J. Guadalupe Godoy Mendoza
Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Guadalupe Godoy Mendoza
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que suscribe el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, mediante el cual envía testimonio de la resolución emitida en el conflicto competencial 23/2019, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato y el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guajuato, con sede en Celaya. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato para conocer de la demanda de amparo presentada por ***********." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para conocer del juicio de amparo promovido por ************, por su propio derecho, quedando registrado con el número 23/2019.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta que remite vía electrónica el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo presentada por **********, por lo que remitió el asunto de que se trata al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Décimo Sexto Circuito, a efecto de que dirima la cuestión competencial suscitada; el Titular queda enterado de su contenido y ordena agregarlo a sus antecedentes.
- Principal
Visto el oficio signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual, en cumplimiento a la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en la que su Titular declaró su legal incompetencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación de la Agencia Primera Investigadora, con residencia en Salamanca, Guanajuato; remite copia certificada del juicio de amparo 277/2019-III de su estadística, así como ocho tomos de pruebas; se acuerda: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 848/2019-III. Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional cuenta con ella para conocer del libelo constitucional recibido. A este respecto, primeramente debe decirse que el Juez declinante refiere que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: "El acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve emitido dentro de la carpeta de investigación *********** tramitada ante la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Salamanca, donde se hizo constar su comparecencia, por la cual solicitó la devolución del bien inmueble sin número exterior, localizado en el camino de terracería que lleva a Villagrán, tramo ***********, municipio de Cortazar del estado de Guanajuato, con las coordenadas geográficas latitud *********** y longitud ***********; petición que fue acordada por la autoridad ministerial responsable en sentido negativo bajo el argumento de que no se surtía lo establecido por el artículo 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la devolución del inmueble, ya que continuaba la investigación inicial por el delito en materia de hidrocarburo, por lo que una vez que determinara el no ejercicio de la acción penal levantaría el aseguramiento del inmueble referido." Ahora bien, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Para justificar el aserto anterior, es necesario destacar que la juez requirente determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por ***********, al estimar que el acto reclamado tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, toda vez que mientras siga asegurado el bien, continuaría ejecutándose materialmente la afectación en el derecho de propiedad del quejoso, ya que el agraviado no tiene el disfrute de su inmueble en tanto la responsable no levante el aseguramiento, ello conforme a lo dispuesto por el artículo 232, párrafo segundo, del Código Nacional del Procedimientos Penales y, que dicha ejecución tendrá lugar en la mencionada localidad, cuya jurisdicción corresponde a los órganos jurisdiccionales con sede en esta ciudad. Razón por la cual, aplicando la regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley Amparo, y en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ordenó remitir el asunto al Juez de Distrito en turno, con sede en Celaya, Guanajuato. Sin embargo, el suscrito estima que en el caso no es aplicable la regla establecida en el primer párrafo, del artículo 37 de la materia, sino la prevista en el tercer párrafo, según se verá. El citado dispositivo legal textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este precepto derivan tres reglas básicas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: A) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; B) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; C) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Cabe anotar que esas hipótesis participan de una misma particularidad que se sustentan en el acto reclamado en la demanda de amparo, toda vez que requieren que éste tenga ejecución (según las dos primeras hipótesis) o bien cuando el mismo no la requiera (de conformidad con el tercero de esos supuestos). En ese sentido, tomando en consideración que el quejoso se duele del acuerdo en el que se le negó la devolución del inmueble asegurado en la carpeta de investigación *********** tramitada ante la Agencia Primera Investigadora del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación y Litigación, con sede en Salamanca, el suscrito estima que dicho acto es meramente declarativo, actualizándose la hipótesis establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, toda vez que la denegación de levantar el aseguramiento del bien no es consecuencia del mismo, cuya ejecución es la que realmente perdura (del que no existe constancia de su ejecución - inscripción en el registro público de la propiedad-), ni una determinación que lo confirme o que haga que pueda considerarse con ejecución material, pues el suscrito considera que se trata de un acto declarativo y negativo, que se limitó a reiterar la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso antes de su emisión. Luego, como el acto reclamado es meramente declarativo y no requiere de ejecución material, a más que la demanda de amparo se presentó ante la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, es claro que este Juzgado carecer de competencia legal, para conocer de la demanda que se estudia. Situación que además es acorde con la pretensión de lograr el mayor respeto del derecho de acceso a la justicia, pues el que la parte quejosa presentara su demanda ante ese órgano jurisdiccional, en efecto, genera la presunción de que es porque le resultó de más fácil acceso, materialmente hablando. Por lo expuesto, no se comparte el criterio de la Juez declinante en el sentido de que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, su tramitación y ejecución tendrán lugar dentro del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Consecuentemente, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, por tanto, se ordena devolver las copias certificadas del juicio de amparo 277/2019-III y anexos a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
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