J. Apolinar Lira Roque

Expediente 1441/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1441/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/08/2018

Partes del expediente

  • J. Apolinar Lira Roque

Actuaciones

  1. Principal

    En veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 16732 con anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el cual en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite copia de la constancia con la que se acredita el pago realizado por la quejosa de los impuestos reclamados, la que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte y dada su propia y especial naturalezas; asimismo, con dicha constancia, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  2. Principal

    CUENTA. El siete de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la secretaria adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 15668, por el que remite el juicio de amparo directo civil 462/2018, promovido por J. Apolinar Lira Roque, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como el expediente 9/2015, relativo al juicio mercantil ejecutivo y el juicio oral mercantil 103/2018. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo civil 462/2018-2, promovido por J. Apolinar Lira Roque, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como los expedientes 9/2015, relativo al juicio mercantil ejecutivo y al juicio oral mercantil 103/2018. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido del proveído de once de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo civil 462/2018, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por J. Apolinar Lira Roque, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1441/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que la parte quejosa le atribuye a la señalada como responsable, lo hace consistir en: El proveído de once de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, que regularizó el procedimiento, para que fuera firmado por la secretaria de acuerdos de admisión de la demanda, de veintidós de marzo del año en curso, así como declaró nulas las diligencias de emplazamiento al juicio oral mercantil 103/2018, al aquí quejoso J. Apolinar Lira Roque y a otros, practicadas el seis de abril del año que transcurre, para que sean nuevamente emplazados. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo ese tenor, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia que consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De estas disposiciones se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Novena Época, número de registro: 175910, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1827, del rubro y texto: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal". Asimismo, la tesis de la Novena Época, número de registro: 164411, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, página 1880, del rubro y texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo". En apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias del procedimiento de origen, se advierte que el acto reclamado, consiste en el proveído de once de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, que regularizó el procedimiento, para que fuera firmado por la secretaria de acuerdos de admisión de la demanda, de veintidós de marzo del año en curso, así como declaró nulas las diligencias de emplazamiento al juicio oral mercantil 103/2018, al aquí quejoso J. Apolinar Lira Roque y a otros, practicadas el seis de abril del año que transcurre, para que sean nuevamente emplazados. Así, queda de manifiesto que dicho acto no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación de juicio por sus etapas con la intervención que le corresponda a la demandada, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior, por las razones que la sustentan, las tesis con número de registro: 215164, de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 68, agosto de 1993, página: 49, jurisprudencia, del rubro y texto. "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Asimismo la tesis número de registro: 184249 de la Novena Época de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, mayo de 2003, página: 1186, Jurisprudencia, del rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado, al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Oscar Antonio Venegas Flores, toda vez que cuenta con cédula profesional 7364318, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los pasantes de derecho Jesús de Nazareth Venegas Flores y Francisco Adrián Reyes Trejo, y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Roberto Cabral del Hoyo número ciento treinta y uno (131), colonia Díaz Ordaz, de esta ciudad. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con las constancias que se remiten, fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIIFCA POR LISTA A LA PARTE QUEJOASA EL AUTO DE 07 DE AGOSTO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTOICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El siete de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Oficio signado por la secretaria adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 15668, por el que remite el juicio de amparo directo civil 462/2018, promovido por J. Apolinar Lira Roque, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como el expediente 9/2015, relativo al juicio mercantil ejecutivo y el juicio oral mercantil 103/2018. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de agosto de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la secretaria adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que remite el juicio de amparo directo civil 462/2018-2, promovido por J. Apolinar Lira Roque, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, así como los expedientes 9/2015, relativo al juicio mercantil ejecutivo y al juicio oral mercantil 103/2018. COMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que del contenido del proveído de once de julio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio de amparo directo civil 462/2018, se advierte que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda promovida por J. Apolinar Lira Roque, contra actos del juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas; y ordena se remita al Juzgado de Distrito en el Estado, en turno; en consecuencia, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1441/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que la parte quejosa le atribuye a la señalada como responsable, lo hace consistir en: El proveído de once de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, que regularizó el procedimiento, para que fuera firmado por la secretaria de acuerdos de admisión de la demanda, de veintidós de marzo del año en curso, así como declaró nulas las diligencias de emplazamiento al juicio oral mercantil 103/2018, al aquí quejoso J. Apolinar Lira Roque y a otros, practicadas el seis de abril del año que transcurre, para que sean nuevamente emplazados. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Bajo ese tenor, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia que consigna lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De estas disposiciones se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Novena Época, número de registro: 175910, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1827, del rubro y texto: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal". Asimismo, la tesis de la Novena Época, número de registro: 164411, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, página 1880, del rubro y texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo". En apuntadas condiciones, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, esto es, no afectan la vida, la libertad, la propiedad. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias del procedimiento de origen, se advierte que el acto reclamado, consiste en el proveído de once de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Sombrerete, Zacatecas, que regularizó el procedimiento, para que fuera firmado por la secretaria de acuerdos de admisión de la demanda, de veintidós de marzo del año en curso, así como declaró nulas las diligencias de emplazamiento al juicio oral mercantil 103/2018, al aquí quejoso J. Apolinar Lira Roque y a otros, practicadas el seis de abril del año que transcurre, para que sean nuevamente emplazados. Así, queda de manifiesto que dicho acto no tiene sobre la parte solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo bi-instancial. Ya que con dicho acto sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que los efectos de tal determinación reclamada no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la resolución es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación de juicio por sus etapas con la intervención que le corresponda a la demandada, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto -el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Sirven de orientación jurídica a lo anterior, por las razones que la sustentan, las tesis con número de registro: 215164, de la Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 68, agosto de 1993, página: 49, jurisprudencia, del rubro y texto. "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Asimismo la tesis número de registro: 184249 de la Novena Época de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, mayo de 2003, página: 1186, Jurisprudencia, del rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Por lo anterior, como ya se dijo, el acto reclamado, al no ser uno que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 trascrito, se desecha la demanda en estudio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizada con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Oscar Antonio Venegas Flores, toda vez que cuenta con cédula profesional 7364318, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los pasantes de derecho Jesús de Nazareth Venegas Flores y Francisco Adrián Reyes Trejo, y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Roberto Cabral del Hoyo número ciento treinta y uno (131), colonia Díaz Ordaz, de esta ciudad. Finalmente, a efecto de facilitar la consulta del expediente en que se actúa, con las constancias que se remiten, fórmese cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2608/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

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