J. Concepción Hernández Martínez

Expediente 541/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
541/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • J. Concepción Hernández Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se desprende que no obra constancia de que se haya enviado el despacho 571/2023 del índice de este Juzgado; por tanto, en obvio de mayores dilaciones, envíese el mismo, a fin de notificar a la quejosa el proveído por el que se desechó su demanda de amparo

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 sede Celaya; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 541/2023. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, así como la fracción I, del artículo 107 Constitucional, dispositivos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley..." "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Los artículos antes mencionados establecen que el amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo que trae como consecuencia que los actos que se contienen en ella no afecten los intereses jurídicos del que aparece como promovente del amparo, por lo que resulta indispensable que en el escrito de demanda conste el original de la firma de quien promueve o la huella digital en sustitución de la firma, o en su caso, la firma electrónica por la persona física quejosa, o bien, tratándose de personas morales privadas u oficiales, la de su representante legal, ya que sólo así se acredita su voluntad, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 107 Constitucional, y los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo. En el caso, la demanda de cuenta que debía suscribir ********************, por su propio derecho, carece de firma autógrafa, lo que denota la falta de voluntad del peticionario del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Circunstancia que se corrobora, con la anotación que obra en el matasellos de recepción, en el que la oficial de partes de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, asentó al momento de recibir materialmente la presente demanda: La firma que obra la presente demanda al parecer es fotocopia" y de la revisión material de la demanda de amparo se constata que el signo gráfico o firma que se advierte en el escrito de demanda es una copia simple. De la cual se advierte la obligación del oficial de partes de los órganos jurisdiccionales, de asentar dicha circunstancia. Aunado a ello, de la revisión material de la demanda de amparo se constata que el signo gráfico o firma que se advierte en el escrito de demanda es una copia simple, por lo que sólo constituyen un indicio de la existencia del documento que reproduce. Por ello, se sostiene que es insuficiente la firma de la demanda en copia simple que el promovente del amparo exhibió para ejercitar la acción constitucional, ya que se trata de un mero indicio. Máxime si se toma en cuenta que las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documentos realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. En virtud de las anteriores consideraciones, al carecer la demanda de amparo de firma autógrafa, denota la falta de voluntad del peticionario del amparo; por ende, no puede considerarse ejercida la acción constitucional. Consecuentemente, al evidenciarse la falta de firma, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento, lo procedente, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia, es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Lo anterior, sin que pase inadvertido para el suscrito, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1716, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE REVOCARSE EL AUTO DE DESECHAMIENTO, SI SE ACREDITA QUE POR UN ERROR DEL OFICIAL DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN SE ENTREGÓ COMO ACUSE DE RECIBO EL ORIGINAL DE AQUELLA QUE CONTIENE LA FIRMA AUTÓGRAFA.", ya que en el presente caso no se trató de un error de la Oficina de Correspondencia, pues la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, hizo constar la observación correspondiente, en donde evidenció que la demanda se presentó con la aludida omisión. Por otra parte, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por tratarse de un asunto en materia agraria. Tomando en consideración que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********************; con fundamento en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Civil de Partido en turno, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a personal a su cargo para el efecto de que orden se notifique personalmente a la parte quejosa la presente determinación en el referido domicilio; asimismo, se le requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Respecto a que se le autorice el acceso al expediente electrónico, dígasele al promovente que una vez que proporcione el nombre del usuario otorgado al momento de registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se proveerá lo conducente, toda vez que con el que proporciona no es posible realizar dicha autorización por no encontrarse registrado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal.

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