J. Cruz Escamilla Palomo

Expediente 1189/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1189/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
03/05/2017

Partes del expediente

  • J. Cruz Escamilla Palomo
  • Juez de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    EJECUTORIA DE SOBRESEIMIENTO El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del once al veintisiete de abril del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que se aperturó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión definitiva; así como que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable o alguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a tres de mayo de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, a tres de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Al haberse negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de destrucción en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1189/2016-1; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, J. Cruz Escamilla Palomo demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas. Acto reclamado: "El auto de fecha once de marzo de del año dos mil dieciséis dictado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dentro del Juicio Civil Ordinario de Divorcio Necesario, marcado con el número 007/2016, promovido por el C. RUBÉN ESCAMILLA MARTÍNEZ en contra de la C. FLOR DE MARÍA MÉNDEZ DELGADO, mediante el cual se decretan diversas medidas cautelares, entre ellas, la separación física de los cónyuges, requiriéndose al C. RUBEN ESCAMILLA MARTÍNEZ, para que desaloje el domicilio conyugal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en ese momento a desalojarlo por medio de la fuerza pública". "Auto de fecha siete de septiembre del año en curso, en el cual se ordena de nueva cuenta el desalojo del C. Rubén Escamilla Martínez del domicilio ubicado en calle González Ortega número 26, Villa Hidalgo, Zacatecas, decretándose el depósito de la C. FLOR DE MARÍA MÉNDEZ DELGADO y sus menores hijos en mi domicilio particular". Derechos fundamentales violados. El quejoso señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 52 a 56), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 1189/2016-1, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar a la tercero interesada; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas: - El auto de once de marzo de dos mil dieciséis dictado por la mencionada responsable dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 007/2016, promovido por Rubén Escamilla Martínez contra Flor de María Méndez Delgado, mediante el cual, en atención a lo solicitado por esta última en su escrito de contestación de demanda, se decretaron diversas medidas cautelares, entre ellas, la separación física de los cónyuges, requiriéndose al primero de los mencionados para que desalojara el domicilio conyugal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría por medio de la fuerza pública. Domicilio, el mencionado, que según señaló la mencionada demandada en su escrito de contestación de demanda, se encuentra ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas. - Auto de siete de septiembre de la pasada anualidad, en que se ordena de nueva cuenta el desalojo de Rubén Escamilla Martínez del domicilio ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García de Villa Hidalgo, Zacatecas, decretándose el depósito de Flor de María Méndez Delgado y sus menores hijos en el domicilio particular del promovente del amparo, con lo que considera se le pretende privar de tal inmueble, sin habérsele llamado a juicio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, toda vez que así lo manifiesta expresamente en su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias relativas al mencionado juicio civil ordinario de divorcio necesario 007/2016, que en fotocopia certificada remitió como justificación de sus actos; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil dieciséis ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, Rubén Escamilla Martínez promovió en la vía civil ordinaria juicio de divorcio necesario contra Flor de María Méndez Delgado (f. 63-64) 2. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, registró la demanda con el expediente 007/2016, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la demandada y decretó alimentos provisionales en favor de los menores Flor Esmeralda, Rubén y Monserrath Geraldinne, todos de apellidos Escamilla Méndez (f. 68). 3. Por escrito recibido el cuatro de marzo de la mencionada anualidad, ante el juzgado responsable, compareció Flor de María Méndez Delgado a fin de dar contestación a la demanda entablada en su contra, haciendo valer las defensas y excepciones que consideró pertinentes, promovió demanda reconvencional, y además, solicitó diversas medidas provisionales, entre otras, la consistente en que el demandado, aquí quejoso, saliera del domicilio conyugal ubicado en la calle González Ortega número 26, Colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas, (f. 74-91). 4. A dicho escrito recayó acuerdo de once de marzo de dos mil dieciséis, por medio del cual, la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, en atención a lo solicitado por Flor de María Méndez Delgado, se decretó, entre otras medidas cautelares, la consistente en la separación física de los cónyuges, requiriéndose a Rubén Escamilla Martínez, para que desalojara el domicilio conyugal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría por medio de la fuerza pública (f. 97-98). 5. En atención a que según indicó la demandada en el juicio de divorcio, aquí tercera interesada, hasta el día en que compareció de nueva cuenta ante la responsable, mediante escrito recibido el uno de septiembre de dos mil dieciséis, no se había llevado a cabo el requerimiento al peticionario del amparo respecto de la salida del domicilio conyugal, además de que la misma había optado por irse provisionalmente a diverso domicilio, solicitó que, por estar autorizada la citada separación, autorizara el depósito de la propia tercero interesada y de sus menores hijos en el domicilio conyugal a que se ha hecho referencia; lo cual le fue acordado de conformidad en proveído de siete de septiembre citado. (f.100). QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, la suscrita Juez Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el mencionado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el ordinal 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, contra ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada; por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieron intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, para efectos del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, y además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esta instancia, el quejoso se ostenta persona extraña al juicio civil ordinario de divorcio necesario del que emanan los actos reclamados, en virtud de que el inmueble a que se refieren los acuerdos que constituyen dichos actos, es decir, el ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas, corresponde a su domicilio particular. De lo anterior se infiere que el interés jurídico base de la demanda de amparo descansa en el derecho de propiedad que aduce tener el quejoso respecto del inmueble en que se decretó el depósito de Flor de María Méndez Delgado y sus menores hijos. Para acreditar la propiedad del inmueble de mérito, el amparista exhibió los siguientes documentos: a) Copia simple con sello original de recibido del juzgado responsable, de seis de enero de dos mil dieciséis, del escrito de demanda de divorcio necesario presentado por Rubén Escamilla Martínez ante el juzgado responsable (f. 10-11). b) Copias fotostáticas simples de las actas del registro civil relativas al matrimonio celebrado entre Rubén Escamilla Martínez y Flor de María Méndez Delgado, así como al nacimiento de los menores Rubén, Flor Esmeralda y Monserrath Geraldinne, todos de apellidos Escamilla Méndez (f.12-15). c) Dos recibos de pago del servicio de energía eléctrica, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del quejoso J. Cruz Escamilla Palomo, en los que se asienta como domicilio solamente González Ortega 26, Villa Hidalgo, Zacatecas (f.16-17). d) Copia simple, también con sello original de recibido del juzgado responsable, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, del escrito de contestación de demanda presentado por la demandada en el juicio natural Flor de María Méndez Delgado (f.18-35). e) Copia simple de diversas constancias relativas al expediente de divorcio necesario 07/2026 (f. 35-51). f) Constancia de traslado suscrita por los integrantes del Comisariado Ejidal así como del Consejo de Vigilancia del Ejido "Villa Hidalgo", del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, en la que se asienta que Rubén Escamilla Martínez solicitó a dicho comisariado hiciera el traslado a favor de J. Cruz Escamilla Palomo, de un lote que se encuentra ubicado dentro del ejido de "Santa Rita", municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, con las siguientes colindancias: Al norte, con calle de uso, al sur, con Arnulfo Martínez, al oriente, con terreno ejidal y al poniente, con José Luis Fernández Meléndez, de veintiuno de octubre de dos mil quince (f. 125). Sin embargo, ninguna de las mencionadas documentales es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso y como consecuencia la titularidad del derecho de propiedad que ostenta sobre el inmueble ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas, pues por lo que se refiere a los relacionados en los incisos a), b), d) y e), además de que se trata de fotocopias simples, a las que no puede otorgárseles valor probatorio por carecer de certificación de la autoridad respectiva, de ninguna de esas se desprende dato alguno relativo a la propiedad del inmueble materia de los actos reclamados. En lo relativo a los recibos mencionados en el inciso c) relativos al pago del servicio de energía eléctrica, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del quejoso J. Cruz Escamilla Palomo, no son útiles para acreditar la referida propiedad, pues aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, demuestren la verdad de su contenido, por no haber sido objetados; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no son aptos para acreditar aquélla, ya que una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea propietaria del inmueble de que se trata. Máxime si se toma en cuenta que en los mismos se asienta el domicilio únicamente como ubicado en González Ortega 26, Villa Hidalgo, Zacatecas, sin precisar la colonia, y de igual forma, que los mismos corresponden a los pagos de los periodos comprendidos del once de agosto al nueve de octubre de dos mil quince y del once de febrero al nueve de abril de dos mil catorce, es decir, uno y dos años anteriores a la emisión de los actos reclamados. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número VI.3o.C. J/46, visible en la página 1184, Tomo XVI, Agosto de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata". Tocante a la constancia de traslado de lote indicada en el inciso f), también resulta ineficaz para acreditar la propiedad del aludido inmueble, pues además de que por la ubicación, ejido de "Santa Rita", municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, y las colindancias, de las que no se desprende la denominación de la calle en que se ubica, no se puede estimar que se trate del mismo inmueble materia de los actos reclamados; no es al comisariado ejidal a quien corresponde expedir constancias de posesión, o traslado de la misma, por ser competencia exclusiva de la Asamblea General de Ejidatarios, pudiendo en su caso, resultar válidos tales actos previa autorización de dicha asamblea, o bien, ratificados por la misma. Ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número PC.XIII. J/1 (10a.), consultable en la página 831, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Plenos de Circuito, que a la letra dice: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero". Lo anterior, sin que por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se advierta la existencia de documento alguno que acredite la propiedad por parte del impetrante del amparo, del referido inmueble, pues si bien se trata de copias certificadas, lo único que obra a nombre de dicho quejoso, son el aviso recibo de pago de energía eléctrica correspondiente al periodo comprendido del nueve de junio al nueve de agosto de dos mil dieciséis (foja114), así como un recibo expedido a su nombre por la cantidad de cincuenta pesos por concepto de pago de un lote por el año dos mil dieciséis, el último de los cuales, no contiene descripción respecto del lote materia del pago; y, en lo relativo al primero, no puede considerarse eficaz para demostrar la aludida propiedad, por las razones asentadas al realizar la valoración de los diversos recibos relacionados en el inciso c). En consecuencia, el quejoso no acreditó ser el poseedor originario del inmueble que defiende y, por tanto, el derecho de posesión que reclama respecto del mismo no se encuentra acreditado en autos, al no haberse demostrado el título que genere el derecho aludido, ni que se ejerce un poder de hecho sobre dicho bien, lo cual trae como consecuencia que no se justifique el interés jurídico para acudir en demanda de la Justicia Federal. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1189/2016, promovido por J. Cruz Escamilla Palomo, contra los actos reclamados del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso quinto. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1189/2016-1; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, J. Cruz Escamilla Palomo demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas. Acto reclamado: "El auto de fecha once de marzo de del año dos mil dieciséis dictado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dentro del Juicio Civil Ordinario de Divorcio Necesario, marcado con el número 007/2016, promovido por el C. RUBÉN ESCAMILLA MARTÍNEZ en contra de la C. FLOR DE MARÍA MÉNDEZ DELGADO, mediante el cual se decretan diversas medidas cautelares, entre ellas, la separación física de los cónyuges, requiriéndose al C. RUBEN ESCAMILLA MARTÍNEZ, para que desaloje el domicilio conyugal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá en ese momento a desalojarlo por medio de la fuerza pública". "Auto de fecha siete de septiembre del año en curso, en el cual se ordena de nueva cuenta el desalojo del C. Rubén Escamilla Martínez del domicilio ubicado en calle González Ortega número 26, Villa Hidalgo, Zacatecas, decretándose el depósito de la C. FLOR DE MARÍA MÉNDEZ DELGADO y sus menores hijos en mi domicilio particular". Derechos fundamentales violados. El quejoso señala como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en once de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 52 a 56), la titular de este juzgado ordenó registrarlo con el expediente 1189/2016-1, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se mandó emplazar a la tercero interesada; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: Del Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo Zacatecas: - El auto de once de marzo de dos mil dieciséis dictado por la mencionada responsable dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 007/2016, promovido por Rubén Escamilla Martínez contra Flor de María Méndez Delgado, mediante el cual, en atención a lo solicitado por esta última en su escrito de contestación de demanda, se decretaron diversas medidas cautelares, entre ellas, la separación física de los cónyuges, requiriéndose al primero de los mencionados para que desalojara el domicilio conyugal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría por medio de la fuerza pública. Domicilio, el mencionado, que según señaló la mencionada demandada en su escrito de contestación de demanda, se encuentra ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas. - Auto de siete de septiembre de la pasada anualidad, en que se ordena de nueva cuenta el desalojo de Rubén Escamilla Martínez del domicilio ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García de Villa Hidalgo, Zacatecas, decretándose el depósito de Flor de María Méndez Delgado y sus menores hijos en el domicilio particular del promovente del amparo, con lo que considera se le pretende privar de tal inmueble, sin habérsele llamado a juicio. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la autoridad responsable, toda vez que así lo manifiesta expresamente en su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias relativas al mencionado juicio civil ordinario de divorcio necesario 007/2016, que en fotocopia certificada remitió como justificación de sus actos; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Y la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil dieciséis ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, Rubén Escamilla Martínez promovió en la vía civil ordinaria juicio de divorcio necesario contra Flor de María Méndez Delgado (f. 63-64) 2. El ocho de enero de dos mil dieciséis, la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Pinos, Zacatecas, registró la demanda con el expediente 007/2016, la admitió a trámite, ordenó el emplazamiento de la demandada y decretó alimentos provisionales en favor de los menores Flor Esmeralda, Rubén y Monserrath Geraldinne, todos de apellidos Escamilla Méndez (f. 68). 3. Por escrito recibido el cuatro de marzo de la mencionada anualidad, ante el juzgado responsable, compareció Flor de María Méndez Delgado a fin de dar contestación a la demanda entablada en su contra, haciendo valer las defensas y excepciones que consideró pertinentes, promovió demanda reconvencional, y además, solicitó diversas medidas provisionales, entre otras, la consistente en que el demandado, aquí quejoso, saliera del domicilio conyugal ubicado en la calle González Ortega número 26, Colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas, (f. 74-91). 4. A dicho escrito recayó acuerdo de once de marzo de dos mil dieciséis, por medio del cual, la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, en atención a lo solicitado por Flor de María Méndez Delgado, se decretó, entre otras medidas cautelares, la consistente en la separación física de los cónyuges, requiriéndose a Rubén Escamilla Martínez, para que desalojara el domicilio conyugal, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría por medio de la fuerza pública (f. 97-98). 5. En atención a que según indicó la demandada en el juicio de divorcio, aquí tercera interesada, hasta el día en que compareció de nueva cuenta ante la responsable, mediante escrito recibido el uno de septiembre de dos mil dieciséis, no se había llevado a cabo el requerimiento al peticionario del amparo respecto de la salida del domicilio conyugal, además de que la misma había optado por irse provisionalmente a diverso domicilio, solicitó que, por estar autorizada la citada separación, autorizara el depósito de la propia tercero interesada y de sus menores hijos en el domicilio conyugal a que se ha hecho referencia; lo cual le fue acordado de conformidad en proveído de siete de septiembre citado. (f.100). QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, la suscrita Juez Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el mencionado numeral establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el ordinal 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Además, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Los preceptos anteriores engloban el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de garantías tratándose de actos o resoluciones provenientes de autoridades jurisdiccionales; es decir, contra ese tipo de actos, para la procedencia del amparo, se requiere que el quejoso cuente con interés jurídico, entendido éste como el derecho subjetivo con que cuenta el particular, cuando las prerrogativas que tiene reconocidas son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo cual lo faculta, por regla general, únicamente a él, a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. De lo anterior, se desprende que el perjuicio que conforma al interés jurídico en el amparo debe ser inmediato y directo, y no mediato o indirecto, ya que ésta forma no es propiamente lesiva de un derecho, al no tener una repercusión concreta y actual en la esfera jurídica del quejoso. En suma, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo a combatir actos de autoridades jurisdiccionales se integra por: a) Un derecho jurídicamente tutelado (derecho subjetivo), y b) Un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, para que la parte quejosa cuente con interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. Por tanto, la falta de cualquiera de los dos elementos anteriores trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en comento, ya que no se contaría con el interés jurídico necesario para ejercer la acción constitucional mencionada. Ahora bien, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, pues de otra manera no se podría constatar con certeza la violación de derechos fundamentales alegada; por esa razón, las afectaciones que se reclamen a través del juicio de amparo deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. De modo que no puede hablarse de la existencia de un agravio personal y directo (interés jurídico), cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es sustento de lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, enero de dos mil ocho, página doscientos veinticinco, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieron intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En ese sentido, en general, respecto del tercero extraño por equiparación, en su caso, el efecto del amparo sería para que se le incorpore al procedimiento como condición del acto privativo; en cambio, en tratándose de una persona extraña en estricto sentido, el efecto del amparo sería para que se sustraigan de la litis los derechos que han sido afectados, sin que se pueda determinar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, al no tratarse de una parte formal. Sirve de criterio orientador, la jurisprudencia número 21 que aparece publicada en la página 1305 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005 dos mil cinco, del rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Luego, la legitimación de la persona extraña a juicio surge del hecho que con dicho procedimiento se afecte algún derecho del que sea titular, sin que se hubiera respetado su garantía de audiencia. Por otra parte, es necesario precisar que la posesión que puede ser objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto promovido por un tercero extraño a juicio es la que deriva de un título que esté sustentado en alguna figura jurídica o uno o varios preceptos legales que confieran el derecho a poseer. De lo anterior, se infiere que la posesión objeto del juicio de amparo se conforma por dos elementos: I. El ejercicio de un poder de hecho sobre una cosa, y II. la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a tal ejercicio. Por tanto, para efectos del juicio de amparo, es necesario acreditar la existencia del título que genere el derecho a poseer, y además demostrar que se ejerce un poder de hecho sobre el inmueble cuya desposesión se reclama, pues sólo de esta manera se podría tener certeza de que la posesión de la cosa sobre la cual se dirige el acto reclamado pertenece a la esfera jurídica de la parte quejosa y, por consiguiente, constará fehacientemente el perjuicio integrante del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional citado. Sirve de apoyo a lo precedente, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Febrero de 2002, del rubro y texto: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". En esta instancia, el quejoso se ostenta persona extraña al juicio civil ordinario de divorcio necesario del que emanan los actos reclamados, en virtud de que el inmueble a que se refieren los acuerdos que constituyen dichos actos, es decir, el ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas, corresponde a su domicilio particular. De lo anterior se infiere que el interés jurídico base de la demanda de amparo descansa en el derecho de propiedad que aduce tener el quejoso respecto del inmueble en que se decretó el depósito de Flor de María Méndez Delgado y sus menores hijos. Para acreditar la propiedad del inmueble de mérito, el amparista exhibió los siguientes documentos: a) Copia simple con sello original de recibido del juzgado responsable, de seis de enero de dos mil dieciséis, del escrito de demanda de divorcio necesario presentado por Rubén Escamilla Martínez ante el juzgado responsable (f. 10-11). b) Copias fotostáticas simples de las actas del registro civil relativas al matrimonio celebrado entre Rubén Escamilla Martínez y Flor de María Méndez Delgado, así como al nacimiento de los menores Rubén, Flor Esmeralda y Monserrath Geraldinne, todos de apellidos Escamilla Méndez (f.12-15). c) Dos recibos de pago del servicio de energía eléctrica, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del quejoso J. Cruz Escamilla Palomo, en los que se asienta como domicilio solamente González Ortega 26, Villa Hidalgo, Zacatecas (f.16-17). d) Copia simple, también con sello original de recibido del juzgado responsable, de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, del escrito de contestación de demanda presentado por la demandada en el juicio natural Flor de María Méndez Delgado (f.18-35). e) Copia simple de diversas constancias relativas al expediente de divorcio necesario 07/2026 (f. 35-51). f) Constancia de traslado suscrita por los integrantes del Comisariado Ejidal así como del Consejo de Vigilancia del Ejido "Villa Hidalgo", del municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, en la que se asienta que Rubén Escamilla Martínez solicitó a dicho comisariado hiciera el traslado a favor de J. Cruz Escamilla Palomo, de un lote que se encuentra ubicado dentro del ejido de "Santa Rita", municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, con las siguientes colindancias: Al norte, con calle de uso, al sur, con Arnulfo Martínez, al oriente, con terreno ejidal y al poniente, con José Luis Fernández Meléndez, de veintiuno de octubre de dos mil quince (f. 125). Sin embargo, ninguna de las mencionadas documentales es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso y como consecuencia la titularidad del derecho de propiedad que ostenta sobre el inmueble ubicado en calle González Ortega número 26, colonia Francisco E. García, de Villa Hidalgo, Zacatecas, pues por lo que se refiere a los relacionados en los incisos a), b), d) y e), además de que se trata de fotocopias simples, a las que no puede otorgárseles valor probatorio por carecer de certificación de la autoridad respectiva, de ninguna de esas se desprende dato alguno relativo a la propiedad del inmueble materia de los actos reclamados. En lo relativo a los recibos mencionados en el inciso c) relativos al pago del servicio de energía eléctrica, expedidos por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del quejoso J. Cruz Escamilla Palomo, no son útiles para acreditar la referida propiedad, pues aun cuando en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, demuestren la verdad de su contenido, por no haber sido objetados; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no son aptos para acreditar aquélla, ya que una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea propietaria del inmueble de que se trata. Máxime si se toma en cuenta que en los mismos se asienta el domicilio únicamente como ubicado en González Ortega 26, Villa Hidalgo, Zacatecas, sin precisar la colonia, y de igual forma, que los mismos corresponden a los pagos de los periodos comprendidos del once de agosto al nueve de octubre de dos mil quince y del once de febrero al nueve de abril de dos mil catorce, es decir, uno y dos años anteriores a la emisión de los actos reclamados. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia número VI.3o.C. J/46, visible en la página 1184, Tomo XVI, Agosto de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata". Tocante a la constancia de traslado de lote indicada en el inciso f), también resulta ineficaz para acreditar la propiedad del aludido inmueble, pues además de que por la ubicación, ejido de "Santa Rita", municipio de Villa Hidalgo, Zacatecas, y las colindancias, de las que no se desprende la denominación de la calle en que se ubica, no se puede estimar que se trate del mismo inmueble materia de los actos reclamados; no es al comisariado ejidal a quien corresponde expedir constancias de posesión, o traslado de la misma, por ser competencia exclusiva de la Asamblea General de Ejidatarios, pudiendo en su caso, resultar válidos tales actos previa autorización de dicha asamblea, o bien, ratificados por la misma. Ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número PC.XIII. J/1 (10a.), consultable en la página 831, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Plenos de Circuito, que a la letra dice: "CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA. En términos de los artículos 23, fracción VIII, y 107, de la Ley Agraria, la Asamblea, es el órgano supremo de la Comunidad y, tiene como de su competencia exclusiva, entre otras cuestiones, la regularización de tenencia de posesionarios. Por su parte el precepto 33, fracción I, de dicho Ordenamiento, dispone que el Comisariado, es el órgano encargado de la representación del núcleo de población, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. Ahora bien, tratándose de la expedición de constancias de posesión, que implica la regularización de tenencia de posesionarios, al ser de competencia exclusiva de la Asamblea, para que el representante de la comunidad pueda válidamente realizar tales actos, es necesario, en principio, que cuente con la autorización de la Asamblea; sin embargo, no existe razón legal para determinar la ineficacia jurídica de una constancia de posesión, expedida por el Comisariado, sin previa autorización del órgano supremo del núcleo agrario respectivo, cuando la Asamblea la ratifica; porque si bien en tal supuesto el Comisariado actúa extralimitándose en las facultades que tiene conferidas, esa constancia sólo está viciada de nulidad relativa, por lo que puede ser objeto de convalidación o ratificación por la Asamblea; y de ahí que una vez verificada dicha ratificación, la constancia respectiva adquiera validez y eficacia probatoria, porque así lo establece expresamente el artículo 2583, del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la ley Agraria, al señalar que los actos que el mandatario, practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos en relación con el mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente; con la salvedad de que esos efectos son retroactivos desde que se emite el documento suscrito por el Comisariado de Bienes Comunales, en los términos del artículo 2235 del Código Civil Federal, que establece que la confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero". Lo anterior, sin que por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado, se advierta la existencia de documento alguno que acredite la propiedad por parte del impetrante del amparo, del referido inmueble, pues si bien se trata de copias certificadas, lo único que obra a nombre de dicho quejoso, son el aviso recibo de pago de energía eléctrica correspondiente al periodo comprendido del nueve de junio al nueve de agosto de dos mil dieciséis (foja114), así como un recibo expedido a su nombre por la cantidad de cincuenta pesos por concepto de pago de un lote por el año dos mil dieciséis, el último de los cuales, no contiene descripción respecto del lote materia del pago; y, en lo relativo al primero, no puede considerarse eficaz para demostrar la aludida propiedad, por las razones asentadas al realizar la valoración de los diversos recibos relacionados en el inciso c). En consecuencia, el quejoso no acreditó ser el poseedor originario del inmueble que defiende y, por tanto, el derecho de posesión que reclama respecto del mismo no se encuentra acreditado en autos, al no haberse demostrado el título que genere el derecho aludido, ni que se ejerce un poder de hecho sobre dicho bien, lo cual trae como consecuencia que no se justifique el interés jurídico para acudir en demanda de la Justicia Federal. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, en concordancia con los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 1189/2016, promovido por J. Cruz Escamilla Palomo, contra los actos reclamados del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso quinto. Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza, hoy treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe."

  4. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que se encuentran fijadas las diez horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Doy fe. El veinte de diciembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de cinco de diciembre del año en curso, se reservó dar vista a la tercero interesada Flor de María Méndez Delgado, por sí y en representación de sus menores hijos Flor Esmeralda, Rubén y Monserrath Geraldinne de apellidos Escamilla Méndez, hasta en tanto transcurriera el plazo de tres días que se le concedió, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, atendiendo a que el emplazamiento de la mencionada tercero interesada se llevó a cabo el dos de diciembre de la presente anualidad, por lo que se deduce que ya transcurrió el indicado término de tres días; por tanto, se determina que mientras no haga esa designación, la notificación del presente auto, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales se le practiquen por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se ordena dar vista a la mencionada tercero interesada con el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Pinos, Zacatecas, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que encuentran fijadas las diez horas con diez minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que la tercero interesada se imponga del contenido de dicho informe, y a efecto de que transcurra el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. Lo anterior encuentra apoyo, en la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm

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