J. Doroteo Romero Aguilar
Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. Doroteo Romero Aguilar
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por J. DOROTEO ROMERO AGUILAR, por propio derecho y ostentándose albacea definitiva a bienes de Diego Romero Retes; contra actos del(a) JUEZ MENOR MIXTO EN MEXQUITIC DE CARMONA y otras autoridades, con copia(s) y anexo(s) que se acompaña(n); fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 312/2021-V. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior al atender primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este contexto, se tiene en consideración que los actos reclamados se hicieron consistir en todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, expediente 28/2012, de la estadística del extinto Juzgado Menor Mixto en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, del cual se decretó su supresión desde el dieciséis de marzo de dos mil quince; lo que incluso confiesa saber expresamente el propio promovente en su demanda de amparo. Entonces, resulta inconcuso que en el caso de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la diversa XXIII, en relación con el 108, fracción III, de ese ordenamiento. En relación con la actualización de la causal de improcedencia referida, el artículo 77, fracción I, de la propia Ley Amparo, dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, la interpretación armónica de ambos preceptos permite concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Ahora, para tener por actualizada la mencionada causal de improcedencia, es conveniente recalcar que el promovente del amparo destacó como actos reclamados todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, expediente 28/2012, de la estadística del extinto Juzgado Menor Mixto en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, del cual se decretó su supresión desde el dieciséis de marzo de dos mil quince; lo que incluso confiesa saber expresamente el propio promovente en su demanda de amparo. En secuencia con lo ya expuesto y como se anticipó, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; El primero de los artículos transcritos, en la fracción apuntada, dispone que el juicio de amparo puede ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Carta Magna del País y la ley de la materia, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas contenidas en la Ley de Amparo o en la Constitución General de la República no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, el diverso precepto legal invocado establece la carga procesal que tiene el quejoso al promover el amparo, de señalar y nombrar con toda precisión las autoridades de quien reclama el acto impugnado, lo que a su vez representa uno de los requisitos para considerar bien formulada la demanda de amparo. De tal manera, al no designar a la autoridad que actualmente sustituye al extinto juzgado que sí precisó como responsable y de lo cual tiene la carga procesal de hacer, sería imposible tramitar un juicio respecto de una autoridad no designada y que se desconoce. Asimismo, del contenido del acuerdo general inserto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado y que respecto de la extinta autoridad ordenadora y su diligenciario, que conocieron del expediente de origen, existe un acto consumado de manera irreparable, pues en el supuesto de que se les tuviera como responsable y se concediera el amparo, no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, ni de retrotraer las cosas y el tiempo antes de la posible violación a los derechos fundamentales para resarcir a la parte impetrante en el goce de sus derechos. En esas circunstancias al no haber cumplido con una carga procesal que le compete, como es la de señalar a la autoridad que actualmente conozca de los asuntos del juzgado suprimido y no poder restituir en su momento en el goce de los derechos trastocados, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVI, XXII, en relación con el 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, promovida por J. DOROTEO ROMERO AGUILAR, por propio derecho y ostentándose albacea definitiva a bienes de Diego Romero Retes. Lo anterior no significa que por el hecho de que el juzgado responsable haya sido suprimido, el accionante del amparo no pueda controvertir la ilegalidad del emplazamiento y lo actuado en el expediente de origen en sede constitucional; sin embargo, para tal fin, será importante que al conocer los antecedentes y la carga procesal que le es propia, una vez que tenga conocimiento de quien es la autoridad sustituta, promueva la demanda correspondiente. Además, no resulta posible arribar a una consideración diferente, pues aunque el juicio de amparo contempla a la institución de la prevención; sin embargo, en el particular, se insiste, no se trata del incumplimiento de uno de los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia; sino de haber omitido una carga procesal, en cuanto a señalar a la autoridad que actualmente conoce o debe conocer del asunto de origen. Hágasele saber a la parte quejosa, que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Óscar Quistián García y Araceli Pérez Piñón, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la diversa persona que señala, pues aún cuando proporciona el dato de su cédula profesional, no aparece registrado en el sistema de control que se lleva para tal efecto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Se tiene como correo electrónico para poder entablar comunicaciones no procesales, el que precisa en su demanda de amparo. Notifíquese; hágase personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: an Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por J. DOROTEO ROMERO AGUILAR, por propio derecho y ostentándose albacea definitiva a bienes de Diego Romero Retes; contra actos del(a) JUEZ MENOR MIXTO EN MEXQUITIC DE CARMONA y otras autoridades, con copia(s) y anexo(s) que se acompaña(n); fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 312/2021-V. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior al atender primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de garantías debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este contexto, se tiene en consideración que los actos reclamados se hicieron consistir en todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, expediente 28/2012, de la estadística del extinto Juzgado Menor Mixto en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, del cual se decretó su supresión desde el dieciséis de marzo de dos mil quince; lo que incluso confiesa saber expresamente el propio promovente en su demanda de amparo. Entonces, resulta inconcuso que en el caso de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia, contemplada en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como la diversa XXIII, en relación con el 108, fracción III, de ese ordenamiento. En relación con la actualización de la causal de improcedencia referida, el artículo 77, fracción I, de la propia Ley Amparo, dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, la interpretación armónica de ambos preceptos permite concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Ahora, para tener por actualizada la mencionada causal de improcedencia, es conveniente recalcar que el promovente del amparo destacó como actos reclamados todo lo actuado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, expediente 28/2012, de la estadística del extinto Juzgado Menor Mixto en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, del cual se decretó su supresión desde el dieciséis de marzo de dos mil quince; lo que incluso confiesa saber expresamente el propio promovente en su demanda de amparo. En secuencia con lo ya expuesto y como se anticipó, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; El primero de los artículos transcritos, en la fracción apuntada, dispone que el juicio de amparo puede ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Carta Magna del País y la ley de la materia, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas contenidas en la Ley de Amparo o en la Constitución General de la República no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, el diverso precepto legal invocado establece la carga procesal que tiene el quejoso al promover el amparo, de señalar y nombrar con toda precisión las autoridades de quien reclama el acto impugnado, lo que a su vez representa uno de los requisitos para considerar bien formulada la demanda de amparo. De tal manera, al no designar a la autoridad que actualmente sustituye al extinto juzgado que sí precisó como responsable y de lo cual tiene la carga procesal de hacer, sería imposible tramitar un juicio respecto de una autoridad no designada y que se desconoce. Asimismo, del contenido del acuerdo general inserto, se tiene por probado plenamente el acto reclamado y que respecto de la extinta autoridad ordenadora y su diligenciario, que conocieron del expediente de origen, existe un acto consumado de manera irreparable, pues en el supuesto de que se les tuviera como responsable y se concediera el amparo, no habría posibilidad material de que se repararan los efectos de lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria, ni de retrotraer las cosas y el tiempo antes de la posible violación a los derechos fundamentales para resarcir a la parte impetrante en el goce de sus derechos. En esas circunstancias al no haber cumplido con una carga procesal que le compete, como es la de señalar a la autoridad que actualmente conozca de los asuntos del juzgado suprimido y no poder restituir en su momento en el goce de los derechos trastocados, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracciones XVI, XXII, en relación con el 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, promovida por J. DOROTEO ROMERO AGUILAR, por propio derecho y ostentándose albacea definitiva a bienes de Diego Romero Retes. Lo anterior no significa que por el hecho de que el juzgado responsable haya sido suprimido, el accionante del amparo no pueda controvertir la ilegalidad del emplazamiento y lo actuado en el expediente de origen en sede constitucional; sin embargo, para tal fin, será importante que al conocer los antecedentes y la carga procesal que le es propia, una vez que tenga conocimiento de quien es la autoridad sustituta, promueva la demanda correspondiente. Además, no resulta posible arribar a una consideración diferente, pues aunque el juicio de amparo contempla a la institución de la prevención; sin embargo, en el particular, se insiste, no se trata del incumplimiento de uno de los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia; sino de haber omitido una carga procesal, en cuanto a señalar a la autoridad que actualmente conoce o debe conocer del asunto de origen. Hágasele saber a la parte quejosa, que este juzgado podrá brindar atención e información a los justiciables a través del correo institucional que quedó precisado en párrafos anteriores o en el teléfono 4448389300 (extensión 1611) o en el celular 4442380496. Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Óscar Quistián García y Araceli Pérez Piñón, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la diversa persona que señala, pues aún cuando proporciona el dato de su cédula profesional, no aparece registrado en el sistema de control que se lleva para tal efecto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. 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