J. Demencio Salazar
Expediente 744/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. Demencio Salazar
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que se desechó la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto, además de que no se considera de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del mismo de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por J. Demencio Salazar, contra actos de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad; que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el consecutivo 744/2020-VIII. Ahora bien, analizada la demanda de que se trata, se advierte que el escrito que se presenta como original, en virtud de tener éste los sellos de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Noveno Circuito, en el Estado de San Luis Potosí, y el diverso sello de la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, se advierte que no obra la firma autógrafa del quejoso J. Demencio Salazar, sino únicamente su huella dactilar, y ninguna firma a su ruego de persona diversa, que patentice la voluntad del quejoso, de instar a esta instancia federal. En esa virtud, cabe decir que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento al invocado precepto legal, debe decirse que en la especie se surte una causa notoria que hace improcedente el juicio de garantías de que se trata. En esa medida, se considera que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia Legislación. Así, de conformidad con los preceptos legales de referencia, el juicio de control constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame; en consecuencia, es presupuesto entonces para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, la existencia de un gobernado que resienta un perjuicio directo en alguno de los derechos fundamentales que contempla en su favor la Constitución Federal. Por tanto, atendiendo a que del escrito que se presenta como original de demanda, carece de firma autógrafa del impetrante, contando únicamente con su huella dactilar, y ninguna firma a su ruego de persona diversa; no se patentiza la voluntad de dicha persona de instar a la acción constitucional de que se trata. En esa medida, cabe resaltar que ambos requisitos en tratándose de la carencia de la firma autógrafa, esto es, la impresión de la huella dactilar y la firma a ruego de la agraviada, no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a la demanda de amparo, toda vez que en el procedimiento escrito, la voluntad de la parte de ejercitar un derecho se manifiesta mediante la firma o bien, si no lo sabe hacer, a través de la impresión de la huella digital con testigo que firme a su ruego; por lo que ante la ausencia de la firma a ruego, no hay forma de saber si es voluntad de las mencionadas personas, promover el juicio que nos ocupa. Bajo ese contexto, toda vez que la demanda de amparo en cuestión, únicamente contiene una huella dactilar y carece del signo autógrafo del testigo que firma a ruego que exteriorice la voluntad del promovente a que se ha hecho referencia; y dado que por disposición de artículo 5°, fracción I, y 6º de la ley de la materia, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, ante la ausencia de ésta, debe declararse improcedente el juicio que nos ocupa. Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º de la propia legislación; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el invocado artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oir y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa, con motivo del que el presente asunto es materia laboral y el quejoso es el trabajador en el juicio laboral de origen. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente.
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