Iyari Crispin Sánchez Cortés
Expediente 37/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Iyari Crispin Sánchez Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió documentales consistentes en ocho discos compactos que contienen diversas grabaciones; por tanto, infórmese a la parte quejosa que puede acudir al presente Juzgado a recuperarlos, en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado; apercibida que de no acudir a recogerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Asimismo, se hace del conocimiento del quejoso que este órgano jurisdiccional realiza trabajo presencial en un turno matutino de las siete cuarenta y cinco horas, a las catorce cuarenta y cinco horas de lunes a viernes. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
Previo citatorio...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no encuadra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Consérvese en el archivo de trámite bajo resguardo de este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir del acuerdo de archivo; d) Transcurrida dicha temporalidad, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción; y e) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa exhibió documentales consistentes en ocho discos compactos que contienen diversas grabaciones; por tanto, infórmese a la parte quejosa que puede acudir al presente Juzgado a recuperarlos, en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado; apercibida que de no acudir a recogerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Asimismo, se hace del conocimiento del quejoso que este órgano jurisdiccional realiza trabajo presencial en un turno matutino de las siete cuarenta y cinco horas, a las catorce cuarenta y cinco horas de lunes a viernes. NOTIFÍQUESE y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Principal
S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 37/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, Iyari Crispín Sánchez Cortés, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "III.- Autoridades responsables: señalo como tal en su carácter de ordenadora a: 1.- C. Presidente Municipal Constitucional de la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, [.] IV.- Actos u omisiones reclamados: De la autoridad responsable la falta de acuerdo que debe recaer a mi escrito de fecha catorce de diciembre del año dos mil veintiuno y recibido a las 12:47 horas del día quince de diciembre del año dos mil veintiuno en la oficialía de partes de la presidencia municipal, secretaría particular y cuya copia fotostática agrego a este ocurso." Actos que estimó violatorios de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Trámite. En proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, este juzgado admitió la demanda de mérito, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; cabe destacar que con la llegada del informe justificado en la que se exhibió la respuesta recaída a la solicitud cuya omisión se reclama se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa, a lo cual únicamente expresó alegatos y, finalmente, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales; 1º., 6º., 107, 108 y 124 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; aunado a que se trata de un acto omisivo que carece de ejecución y que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la jurisdicción que ejerce este juzgado federal. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo se precisa las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Al Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la omisión de dar respuesta al escrito presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO.- Certeza del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable negó la existencia del acto, en razón de que mediante oficio SDE/DRAE/013/2022, girado por la Secretaría de Desarrollo Económico con fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, se dio respuesta al escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Lo que acreditó con las copias que remitió, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°., por haber sido expedidas por la referida autoridad responsable en ejercicio de sus facultades. No obstante la negativa manifestada por la a utoridad lo cierto es que de las constancias remitidas se aprecia que la respuesta de catorce de febrero de dos mil veintidós, fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -doce de enero de esta anualidad-, por lo cual se debe tener como cierta la omisión reclamada. CUARTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa es del contenido siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En la especie, de oficio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto omisivo reclamado. La anterior causal de improcedencia es fundada. El artículo y fracción en comento son de la literalidad siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra aquellos actos cuyos efectos ya hubieren cesado. Respecto de esta causa de improcedencia, se ha sostenido que existen dos hipótesis de cesación de efectos, que son: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación). En este orden de ideas, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no solo la detención de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Mientras que el segundo supuesto, se actualiza cuando se da la sustitución de actos procesales, que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En ese sentido, en el caso se da el primer supuesto, dado que del informe justificado rendido por la Síndica Primera del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en representación del Presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se observa que remitió constancias del oficio número SDE/DRAE/013/2022, girado por la Secretaría de Desarrollo Económico con fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, que acredita la respuesta pertinente al escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, recibido el dieciséis de febrero de dos mil veintidós; por tanto, la omisión reclamada por la parte quejosa, dejó de existir. En efecto, del contenido del escrito de la parte quejosa presentado el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el cual, entre otras cuestiones, solicitó lo siguiente: - La clausura inmediata del restaurante denominado "Jaguar Yuú", ubicado en la calle de Murguía, doscientos dos, colonia Centro de la ciudad de Oaxaca. - Se sometiera a Cabildo la cancelación definitiva del permiso del referido restaurante. - Se le informara si contaba con permiso para suministrar bebidas alcohólicas sin alimentos. - Si el inmueble en el que se encuentra cuenta con autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o de la Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano del municipio de Oaxaca. - Si contaba con autorización de Protección Civil Municipal para poder operar. - ¿Cuántas veces ha sido inspeccionado por los inspectores municipales dicho establecimiento? - ¿Si tenía permiso dicho establecimiento para presentar grupos en vivo en su interior? Mientras que del contenido del oficio número SDE/DRAE/013/2022, girado por la Secretaría de Desarrollo Económico con fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, se observa, en resumen, lo que sigue: Con fecha veintinueve de enero entre la una y dos de la mañana, así como cinco de febrero alrededor de las dos treinta y tres de la mañana, ambos de dos mil veintidós, personal de la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Oaxaca, se constituyeron en el establecimiento denominado "Jaguar Yuú" Café, ubicado en la calle de Murguía, doscientos dos, colonia Centro de la ciudad de Oaxaca, en donde pretendió llevar a cabo una inspección, sin que fuera posible porque se encontraba cerrado en esos horarios. Por lo que el ocho de febrero siguiente a las catorce horas se constituyeron nuevamente y advirtieron que se encontraba abierto, con giro de restaurante con venta de cerveza, vinos y licores solo con alimentos. Respecto de la solicitud de que informara sobre las visitas de cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, no encontró antecedente alguno al respecto. En cuanto a que se informara si el establecimiento en comento cuenta con permiso para expedición de bebidas alcohólicas sin alimentos, se daba respuesta con el punto uno. Relativo a si dicho inmueble cuenta con permiso autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o de la Coordinación de INsfraestructura y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, señaló que no contaba con la información solicitada, porque no era su competencia, por lo que podía dirigir su petición a las áreas correspondientes. Que la solicitud de que el establecimiento comercial de mérito tenía autorización de Protección Civil Municipal para operar, acontecía idéntico supuesto que en el punto que antecede, por lo que podía realizar la petición al área correspondiente. Relativo al informe del número de inspecciones realizadas a dicho establecimiento se contestaba con el contenido del punto uno. En cuanto a la solicitud de copia certificada de los dictámenes realizados, la autoridad responsable manifestó que no se realizan dictámenes, aunado a que conforme al punto uno no se levantó acta alguna, pero se realizaron los reportes correspondientes. Referente a la solicitud de información sobre la autorización de que se presenten grupos en vivo en el establecimiento comercial y se le expidiera copia certificada del permiso o comprobante; la autoridad responsable precisó que la primera parte quedaba atendida con la narratoria del punto uno del oficio de respuesta y que la Dirección de Regulación de la Actividad Comercial del Municipio de Oaxaca no genera comprobantes de pago o recibo oficial. Lo que expuso con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, párrafo tercero, 13 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca; 124 fracción IX, 169 170, fracción I, 171 y transitorios cuarto y quinto del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez; 1, 4, fracción IV y 8 del Reglamento de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez De la comparación entre lo solicitado y lo respondido se observa con claridad que la petición de la parte quejosa fue atendida con el oficio número SDE/DRAE/013/2022, girado por la Secretaría de Desarrollo Económico con fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, puesto que se dio respuesta o se contestó lo que estaba en posibilidad de proporcionar o no la autoridad responsable al solicitante. Luego, si el Presidente Municipal de Oaxaca emitió una respuesta que recayó a la petición que se elevó a su potestad, que le impone el referido numeral 8° constitucional, se dejó de transgredir el derecho fundamental que consagra el referido artículo. Sin que lo anterior pueda considerarse un intento de contestación, dado que fue directamente dirigido a la parte solicitante de forma fundada y motivada, e incluso se advierte que se asentó que fue notificado a Eruit Hernández Hernández el once de febrero de dos mil veintidós. En ese sentido fueron satisfechos los elementos necesarios para considerar atendida la petición elevada a la autoridad responsable. Cobra aplicación, por ilustrativa, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital 162603, consultable a foja 2167 tomo XXXIII, marzo de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." De manera que, en la especie, se advierte actualizada la cesación de efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acuerdo a su escrito de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mismo que fue recibido a las doce horas con cuarenta y siete minutos del quince de diciembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes de la Presidencia Municipal, Secretaría Particular, respecto de diversa información que solicitó sobre el local comercial denominado "Jaguar Yuú", ubicado en la calle de Murguía, doscientos dos, colonia Centro de la ciudad de Oaxaca. Derivado de que, tal omisión no existe actualmente, como se corrobora con las constancias remitidas por la responsable donde se observa que el ocho de febrero de dos mil veintidós, se atendió los puntos cuestionados a la autoridad responsable; aunado a que se advierte que ese documento fue notificado el once de febrero siguiente, en la dirección que señaló el quejoso en su escrito petitorio para tal efecto, ubicado en calle Cinco de Mayo, doscientos diez, interior uno, Centro, Oaxaca, Oaxaca, lo que conlleva que, en el particular, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la respuesta de catorce de febrero de dos mil veintidós, fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -doce de enero de esta anualidad-. Apoya lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 165870, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, cuyo contenido es el que sigue: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 196820, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado analizado en este apartado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de la omisión de tomar determinaciones y emitir las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a una tutela judicial efectiva, pronta y expedita, en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Ante tal panorama, se hace inconducente emprender el estudio de los conceptos de violación y de cualquier otra causal que se haya invocado, porque el sobreseer releva al juzgador de abordar cualquier otro tema; incluso, el examen del diverso motivo de inejercitabilidad, en nada variaría el sentido de la presente resolución. Apoya lo anterior la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335 del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO"; así como la diversa 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por otro lado, sin que sea obligación de este Juzgado Federal manifestarse en relación a los alegatos formulados por la parte quejosa, dado que estos no forman parte de la litis en el juicio Constitucional, conforme a lo establecido en la jurisprudencia número P./J. 27/94, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo Núm. 80, correspondiente al mes de Agosto de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." SÉPTIMO. Autorizacio´n mediante Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federacio´n (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo 37/2022, promovido por Iyari Crispín Sánchez Cortés, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos precisados en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Iyari Crispín Sánchez Cortés, atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase en vía de alegatos las manifestaciones que realiza, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la anexa a su escrito, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza y sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.
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