J. Guadalupe Martínez Varga

Expediente 309/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
309/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
04/11/2019

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Martínez Varga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: El término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió; para la parte quejosa del once al treinta y uno de octubre del año en curso, sin que hubiera interpuesto recurso de inconformidad en contra la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos y certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado, ante Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    El veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 15704 y anexos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta que remite el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Loreto, Zacatecas; comunicado y anexos que se agregan a los autos únicamente para que obren como corresponda toda vez que por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 223 a 226) se declaró cumplido el fallo amparador. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen*

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN. El tres de octubre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de septiembre al dos de octubre del año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 168 a 192), este órgano jurisdiccional sobreseyó y concedió el amparo solicitado a J. Guadalupe Martínez Vargas, para que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, realizara lo siguiente: "1. Para que deje insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca A.P. 114/2018, de su índice; y 2. En su lugar, dicte una nueva resolución, en la cual establezca que en el caso, acorde con lo previsto en el precepto 339, fracciones I, II y III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, se presenta una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento, por lo que se deberá revocar el auto de formal prisión recurrido y dejarlo sin efectos, así como la diligencia de declaración preparatoria del inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas, aquí quejoso, de cuatro de junio de dos mil dieciocho, para ordenar la reposición del procedimiento, precisamente hasta dicha diligencia, la cual deberá ser practicada de nueva cuenta con las formalidades legales necesarias; y, en ese sentido, deberá instruir a la juez del proceso para que: a) Provea lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, por cuanto hace al inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas; b) Determine lo conducente para que sea recabada la declaración preparatoria de dicho inculpado, con sujeción a lo establecido en este fallo y con apego a los numerales 19 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 137 y 143 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, haciéndole saber todos los derechos que en su favor se establecen, y en esa guisa la autoridad judicial deberá informarle al encausado J. Guadalupe Martínez Vargas, aquí quejoso, el nombre de todos los testigos que deponen en su contra, además de que se le tendrá que precisar la imputación que éstos le realizan; la naturaleza y causa de la acusación, esto es, el delito que se le imputa, por su previsión legal, así como la precisión del consecuente hecho materia de la acusación y de cuáles son específicamente las pruebas de cargo que lo incriminan; en el entendido que para tal fin deben acatarse además, las formalidades legales establecidas en los artículos 136 a 142 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad. En caso de que el inculpado, aquí quejoso, solicite la ampliación del plazo constitucional, dentro del mismo, se le otorgue oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, las pruebas que eventualmente ofrezca tanto el inculpado como su defensa; ello, sin perjuicio de que el procesado o su defensor, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal del primero; y c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva durante el nuevo plazo constitucional la situación jurídica del inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas. En la inteligencia de que la concesión de la protección constitucional se circunscribe a ordenar la reposición del procedimiento exclusivamente en lo que toca a las actuaciones expresamente señaladas, esto es, el auto de término constitucional y la declaración preparatoria del inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas, por lo que quedan intocadas las restantes actuaciones habidas en el juicio de origen, en acatamiento al artículo 17 constitucional, tales como las pruebas recabadas con posterioridad a la resolución de término constitucional; como tampoco implica necesariamente ordenar el dictado de un auto de libertad al procesado, porque -como se ha visto- la reposición del procedimiento en primera instancia únicamente se circunscribe a recabar su declaración preparatoria con sujeción a lo aquí determinado, para otorgarle seguridad jurídica y la oportunidad de una adecuada defensa previo al potencial acto privativo; y, hecho lo anterior, se resuelva su situación jurídica. Atento al sentido de este fallo, en el caso no se analizarán las manifestaciones vertidas por el demandante del amparo tendentes a evidenciar que no existen pruebas que acrediten su probable responsabilidad en la comisión del delito materia de la causa penal de origen, porque atendiendo al sentido de la presente sentencia, este Juzgado Federal no puede emitir pronunciamiento de fondo, debido a que las deficiencias en materia de la concesión de la protección de la Justicia Federal solicitada, lo impiden. Apoya esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia con registro 238603, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA)." La protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido a la sala responsable, al no reclamarse por vicios propios.". Posteriormente, mediante auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de amparo (fojas 209 a 210), por consiguiente se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo amparador. En cumplimiento de la ejecutoria, el presidente y el secretario de acuerdos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1041 de veintitrés de septiembre del año en curso, exhibieron copia certificada de la resolución de esa propia fecha, emitida dentro de los autos del toca penal 114/2018, de la que se advierte que se dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho y se ordenó la reposición del procedimiento dejando sin efecto la declaración preparatoria de cuatro de junio del mismo año rendida por el aquí quejoso, así como el auto de formal prisión de diez de septiembre de dos mil diecinueve, quedando intocadas las restantes actuaciones habidas en el juicio en acatamiento al artículo 17 Constitucional, esto es, las pruebas recabadas con posterioridad a la resolución de término constitucional apelada y se instruyó al juez de la causa, para que proveyera lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, por cuanto hace a J. Guadalupe Martínez Vargas (fojas 213 a 221). Respecto de las constancias reseñadas, por auto de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, con fundamento en el precepto 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso para que dentro del término de tres días manifestara lo que en su derecho correspondiere (foja 222), sin que se hiciera valer argumentación alguna al respecto. Luego, atento a las constancias reseñadas se advierte que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al ponerse de manifiesto que la Sala responsable mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y en su lugar dictó una nueva determinación atendiendo a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Sin que sea óbice a lo anterior, que en la resolución que la Sala responsable remitió en cumplimiento al fallo amparador, se advierta que a fojas 217, 218 reverso, 219 y 220 se invirtieron los apellidos del ahora quejoso, pues las determinaciones judiciales deben apreciarse en su conjunto y de la lectura realizada al fallo en cuestión no se advierte que éste contenga consideraciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, de ahí que dicha resolución guarde congruencia interna y los errores de redacción advertidos resulten insubstanciales. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 2015722, visible en la página 415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, diciembre de 2017, que a continuación se transcribe: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión.". Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: CERTIFICACIÓN. El tres de octubre de dos mil diecinueve, el secretario CERTIFICA: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta de septiembre al dos de octubre del año en curso. Doy fe. CUENTA. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si la resolución emitida en este juicio se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 168 a 192), este órgano jurisdiccional sobreseyó y concedió el amparo solicitado a J. Guadalupe Martínez Vargas, para que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, realizara lo siguiente: "1. Para que deje insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca A.P. 114/2018, de su índice; y 2. En su lugar, dicte una nueva resolución, en la cual establezca que en el caso, acorde con lo previsto en el precepto 339, fracciones I, II y III, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, se presenta una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento, por lo que se deberá revocar el auto de formal prisión recurrido y dejarlo sin efectos, así como la diligencia de declaración preparatoria del inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas, aquí quejoso, de cuatro de junio de dos mil dieciocho, para ordenar la reposición del procedimiento, precisamente hasta dicha diligencia, la cual deberá ser practicada de nueva cuenta con las formalidades legales necesarias; y, en ese sentido, deberá instruir a la juez del proceso para que: a) Provea lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, por cuanto hace al inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas; b) Determine lo conducente para que sea recabada la declaración preparatoria de dicho inculpado, con sujeción a lo establecido en este fallo y con apego a los numerales 19 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 137 y 143 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, haciéndole saber todos los derechos que en su favor se establecen, y en esa guisa la autoridad judicial deberá informarle al encausado J. Guadalupe Martínez Vargas, aquí quejoso, el nombre de todos los testigos que deponen en su contra, además de que se le tendrá que precisar la imputación que éstos le realizan; la naturaleza y causa de la acusación, esto es, el delito que se le imputa, por su previsión legal, así como la precisión del consecuente hecho materia de la acusación y de cuáles son específicamente las pruebas de cargo que lo incriminan; en el entendido que para tal fin deben acatarse además, las formalidades legales establecidas en los artículos 136 a 142 del Código de Procedimientos Penales para esta entidad. En caso de que el inculpado, aquí quejoso, solicite la ampliación del plazo constitucional, dentro del mismo, se le otorgue oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, las pruebas que eventualmente ofrezca tanto el inculpado como su defensa; ello, sin perjuicio de que el procesado o su defensor, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal del primero; y c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción se resuelva durante el nuevo plazo constitucional la situación jurídica del inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas. En la inteligencia de que la concesión de la protección constitucional se circunscribe a ordenar la reposición del procedimiento exclusivamente en lo que toca a las actuaciones expresamente señaladas, esto es, el auto de término constitucional y la declaración preparatoria del inculpado J. Guadalupe Martínez Vargas, por lo que quedan intocadas las restantes actuaciones habidas en el juicio de origen, en acatamiento al artículo 17 constitucional, tales como las pruebas recabadas con posterioridad a la resolución de término constitucional; como tampoco implica necesariamente ordenar el dictado de un auto de libertad al procesado, porque -como se ha visto- la reposición del procedimiento en primera instancia únicamente se circunscribe a recabar su declaración preparatoria con sujeción a lo aquí determinado, para otorgarle seguridad jurídica y la oportunidad de una adecuada defensa previo al potencial acto privativo; y, hecho lo anterior, se resuelva su situación jurídica. Atento al sentido de este fallo, en el caso no se analizarán las manifestaciones vertidas por el demandante del amparo tendentes a evidenciar que no existen pruebas que acrediten su probable responsabilidad en la comisión del delito materia de la causa penal de origen, porque atendiendo al sentido de la presente sentencia, este Juzgado Federal no puede emitir pronunciamiento de fondo, debido a que las deficiencias en materia de la concesión de la protección de la Justicia Federal solicitada, lo impiden. Apoya esta consideración, en lo conducente, la jurisprudencia con registro 238603, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA)." La protección constitucional debe hacerse extensiva respecto del acto de ejecución atribuido a la sala responsable, al no reclamarse por vicios propios.". Posteriormente, mediante auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de amparo (fojas 209 a 210), por consiguiente se requirió a la autoridad responsable Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo amparador. En cumplimiento de la ejecutoria, el presidente y el secretario de acuerdos de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante oficio 1041 de veintitrés de septiembre del año en curso, exhibieron copia certificada de la resolución de esa propia fecha, emitida dentro de los autos del toca penal 114/2018, de la que se advierte que se dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho y se ordenó la reposición del procedimiento dejando sin efecto la declaración preparatoria de cuatro de junio del mismo año rendida por el aquí quejoso, así como el auto de formal prisión de diez de septiembre de dos mil diecinueve, quedando intocadas las restantes actuaciones habidas en el juicio en acatamiento al artículo 17 Constitucional, esto es, las pruebas recabadas con posterioridad a la resolución de término constitucional apelada y se instruyó al juez de la causa, para que proveyera lo relativo al reinicio del plazo a que se refiere el artículo 19 Constitucional, por cuanto hace a J. Guadalupe Martínez Vargas (fojas 213 a 221). Respecto de las constancias reseñadas, por auto de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, con fundamento en el precepto 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso para que dentro del término de tres días manifestara lo que en su derecho correspondiere (foja 222), sin que se hiciera valer argumentación alguna al respecto. Luego, atento a las constancias reseñadas se advierte que se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector, al ponerse de manifiesto que la Sala responsable mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve dejó insubsistente la resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y en su lugar dictó una nueva determinación atendiendo a los lineamientos establecidos en el fallo protector. Sin que sea óbice a lo anterior, que en la resolución que la Sala responsable remitió en cumplimiento al fallo amparador, se advierta que a fojas 217, 218 reverso, 219 y 220 se invirtieron los apellidos del ahora quejoso, pues las determinaciones judiciales deben apreciarse en su conjunto y de la lectura realizada al fallo en cuestión no se advierte que éste contenga consideraciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, de ahí que dicha resolución guarde congruencia interna y los errores de redacción advertidos resulten insubstanciales. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 2015722, visible en la página 415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, diciembre de 2017, que a continuación se transcribe: "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión.". Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia con registro 165807, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen*

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano