J. Cruz Ortiz Morales
Expediente 1039/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Cruz Ortiz Morales
Actuaciones
- Principal
El tres de mayo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veinticinco de abril al dos de mayo del año en curso, con exclusión de los días veintiocho y veintinueve de abril pasado, así como uno del mes y año en curso, por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, se ordena el archivo definitivo del cuaderno en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Rosy
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo promovida por J. Cruz Ortiz Morales, registrada con el folio 7989, con diez copias que se acompañan. La circunstancia de que el licenciado Abel Rodríguez Herrera cuenta con cédula profesional número 4004579 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Así como con el hecho de que en este Juzgado se tramitó el diverso juicio de amparo 829/2018, promovido por la misma parte quejosa, contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por J. Cruz Ortiz Morales, contra actos del juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México y otra autoridad, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 14, 16 y 17 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1039/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo y copias certificadas que se ordenó agregar al presente auto en el párrafo que antecede, se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor en la Ciudad de México. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Acto reclamado: Auto de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictado en juicio 1328/2017, relativo al procedimiento judicial de ejecución de garantía otorgada mediante prenda sin transmisión de la posesión, promovido por José Antonio Maldonado Aguilar y Jorge Francisco Andrade Quiñonez, en su carácter de apoderados legales de De Lage Landen, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, en contra del ahora quejoso, por el que se le tuvo por precluido su derecho a contestar la demanda entablada en su contra y se tuvo por acusada la rebeldía; asimismo, se le requirió para que hiciera entrega de la posesión material del bien mueble dado en garantía y se le apercibió que de no hacerlo se haría acreedor a una multa por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100) y su cumplimiento traducido en la diligencia de veinte de febrero del año en curso. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora, de la lectura integral del escrito de demanda se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Articulo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados hubieran sido materia de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo anterior, esto es, cuando lo planteado en la demanda de amparo ya fue materia de estudio en un diverso juicio de derechos. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto o actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora; esto, porque a las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos juicios de amparo diversos, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Las consideraciones expuestas encuentran apoyo en las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO DE GARANTIAS. INSTRASCEDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALADAS EN UNO Y OTRO. Para que opere la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, hay que atender a la identidad del acto reclamado, de quejoso y de autoridades responsables ordenadoras, siendo irrelevante la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro juicio de garantías, porque de no ser así, se llegaría al absurdo de que si se promovieran tantos juicios de amparo como nuevas autoridades responsables ejecutoras se vayan señalando en cada uno de ellos no operaría la improcedencia de la acción". De igual forma, es preciso aclarar que se actualiza la causal en comento aun cuando el juicio de amparo anterior resultó improcedente, y tal determinación quedó firme por no haber sido recurrida. Es así, ya que si bien es cierto que dicha determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad de los actos reclamados, si actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. Así se desprende de la tesis aislada I.5o.P.1 K (10ª), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Común, página 2306, con número de registro 2005580, del rubro y texto siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse". Ahora, como se desprende de la cuenta secretarial, ante este propio juzgado se tramitó y resolvió el diverso juicio de amparo 829/2018, promovido por J. Cruz Ortiz Morales, contra actos del juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, lo cual, es un hecho notorio para el suscrito resolutor. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia XXII.J/12, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." De las constancias que integran el citado juicio de amparo 829/2018, se advierte lo siguiente: Que mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, el quejoso J. Cruz Ortiz Morales solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables siguientes: "III).- AUTORIDAD RESPONSABLE: 1.- C. Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Cuantía menor del H. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con domicilio en Sede de Niños Héroes 119, Colonia Doctores de la Ciudad de México. 2.- H. Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con sede en Villa de Cos, Zacatecas. IV. ACTO RECLAMADO: 1.- A la primera autoridad señalada como Responsable; le reclamo el AUTO dictado en fecha Treinta de Enero del año dos mil dieciocho. 2.- A la segunda autoridad señalada como Responsable; le reclamo la Diligencia efectuada en fecha Veinte de Febrero de Dos Mil Dieciocho.". 2. Por auto de dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió la demanda y se registró con el número 829/2018, se formó el expediente y se previno la demanda en los términos ahí precisados. 3. En proveído de doce de marzo del año en curso, se desechó la demanda promovida en términos de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 107, fracción VI, este último interpretado a contrario sensu. 4. Posteriormente, el tres de abril de la presente anualidad, causó estado el auto que declaró la improcedencia del juicio y se ordenó el archivo definitivo del referido sumario al tratarse de un asunto concluido. Por tanto, se ordena agregar copia fotostática certificada de la demanda, auto que la desechó y acuerdo en el que causó estado la anterior determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de manifiesto que los actos reclamados en la demanda de amparo que ahora se plantea, fueron materia de la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 829/2018. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la parte quejosa señala el mismo acto reclamado que fue materia de la sentencia dictada en el amparo 829/2018. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal lo que procede es desechar la demanda promovida por J. Cruz Ortiz Morales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el ocursante, se tiene como autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Abel Rodríguez Herrera, toda vez que cuenta con cédula profesional número 4004579 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por no acreditar la anterior circunstancia, se tiene al doctor Raúl Federico García Luna, únicamente como autorizado para recibir notificaciones e imponerse de los autos y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle David Cabral Román número ciento cinco "C" (105-C), colonia Médicos Veterinarios, de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. *Rosy.
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