Iyari González Téllez
Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Iyari González Téllez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el ordinal 20 del Acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 461/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 461/2021, promovido por ..., por propio derecho contra actos del Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, vía electrónica la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, el catorce de julio de dos mil veintiuno, fue admitida la demanda de amparo, otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron informes justificados y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que el representante social no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, seguido en un tribunal del fuero común, con sede en la ciudad en la que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. El auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Vigésimo Noveno Civil del Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las providencias precautorias ... que no acordó favorable la petición de la quejosa de girar oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., para que desbloqueara la cuenta número ... de la impetrante. La omisión de Banco ..., de dar cumplimiento al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno, donde se ordenó el levantamiento de la retención de sus cuentas bancarias. La información proporcionada por la Comisión ... el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde señaló que atendió de manera total al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia. El Juez responsable aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo, de su informe justificado se advierte el trámite de las providencias precautorias ..., de su índice, tal como lo refiere la peticionaria en su demanda; por tanto, se tiene por cierto el reclamo. Banco ... al rendir su informe justificado, acepó el acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente de origen remitidas, con valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó la existencia del acto reclamado, empero se desvirtúa dicha negativa y por ende, debe tenerse por cierto, pues en su carácter de autoridad ejecutora, está en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento de la ordenadora. CUARTO. Antecedentes del procedimiento de origen. 1. El trece de agosto de dos mil veinte,..., solicitó como providencias precautorias la retención de dinero en las cuentas bancarias de ..., Mariano ... y de la quejosa, de tal asunto conoció el juez responsable. 2. Previa aclaración, el siete de septiembre de dos mil veinte, se admitieron las diligencias prejudiciales y entre otras cosas, se decretó girar oficio a la Comisión ..., para su ejecución, una vez que se otorgara la garantía ahí decretada. 3. El dieciocho de septiembre siguiente, se tuvo a la moral promovente exhibiendo póliza de fianza para responder de los daños y perjuicios que llegaren a causarse a los futuros demandados; por tanto, se ordenó girar el oficio a la Comisión... para su cumplimiento. 4. El trece de octubre de dos mil veinte, se levantó acta de comparecencia de la futura enjuiciada, aquí quejosa, en la cual se impuso de los autos, se dio por enterada del procedimiento y se le notificó corriéndole traslado con la solicitud de providencias, desahogo de prevención y documentos exhibidos. 5. En auto de uno de diciembre de dos mil veinte se tuvo a la presunta actora exhibiendo la constancia de presentación de la demanda en la vía oral mercantil, de que correspondió conocer al Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, bajo el expediente ... . 6. Mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se giró oficio al Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México para que informara el estado procesal del expediente ... . 7. En proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, mediante el cual señaló que la demanda que dio origen al expediente ..., fue desechada, porque no se exhibieron los documentos base. En virtud de lo anterior, se dejaron sin efectos los oficios enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se ordenó el levantamiento de la providencia precautoria ordenada; por lo que, se giraron las misivas para que la liberación de las cuentas bancarias encontradas. 8. Inconforme, ..., interpuso recurso de apelación, con lo que previamente se dio vista a la aquí quejosa, quien la desahogó; del citado medio de impugnación correspondió conocer a la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, quien confirmó el auto impugnado. Tal determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 749/2021 del índice de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual se encuentra en trámite. 9. En auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dando cumplimiento a lo requerido el catorce de abril anterior, relativo a levantar la retención de cuentas de ... . En el oficio (214-2/RFF31512/2021 de tres de mayo anterior) enviado por la aludida dependencia, se anexaron las respuestas otorgadas por las instituciones de crédito, de las que se advierte la de Banco ..., quien señaló el desbloqueo de la cuenta .... La información proporcionada por la citada Comisión, así como la conducta de la institución de crédito mencionada, son reclamados en el presente asunto. 10. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de este año, la quejosa solicitó se girara oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., a fin de requerirles el desbloqueo de la cuenta de la quejosa número ..., en cumplimiento al auto de trece de abril anterior. 10. El veintiocho de mayo posterior, el juez natural determinó: "Agréguese al expediente ... el escrito de cuenta, que presenta ..., presunta demandada, visto su contenido, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que, la orden de desbloqueo que señala, fue determinada en proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, mismo que se encuentra sub-judice, por haber sido objeto de recurso de apelación por parte de la presunta actora, por tal circunstancia que al no estar firme el citado proveído y a fin de no conculcar derechos ni violentar garantías individuales de ninguna de las partes, no ha lugar a acordar de conformidad." (énfasis añadido) Proveído que constituye uno de los actos reclamados. QUINTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio previo a las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. I. Acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Vigésimo Noveno Civil del Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las providencias precautorias ... que no acordó favorable la petición de la quejosa de girar oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., para que desbloqueara la cuenta número ... de la impetrante. Respecto de dicho acto, el presente juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la futura demandada, aquí quejosa, no agotó el principio de definitividad. El último numeral citado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la quejosa es futura enjuiciada en el procedimiento de origen, quien compareció al mismo y se hizo sabedora del trámite respectivo. Ahora bien, es preciso señalar que a las resoluciones emitidas en las providencias precautorias (como la de origen), no les son aplicables las mismas reglas de irrecurribilidad que al juicio oral mercantil, por tratarse de procedimientos autónomos porque persiguen finalidades distintas; y que además, tienen una regulación autónoma, como lo establece el artículo 1391 bis 1 del Código de Comercio; aspecto que fue considerado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 4/2018, donde sostuvo: "Es fácil darse cuenta de que los conceptos juicio oral mercantil y proceso cautelar son diferentes, pues tienen finalidades distintas; en consecuencia, si se habla de la irrecurribilidad respecto de un proceso y recurribilidad con relación a otro, es patente que se hacen afirmaciones sobre objetos distintos y, por consiguiente, no se da contradicción, oposición, incongruencia o contrasentido alguno.". Dicha contradicción dio origen a la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1748, en Materia Civil, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias.". También se cita, por sus consideraciones, la Jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.), de la Décima Época, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1747, en Materia Civil, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación.". Partiendo de lo anterior, la promovente está obligada a agotar el recurso de apelación, para combatir el acto reclamado, conforme a los artículos 1183, 1339 y 1345 fracción IV del Código de Comercio aplicable, dada la cuantía de lo que pretende demandarse. Al respecto, es aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". Como se observa de los preceptos legales y criterios citados, la apelación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, y obtener su confirmación, revocación o modificación, pues se trata del auto que no acordó favorable la petición de la quejosa de girar oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., para que desbloqueara la cuenta número ... de la impetrante, respecto del cual no rige la regla de irrecurribilidad de los juicios orales; se dice que el recurso es el de apelación, puesto que la cantidad por la que pretende demandarse asciende a $1'556,849.82 (un millón quinientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 82/100 moneda nacional), de modo que es superior a la que se refiere el artículo 1340 del Código de Comercio aplicable. Aunado a que, dado el contenido de lo ventilado en el proveído que se reclama (oficios para el levantamiento de las medidas decretadas), es el mencionado medio de impugnación el eficaz para su revocación o confirmación; cuestión que incluso se evidencia con la interposición del recurso de apelación formulado en contra del auto que dejó sin efectos las providencias decretadas, cuya resolución se emitió por el Tribunal de Alzada. Entonces, al no haberse agotado este recurso, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Lo anterior se surte con independencia de que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, pues esa característica no es una excepción al mencionado postulado rector del presente juicio. Se cita por analogía, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con número de registro 2017117, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse su improcedencia en términos de los artículos 61, fracción XVIII, en relación al 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. II. Con relación a los actos consistentes en la omisión de Banco ..., de dar cumplimiento al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno, donde se ordenó el levantamiento de la retención de sus cuentas bancarias, así como la información proporcionada por la Comisión ... el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde señaló que atendió de manera total al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tiene que el presente juicio es improcedente por inviabilidad de los efectos de la sentencia constitucional. En primer lugar, conviene precisar que la calificación de la información enviada por la Comisión ..., así como la omisión que se imputa a Banco ..., se trata de reclamos que no pueden apreciarse de manera abstracta, sino que fueron proyectadas en la determinación de diez de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior, pues éstos surgieron dentro de la instrucción de un proceso judicial, de modo que no pueden examinarse de forma aislada o autónoma, sino precisamente en la actuación que atiende a tales reclamos; como en el caso es el auto de mérito, y que, como tal, está sujeto a los postulados aplicables del juicio de amparo, como es que se encuentre señalado como reclamo para su estudio constitucional. De modo que, el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, constituye el punto de partida de la inconformidad del impetrante; siendo lo relevante al presente caso, que tal proveído no es materia del reclamo; lo cual actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la legislación de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] La causal de improcedencia invocada se refiere a la inviabilidad de los efectos de la sentencia de amparo, que se actualiza cuando de concederse una resolución protectora, ésta no podría surtir efectos porque alteraría una situación jurídica diversa -en el caso, el auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, el cual obra en las constancias remitidas por la autoridad responsable, de la que se advierte que tuvo por cumplimentado el requerimiento relativo al levantamiento de las medidas decretadas contra la impetrante-. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 77 de la Ley de Amparo, la finalidad de este juicio es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, lo que a criterio de este órgano no se concretaría plenamente sometiendo a juzgamiento una cuestión jurídica que no es autónoma, como ocurre con el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se realizó un pronunciamiento sobre los reclamos. De tal forma que siguiendo los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que no se colmaría legítimamente el principio restitutorio al que hace referencia el precepto 77 de la Ley de Amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo, como sería pretender ejecutar sobre un acto cuya subsistencia depende de otro del cual su constitucionalidad ha sido materia de pronunciamiento por el juez de origen, esto es, daría lugar a un juzgamiento sobre actos que no subsisten por sí mismos, sino que motivaron la determinación de diez de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 171034. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 395, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." También se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2000583. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1059, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En efecto, el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a la Comisión ... dando cumplimiento a lo requerido el catorce de abril anterior, relativo a levantar la retención de cuentas de ... Como se ve, tal pronunciamiento atendió la respuesta otorgada por la mencionada Comisión, así como a la conducta que realizó la institución de crédito señalada también como responsable; empero, la imposibilidad jurídica para que se produzcan plenamente posibles efectos restitutorios respecto de dicha determinación estriba en el hecho de que éste no está sometido a análisis constitucional, generando una inviabilidad jurídica de los posibles efectos de protección que pudieran otorgarse. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por tanto, al advertirse la inviabilidad jurídica de los efectos de una posible sentencia concesoria de amparo; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley aplicable; por lo que con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la misma ley, debe sobreseerse el presente asunto. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia, previstas en los artículos 61, fracción XVIII, en relación al 63, fracción V, así como la fracción XXIII del citado 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de la materia; se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por las razones expuestas en este fallo. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy dieciocho de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
(AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 24 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA CON FECHA DE ENGROSE 18 DE ENERO DE ESTE AÑO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver el juicio de amparo 461/2021, promovido por ..., por propio derecho contra actos del Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, vía electrónica la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades mencionadas, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión. Previa aclaración, el catorce de julio de dos mil veintiuno, fue admitida la demanda de amparo, otorgándole intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron informes justificados y se señaló parte tercera interesada. TERCERO. Trámite. De autos se advierte que el representante social no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes justificados, se emplazó a la tercera interesada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza mercantil, seguido en un tribunal del fuero común, con sede en la ciudad en la que el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia. El auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Vigésimo Noveno Civil del Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las providencias precautorias ... que no acordó favorable la petición de la quejosa de girar oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., para que desbloqueara la cuenta número ... de la impetrante. La omisión de Banco ..., de dar cumplimiento al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno, donde se ordenó el levantamiento de la retención de sus cuentas bancarias. La información proporcionada por la Comisión ... el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde señaló que atendió de manera total al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia. El Juez responsable aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado; sin embargo, de su informe justificado se advierte el trámite de las providencias precautorias ..., de su índice, tal como lo refiere la peticionaria en su demanda; por tanto, se tiene por cierto el reclamo. Banco ... al rendir su informe justificado, acepó el acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente de origen remitidas, con valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó la existencia del acto reclamado, empero se desvirtúa dicha negativa y por ende, debe tenerse por cierto, pues en su carácter de autoridad ejecutora, está en aptitud de dar cumplimiento al mandamiento de la ordenadora. CUARTO. Antecedentes del procedimiento de origen. 1. El trece de agosto de dos mil veinte,..., solicitó como providencias precautorias la retención de dinero en las cuentas bancarias de ..., Mariano ... y de la quejosa, de tal asunto conoció el juez responsable. 2. Previa aclaración, el siete de septiembre de dos mil veinte, se admitieron las diligencias prejudiciales y entre otras cosas, se decretó girar oficio a la Comisión ..., para su ejecución, una vez que se otorgara la garantía ahí decretada. 3. El dieciocho de septiembre siguiente, se tuvo a la moral promovente exhibiendo póliza de fianza para responder de los daños y perjuicios que llegaren a causarse a los futuros demandados; por tanto, se ordenó girar el oficio a la Comisión... para su cumplimiento. 4. El trece de octubre de dos mil veinte, se levantó acta de comparecencia de la futura enjuiciada, aquí quejosa, en la cual se impuso de los autos, se dio por enterada del procedimiento y se le notificó corriéndole traslado con la solicitud de providencias, desahogo de prevención y documentos exhibidos. 5. En auto de uno de diciembre de dos mil veinte se tuvo a la presunta actora exhibiendo la constancia de presentación de la demanda en la vía oral mercantil, de que correspondió conocer al Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, bajo el expediente ... . 6. Mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se giró oficio al Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México para que informara el estado procesal del expediente ... . 7. En proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, mediante el cual señaló que la demanda que dio origen al expediente ..., fue desechada, porque no se exhibieron los documentos base. En virtud de lo anterior, se dejaron sin efectos los oficios enviados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se ordenó el levantamiento de la providencia precautoria ordenada; por lo que, se giraron las misivas para que la liberación de las cuentas bancarias encontradas. 8. Inconforme, ..., interpuso recurso de apelación, con lo que previamente se dio vista a la aquí quejosa, quien la desahogó; del citado medio de impugnación correspondió conocer a la Novena Sala Civil de la Ciudad de México, quien confirmó el auto impugnado. Tal determinación constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 749/2021 del índice de este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual se encuentra en trámite. 9. En auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dando cumplimiento a lo requerido el catorce de abril anterior, relativo a levantar la retención de cuentas de ... . En el oficio (214-2/RFF31512/2021 de tres de mayo anterior) enviado por la aludida dependencia, se anexaron las respuestas otorgadas por las instituciones de crédito, de las que se advierte la de Banco ..., quien señaló el desbloqueo de la cuenta .... La información proporcionada por la citada Comisión, así como la conducta de la institución de crédito mencionada, son reclamados en el presente asunto. 10. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de este año, la quejosa solicitó se girara oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., a fin de requerirles el desbloqueo de la cuenta de la quejosa número ..., en cumplimiento al auto de trece de abril anterior. 10. El veintiocho de mayo posterior, el juez natural determinó: "Agréguese al expediente ... el escrito de cuenta, que presenta ..., presunta demandada, visto su contenido, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que, la orden de desbloqueo que señala, fue determinada en proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, mismo que se encuentra sub-judice, por haber sido objeto de recurso de apelación por parte de la presunta actora, por tal circunstancia que al no estar firme el citado proveído y a fin de no conculcar derechos ni violentar garantías individuales de ninguna de las partes, no ha lugar a acordar de conformidad." (énfasis añadido) Proveído que constituye uno de los actos reclamados. QUINTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio previo a las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. I. Acto reclamado consistente en el auto de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Vigésimo Noveno Civil del Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las providencias precautorias ... que no acordó favorable la petición de la quejosa de girar oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., para que desbloqueara la cuenta número ... de la impetrante. Respecto de dicho acto, el presente juicio es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la futura demandada, aquí quejosa, no agotó el principio de definitividad. El último numeral citado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) c) y d) del numeral transcrito; hipótesis que en la especie no se actualizan, pues la quejosa es futura enjuiciada en el procedimiento de origen, quien compareció al mismo y se hizo sabedora del trámite respectivo. Ahora bien, es preciso señalar que a las resoluciones emitidas en las providencias precautorias (como la de origen), no les son aplicables las mismas reglas de irrecurribilidad que al juicio oral mercantil, por tratarse de procedimientos autónomos porque persiguen finalidades distintas; y que además, tienen una regulación autónoma, como lo establece el artículo 1391 bis 1 del Código de Comercio; aspecto que fue considerado por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 4/2018, donde sostuvo: "Es fácil darse cuenta de que los conceptos juicio oral mercantil y proceso cautelar son diferentes, pues tienen finalidades distintas; en consecuencia, si se habla de la irrecurribilidad respecto de un proceso y recurribilidad con relación a otro, es patente que se hacen afirmaciones sobre objetos distintos y, por consiguiente, no se da contradicción, oposición, incongruencia o contrasentido alguno.". Dicha contradicción dio origen a la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1748, en Materia Civil, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias.". También se cita, por sus consideraciones, la Jurisprudencia PC.I.C. J/79 C (10a.), de la Décima Época, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, página 1747, en Materia Civil, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LAS SOLICITADAS COMO MEDIDAS PREJUDICIALES EN PROCESOS CAUTELARES DE CUANTÍA MENOR PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. De conformidad con la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, el recurso de revocación es procedente para impugnar la resolución dictada en un proceso cautelar de cuantía menor, que deniegue las providencias solicitadas prejudicialmente. Es verdad que el artículo 1183 del código mencionado prevé solamente la recurribilidad de la resolución que admite la solicitud de providencias cautelares, en tanto que nada dice por cuanto hace a la que las deniega; sin embargo, debe partirse de la base de que en materia de recursos opera la máxima de que, en principio, todas las resoluciones son recurribles, a menos que la ley disponga lo contrario y, en el caso, no existe prohibición sobre el particular, sin que pase inadvertido que respecto al tema de que se trata, el cuerpo de leyes invocado no procedió como lo hizo en el segundo párrafo de su artículo 1153, con relación a los medios preparatorios a juicio, al admitir recurso contra la resolución que deniega la diligencia preparatoria y establecer la irrecurribilidad de la resolución que la concede. No obsta que la medida cautelar anteceda a un juicio oral mercantil, porque aun en tal caso el recurso procede, en atención a que en lo que respecta a las providencias precautorias, el segundo párrafo del artículo 1390 Bis 1 remite a la regulación del Capítulo (XI, Título Primero, Libro Quinto) que rige a éstas. Dentro de este capítulo, el artículo 1183 genera la aplicación del numeral 1345, fracción IV; ambos prevén el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, pero mientras que el primero de esos preceptos lo circunscribe a la resolución que decreta dichas providencias, el segundo extiende la procedencia a la resolución que recaiga "a las providencias precautorias" en general, sin limitar el recurso al pronunciamiento que las concede, porque para la procedencia de la apelación, el requisito que debe observarse tiene que ver únicamente con la cuantía del negocio, no con el sentido de la resolución. De modo que si la cuantía del proceso cautelar es menor al monto indicado en los artículos 1339 y 1340 del ordenamiento citado, esto conduce a la aplicación del artículo 1334 de la misma codificación en la parte que dispone que los autos que no fueren apelables admiten la revocación.". Partiendo de lo anterior, la promovente está obligada a agotar el recurso de apelación, para combatir el acto reclamado, conforme a los artículos 1183, 1339 y 1345 fracción IV del Código de Comercio aplicable, dada la cuantía de lo que pretende demandarse. Al respecto, es aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 886, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". Como se observa de los preceptos legales y criterios citados, la apelación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, y obtener su confirmación, revocación o modificación, pues se trata del auto que no acordó favorable la petición de la quejosa de girar oficio a Banco ..., así como a la Comisión ..., para que desbloqueara la cuenta número ... de la impetrante, respecto del cual no rige la regla de irrecurribilidad de los juicios orales; se dice que el recurso es el de apelación, puesto que la cantidad por la que pretende demandarse asciende a $1'556,849.82 (un millón quinientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 82/100 moneda nacional), de modo que es superior a la que se refiere el artículo 1340 del Código de Comercio aplicable. Aunado a que, dado el contenido de lo ventilado en el proveído que se reclama (oficios para el levantamiento de las medidas decretadas), es el mencionado medio de impugnación el eficaz para su revocación o confirmación; cuestión que incluso se evidencia con la interposición del recurso de apelación formulado en contra del auto que dejó sin efectos las providencias decretadas, cuya resolución se emitió por el Tribunal de Alzada. Entonces, al no haberse agotado este recurso, es dable concluir que no se satisface el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, y que se contempla en la causal de improcedencia referida. Lo anterior se surte con independencia de que el acto reclamado pueda considerarse como de imposible reparación, pues esa característica no es una excepción al mencionado postulado rector del presente juicio. Se cita por analogía, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con número de registro 2017117, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro y texto dicen: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse su improcedencia en términos de los artículos 61, fracción XVIII, en relación al 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. II. Con relación a los actos consistentes en la omisión de Banco ..., de dar cumplimiento al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno, donde se ordenó el levantamiento de la retención de sus cuentas bancarias, así como la información proporcionada por la Comisión ... el diez de mayo de dos mil veintiuno, donde señaló que atendió de manera total al oficio de catorce de abril de dos mil veintiuno, se tiene que el presente juicio es improcedente por inviabilidad de los efectos de la sentencia constitucional. En primer lugar, conviene precisar que la calificación de la información enviada por la Comisión ..., así como la omisión que se imputa a Banco ..., se trata de reclamos que no pueden apreciarse de manera abstracta, sino que fueron proyectadas en la determinación de diez de mayo de dos mil veintiuno. Lo anterior, pues éstos surgieron dentro de la instrucción de un proceso judicial, de modo que no pueden examinarse de forma aislada o autónoma, sino precisamente en la actuación que atiende a tales reclamos; como en el caso es el auto de mérito, y que, como tal, está sujeto a los postulados aplicables del juicio de amparo, como es que se encuentre señalado como reclamo para su estudio constitucional. De modo que, el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, constituye el punto de partida de la inconformidad del impetrante; siendo lo relevante al presente caso, que tal proveído no es materia del reclamo; lo cual actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del ordinal 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la legislación de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.] La causal de improcedencia invocada se refiere a la inviabilidad de los efectos de la sentencia de amparo, que se actualiza cuando de concederse una resolución protectora, ésta no podría surtir efectos porque alteraría una situación jurídica diversa -en el caso, el auto de diez de mayo de dos mil dieciocho, el cual obra en las constancias remitidas por la autoridad responsable, de la que se advierte que tuvo por cumplimentado el requerimiento relativo al levantamiento de las medidas decretadas contra la impetrante-. Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 77 de la Ley de Amparo, la finalidad de este juicio es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, lo que a criterio de este órgano no se concretaría plenamente sometiendo a juzgamiento una cuestión jurídica que no es autónoma, como ocurre con el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se realizó un pronunciamiento sobre los reclamos. De tal forma que siguiendo los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que no se colmaría legítimamente el principio restitutorio al que hace referencia el precepto 77 de la Ley de Amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo, como sería pretender ejecutar sobre un acto cuya subsistencia depende de otro del cual su constitucionalidad ha sido materia de pronunciamiento por el juez de origen, esto es, daría lugar a un juzgamiento sobre actos que no subsisten por sí mismos, sino que motivaron la determinación de diez de mayo de dos mil veintiuno. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 171034. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, en Materia(s): Común, Página: 395, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS. El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella." También se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2000583. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1059, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En efecto, el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, tuvo a la Comisión ... dando cumplimiento a lo requerido el catorce de abril anterior, relativo a levantar la retención de cuentas de ... Como se ve, tal pronunciamiento atendió la respuesta otorgada por la mencionada Comisión, así como a la conducta que realizó la institución de crédito señalada también como responsable; empero, la imposibilidad jurídica para que se produzcan plenamente posibles efectos restitutorios respecto de dicha determinación estriba en el hecho de que éste no está sometido a análisis constitucional, generando una inviabilidad jurídica de los posibles efectos de protección que pudieran otorgarse. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por tanto, al advertirse la inviabilidad jurídica de los efectos de una posible sentencia concesoria de amparo; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley aplicable; por lo que con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la misma ley, debe sobreseerse el presente asunto. Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia, previstas en los artículos 61, fracción XVIII, en relación al 63, fracción V, así como la fracción XXIII del citado 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de la materia; se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Juez Vigésimo Noveno de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como ..., por las razones expuestas en este fallo."
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