J. Inés Trujillo Pérez

Expediente 162/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
162/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • J. Inés Trujillo Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio que remite el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en atención a su contenido, se acuerda: Téngasele informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto; el Titular queda enterado de su contenido y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *************, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el cinco de marzo del año en curso, en los siguientes términos: Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra ubicado en calle ***********, Guanajuato. Anexa copia simple de su credencial para votar. Al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso J. Inés Trujillo Pérez, acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 1904/16-10-01-9, la cual declaró infundada la queja interpuesta por el promovente respecto a la cuantificación de su pensión. Bajo ese contexto legal, si el aquí quejoso ************* tiene su domicilio particular en calle ****************, Guanajuato, y reclama la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad *************, en donde se condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, es incuestionable que dicha determinación constituye un acto negativo con efectos positivos, cuya ejecución se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo cual se materializara en el ámbito privado del pensionado, esto es, en su domicilio particular; razón por la cual, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Entonces, si el domicilio del solicitante del amparo se localiza en San Francisco del Rincón, Guanajuato, resulta innegable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la presente demanda, pues el acto del que se duele tendrá ejecución en la referida municipalidad, la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros, por San Francisco del Rincón, Guanajuato, lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al Juez de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por el quejoso *************, mediante el cual, cumple con el requerimiento formulado el cinco de marzo del año en curso, en los siguientes términos: Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se encuentra ubicado en calle ***********, Guanajuato. Anexa copia simple de su credencial para votar. Al respecto, se acuerda: Dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso J. Inés Trujillo Pérez, acude a esta instancia constitucional reclamando la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del expediente 1904/16-10-01-9, la cual declaró infundada la queja interpuesta por el promovente respecto a la cuantificación de su pensión. Bajo ese contexto legal, si el aquí quejoso ************* tiene su domicilio particular en calle ****************, Guanajuato, y reclama la resolución de veintidós de enero de dos mil diecinueve, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad *************, en donde se condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, es incuestionable que dicha determinación constituye un acto negativo con efectos positivos, cuya ejecución se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo cual se materializara en el ámbito privado del pensionado, esto es, en su domicilio particular; razón por la cual, este Juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Entonces, si el domicilio del solicitante del amparo se localiza en San Francisco del Rincón, Guanajuato, resulta innegable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la presente demanda, pues el acto del que se duele tendrá ejecución en la referida municipalidad, la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este tribunal. Luego, conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, ya que el mismo ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado, entre otros, por San Francisco del Rincón, Guanajuato, lugar de ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a. Remitir los autos originales del presente controvertido y sus copias de traslado al Juez de Distrito en turno, con residencia en León, Guanajuato, a quien se considera competente para conocer del presente juicio. b. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. c. Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo; y, d. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ***********, por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese el ingreso de la demanda en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 162/2019-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir a la promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108 -fracción I-, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de que resulta determinante para establecer la competencia territorial para conocer del mismo. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa *************, esencialmente reclama en la presente instancia constitucional la indebida cuantificación de pensión por no aplicarse correctamente los aumentos que refiere tiene derecho. Entonces, al tener ejecución las consecuencias materiales del acto reclamado en el domicilio en el que se desenvuelve el impetrante, es necesario que precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio, a fin de que se satisfaga el requisito establecido en la fracción I del artículo 108 de la Ley de Amparo. Conclusivamente, con fundamento en el artículo 108 -fracción I-, en relación con el 114 -fracción II-, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con tres copias para correr traslado a cada una de las partes: Bajo protesta de decir verdad, precise y acredite con documento fehaciente, cuál es su domicilio. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 -último párrafo- de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe señalar que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase al solicitante del amparo señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la calle Jerónimo de Mendieta, número 224, colonia Fovissste de esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***********, al contar respectivamente con cédulas profesionales números ************* inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; en tanto que a las restantes personas en términos limitados del numeral en comento por no encontrarse en el supuesto de los citados profesionistas. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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