J. Guadalupe Vázquez Tierrablanca

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Vázquez Tierrablanca
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del comunicado 8404/2023 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de dieciséis de junio pasado y se le enviaron dos tomos de pruebas que remitió al presente asunto.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Sin que pase desapercibido para este juzgador el hecho de que no obra en autos constancia (acuse de recibo) relativa a la notificación de la determinación dictada en el presente juicio de la autoridad responsable, con el cual computar el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, esta carece de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que en el presente juicio se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y en el cuaderno único del incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicita, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en las hipótesis previstas en el artículo 20, facción II y III, del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al magistrado responsable, los tomos de pruebas que se formaron con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado en proveído de once de mayo del año en curso, remite copia certificada de la audiencia celebrada el ocho de mayo del año en curso, dentro del juicio ******************** de su índice. En virtud a lo anterior, con base en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la documental aludida y téngasele ofertándola como prueba de su intención, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que allegó la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. La parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, de notificar y/o emplazar con anticipación a las partes a la audiencia de conciliación, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas en el juicio ******************** de su estadística. b. De acuerdo con la constancia que remitió el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, se desprende que: En fechas de diez y once de abril del año en curso, se llevó cabo el emplazamiento de las codemandadas señaladas en el juicio de origen. En razón a ello, el ocho de mayo del año en curso, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, contestación de demanda y ofrecimiento de pruebas. Por tanto, es evidente que la omisión que se reclama cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable tuvo por emplazadas a las codemandadas y con motivo de ello llevó a cabo la audiencia referida, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a fin de que esté en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere y se señalan las diez horas del doce de junio de dos mil veintitrés, para su celebración.

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