citado Instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta a la petición. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Narrado todo lo anterior y previamente al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio las causales de improcedencia, por ser de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, acorde a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro 222780, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, este juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado, referente a la falta de contestación del escrito presentado el quince de octubre de dos mil diecinueve por el quejoso, puesto que dicha omisión ha dejado de existir. En relación con la referida causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que, para que se actualice dicha hipótesis normativa -cesación de efectos-, basta que la autoridad responsable destruya la totalidad de los efectos de los actos reclamados, aún sin que derogue o revoque el mismo, de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella. La justificación de esta causa de improcedencia radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J.59/99. En el caso concreto ha quedado manifiesto que el dieciocho de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable emitió el oficio HCCD-179001400110/61/2020 1107, en el que se le dio contestación a su petición (la cual no fue procedente), misma que le fue notificada personalmente al aquí amparista. Así, de manera posterior a la presentación de la demanda de amparo -veintiuno de enero de dos mil veinte-, la autoridad dio contestación al escrito cuya falta de contestación se reclama y, por tanto, tal omisión cesó en el momento en que se dio respuesta sobre lo solicitado y se notificó su contenido. Pues, como así lo indicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, el objeto que tutela el derecho de petición es que se obtenga una contestación, en la tesis de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. Lo que garantiza el artículo 8° constitucional, es que a la solicitud recaiga el acuerdo respectivo, pero dicho artículo no garantiza un acuerdo o resolución favorable." Por lo antes expuesto puede concluirse que con el propio actuar de la autoridad responsable han cesado los efectos de la omisión reclamada y, al haberse destruido, a ningún fin práctico conllevaría el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la citada ley. Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por similitud de razón, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En el entendido de que los diversos criterios antes reproducidos resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". SEXTO. Versión pública de la sentencia. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. SÉPTIMO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo que promovió J. Jesús Aguilar Blanco, por propio derecho, contra los actos reclamados y las precisiones contenidos en el considerando quinto de la presente determinación. NOTIFÍQUESE personalmente a las partes, por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y mediante oficio a las autoridades responsables.

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