J. Fausto Barraza León

Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 50 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
8/2021
Año
2021
Actuaciones
50
Última actuación
01/10/2021

Partes del expediente

  • J. Fausto Barraza León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Principal

    El uno de octubre de dos mil veintiuno, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del Acuerdo General mencionado. Con fundamento en el artículo octavo, fracción I, del Acuerdo General mencionado, el presente juicio de amparo, se considera expediente de trámite; por tanto, una vez que trascurran más de tres años, contados a partir de esta fecha, transfiérase el expediente original, al depósito documental del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece el numeral 9, del citado Acuerdo General; lo anterior, a partir uno de octubre de dos mil veinticuatro. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo décimo octavo del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto el uno de octubre de dos mil veinticuatro, debiéndose conservar únicamente las resoluciones en que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción de conformidad con lo dispuesto en el numeral vigésimo, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido, por lo que se señala como fecha para tal efecto el uno de abril de dos mil veintidós. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por J. Fausto Barraza León, por derecho propio, en contra de los actos y autoridades señaladas como responsables, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos sin mayor proveído el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, ya que como se advierte de la certificación que antecede, en auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a dicho autorizado señalando el domicilio correcto para llevar a cabo la prueba de inspección judicial ofrecida de su parte y para tal efecto se señalaron las once horas del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la misma. Asimismo, respecto a la aclaración del nombre correcto del quejoso, dígasele que se esté a lo acordado en auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto la constancia actuarial de catorce de agosto del presente año, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria de la adscripción de notificar a la tercero interesada Yaneth Varela, el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, lo anterior por las razones expuestas en la misma. En ese contexto, notifíquesele a la tercero interesada en mención el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Tijuana, Baja California, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, el veinticinco de enero del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto a la prueba testimonial y de inspección judicial ofrecida por el quejoso, hasta en tanto rindieran su informe justificado las autoridades responsables; situación que ya aconteció. En mérito de lo anterior, se levanta la reserva decretada en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la testimonial a cargo de **** y ****, así como la inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa. Ahora, en vía de preparación de la prueba testimonial a cargo de los referidos atestes, distribúyanse entre las partes copia simple del interrogatorio exhibido para tal efecto, lo anterior, a fin de que si es de su interés se encuentren en posibilidad de ampliar, por escrito, en el plazo de tres días hábiles, el cuestionario formulado o bien formulen repreguntas, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del ordinal supracitado; en el entendido de que la presentación de los atestes correrá a cargo de la parte quejosa, ello en virtud de así haberlo manifestado en su escrito de ofrecimiento de prueba. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que al momento de realizar la notificación correspondiente a la parte quejosa, haga entrega de los códigos QR generados para la comparecencia de las partes; en el entendido de que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las doce horas del nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se apercibe al oferente que de no presentar a los testigos, dicha probanza se declarará desierta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 125/2009, con registro digital: 164953, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 591, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESERCIÓN, POR INASISTENCIA DE LOS TESTIGOS, ÚNICAMENTE DEBE DECLARARSE DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBAS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, así como del numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se advierte que la prueba testimonial se anunciará cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, siendo obligación del oferente, de no manifestar imposibilidad alguna, presentar a los testigos en el día y hora fijados para su celebración, so pena de que se declare desierta. En ese sentido, se concluye que la deserción de la prueba testimonial en el juicio de amparo, por inasistencia de los testigos, únicamente debe declararse dentro de la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, en tanto que dicha declaratoria requiere, en primer término, que aquélla se lleve a cabo y, en segundo, que no se presenten los testigos anunciados; de ahí que si no se celebra el día y hora señalados para ello, el órgano de amparo no debe declarar desierta la prueba por inasistencia de los testigos, ya que el momento procesal oportuno para su desahogo es la etapa de pruebas, la cual se desarrolla precisamente en la audiencia de garantías; de manera que si ésta no se celebra, carece de sentido exigir la presencia de los testigos." Por ende, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020, se comisiona indistintamente a cualquiera de los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de realizar la notificación correspondiente a la parte quejosa, haga entrega de los códigos QR generados para la comparecencia de las partes; en el entendido de que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las doce horas del nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Por lo que respecta a la prueba de inspección judicial, se señalan las once horas del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, para que el actuario de la adscripción se constituya en el domicilio identificado como: ***; y constante a través de sus sentidos los puntos sobre los que versa la inspección, los cuales están contenidos en el ocurso de ofrecimiento. Con la precisión, que el personal judicial deberá asentar en el acta respectiva, únicamente las cuestiones de las que pueda dar fe a través de los sentidos, y no de las que se requieran conocimientos técnicos especiales, caso en el cual, deberá asentarlo de esa forma en el acta que levante con motivo de dicha diligencia. En el entendido que en el acta respectiva, sólo se asentarán cuestiones de las que se pueda dar fe a través de los sentidos, y no de las que requieran conocimientos especiales técnicos. En ese sentido, hágase del conocimiento de la persona que tenga posesión del referido bien inmueble, que deberá proporcionar los medios necesarios para que el fedatario de la adscripción lleve a cabo el desahogo de la citada inspección. Sustenta lo anterior, de manera ilustrativa, la tesis III.4o.C.19 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1798, libro 7, junio de 2014, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL JUICIO CIVIL. ATENTO A SU NATURALEZA, ES NECESARIO QUE EN SU OFRECIMIENTO EL PROMOVENTE EXPRESE CON PRECISIÓN EL LUGAR O COSAS QUE SERÁN INSPECCIONADAS. Si para el desahogo de ese medio de convicción se pretende que un funcionario federal busque en los libros de gobierno de órganos jurisdiccionales, si existe "algún" procedimiento del orden civil incoado contra la quejosa o que esté relacionado con el predio rústico materia del arrendamiento, ello deriva en una revisión general o pesquisa, que por carecer de un elemento concreto determinado, no podría constituir una prueba de inspección judicial, pues el objeto de ésta es verificar circunstancias, cosas o hechos específicos, susceptibles de ser conocidos por los sentidos, mas no de realizar búsquedas o investigaciones de algo que podría no existir ya que, en todo caso, corresponde a las partes realizar la investigación para que, posteriormente, pueda pedirse la inspección correspondiente, por un periodo preciso, respecto de una fecha específica, de un registro en concreto o de varios, pero expresamente determinados para constatar uno o varios hechos, no para ver qué resulta." Comuníquese el contenido de este acuerdo a las partes, a fin de que, si es su deseo, concurran a la diligencia, en términos del artículo 162 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo." En términos de lo dispuesto en el artículo 24 del referido Acuerdo General 21/2020, la diligencia ordenada deberá realizarse acatando el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencias Sanitarias por Coronavirus (COVID-19), es decir en estricto cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia, implementando los protocolos de seguridad para evitar o minimizar la exposición a los factores de riesgo que suelen facilitar el contagio del virus en cita. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las doce horas del nueve de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente y córrase traslado a las partes con fotocopia del escrito registrado con folio 443; asimismo, hágase entrega de los códigos QR correspondientes

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta que el domicilio al que se pretende realizar la prueba de inspección judicial solicitada mediante escrito registrado con folio 443, es el ubicado en la calle Guillermo Troncoso, número 3510, colonia Ampliación Benito Juárez, en la municipalidad de Playas de Rosarito, ya que en dicho escrito por un error indicó que el número de inmueble es 3110, pero que el correcto es 3510. En ese contexto, a fin de llevar a cabo la prueba de inspección judicial solicitada por el autorizado de la parte quejosa, se señalan las once horas del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, para que el Actuario de la adscripción, se constituya al solar urbano número 15 de la manzana 81, con superficie de 200 metros cuadrados, de la sección XIX de la colonia Ampliación Lic. Benito Juárez, en la actual zona número 2, de Asentamiento Humano, Poligono interno 1/5, según plano interno del Ejido Mazatlán, municipio de Playas de Rosarito, Baja California, ubicado en la calle Guillermo Troncoso, número 3110, colonia Ampliación Benito Juárez, en la municipilidad de Playas de Rosarito, Baja California, y constante a través de sus sentidos los puntos sobre los que versa la inspección, los cuales están contenidos en el ocurso de ofrecimiento. 17/09/21 13:08:56 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.25.f3 LANDY LI DOLORES VIZCAYA GUERRERO Con la precisión, que el personal judicial deberá asentar en el acta respectiva, únicamente las cuestiones de las que pueda dar fe a través de los sentidos, y no de las que se requieran conocimientos técnicos especiales, caso en el cual, deberá asentarlo de esa forma en el acta que levante con motivo de dicha diligencia. Notifíquese personalmente.

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