J. Aniceto Martínez Gómez
Expediente 643/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- J. Aniceto Martínez Gómez
Actuaciones
- Principal
El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio registrado con número de folio 11546. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Agregues a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable Magistrada Presidente de la Segunda Sala Civil y de los Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante el cual informa que quedó notificado del contenido del auto de veintidós de agosto pasado, asimismo acusa recibo de los expedientes relativos a las Diligencias de Información Ad-perpetuam, con número de expediente 380/2016 y los autos del Toca de Apelación Civil 164/2017; de lo que este juzgado se hace conocedor. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. ABL
- Principal
El veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del siete al dieciocho de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de agosto de la presente anualidad, por este juzgado, dentro del juicio de amparo número. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. En el presente juicio no se tramitó incidente de suspensión. Sí existe dos tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Doy fe. En la misma fecha el secretario licenciado da cuenta a la juez con la certificación que antecede y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha dos de agosto de la presente anualidad, por este juzgado, en la que se negó el amparo y protección al quejoso; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito negó el amparo, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse negado la protección constitucional solicitada, con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en razón de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el toca apelación Civil 164/2017 y las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Información ad-perpetuam 380/2016 que remitió en apoyo a su informe como justificación de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. ABL
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las nueve horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil diecisiete, hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 643/2017 prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo, en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y procede a celebrarla, sin la comparecencia de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del informe justificado rendido por la magistrada presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (foja 17), así como de las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que el secretario encargado determina: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta a la juez con las documentales remitidas por la sala responsable, consistentes en las constancias relativas al toca de origen y el expediente de jurisdicción voluntaria de origen. A lo que el encargado del despacho provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. A lo que el secretario encargado del despecho acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 643/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete como amparo directo, ante la autoridad responsable Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, J. Aniceto Martínez Gómez, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: AUTORIDAD RESPONSABLE: Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. ACTO RECLAMADO: - La resolución de treinta de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 164/2017, mediante la cual se confirmó la determinación que declaró improcedente las diligencias de información ad-perpetuam número 380/2016. Acto que consideró violatorio de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El treinta de junio de dos mil diecisiete, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito recibió la demanda de amparo, y mediante auto de cuatro de julio de la presente anualidad, se declaró legalmente incompetente para conocer de ésta, al estimar que el acto reclamado se había dictado fuera de juicio, por lo que era competencia del Juzgado de Distrito en el Estado, en turno (fojas 32 a 36). TERCERO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. En auto de seis de julio de dos mil diecisiete (fojas 39 a 41), se registró el juicio con el expediente 643/2017, se admitió a trámite la demanda, se ordenó dar intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado en el que se concreta la litis efectivamente planteada es: - La resolución de treinta de mayo de dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 164/2017, mediante la cual se confirmó la determinación que declaró improcedente las diligencias de información ad-perpetuam número 380/2016 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidente de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la emisión de la resolución reclamada (foja 17). Además, en apoyo de su informe con justificación, dicha autoridad remitió las constancias relativas al toca y diligencias de jurisdicción voluntaria de origen (en dos tomos de pruebas); documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se narraran los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes y Turno de los Juzgados de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, J. Aniceto Martínez Gómez promovió diligencias de información ad-perpetuam, a efecto de que se hiciera declaración judicial respecto a que se había convertido en posesionario del bien inmueble consistente en: "predio urbano ubicado en la calle Privada José Ochoa sin número, de la colonia El Peñasco, de Sombrerete, Zacatecas, con una superficie total de 744.732 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al Noreste mide 20.35 metros con calle Peñasco; Al Noroeste mide 33.71 metros y linda con Felipe Morán; Al Sureste mide 31.64 metros y linda con Candelario Martínez; y Al Suroeste mide 25.48 metros y linda con calle Privada José Ochoa (fojas 1 a 5 del cuaderno de pruebas correspondiente al expediente 380/2016). 2. El quince de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete admitió a trámite las diligencias en los términos propuestos (foja 11 del cuaderno de pruebas correspondiente al expediente 380/2016). 3. Seguido el procedimiento en sus etapas, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se emitió resolución en la que se determinó que las diligencias promovidas eran improcedentes (fojas 71 a 75 del cuaderno de pruebas correspondiente al expediente 380/2016). 4. Inconforme con dicha determinación, el promovente interpuso recurso de apelación que se admitió a trámite mediante auto de seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 72 y 73 del cuaderno de pruebas correspondiente al expediente 380/2016). 5. Mediante resolución de treinta de mayo de la presente anualidad, dictada dentro del toca de apelación 164/2017, los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas confirmaron la determinación recurrida (fojas 22 a 26 del cuaderno de pruebas correspondiente al toca civil 164/2017). Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Ausencia de transcripción de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad por no causar perjuicio a las partes ni existir disposición legal que obligue a ello, según establece la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan inoperantes en una parte e infundados en otra. En una parte de los conceptos de violación, el peticionario de amparo aduce que la autoridad responsable no tomó en cuenta que en todo momento se estuvo impugnando el dictamen emitido por la Secretaría de Infraestructura a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, ya que éste carece de motivación y fundamentación legal. Que es así, ya que dicho dictamen es absurdo, ilegal y arbitrario puesto que constituye un estudio de escritorio que emite una opinión negativa sin ser dicha autoridad el juez que pueda determinar dicha situación, sino que por el contrario, se trata de una opinión y no una determinación judicial. Que la Sala responsable no entró al estudio de la impugnación que se hizo respecto del dictamen emitido por la Secretaría de Infraestructura, en el que dicha dependencia simplemente no estuvo de acuerdo con la orientación del inmueble y, por tanto, rindió un dictamen negativo. Los conceptos de violación anteriores resultan inoperantes, porque no controvierten las consideraciones que sobre los aspectos combatidos se emitieron en el acto reclamado. En efecto, resultan inoperantes los conceptos de violación que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, al no demostrarse su ilegalidad, estos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia I.6o.C. J/15, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, Novena Época, julio de dos mil, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada. Así como la diversa tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la página 1138, tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada. En los motivos de disenso sintetizados se reclama en esencia, que la responsable no se pronunció sobre la ilegalidad del dictamen emitido por la Secretaría de Infraestructura a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Estado. En el acto reclamado, respecto a ese aspecto, se consideró que: 1. Todos los requisitos del artículo 2516 del Código Civil del Estado de Zacatecas deben estar cubiertos para la procedencia de la pretensión planteada. 2. Si el dictamen a que hace referencia la fracción tercera del artículo citado fue emitido en forma negativa, era correcto que el juez declarara improcedente la pretensión del recurrente, pues no estaban colmados la totalidad de los requisitos establecidos en el citado precepto legal. 2.1. Aun cuando se tratase de una simple opinión como lo dijo el recurrente, la misma es necesaria que se emita en sentido afirmativo, pues así lo señala la disposición legal en comento. 2.2. Además que dicha dependencia estatal es la encargada de vigilar el correcto desarrollo de los centros poblacionales, y si en el caso se oponía al trámite de las diligencias, era evidente la improcedencia de la acción intentada. 3. Era necesario hacerle ver al promovente que si sus inconformidades respecto al dictamen emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado las hace consistir en la forma en que dicha dependencia elabora sus dictámenes, no era ante la autoridad responsable ante quien debía hacer dichos planteamientos, sino ante la propia autoridad estatal haciéndole notar que a su parecer la forma en que plasman los resultados de los estudios realizados no era el correcto. De manera que en el acto reclamado la litis se limitó a establecer que para la procedencia de las diligencias intentadas era indispensable que el dictamen de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado se emitiera en sentido afirmativo, por ser un requisito exigido por la ley, siendo por tanto irrelevante que se cumpliera con el resto de los requisitos si no estaba satisfecho el de la expedición del dictamen afirmativo. De igual forma la autoridad responsable determinó que la forma en cómo se emitió el dictamen a que se ha hecho alusión debía ser impugnado o controvertido ante la propia autoridad emisora. En los argumentos en estudio, el quejoso se limita a afirmar que la Sala no tomó en cuenta que su reclamó se centró en que el dictamen emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado se había hecho sin motivación y fundamentación alguna, así como que se trataba de una simple opinión o estudio de escritorio, sin que se controviertan las razones por las cuales la autoridad responsable consideró que aun cundo efectivamente se tratara de una mera opinión así como que se encontraran satisfechos el resto de los requisitos exigidos por la ley, era necesario que el citado dictamen se emitiera en sentido afirmativo, por ser la autoridad facultada para realizarlo la encargada de vigilar el correcto desarrollo de los centros poblacionales. Asimismo, no se controvierte lo considerado por la responsable en el sentido de que la impugnación del dictamen sobre la forma en cómo se realizó debía hacerse ante la propia dependencia estatal. Por tanto, es evidente que los conceptos de violación en análisis no controvierten la totalidad de las razones sustento del acto reclamado sobre los aspectos combatidos, pues únicamente se sustentan en que el dictamen de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado es una mera opinión carente de fundamentación y motivación, sin tomar en cuenta que al respecto la autoridad responsable fue precisa en establecer que aun cuando efectivamente se tratara de una opinión, era necesario que se emitiera en favor a la pretensión intentada para hacerla procedente. En otra parte de los conceptos de violación, el quejoso argumenta que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación. Lo anterior es infundado, conforme a lo siguiente: El artículo 14 constitucional establece, entre otros, el derecho al debido proceso legal. Esta prerrogativa se traduce en que los procesos jurisdiccionales deben substanciarse en cumplimiento de las condiciones fundamentales establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 16 de la Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. La vinculación de estos dos derechos fundamentales nos permite concluir que toda resolución de carácter jurisdiccional debe cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, las resoluciones jurisdiccionales deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto jurisdiccional se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurisdiccional, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir, en su caso, la decisión tomada. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Novena Época, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dispone: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el para qué de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Luego, no basta que las resoluciones jurisdiccionales contengan una motivación meramente formal, sino se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. En el acto reclamado, se consideró, en esencia, que: I. Había sido correcto que el juez estimara que no se habían cumplido con los extremos exigidos por la ley y por tanto decretara la improcedencia de la acción intentada. II. Era así ya que para la procedencia de las diligencias de información ad perpetuam era necesario cumplir con lo dispuesto en el artículo 2516 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, lo que implicaba que en autos obrara el dictamen emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado en sentido afirmativo. III. Por lo que aun cuando fuera cierto que dicho dictamen solo constituía una opinión o estudio de escritorio era necesaria su emisión en sentido positivo a la pretensión intentada. IV. El resto de las manifestaciones hechas por el recurrente eran simples observaciones carentes de fundamento y al no combatir el resultado del fallo apelado, se omitía su estudio pues no constituían agravios. De tal manera que en el acto reclamado se consideró que para la procedencia de las diligencias de información ad perpetuam era necesario que se cumpliera con lo dispuesto por la legislación civil local, concretamente lo preceptuado por el artículo 2516, incluida la existencia del dictamen positivo de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Por tanto, contiene el argumento mínimo pero suficiente que permite conocer las razones y fundamentos sustento del acto reclamado, al haberse plasmado los motivos que determinaron la decisión en conformidad con el precepto que se estimó aplicable y, en particular, se justificó el sentido que se dio a tal disposición. En una última parte de los conceptos de violación, el amparista aduce que, en un primer momento, la autoridad responsable otorga valor a las probanzas exhibidas y posteriormente determina que no se cumple con lo previsto por el artículo 2516 del Código Civil para el Estado de Zacatecas, en razón de que el dictamen emitido por la Secretaría de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo, se emitió en sentido negativo, sin tomar en cuenta que el citado precepto legal no señala que deba ser la Secretaría de Infraestructura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo, la que deba emitir el dictamen a que hace alusión el citado artículo. Estima aplicable los criterios contenidos en las tesis de rubros: PRESCRIPCIÓN POSITIVA. LA AUSENCIA DE FORMALIDADES EN EL CONTRATO DE DONACIÓN, EXHIBIDO COMO JUSTI TÍTULO EN AQUÉLLA, NO IMPIDE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN SIEMPRE Y CUANDO ACREDITE LA EXISTENCIA DE DICHO CONTRATO., ACCIÓN DE USUCAPIÓN. NO LE ES APLICABLE LA FIGURA DE LA FECHA CIERTA PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). y USUCAPIÓN. QUIEN LA HACE VALER SÓLO ESTA OBLIGADO A DEMOSTRAR EL JUSTO TÍTULO CON EL QUE ENTRÓ A POSEER, POR LO QUE EL CONTRATO VERBAL DE CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO DE DUEÑO, ES SUFICIENTE PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). Lo anterior es infundado, en razón de que dicha afirmación parte del supuesto de que existe una incongruencia en la resolución reclamada respecto a que en un primer momento se otorgó valor a las constancias que obraban en autos para después determinar que no se encontraba satisfecho lo dispuesto por el artículo 2516 del Código Civil para el Estado de Zacatecas; sin embargo, contrario a lo aducido por el quejoso, en la resolución reclamada únicamente se hizo mención a que si bien en autos se encontraba acreditada la causa generadora de la posesión que ostentaba el promovente, dicha circunstancia era insuficiente para hacer procedente la acción intentada. Es decir, la responsable fue clara en precisar que si bien asistía razón al recurrente en el sentido de que en el expediente de origen sí se había acreditado que era poseedor del predio que reclamaba, dicha circunstancia debía encontrarse convalidada con los diversos requisitos previstos en la legislación civil local, concretamente con el dictamen positivo emitido por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. De ahí que se estime que la resolución reclamada no es incongruente respecto a las razones vertidas para sostener lo ahí determinado, puesto que el que la responsable adujera que sí se encontraba acreditada la causa generadora de la posesión del recurrente, no implicabla que debía dar la razón respecto a que eran procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria intentadas. Además, contrario a lo afirmado por el amparista, la Sala adujo que al ser la Subsecretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado la encargada de vigilar el correcto desarrollo de los centros poblacionales, era correcto que fuera ésta quien emitiera el dictamen a que hace referencia el artículo 2516 del Código Civil para el Estado de Zacatecas. En conclusión, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, y al no existir motivo para suplir la deficiencia de la queja, se niega el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a J. Aniceto Martínez Gómez, contra el acto reclamado de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de treinta de mayo dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 164/2017; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
En seis de julio de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Elena Gómez Magaña da cuenta a la Juez con lo siguiente: El oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el folio 9293 y anexos que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Joel Botello Rodríguez (1882661), cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que remite los autos del juicio de amparo directo civil 734/2017-4 del que se advierte que en proveído de cuatro de julio del año en curso, el Tribunal oficiante determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por J. Aniceto Martínez Gómez, contra el acto reclamado de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; por lo que ordena se remita la demanda y anexos al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno, para que asuma su conocimiento; en atención a su contenido se provee: ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Este Juzgado asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el expediente respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y asígnesele el número 643/2017. ADMISIÓN. Ahora bien, con fundamento en los artículos 112, 115, 116, y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la presente demanda de garantías. Hágase del conocimiento de la parte quejosa la radicación en este Tribunal Federal del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No se tramita incidente de suspensión toda vez que no fue solicitado. INFORMES JUSTIFICADOS. Sin que sea necesario requerir a la autoridad responsable, a fin de que rinda su informe, toda vez que el mismo ya obra en autos, así como las constancias que anexo al mismo, consistentes el expediente relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-perpetuam 380/2016, así como el toca de apelación civil 164/2017, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el período procesal correspondiente. Dado el volumen de las constancias que se reciben, a fin de facilitar el manejo del presente expediente, guárdense por separado. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se solicita tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjuntó a su informe, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la ley de la materia al licenciado Joel Botello Rodríguez (1882661) toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco Goitia número trescientos catorce (314) colonia centro de esta ciudad de Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Elena Gómez Magaña, secretaria que autoriza y da fe. *A.
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