J. Francisco Pantoja Aguilera
Expediente 1163/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Francisco Pantoja Aguilera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de trece de octubre del año en curso, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************. EJECUTORIA. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la responsable que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: " 1) Emita la respuesta respecto de la solicitud de inscripción de la sentencia emitida en el expediente agrario ******************** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, respecto del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "********************", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente. En el entendido de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada. En la inteligencia de que, como en el caso, la expedición y entrega del título de propiedad solicitado depende de la respuesta que dé la responsable bajo los efectos de esta sentencia; la concesión del amparo se limita a la situación específica en que se encuentra el trámite administrativo de origen; y, 2) En breve término, le notifique al aquí quejoso la respuesta recaída a su solicitud, en su caso, en el domicilio que hubiere señalado en su solicitud; de lo contrario, se realizará por conducto de este órgano jurisdiccional. 3) Hecho lo anterior, remita a este órgano de control constitucional, la constancia que así lo acredite.". REQUERIMIENTO A SUPERIOR JERÁRQUICO Finalmente, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, en cuanto superior jerárquico de la autoridad responsable dependiente de dicho órgano registral federal, y hágasele saber que conforme a la Ley de Amparo son corresponsables por la falta de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-1163/2023, promovido por J. Francisco Pantoja Aguilera, por conducto de su apoderado Marco Antonio Pantoja Melendez, contra actos del Delegado y/o Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) El Encargado de Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que EL Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegatos 838/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-1163/2023, promovido por J. Francisco Pantoja Aguilera, por conducto de su apoderado Marco Antonio Pantoja Melendez, contra actos del Delegado y/o Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el seis de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, J. Francisco Pantoja Aguilera, por conducto de su apoderado Marco Antonio Pantoja Melendez, promovió demanda de amparo indirecto contra el Delegado y/o Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Michoacán, con sede en esta ciudad. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente X-1163/2023; y, se determinó prevenir a la parte quejosa. Posteriormente, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite el juicio en que se actúa; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama un acto formal y materialmente administrativo cuya ejecución acontece dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal con competencia mixta ejerce su jurisdicción. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La falta de respuesta a la solicitud de inscripción de la sentencia emitida en el expediente agrario 1183/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, respecto del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente y, en consecuencia, la falta de expedición del título de propiedad correspondiente. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Delegado y/o Encargado del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que expresamente aceptó la existencia de las omisiones reclamadas. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las documentales aportadas por el quejoso. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2. De modo que la parte quejosa acreditó fehacientemente la presentación de la solicitud mencionada ante la autoridad responsable, sin que ésta hubiere allegado alguna documental con la que acreditada que efectivamente dio contestación y la notificó. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son fundados los argumentos vertidos en el único concepto de violación, como se verá a continuación. En la especie, como ya se dijo, el acto reclamado por la parte quejosa se hizo consistir en la falta de respuesta a la solicitud de inscripción de la sentencia emitida en el expediente agrario 1183/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, respecto del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente y, en consecuencia, la falta de expedición del título de propiedad respectivo. De los antecedentes del escrito inicial de demanda de amparo y el aclaratorio a la misma, se advierte que la parte quejosa refirió: a) El Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, conoció del juicio agrario 1183/2016, el cual se resolvió el quince de julio de dos mil dieciséis, en el que se resolvió en el sentido de reconocerle al hoy quejoso como titular del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán; b) El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó la inscripción de dicha sentencia ante la Delegación en el Estado del Registro Agrario Nacional, así como la expedición del título de propiedad derivado de la misma; c) A la anterior solicitud recayó la respuesta escrita de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Registradora Integral adscrita a la Subdelegación de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación Michoacán del Registro Agrario Nacional, por medio del cual hizo previno al peticionario de amparo, ya que para estar en condiciones de llevar a cabo el cumplimiento de sentencia emitida por el Tribunal Agrario en cita y expedir el título de propiedad que ampare el solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, se le requirió los archivos DWG (discos magnéticos) para la actualización del catálogo catastral respectivo, en virtud que se trata de un solar de nueva creación; así como el plano tipo "B", que debe cumplir con las normas técnicas establecidas por dicha delegación, pues el plano carece la de la firma de quien lo realizó. d) En cumplimiento a lo anterior, el hoy requirente constitucional subsanó lo solicitado en data doce de julio de dos mil diecinueve. e) A la fecha no se ha dado respuesta al trámite solicitado por el quejoso, como lo indicó la propia autoridad responsable en su informe justificado. En suplencia a la deficiencia de la queja los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son fundados y suficientes para acceder a la protección constitucional solicitada, por los motivos que a continuación se expondrán: En efecto, en los conceptos de violación, el quejoso aduce que la omisión por parte del Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, dar seguimiento a la solicitud de inscripción de la sentencia emitida en el expediente agrario 1183/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, respecto del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente y, en consecuencia, la falta de expedición del título de propiedad, cuya solicitud fue presentada el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, por medio de prevención de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la cual fue subsanada en data doce de julio de dos mil diecinueve, sin que a la fecha se haya dado una respuesta, lo cual vulnera en su perjuicio su derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. Lo anterior en consideración a que conforme a lo dispuesto en el artículo 52, último párrafo, del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, la responsable contaba con un plazo máximo de sesenta días para emitir el acuerdo correspondiente; sin embargo han transcurrido aproximadamente más de cuatro años desde la fecha de doce de julio de dos mil diecinueve, data en la que fue subsanada la prevención que recayó a la solicitud que se reclama en esta instancia constitucional, sin que le hubiese emitido la respuesta correspondiente; y, por ende notificado lo que haya recaído a tal solicitud. No obstante, a que la autoridad responsable refirió que tal solicitud fue registrada bajo el número 16230009717 la cual fue ingresada el cinco de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior, como ya se dijo, es fundado, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 8° Constitucional establece: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De dicho numeral se obtiene que la Constitución Federal reconoce el derecho de petición, el cual establece que para formularse deber hacerse de manera pacífica y respetuosa a la autoridad correspondiente; además, para observar cabalmente la garantía prevista en ese precepto, se hace indispensable hacer saber en breve término al peticionario la respuesta dada a la petición formulada. Al respecto, conviene indicar que tal precepto únicamente obliga a las autoridades a contestar por escrito la petición correspondiente y hacerla saber al gobernado; no así a resolverla favorablemente a los intereses de quien la formula. Dicho de otro modo, la autoridad tiene la obligación de contestar al peticionario lo que estime pertinente, pero sin dejar de emitir la respuesta respectiva y hacerla saber en breve término a la parte interesada. También, conviene traer a colación el contenido del artículo 17 Constitucional el cual prevé lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." De la norma reproducida se desprende el derecho humano de acceso a la justicia, el cual es protegido a través de la garantía de seguridad jurídica, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión del conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, el criterio de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 172759 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 42/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril de 2007, página 124 Tipo: Jurisprudencia GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Expuesto lo anterior, respecto a la calificación registral para la inscripción de sentencias, en el caso, de derechos parcelarios y, por consiguiente, la expedición del certificado correspondiente, cuya omisión reclama el peticionario de amparo, su tramitación se encuentra prevista en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, concretamente los artículos 51, 52, 60 y 62, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan. Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. (.)" "Artículo 60. Las prevenciones y las calificaciones registrarles negativas deberán ser notificadas al interesado en los términos señalados en el Capítulo VII de este Reglamento. (.)" "Artículo 62. Las notificaciones se podrán realizar: Al interesado, representante legal o autorizado para oír notificaciones, sí se presentan en las oficinas del Registro; Por correo certificado con acuse de recibo, si se señala domicilio; Por correo electrónico, si se señala como medio para recibir notificaciones; Por edicto publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la Entidad Federativa de que se trate, o en el Diario Oficial de la Federación cuando transcurridos más de tres meses sin que el promovente se haya dado por notificado de la resolución que corresponda o se ignore el domicilio de la persona que se vaya a notificar, y A través de la Procuraduría Agraria cuando el promovente haya autorizado a ésta en su solicitud de trámite. (.)" De dichos numerales se desprende que el procedimiento registral de inscripción de sentencias, inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones; asimismo, se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera, señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral, por ejemplo, cuando a su juicio exista alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse; lo cual se debe de notificar en breve término a la parte solicitante. Ahora, para demostrar que la omisión combatida es inconstitucional, la quejosa aportó como pruebas documentales de su parte: Solicitud de inscripción de la sentencia emitida en el expediente agrario 1183/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, respecto del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente y, en consecuencia, la falta de expedición del título de propiedad respectivo, presentada el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete; Copia certificada de sentencia emitida en el expediente agrario 1183/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad; Respuesta escrita de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por la Registradora Integral adscrita a la Subdelegación de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación Michoacán del Registro Agrario Nacional, por medio del cual hizo previno al peticionario de amparo, ya que para estar en condiciones de llevar a cabo el cumplimiento de sentencia emitida por el Tribunal Agrario en cita y expedir el título de propiedad que ampare el solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, se le requirió los archivos DWG (discos magnéticos) para la actualización del catálogo catastral respectivo, en virtud que se trata de un solar de nueva creación; así como el plano tipo "B", que debe cumplir con las normas técnicas establecidas por dicha delegación, pues el plano carece la de la firma de quien lo realizó, en la que obra sello de recepción de la autoridad responsable en data doce de julio de dos mil diecinueve, en la que obra la leyenda "subsanado". Lo que se robustece con lo manifestado por la propia autoridad responsable, al rendir su informe justificado, donde indica que no se ha emitido la respuesta correspondiente, al menos hasta el momento de rendir su informe; lo cual constituye una confesión expresa que merece eficacia probatoria plena de conformidad a lo establecido en los artículos 95 y 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 206538 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 225 Tipo: Aislada INFORME JUSTIFICADO COMO PRUEBA. El criterio jurisprudencial en el sentido de que el informe de la autoridad responsable rendido sin la debida justificación, sólo tiene el valor que merece la aseveración de cualquiera de las partes, resulta aplicable en los casos en que la citada autoridad responsable alegue circunstancias tendientes a sostener la legalidad del acto o actos que se le reclaman, sin anexar las constancias necesarias que acrediten tales circunstancias; pero, cuando acepta hechos propios, debe tenerse su informe como una confesión, aun cuando no haya sido acompañado de constancia alguna, en virtud de que no debe perderse de vista que, de acuerdo con la técnica que rige en el juicio de amparo, la autoridad responsable constituye la contraparte del peticionario de garantías". En ese sentido, se reitera que la parte quejosa presentó una solicitud la cual fue subsanada ante la responsable, la cual se realizó de manera pacífica y respetuosa, sin que a la fecha la autoridad responsable hubiese emitido respuesta alguna, toda vez que no acreditó tal extremo. Por tanto, se colige que existe transgresión a lo preceptuado en el artículo 8º Constitucional, toda vez que a la fecha en que se resuelve el presente juicio han transcurrido más de cuatro años, es decir, que se excede de manera evidente el plazo de sesenta días naturales que establece el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, con el que contaba la autoridad responsable para dar contestación a lo solicitado, sin que se haya pronunciado al respecto; asimismo, de la manera colateral se ve transgredido el derecho humano previsto en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que a la letra reza: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 218276 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Octubre de 1992, página 396 Tipo: Aislada PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación del artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación". De ahí que sea dable afirmar que, en la especie, sí existe violación al derecho de petición que consagra el aludido artículo 8° de la Constitución Federal, así como el diverso contemplado en el artículo 17 Constitucional, pues la responsable ha incumplido con la función registral que le está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación, en suplencia a la deficiencia de la queja, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, el titular de la Delegación en el Estado de Michoacán, del Registro Agrario Nacional: 1) Emita la respuesta respecto de la solicitud de inscripción de la sentencia emitida en el expediente agrario 1183/2016 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 36, con sede en esta ciudad, respecto del solar 1, manzana 14, con una superficie de 3,462.512 metros cuadrados, al interior del Ejido "San José Huipana", Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, según sus funciones en el trámite correspondiente. En el entendido de que tal concesión no vincula a la autoridad a emitir alguna respuesta en determinado sentido, sino únicamente a dar contestación a la solicitud planteada. En la inteligencia de que, como en el caso, la expedición y entrega del título de propiedad solicitado depende de la respuesta que dé la responsable bajo los efectos de esta sentencia; la concesión del amparo se limita a la situación específica en que se encuentra el trámite administrativo de origen; y, 2) En breve término, le notifique al aquí quejoso la respuesta recaída a su solicitud, en su caso, en el domicilio que hubiere señalado en su solicitud; de lo contrario, se realizará por conducto de este órgano jurisdiccional. 3) Hecho lo anterior, remita a este órgano de control constitucional, la constancia que así lo acredite. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 129, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS.- La garantía que otorga el artículo 8° Constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como la tesis de jurisprudencia número VIII.2o.3 K, del siguiente tenor: "PETICIÓN, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICÓ EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA LA GARANTIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCION. La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados." No se soslaya que el Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, a través de su pedimento formuló los alegatos; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse en torno a esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a J. Francisco Pantoja Aguilera contra el acto y autoridad que quedaron precisados en esta resolución, por los motivos expuestos y para los efectos indicados del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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