J. Guadalupe Hernández Ríos

Expediente 1334/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1334/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Hernández Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el Secretario da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 4291. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta y la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se informó que la resolución emitida dentro del juicio en que se actúa causó ejecutoria e informa que se recibieron los autos originales del expediente relativo al juicio civil ordinario 267/2016 y el toca de apelación civil 670/2016. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. María del Carmen*

  2. Principal

    EJECUTORIA NIEGA El licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - El término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión transcurrió del veintitrés de febrero al ocho de marzo del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se tramitó por duplicado y separado incidente de suspensión y en el mismo no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Hay dos legajos de prueba para devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, trece de marzo de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse por una parte negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda (ampliación), de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. El DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. Devuélvase a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el juicio ordinario civil 267/2016 y al toca civil 670/2016, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. Jessy*

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1334/2016-6, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, la juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de la autoridad responsable Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 20); y emplazo al tercero interesado J. Carlos Jacobo Pérez (foja 53). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por la autoridad responsable, consistentes en el juicio ordinario civil 267/2016 y el toca civil 670/2016; a lo que la juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que el secretario da cuenta con los vertidos por la parte quejosa (foja 57); a lo que juez determina: con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen formulados los alegatos que corresponden a la parte quejosa y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1334/2016-6; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, J. Guadalupe Hernández Ríos demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Segunda Sala de lo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: - La resolución que decidió la excepción de incompetencia planteada en el juicio civil 267/2016. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 15 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de veintisiete de diciembre dos mil dieciséis, se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: - La resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca civil 670/2016, en la que se determinó improcedente la excepción de incompetencia opuesta en el juicio ordinario civil 267/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas, promovido por J. Carlos Jacobo Pérez contra J. Guadalupe Hernández Ríos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada. Además, remitió los expedientes relativos al juicio natural y al toca civil 670/2016; documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado el catorce de julio de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en la vía ordinaria civil, J. Carlos Jacobo Pérez demandó de J. Guadalupe Hernández Ríos, en esencia, el cumplimiento del contrato de treinta de agosto de dos mil trece, relativo a la obligación de erogar la mitad del sueldo que el demandado devengara como diputado del Congreso del Estado de Zacatecas (fojas 1 a 8 del cuaderno de pruebas correspondiente al juicio de origen). 2. En acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas registró la demanda con el expediente 267/2016 y la admitió a trámite, por lo que ordenó el emplazamiento del demandado (foja 50 del cuaderno citado). 3. En auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo contestada en tiempo la demanda y opuesta la excepción de incompetencia, por lo que se ordenó notificar a las partes a efecto de que comparecieran ante el Tribunal Superior de Justicia para la substanciación correspondiente (foja 67 del cuaderno en comento). 4. En proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, los magistrados de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia registraron la excepción en comento con el toca 670/2016 y citaron a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos (foja 3 del toca referido). 5. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia citada y se ordenó el dictado de la sentencia respectiva (fojas 28 y 29 del toca de incompetencia). 6. En sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, los magistrados responsables declararon infundada la excepción de incompetencia planteada (fojas 30 a 37 del cuaderno de pruebas en mención). La sentencia anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, como se argumentará a continuación. En el primer motivo de inconformidad, el quejoso arguye, en esencia, que la excepción de incompetencia planteada descansó en el territorio en el que fue realizado el acto jurídico base de la acción, porque un convenio realizado en el extranjero se rige por las leyes del país en el que se celebre, por lo que la resolución reclamada resulta ilegal, al no existir ninguna norma internacional que permita la aplicación de ese tipo de acuerdos de voluntades en el país, en específico, en el Estado de Zacatecas. En ese sentido, en una parte del tercer concepto de violación, el amparista afirma que los artículos 13 y 15 del Código Civil para el Estado de Zacatecas se refieren a la hipótesis de que el acto jurídico se hubiere elaborado en la República Mexicana, es decir, en cualquier otro Estado perteneciente a ésta, y no cuando el documento es elaborado en otro país. El argumento sintetizado resulta infundado, porque de la interpretación sistemática del artículo 13 del Código Civil del Estado de Zacatecas con el numeral 13, fracción I del Código Civil Federal se deduce que los actos jurídicos celebrados en el extranjero son reconocidos por el sistema jurídico mexicano y, por ende, pueden tener efectos en el país, en particular, en el Estado de Zacatecas. En efecto, el artículo 13 del Código Civil para el Estado de Zacatecas establece: "Artículo 13 Las consecuencias de los hechos y actos jurídicos realizados o celebrados fuera del Estado, que produzcan o deban producir efectos dentro del mismo, se regirán por las disposiciones de este Código y demás leyes de Jurisdicción local y por las leyes federales en su caso". Del precepto anterior se deduce que si el acto jurídico fue celebrado fuera del Estado pero debe producir efectos dentro de éste, se regirá por las disposiciones de dicho código y demás leyes de jurisdicción local o, en su caso, federal aplicables. Así, se advierte que dicha disposición no especifica qué debe entenderse por el término Estado, es decir, si aplica para el caso de actos celebrados en el extranjero o, como lo refiere el amparista, únicamente para actos provenientes de otra entidad federativa; no obstante, la disposición en comento prevé la posibilidad de que el acto jurídico se rija por la legislación federal aplicable, además de las disposiciones de ese código. En ese sentido, el artículo 13, fracción I, del Código Civil Federal dispone: "Artículo 13.- La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas: I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas." Del precepto anterior se deduce el reconocimiento por parte de la legislación sustantiva civil federal referida de los actos jurídicos celebrados en el extranjero, en tanto establece que las situaciones jurídicas válidamente creadas en un Estado extranjero deben ser reconocidas. Por tanto, dichos actos pueden producir efectos en el país, en específico, en el Estado de Zacatecas, en términos de las disposiciones legales citadas. De ahí que, contrariamente a lo alegado, es evidente que los artículos 13 y 15 del Código Civil para el Estado de Zacatecas citados por la autoridad responsable se refieren tanto a los actos jurídicos celebrados en el resto de las entidades de la República como en el extranjero, pues la legislación federal aplicable, a que se refiere el primer numeral citado, así lo establece y, en consecuencia, era posible que se estimara competente a un órgano jurisdiccional local para conocer de un convenio celebrado en otro país. En el segundo concepto de violación y la última parte del tercero, el peticionario del amparo argumenta, en concreto, que el acto reclamado resulta contrario al artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, porque la sala responsable tomó en cuenta elementos de prueba posteriores a la demanda de origen, cuando la disposición citada establece que la competencia se debe determinar conforme al estado de hecho existente en el momento de la presentación del referido escrito inicial. El concepto de violación anterior resulta infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas establece: "Artículo 94 La competencia se determinará conforme al estado de hecho existente en el momento de la interposición de la demanda, sin que se tomen en cuenta a ese respecto los cambios posteriores". De la interpretación literal del artículo trascrito se obtiene que la competencia debe decidirse conforme a la situación que de hecho exista al momento de la presentación de la demanda, sin que puedan influir en dicho presupuesto procesal los cambios que sobre tal estado acontezcan con posterioridad a ese momento. De tal manera que el precepto referido no establece una limitación respecto de los elementos de prueba que puede tomar en cuenta el tribunal de competencia, sino que establece la situación de hecho que debe determinar ese presupuesto procesal, a saber, la existente al momento de la presentación de la demanda; lo que no implica que puedan analizarse medios de convicción diversos a los presentados con la demanda, ya que lo que se restringe es que los cambios posteriores en el estado en que se encontraba la relación jurídica materia de la litis incidan en la resolución respectiva. Luego, deben analizarse todas las pruebas que se aporten para determinar la competencia, siempre y cuando versen sobre las circunstancias imperantes al momento del inicio del juicio. Lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 242 del código procesal civil en estudio, ya que regula la tramitación de las incompetencias por declinatoria en los términos siguientes: Artículo 242 La declinatoria de jurisdicción se opondrá ante el juez, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del negocio. El juez remitirá desde luego los autos a su inmediato superior, emplazando a los interesados para que en un término de cinco días, que el juez aumentará en lo que considere prudente tomando en cuenta la distancia y atendiendo a la mayor o menor facilidad de comunicaciones, comparezcan ante dicho superior, el cual, en una audiencia en que se reciban las pruebas y alegatos de las partes y del Ministerio Público, resolverá la cuestión y mandará sin retardo los autos al que estime competente, quien deberá hacerlo saber a los litigantes. En este caso, la demanda y la contestación se tendrán como presentadas ante éste. Cuando no proceda la declinatoria, el que la promovió debe pagar las costas causadas y una multa hasta de dos mil pesos que, según la importancia del litigio le impondrá el superior en favor del fondo de administración de justicia. La incompetencia por inhibitoria se tramitará en la forma prevista por los artículos 120 y 121. Del precepto anterior destaca que en las excepciones en mención las partes deben ser citadas a una audiencia en que se reciban las pruebas y alegatos de las partes y del Ministerio Público, lo que implica la posibilidad de aportar elementos de convicción adicionales a los allegados por la parte actora al entablar la demanda. Por tanto, contrariamente a lo alegado, no existe prohibición para tomar elementos probatorios diversos a los exhibidos con la demanda, se reitera, siempre y cuando se refieran a la situación existente en el momento de la presentación de la demanda, y, por ende, la autoridad responsable estaba en posibilidad de analizar la constancia relativa al emplazamiento del demandado. En otra parte del tercer concepto de violación, el peticionario del amparo aduce que al tratarse de un convenio celebrado en un país extranjero, en su caso, aplicarían las leyes federales o tratados internacionales y no las locales, como se consideró en el acto reclamado; y que el salario reclamado no debió considerarse como bien mueble para efectos de la cuestión de competencia resuelta. En una parte del cuarto concepto de violación, el peticionario de derechos asevera que el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas enumera una serie de hipótesis para dirimir las cuestiones de competencia, con un orden de preferencia, por lo que no resultan arbitrarias. Que la cuestión relativa al emplazamiento no se puso en controversia, sino si el juzgador de origen era competente para resolver sobre un documento realizado en el extranjero. Que al utilizar la palabra oponente para referirse al demandado, se sobreentiende que la autoridad responsable está actuando como parte del juicio y no como juez. Que la sala responsable no puede dar competencia a un juez civil para dilucidar lo relacionado a salarios y compensaciones de un trabajador, máxime si se trata de alguien nombrado mediante elección popular. Las afirmaciones precedentes son inoperantes, dado que no contienen la causa de pedir necesaria para su estudio. En efecto, la causa de pedir se integra al señalar con claridad cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima causa el acto reclamado, así como los motivos que originaron ese agravio; sin embargo, ello no implica que los quejosos se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues de manera general, a ellos corresponde poner en evidencia que la determinación combatida resulta ilegal. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, consultable en la página 61, tomo XVI, Diciembre de 2002, Novena Época Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Asimismo, el criterio emitido en la Jurisprudencia I.4o.A. J/33 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de dos mil cuatro, materia común, novena época, cuya literalidad indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir". En las afirmaciones en estudio, el quejoso se limita a mencionar una serie de aseveraciones que resultan ambiguas y superficiales, ya que no expone por qué constituyen violaciones contenidas en el acto reclamado, al no especificarse el perjuicio resentido en relación con las consideraciones materia de dicha resolución ni las razones por las cuales se actualiza dicha afectación. En específico, no aduce por qué la legislación aplicable es la de orden federal ni de qué manera esta cuestión incide en la competencia determinada, no explica la razón por la cual el salario demandado no debió considerarse como bien mueble, no precisa qué efectos tiene en el sentido del acto reclamado el hecho de que el artículo 109 del Código de Procedimientos Civiles establezca una prelación en las hipótesis para dirimir los conflictos de competencia, no aduce la razón por la que el utilizar la palabra oponente implica parcialidad por parte de la responsable, ni refiere el sustento que lo lleva a concluir que el hecho de que la pretensión principal se relacione con su salario, conlleva que no puede ser competente un juez civil; por último, se limita a destacar que combatió la competencia sobre la base de que se accionó un documento realizado en el extranjero y que no combatió el emplazamiento, pero no concreta argumento alguno por el cual se advierta que tal supuesto implica la competencia de un órgano jurisdiccional diverso al determinado. Por tanto, los conceptos de violación en estudio son inoperantes, al no contener las razones sustento de las afirmaciones realizadas en éstos, por lo que no se cuenta con la materia necesaria (causa de pedir), para evaluar su fundamentación. En una parte del quinto concepto de violación, el amparista refiere que el objeto del contrato base de la acción (entrega de la mitad del salario) está prohibido en el territorio nacional. El motivo de disenso anterior es inoperante, pues no controvierte la razón por la cual la autoridad responsable estimó inoperante el aspecto que se combate. En efecto, resultan inoperantes los conceptos de violación que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Novena Época, julio de dos mil, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Así como la diversa tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1138, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." En el acto reclamado, en relación con el aspecto que se controvierte, la autoridad responsable consideró que lo alegado resultaba inatendible, ya que atañía al fondo del asunto, al tratarse de manifestaciones dirigidas a objetar la validez de lo estipulado en el contrato base de la acción, de ahí que era materia de la sentencia definitiva y no de la resolución de competencia. No obstante, en la afirmación en análisis el amparista se limita a reiterar la invalidez del objeto del contrato base de la acción, sin controvertir las razones por las cuales tal reclamo se consideró ineficaz. Por tanto, al no controvertirse toralmente las razones sustento del acto reclamado, el concepto de violación en análisis es inoperante, pues no podría variar el sentido de aquél en el aspecto controvertido. Por último, el peticionario del amparo arguye que se está haciendo válido un convenio extranjero que no está dotado de fe pública, en particular, de un consulado mexicano, a efecto de que pudiera tener validez en el país. La inconformidad anterior resulta inoperante, ya que se controvierte la eficacia del acto jurídico base de la acción, lo que atañe al fondo del asunto, por lo que no es posible que en el acto reclamado se tomara como base para determinar la cuestión de competencia planteada. En efecto, sobre el tema de la competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, las pruebas aportadas y la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.83/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, Tomo VIII, diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Por tanto, en las resoluciones de competencia no se pueda analizar la relación jurídica substancial entre las partes, pues implicaría prejuzgar el fondo del asunto. En consecuencia, la resolución de competencia debe limitarse a establecer el órgano jurisdiccional que debe resolver la controversia y no cuestiones de fondo respecto de la acción ejercida En el concepto de violación en análisis, el quejoso aduce que el contrato base de la acción resulta ineficaz en el país, al no haberse celebrado ante un consulado nacional. Sin embargo, lo alegado atañe al fondo del asunto pues controvierte la validez del documento materia de la litis natural, por lo que de estudiarse tal planteamiento se prejuzgaría sobre el resultado del juicio. Luego, al encontrarse vinculado con el fundamento de la acción ejercida, el concepto de violación sintetizado deviene inoperante, porque su estudio implicaría rebasar la materia del acto reclamado. En conclusión, al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación y no estar en algún supuesto en el que proceda suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Guadalupe Hernández Ríos contra el acto que reclamó de la Segunda Sala de lo Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el toca 670/2016; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con un escrito registrado bajo el número 2295.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por José Molina Salcedo, autorizado del quejoso (foja 2); en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que vierte sin perjuicio de relacionarlos nuevamente en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla.- DOY FE. JESSY*

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