J. Francisco Villarreal Astorga

Expediente 621/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
621/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
07/01/2021

Partes del expediente

  • J. Francisco Villarreal Astorga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir del ocho de enero de dos mil veinticuatro. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado actual de autos, se advierte que el Coordinador del Área Penal Zona Costa, de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, no ha dado respuesta al requerimiento que le fue hecho mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, no obstante de haber sido notificado para ello el pasado veintiocho de octubre del presente año. En virtud de lo anterior, ya que a la fecha no se ha designado asesor jurídico a la parte quejosa, y a efecto de salvaguardar los derechos del aquí quejoso, atento a lo dispuesto con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, requiérase de nueva cuenta al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, designe a un profesionista que pueda fungir como autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, página 1301, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Por otra parte, en virtud de que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "ZOOM". En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído y de las promociones que se acuerdan, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Por último, en virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, señalándose como nueva fecha para su celebración, las doce horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los oficios de cuenta remitidos por las autoridades responsables; atento a su contenido, se les tiene informando respecto del cumplimento dado a la suspensión de plano decretada en auto de trece de octubre de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo. Designación de defensor público Ahora, toda vez que se advierte que a la fecha no se ha designado asesor jurídico a la parte quejosa, y a efecto de salvaguardar los derechos del aquí quejoso, atento a lo dispuesto con fundamento en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio al Coordinador del Área Penal Zona Costa de la Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, anexando copia simple de la demanda, para que dentro de plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, designe a un profesionista que pueda fungir como autorizado del quejoso en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 43/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo II, página 1301, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica puede tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Por otra parte, en virtud de que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "ZOOM". En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído y de las promociones que se acuerdan, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de octubre de dos mil veinte. Agréguense a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar los oficios de cuenta y anexos, mediante los cuales las autoridades responsables, rinde su informe justificado; por ello, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se les tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que anexan, las que se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. En otro orden, agréguese a los autos la constancia actuarial de esta misma fecha, en la que se hace constar que al momento de notificar al quejoso el auto de dieciséis y veinte de octubre de dos mil veinte, manifestó lo siguiente: "que no es verdad que se le ha proporcionado el medicamento prescrito a la fecha y el medicamento que el coordinador del área médico le receto sigue en la aduana y a la fecha no se le ha entregado, que el área médica siempre esta monitoreada y ahí se puede advertir que no lo han bajado a la misma." Ahora, toda vez que en proveído de veinte de octubre del año en curso, se tuvo a las autoridades responsables Coordinador del Área Médica del Centro de Reinserción Social El Hongo II y Comandante del Centro de Reinserción Social El Hongo II, ambas con residencia en Tecate, Baja California, dando cumplimiento a la suspensión de plano e informando que al directamente agraviado de la libertad ha recibido el medicamento que ha solicitado y este se ha negado a firmar los documentos del área medida en relación a la administración de los medicamentos que se le suministran. Por lo que, en atención a las manifestaciones realizadas por el quejoso, requiérase vía correo electrónico a las responsable Coordinador del Área Médica del Centro de Reinserción Social El Hongo II y Comandante del Centro de Reinserción Social El Hongo II, ambas con residencia en Tecate, Baja California, para que dentro del término de veinticuatro horas, remitan las constancias correspondiente donde se advierta que el quejoso ha recibido el medicamento que ha solicitado para el dolor que aduce tener, remitiéndoles al efecto la constancia actuarial de esta misma fecha donde se advierten las manifestaciones realizadas por el directamente agraviado. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en auto de trece de octubre de dos mil veinte, a fin de que den cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por otra parte, en virtud de que el quejoso, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California; y tomando en consideración la situación actual por el virus SARS (COVID-19), es que se implementa el uso de herramientas tecnológicas que permitan que la impartición de justicia continúe mientras se acatan las medidas de prevención y sana distancia necesaria para hacer frente a la contingencia; es por ello, que se hace uso de los sistemas electrónicos necesarios para salvaguardar entre otros la integridad física de las partes; por lo que, con fundamento en el artículo 1, fracciones XX, XXV y XXXIII, del Acuerdo General 12/2020, articulo 2, fracciones X y XII, del Acuerdo General 13/2020, ambos Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en términos del diverso 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que notifique personalmente al quejoso mediante la plataforma denominada "ZOOM". En la que deberá de realizar la lectura integra del presente proveído, y constate que el quejoso tiene pleno conocimiento de su contenido, asimismo, levante constancia de ello. Reservándose notificar al asesor jurídico de la parte quejosa, hasta en tanto este sea designado en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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