J. Carmen Molina Aguirre
Expediente 323/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- J. Carmen Molina Aguirre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de mayo de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintiséis de abril del año en curso, mediante el cual SE TUVO POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por J. Carmen Molina Aguirre; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS Y SE ORDENA ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que trascurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.JLL
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil diecinueve. No presentada. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente, para que cumpliera con la prevención que se le hizo mediante acuerdo de veinticinco de marzo pasado, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por J. Carmen Molina Aguirre, por su propio derecho, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente cuaderno de amparo.
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NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil diecinueve. SE RECIBE ESCRITO ACLARATORIO. Visto el escrito de cuenta que suscribe Héctor Orozco Guillén, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa J. Carmen Molina Aguirre, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticinco de marzo año en curso, sin embargo, se estima que dicho libelo resulta ineficaz para dar cumplimiento con lo requerido; por los motivos que se expondrán a continuación. No ha lugar a tener cabalmente cumplida la prevención formulada en autos, en virtud de que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, no está facultado para desahogar prevenciones, en las cuales deban manifestarse antecedentes bajo protesta de decir verdad, puesto que al ser el quejoso (o en su defecto su representante o apoderado) el titular de la acción, es el único legitimado para desahogar la aclaración en relación a los antecedentes que habrán de realizarse previa protesta de decir verdad. Lo anterior es así, pues el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad se exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Aunado a que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. De ahí que como se señaló, el autorizado en términos del artículo 12 de la ley en consulta no está facultado para desahogar las prevenciones relativas de cualquier índole o, lo requerido por este órgano jurisdiccional, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien lo promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en el que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, además de que no se debe perder de vista que los derechos y las obligaciones que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, de contenido literal siguiente: "Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2007285 Primera Sala Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Página 210 Jurisprudencia (Común) AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Contradicción de tesis 61/2014. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de mayo de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Ricardo Antonio Silva Díaz". En ese orden de ideas, se requiere a la parte quejosa para que de su nuevo escrito aclaratorio, acompañe las copias necesarias para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, y otra más para la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Lo anterior conduce a estimar que no se cumple cabalmente con las prevenciones formuladas y por ello la parte quejosa deberá estarse a lo acordado y apercibida en el proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. En ese contexto, a efecto de que la parte quejosa tenga oportunidad de subsanar las deficiencias u omisiones apuntadas y dado que el escrito aclaratorio fue presentado en el quinto día del término que le fue concedido, previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se estima necesario notificarle personalmente el contenido del presente proveído, en el concepto de que, dicho término se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio y se reanudará al día siguiente al surta efectos la notificación de este auto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la tesis número 39/2012, de la Décima Época, que dice: "Tesis: 1a./J. 39/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época Número de identificación 2000702 Primera Sala Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1 Página 400 Jurisprudencia (Común) ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Contradicción de tesis 411/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 22 de febrero de 2012. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos respecto del fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime Santana Turral." Los criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese personalmente.
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