Ivonne Pereda Zizaña
Expediente 1275/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1275/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ivonne Pereda Zizaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la cual se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, para dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de diciembre pasado, consistente en exhibir copias del escrito de agravios donde interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido proveído y se tiene por no interpuesto el aludido medio de impugnación en contra de la resolución que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se advierte que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General mencionado, es conservable, pues se negó por una parte y se concedió por otra la medida cautelar. Mediante notificación por lista, requiérase a la parte quejosa acudir al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger el legajo de pruebas que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos en su momento. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto el escrito de la parte quejosa; previo en acordar lo conducente, requiérase a ..., para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído exhiba ****** copias idénticas en todas sus partes con el escrito original de agravios, pues son necesarias para correr traslado a las partes, esto es, dos para los Agentes del Ministerio Público de la Federación (el de la adscripción y el de la superioridad), ***** para las autoridades responsables, y una para agregar al presente expediente. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo ordenado en las líneas que preceden, con apoyo en el artículo 88 de la Ley de Amparo, se tendrá por no interpuesto el aludido recurso de revisión. NOTIFÍQUESE; POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de su contenido se toma conocimiento para los efectos conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de diez de noviembre actual; con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a), de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, este y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. EL PROVEÍDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE ACTUAL, SEÑALA: "Visto el oficio remitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que contiene la demanda de amparo y su ampliación promovida por ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Quincuagésimo Segundo de lo Civil en la Ciudad de México, Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, Director General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión y Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 22 y 123 constitucionales, al efecto se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 1275/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la Ley de Amparo, SE AVOCA AL ESTUDIO DEL ASUNTO REMITIDO. Acúsese de recibo. Considerando que las actuaciones judiciales practicadas por el órgano declinante se encuentran ajustadas a derecho, se declara su validez. Ahora, el artículo 62 de la ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio; en consecuencia, se provee: Acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que la quejosa ostentándose tercera extraña, reclama la orden de retención de bienes dictada en las providencias precautorias ..., por el Juez Quincuagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, que ascienden a la cantidad de $14,871.84 (catorce mil ochocientos setenta y un pesos 84/100 moneda nacional). Il. Sobreseimiento. De la revisión de las constancias remitidas por el homólogo federal, entre las que obran las de la responsable -que tienen pleno valor probatorio, conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la de la materia, acorde a su artículo 2º-, se advierte que el juicio es improcedente, por no agotarse el principio de definitividad previsto en el dispositivo 61, fracción XVIII de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. En el caso, la parte quejosa reclama la retención de bienes dictada en las providencias precautorias 332/2023, por la cantidad de $14,871.84 (catorce mil ochocientos setenta y un pesos 84/100 moneda nacional). Así, se concluye que la accionante de amparo está obligada a agotar el recurso de revocación, para combatir el acto reclamado, en términos los artículos 1334 y 1335, ambos del Código de Comercio, que disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." Es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas de aseguramiento deben sujetarse al principio de definitividad; lo anterior, de acuerdo a los razonamientos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.) de la Décima Época, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto." También se cita la tesis XXVI.5o.(V Región) 3 C (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1916, de la Décima Época, en Materia Civil, cuyo rubro y texto son: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. LA CUANTÍA QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA SU PROCEDENCIA, SERÁ LA QUE DETERMINE LA LEY VIGENTE EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, desde su redacción original y posteriores reformas, establecen la procedencia del recurso de apelación en asuntos de naturaleza mercantil, cuando su interés excediera de las cantidades expresamente señaladas al respecto, cuantía que podía encontrarse determinada desde la presentación de la demanda, salvo el caso de prestaciones no cuantificadas, ya que en el libelo incoatorio es donde el actor fija las pretensiones de su acción. Así, tomando en cuenta que la finalidad de las reformas de esos artículos es la de agilizar el trámite de los asuntos mercantiles, sin que en éstas se precise si para la procedencia del recurso de apelación debe tomarse en consideración la cuantía del negocio prevista en la ley vigente a la fecha de la presentación de la demanda, o bien, de la interposición de dicho recurso, cierto es que ante esta laguna legal, y tomando en cuenta la evolución histórica de los artículos de referencia, es inconcuso que deben interpretarse en el sentido de que la cuantía que debe tomarse en cuenta para su procedencia, es la que determine la ley vigente en la fecha de presentación de la demanda. Lo anterior, porque representa mayor seguridad jurídica y certeza para las partes de un juicio mercantil, al no estar supeditadas a los incrementos que se determinen con posterioridad, es decir, de esta manera en los juicios mercantiles el recurso de apelación procedería sólo en lo que corresponde a la cuantía del negocio, en contra de todas las resoluciones dictadas en el juicio, con independencia del incremento que tuviese por alguna reforma a la ley ya que, de lo contrario, adoptar el criterio de que la cuantía que se tome en cuenta para su procedencia, sea la que determine la ley en la fecha de su interposición, se llegaría al extremo de que resoluciones que en determinada fecha admitiesen el recurso de apelación, por lo que se refiere a la cuantía del negocio, con el solo transcurso de uno o más días, no procedería dado el incremento que tuviera por alguna reforma a la ley antes de interponerse dicho recurso, lo cual es inadmisible." Luego, si las providencias precautorias reclamadas ascienden a $14,871.84 (catorce mil ochocientos setenta y un pesos 84/100 moneda nacional), es claro que este monto no supera la cantidad a que se refiere el artículo 1339 del Código de Comercio, y por ende el medio de impugnación conducente será el de revocación. Lo anterior conforme al criterio de jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) de la Décima Época, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, en Materia(s): Civil, Página: 401, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Como se aprecia de las disposiciones y jurisprudencias transcritas, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado; por lo que al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se satisface el principio de definitividad. No obsta a lo anterior que la quejosa se ostente como tercera extraña al proceso de origen, pues acorde a lo discutido en la contradicción de tesis 18/2021 en sesión correspondiente al día dieciséis de agosto de dos mil veintidós, el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que debe agotarse el recurso ordinario contra las medidas de aseguramiento, aunque la accionante alegue tener dicho carácter. De la contradicción de tesis referida derivó la jurisprudencia PC.I.C. J/23 C (11a.), con registro digital 2025814, del Pleno de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Enero de 2023, Tomo IV, página 4225, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS EN FORMA PREVIA A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO MERCANTIL. LA PERSONA EN CONTRA DE LA CUAL SE DICTAN NO SE ENCUENTRA EXENTA DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, POR LO QUE DEBE AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN, SI LA CUANTÍA DEL NEGOCIO LO PERMITE, POR NO UBICARSE EN EL CASO DE EXCEPCIÓN DEL TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, pues uno de ellos considera que la persona en contra de la cual se decreta una medida precautoria en el procedimiento mercantil prejudicial, tiene la obligación de interponer el recurso de apelación en contra de esa resolución, en forma previa a la promoción del juicio de amparo, pues carecía de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicitó la medida, y porque las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición, sino se trata de la "futura demandada"; mientras que el otro tribunal afirma que la afectada con la medida, no tenía la obligación de interponer el recurso ordinario, ante la falta de notificación de las providencias precautorias, pues esa omisión ocasionó el desconocimiento total de la quejosa, lo cual evidenciaba que era una auténtica tercera extraña a juicio, y esa circunstancia la relevaba de interponer el recurso ordinario, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito considera que la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de observar el principio de definitividad, por cuyo motivo debe interponer el recurso ordinario de apelación, si la cuantía del negocio lo permite. Justificación: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1168, 1177 y 1178 del Código de Comercio y las jurisprudencias y tesis reiteradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las medidas cautelares previas a juicio, la persona en contra de la cual se decreta una providencia precautoria en un procedimiento mercantil prejudicial, no está exenta de interponer el recurso ordinario de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345, fracción IV, del Código de Comercio, interpretados en la jurisprudencia 1a./J. 40/2018 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", si la cuantía del negocio lo permite, pues no se ubica en el caso de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo, ya que carece de la calidad de tercera extraña a juicio, en razón de que fue vinculada al proceso cautelar, por ser la persona contra quien se solicita la medida, y porque en torno a las medidas precautorias al no constituir actos privativos sino cautelares, no rige el derecho humano de previa audiencia para su imposición." Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que en medidas cautelares al no ser actos privativos, no rige la garantía de audiencia previa. Sirve de apoyo lo anterior, la jurisprudencia P./J. 21/98 de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Tomo VII, Marzo de 1998, Materia(s): Constitucional, Común, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Lo anterior es así, pues las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido y tomando en consideración que del incidente de suspensión remitido por la autoridad oficiante, se observa que ya fue resuelto, únicamente se ordena realizar el cambio de carátula respectiva. Por otro lado, fórmese el cuaderno auxiliar I, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizada para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA."
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- Ivonne Erazo Gaona984/2016
- Ivonne Eugenia Rechi Vanegas815/2016
- Ivonne Georgette Villalón Pérez468/2018
- Ivonne Hernández Ramírez1186/2023
- Ivonne Isabel Ramírez Carrillo254/2016
- Ivonne Lagunas Yáñez324/2023
- Ivonne Rodríguez Mancillas1172/2017
- Iyari González Téllez566/2020
- Iyari González Téllez461/2021
- J. Agustín Chávez Alanís575/2016
- J. Antonio Rodríguez862/2018
- J. Blas Ramírez Arenas229/2018