J. Guadalupe Garcia Aguilar

Expediente 25/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
25/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2019

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Garcia Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, A VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: A la fecha, se advierte que el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, como se desprende del inciso a) de la cuenta secretarial, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído de veintiséis de febrero del año en curso, que decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, del que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio de la demanda, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y toda vez que en autos no existen documentos originales por devolver a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo y se cuente con la constancia de su notificación a las partes, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE; por oficio a las autoridades responsables...

  2. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese únicamente como antecedente, el oficio signado por el Director General y Presidente del Comité del Centro de Readaptación Social número 17, "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán; lo anterior, toda vez que en auto de veintisiete de febrero de la presente anualidad, se acordó al respecto, al haberse recibido vía telegráfica (foja 78). NOTIFÍQUESE...

  3. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio de cuenta; con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Director General del Centro Federal de Readaptación Social de Buenavista Tomatlan, así como por ofrecidas las documentales que remite en su apoyo, relacionadas con el presente juicio. Con el informe y documentales de referencia, dése vista a las partes por el término de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Finalmente, tomando en consideración que el peticionario de la tutela federal J. Guadalupe Aguilar García, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17 CPS "Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, comisiónese a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y notifique personalmente al quejoso el presente proveído, haciéndole entrega de copia simple de los referidos informes de ley. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso en el centro penitenciario donde guarda reclusión...

  4. Principal

    I. URUAPAN, MICHOACÁN, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a J. Guadalupe García Aguilar, promoviendo demanda de amparo, por su propio derecho, contra actos del Director General del órgano Administrativo Desconcentrado de los Centros Federales de toda la República, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. ADMISIÓN Y VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 5º, fracción IV, en relación con el diverso 110 de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley, con copia de la demanda de garantías, quien deberá asentar el respectivo acuse de recepción. ACTOS RECLAMADOS. El promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Director General del Órgano Administrativo Desconcentrado de los Centros Federales de toda la República, con sede en la Ciudad de México. Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán". Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán". Titular del Área del Servicio Médico del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán". Jefe de Área de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán". La anteriores residentes en Buenavista Tomatlán, Michoacán. De quienes reclama: "LA NEGATIVA PARA QUE EL SUSCRITO SEA VALORADO POR UN ESPECIALISTA, DEL FUERTE CALENTAMIENTO, DE AMBAS PIERNAS Y TESTÍCULOS, PADECIMIENTO QUE DÍA CON DÍA BA EN AUMENTO Y SE DETERIORA MI SALUD Y TENGO EL TEMOR PONGA EN RIESGO, MI VIDA YA QUE NO RECIBO MEDICAMENTO ADECUADO. LA NEGATIVA PARA QUE EL SUSCRITO SEA VALORADO POR UN ESPECIALISTA EN, UROLOGÍA. LA NEGATIVA PARA QUE EL SUSCRITO PUEDA SER VALORADO POR UN, TRAUMATÓLOGO POR FUERTES DOLORES QUE AHORA PADESCO EN MI COLUMNA VERTEBRAL Y AMBAS RODILLAS, PADECIMIENTO Y DETERIORO QUE ME AH CAUSADO EL IMSOPORTABLE CALENTAMIENTO DE AMBAS PIERNAS Y TESTÍCULO. LA NEGATIVA PARA QUE EL SUSCRITO SE LE PROPORCIONE EL TRATAMIENTO Y MEDICAMENTO ADECUADO COREPTO PARA MEJORAR MI SALUD, SEÑALANDO QUE ESTE CENTRO FEDERAL NO CUENTA CON NINGÚN ESPECIALISTA NI EN, UROLOGÍA Y TRAUMATOLOGÍA, ÚNICAMENTE CON MÉDICOS GENERALES." INFORME JUSTIFICADO Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente; y, en el caso de que los actos reclamados sean ciertos, remita a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo, en la inteligencia que de no hacerlo así en el término concedido, se le podrá imponer una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley. FORMAS DE REMITIR INFORME JUSTIFICADO. Con base en lo dispuesto por el artículo 3°, párrafo segundo, última parte, de la Ley de Amparo, se autoriza a las autoridades responsables para que rindan sus informes justificados por vía telegráfica o fax, al teléfono 52 8 01 58, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por alguno de estos medios, será innecesaria se emita vía ordinaria, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten los actos reclamados. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberá remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a la responsable que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Cítese a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Con fundamento en el precepto 64, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la ley en consulta. AUTORIDADES INEXISTENTES En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, entre las obligaciones procesales de la parte quejosa está la relativa a señalar las autoridades responsables; en consecuencia, se apercibe al solicitante del amparo que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en la demanda, se le tendrá como inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, por lo que, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o cuando se corrija el señalamiento en la denominación de tal autoridad. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado por el quejoso J. Guadalupe García Aguilar, consistente en la falta de atención médica y tratamiento médico especializado, adecuado y suficiente para la protección y restauración de su salud, así como la atención médica especializada (traumatología y urología); debiendo las autoridades responsables, a través de los médicos respectivos tomar las medidas pertinentes para su atención y en su caso, tratamiento y prescripción médica, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente, la salud del quejoso, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada al quejoso, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que debe vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata, considerando que se trata de la salud del peticionario del amparo, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informe acerca de la forma y términos en que dé cumplimiento a la suspensión que ahora se concede, precisando, en su caso, la fecha y hora exacta de la detención del quejoso directo, así como su puesta en libertad, en caso de que proceda; o bien, indique la fecha y hora en que haya sido puesto a disposición de las autoridades competentes; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; hágaseles de su conocimiento, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dicho informe también podrá ser rendido utilizando los medios electrónicos, como se precisó en líneas precedentes. SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados, en atención a lo determinado en líneas que anteceden. RESERVA DE PRUEBAS. Respecto de las pruebas que ofrece el peticionario de garantías, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se cuente con los informes justificados de las autoridades responsables, así como de las documentales que remitan en su apoyo. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO. En otro contexto, a fin de garantizar una debida asesoría al quejoso durante el curso de este juicio y como lo solicita; con apoyo en los artículos 14, 17 y 20, Apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente, requiérase al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico federal en favor del citado promovente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia XXIV.20. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. El recurso efectivo fue instituido en una disposición internacional desde la aprobación del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el ámbito interamericano también se estableció como derecho humano en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acorde con esa regulación, el recurso efectivo tiene una naturaleza dual, en tanto que constituye un instrumento (aspecto procesal o formal) para lograr que se examine, de fondo, la cuestión efectivamente planteada (aspecto sustantivo), fin último de dicha garantía. En el Estado Mexicano, el juicio de amparo goza de esa categoría, según se ha definido en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 12/2016 (10a.), de títulos y subtítulos: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." y "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", respectivamente, para precisar, por regla general, lo concerniente a la vulneración o no de derechos humanos. Proceso de amparo donde deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, tuteladas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde está inmersa la de otorgar al quejoso la oportunidad de ejercer una adecuada defensa. Desde esta perspectiva, cuando una persona privada de la libertad personal (de forma provisional -sujeta a proceso- o definitiva -sentenciada-), acude al juicio de amparo indirecto y de su demanda no se advierte que haya señalado un abogado que la represente, atento a que conforma un grupo vulnerable, puesto que la calidad de interno en un centro de reclusión significa que está impedido para enfrentar, al menos directamente, las etapas que se suscitan en el juicio constitucional, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, fracción I y 6o., fracciones I a IV, de la Ley Federal de Defensoría Pública, desde que inicia el juicio, el Juez de Distrito debe designarle un defensor público para que la asesore, ya que acorde con lo establecido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis de jurisprudencia XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.", todos los actos que tienen injerencia en personas privadas de la libertad personal quedan comprendidos en la materia penal, pese a que provengan de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria). Luego, con esa designación, se potencializa su eficacia de derecho humano a una defensa adecuada, mediante un recurso efectivo, por lo que omitir dicho nombramiento actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, y debe ser advertido por el Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de revisión, sin tomar en cuenta la parte que lo interponga, por tratarse, la designación, de una formalidad esencial que debe ser llevada a cabo dentro del procedimiento por el juzgador de amparo. Ello, con excepción de que, deba privilegiarse el estudio del fondo del asunto por encima de dicha transgresión procedimental, por representar un mayor beneficio jurídico para el quejoso". NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se comunica a las autoridades responsables que en términos del numeral 26, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 de la ley de la materia, las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio, se les practicarán por medio de lista, que se publica en este Juzgado Federal, salvo aquéllas que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio. AUTORIZACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS A LAS PARTES. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, estos es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del peticionario de la tutela federal J. Guadalupe García Aguilar, el contenido del presente proveído, haciéndole entrega de copia simple del mismo. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LAS PARTES Se faculta al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO J. GUADALUPE GARCÍA AGUILAR, EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN EL PRESENTE PROVEÍDO, HACIÉNDOLE ENTREGA DE COPIA SIMPLE DEL MISMO; POR OFICIO Y TELEGRAMAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES...

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