J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez

Expediente 1064/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1064/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
01/12/2016

Partes del expediente

  • J. Guadalupe Félix Cárdenas Manríquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de quince de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como mandatario judicial de la parte demandada en el juicio ordinario civil C92/2016, del índice del Juzgado Único Civil de Partido, de Apaseo El Grande, Guanajuato, contra actos de este último; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 1064/2016-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que no guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así, ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo (que también recoge lo preceptuado en el artículo 172, fracción IV), de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto, pudiéndose como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa esencialmente reclama: La resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, dentro del juicio C92/2015 de su índice, que confirma el acuerdo de veinte de septiembre de este año, en el que no se acordó de conformidad la petición del ahora quejoso, en el sentido citar a audiencia final de juicio incidental, y en su lugar la responsable sólo le tuvo por haciendo manifestaciones determinando que debía nombrarse perito en rebeldía a la parte demandante incidental. Como se puede observar, el acto reclamado, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal emitida dentro del incidente de liquidación de sentencia, que podrá hacer valer el inconforme hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del incidente de liquidación de sentencia, si ésta es favorable a los intereses de la quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar la referida irregularidad procedimental, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse, se itera, si se obtiene interlocutoria favorable dentro del citado incidente, lo cual a la fecha no ha acontecido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Óscar Javier Andrade Ramírez, en virtud de que obra su cédula, 09103439, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como mandatario judicial de la parte demandada en el juicio ordinario civil C92/2016, del índice del Juzgado Único Civil de Partido, de Apaseo El Grande, Guanajuato, contra actos de este último; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 1064/2016-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio que no tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la citada legislación, prevé que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, empero, no establece categóricamente los casos de procedencia del juicio de amparo en que se promueva el amparo contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, esto es, que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento que no guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria. Sin embargo, atendiendo a una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se deduce que respecto de las violaciones procesales cometidas con motivo de un incidente instaurado después de concluido el juicio, se harán valer conjuntamente con la interlocutoria que lo decida, la cual será reclamable mediante el amparo bi instancial. Ello es así, ya que es evidente que dicha situación es semejante a la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción IX, y aplicando por analogía los principios que informan las reglas para la procedencia del amparo directo, respecto de infracciones al procedimiento, contenidas en los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo (que también recoge lo preceptuado en el artículo 172, fracción IV), de las que se deduce que no procede de inmediato el juicio de amparo indirecto contra tales infracciones procesales contenidas en la secuela de un incidente, sino hasta que el mismo sea resuelto, pudiéndose como se dijo, hasta ese momento hacer valer las violaciones que se estimen se cometieron en dicha incidencia en su perjuicio. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la parte quejosa esencialmente reclama: La resolución de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, dentro del juicio C92/2015 de su índice, que confirma el acuerdo de veinte de septiembre de este año, en el que no se acordó de conformidad la petición del ahora quejoso, en el sentido citar a audiencia final de juicio incidental, y en su lugar la responsable sólo le tuvo por haciendo manifestaciones determinando que debía nombrarse perito en rebeldía a la parte demandante incidental. Como se puede observar, el acto reclamado, no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional, pues se trata de una cuestión de índole intraprocesal emitida dentro del incidente de liquidación de sentencia, que podrá hacer valer el inconforme hasta que el amparo se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la interlocutoria dentro del incidente de liquidación de sentencia, si ésta es favorable a los intereses de la quejosa y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamar la referida irregularidad procedimental, junto con la interlocutoria que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, pues en la especie no se le puede considerar como acto de imposible reparación, en virtud de que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación podría repararse, se itera, si se obtiene interlocutoria favorable dentro del citado incidente, lo cual a la fecha no ha acontecido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Con fundamento en el ordinal 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Óscar Javier Andrade Ramírez, en virtud de que obra su cédula, 09103439, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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