J. Crispín Ángel Avilés
Expediente 633/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 29/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- J. Crispín Ángel Avilés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Agréguese en autos el oficio remitido por el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 2898/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de veintidós de febrero del año en curso y se le remitieron dos tomos de pruebas.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de veintisiete de enero del año en curso, en el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió como justificación a su informe, el Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días concedido a la parte quejosa en providencia de veintiocho de diciembre de dos mil quince, para que acudiera ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar las sucesiones de los finados ********** y **********, sin que lo hubiese hecho; en ese sentido, se acuerda: En la especie se cristaliza la aludida causal de improcedencia apuntada, pues de la interpretación armónica de los invocados normativos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público; e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar las sucesiones de los finados ********** y **********, implica que no se les pueda integrar a la relación jurídica procesal en este juicio de amparo, de ahí que se deduzca que existe un desinterés de su parte en la prosecución del juicio, no obstante contar con las facultades legales para ello, ya que desde el momento en que hizo uso del derecho fundamental de acceso a la justicia con la instauración del presente asunto, se sometió a los mecanismos jurídicos que el legislador previó para el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido, al incumplir con el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en providencia de veintiocho de diciembre de dos mil quince, es indiscutible que el Juzgador de amparo no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, so pena de dejar inaudita a una de las partes en el juicio de amparo; además de contravenirse lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, al retardar la impartición de justicia. Cabe destacar que dicha circunstancia de ninguna manera es atribuible a este Tribunal, sino al quejoso cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el citado precepto 17 constitucional; dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del aludido agraviado, pues con su omisión en torno al requerimiento formulado impide que las personas que representan la sucesión de los finados terceros interesados ********** y **********, sean llamadas al presente asunto, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. En ese tenor, al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar las sucesiones de los finados ********** y **********, no obstante que fue debidamente notificado del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince, tal como se aprecia de la constancia de notificación que obra a foja ciento cincuenta y dos de autos, resulta evidente que incumplió con un presupuesto procesal, como lo es el de llamar a juicio a todas las partes que deban intervenir en él, lo cual se traduce en la imposibilidad del suscrito juzgador para resolver el asunto que se plantea. Como consecuencia de todo lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia veintiocho de diciembre de dos mil quince, y se decreta el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, y 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días concedido a la parte quejosa en providencia de veintiocho de diciembre de dos mil quince, para que acudiera ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar las sucesiones de los finados ********** y **********, sin que lo hubiese hecho; en ese sentido, se acuerda: En la especie se cristaliza la aludida causal de improcedencia apuntada, pues de la interpretación armónica de los invocados normativos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el ministerio público; e) El ministerio público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar las sucesiones de los finados ********** y **********, implica que no se les pueda integrar a la relación jurídica procesal en este juicio de amparo, de ahí que se deduzca que existe un desinterés de su parte en la prosecución del juicio, no obstante contar con las facultades legales para ello, ya que desde el momento en que hizo uso del derecho fundamental de acceso a la justicia con la instauración del presente asunto, se sometió a los mecanismos jurídicos que el legislador previó para el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido, al incumplir con el requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en providencia de veintiocho de diciembre de dos mil quince, es indiscutible que el Juzgador de amparo no puede pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, so pena de dejar inaudita a una de las partes en el juicio de amparo; además de contravenirse lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, al retardar la impartición de justicia. Cabe destacar que dicha circunstancia de ninguna manera es atribuible a este Tribunal, sino al quejoso cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el citado precepto 17 constitucional; dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del aludido agraviado, pues con su omisión en torno al requerimiento formulado impide que las personas que representan la sucesión de los finados terceros interesados ********** y **********, sean llamadas al presente asunto, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. En ese tenor, al no haber acudido ante el órgano jurisdiccional competente a denunciar las sucesiones de los finados ********** y **********, no obstante que fue debidamente notificado del proveído de veintiocho de diciembre de dos mil quince, tal como se aprecia de la constancia de notificación que obra a foja ciento cincuenta y dos de autos, resulta evidente que incumplió con un presupuesto procesal, como lo es el de llamar a juicio a todas las partes que deban intervenir en él, lo cual se traduce en la imposibilidad del suscrito juzgador para resolver el asunto que se plantea. Como consecuencia de todo lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia veintiocho de diciembre de dos mil quince, y se decreta el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción III, y 108, fracción II, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.
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