Ivo Esqueda Nava
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ivo Esqueda Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1444/2022; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. ********************, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, que más adelante se precisará, y que estima violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En proveído de veinte de diciembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, solicitó informe justificado a la responsable, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Representante Social de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado es atribuido a autoridades que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito de demanda y de las pruebas que obran en el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución dictada en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de noviembre del mismo año, y; El requerimiento de pago de la multa impuesta en dicha audiencia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con el registro de audio y video que contiene la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, desahogada en la causa penal ********************, al que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, y en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir actualizada una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, las parte no hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia; de igual forma, este Juzgado Federal considera que no se actualiza alguna de ellas. En ese sentido, se procede al análisis de fondo del asunto. QUINTO. Estudio. Previo al análisis del acto reclamado consistente en la resolución dictada en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de noviembre del mismo año, conviene hacer la siguiente precisión. Los conceptos de violación se analizaran en los términos planteados, sin que se advierta suplencia de la queja que hacer valer conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues si bien es cierto el acto reclamado emana de una causa penal, cierto es también, que la parte quejosa no resulta ser el inculpado, sentenciado, víctima u ofendido, dentro de la misma, calidad que actualizaría la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, por el contrario, el promovente de la presente instancia constitucional lo es el defensor particular de los acusados, por lo que, no es dable aplicar dicha institución en su favor. Apoya lo anterior, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, consultable bajo el registro digital 199979, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. CASO EN QUE NO OPERA. Cuando el acto reclamado se hace consistir en la multa impuesta al defensor particular por haber omitido formular conclusiones, no procede suplir la deficiencia de la queja y jurídicamente es posible declarar inoperantes los agravios enderezados contra la resolución impugnada, en virtud de que aun cuando se trata de un asunto en materia penal, el acto de autoridad no recae en el propio procesado y es distinto de la privación de la libertad." Acotado lo anterior, y conforme a los antecedentes relatados en el considerando anterior, se tiene que la parte quejosa solicitó la reprogramación de la continuación de la audiencia de debate, en razón de que en la fechas señaladas, diverso juez penal, dentro de una causa penal en la cual tiene la calidad de defensor particular, fijó también el desahogo de diversas pruebas. Tal petición no fue acordada de conformidad, bajo el argumento de que en la causa penal de la cual emana el acto reclamado, existen trece personas privadas de su libertad en diversos centros de reclusión, por lo que se deben realizar los trámites administrativos para su traslado, además, la presentación del escrito fue de última hora, pues existía la posibilidad de que el acuerdo en que fundó su petición, se le hubiera notificado con anticipación y promover lo conducente, por lo que decretar el diferimiento de la audiencia ocasionaría daños a las partes, atendiendo a las obligaciones que adquieren los defensores al momento de aceptar dicho cargo, mismas que están previstas en el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apercibiendo al aquí quejoso, que de no comparecer a dicha audiencia, se le tomaría como una actitud dilatoria de la causa penal, y se le impondría una multa de nueve mil seiscientos pesos, conforme al artículo 104, fracción II, inciso b), del referido Código invocado. En contra de dicho acuerdo, el quejoso interpuso recurso de revocación, haciendo valer como agravios, en esencia lo siguiente: Que en audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, en la que se señalaron los días para la continuación de la audiencia de debate, el Tribunal de enjuiciamiento no tenía certeza de que se efectuara el traslado de las trece personas, tampoco la sede donde tendría verificativo; que las audiencias señaladas en la diversa causa penal ********************, sí fueron confirmadas, anexando el acuerdo correspondiente, lo que no aconteció en el proceso motivo del auto impugnado, lo que determinó se solicitara su reprogramación, de ahí que la petición no se hizo de último momento. Que la determinación impugnada trastoca el principio de defensa adecuada de sus representados, pues ponderó que al existir las condiciones para el desahogo de las diligencias en la diversa causa, no es para atrasar o dilatar la continuación de la audiencia de debate, pues tiene causa justificada, la cual hizo valer con el tiempo suficiente para que realizará las gestiones simples y necesarias, como mandar correo electrónico a las partes y autoridades, a efecto de no llevarse a cabo el traslado. Que el auto impugnado le causa agravios, pues pretende cobrarle una multa que no justifica, especifica ni cuantifica, además que de manera subjetiva, considera que su comportamiento se torna como una actitud dilatoria, cuando su petición está justificada, efectuando una inadecuada interpretación del artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. A tales agravios, el Tribunal de Enjuiciamiento responsable en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, previa deliberación de las partes, se pronunció en los siguientes términos: El primer agravio se estimó infundado, pues se tomó en cuenta la complejidad del asunto, pues son trece acusados internos en diferentes reclusorios del Estado, siete defensores; de igual forma, que la petición se presentó el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, es decir, el último día hábil conforme a los parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que atendiendo a que los días sábados y domingos son inhábiles, es que se determinó ser una petición de última hora. En cuanto al segundo agravio, dio la razón a la fiscalía en el sentido de que al quedar notificado y citado el veinte de octubre de dos mil veintidós, debió darle prioridad a la audiencia en que se provee, y atender a la complejidad del asunto, ya que hay movilización de acusados, del propio Tribunal, y de los diversos defensores, aunado a que no precisó la fecha en que se le notificó el auto dictado en la diversa causa penal. Respecto al tercer agravio, se estimó infundado, pues se está faltando a los deberes de lealtad y objetividad que se contraen al aceptar el cargo, pues antes de las veinticuatro horas en que se llevara a cabo la audiencia de continuación de debate, se presentó la petición, cuando ya se llevaron a cabo las gestiones judiciales y extrajudiciales para el desahogo de la audiencia, causando perjuicio su inasistencia, pues le dio prioridad a otra causa. En ese orden, y al ser infundados los agravio, la responsable determinó dejar subsistente el apercibimiento decretado en el auto impugnado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en contra de dichas consideraciones, el quejoso formuló como conceptos de violación los siguientes: Que la resolución reclamada constituye una determinación infundada e inmotivada, pues a su escrito de petición anexó copia certificada del auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado por el juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, sin que se pronunciara al respecto. La resolución vulnera el derecho humano a un debido proceso, el cual busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes; así también, que la responsable emitió una determinación contraria a derecho, pues de manera infundada e inmotivada realiza una inadecuada modalización de lo planteado, y de manera subjetiva, y sin valorar la documental aportada que daba sustento a su justificación, determinó lo opuesto. De los referidos conceptos de violación, se advierte la parte quejosa omitió hacer pronunciamiento alguno respecto a las consideraciones expuestas por el Tribunal responsable en la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, y que lo llevaron a determinar infundados sus agravios, y como consecuencia, dejar subsistente el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de noviembre del mismo año, tales como: que la complejidad del asunto se debía al número de acusados (trece), quienes se encuentran privados de su libertad en diversos reclusorios del Estado, de igual forma, que su petición de reprogramar la continuación de la audiencia de debate se presentó el último día hábil al de su celebración, de ahí que fue de última hora; que debió darle prioridad a la continuación de la audiencia de debate sobre las de la otra causa en la cual es defensor, atendiendo a su complejidad y traslado de acusados; y que con su actitud, faltaba a los deberes de lealtad y objetividad que contrajo al aceptar el cargo de defensor, pues su petición se presentó cuando ya se habían llevado a cabo las gestiones judiciales y extrajudiciales para el desahogo de la audiencia, causando perjuicio su inasistencia. En efecto, pues de la lectura de los conceptos de violación formulados se advierte, no controvierte los sintetizados argumentos, por el contrario, sólo se concretó a manifestar que la determinación reclamada está infundada e inmotivada, ya que a su petición anexó el acuerdo dictado en la diversa causa penal, sin que se pronunciara al respecto; que la resolución materia del presente asunto, vulnera su derecho a un debido proceso, pues conforme a dicha documental, se justificaba su petición. Como se aprecia, tales argumentos no combaten las razones del Tribunal responsable para determinar infundados sus agravios, pues los mismos se encaminan a reiterar que su inasistencia a la audiencia de continuación de debate estaba justificada con el acuerdo anexo a su petición, sin embargo, no dice por qué contrario a lo resuelto por la responsable, la existencia de trece acusados no era impedimento para diferir la audiencia; o bien, que el hecho de presentarse la petición un día antes de su celebración, es margen suficiente para diferirla; de igual forma, no impugnó las razones por las cuales se estimó que su actitud faltaba a los deberes de lealtad y objetividad que contrajo al aceptar el cargo de defensor. En otras palabras, la parte quejosa no formula argumento alguno por el cual demuestre que resulta incorrecta la determinación del Tribunal responsable para resolver en los términos reclamados, es decir, no expresó bajo qué razones o preceptos estima contraria dicha consideración. Luego, al no haber expuesto el solicitante del amparo concepto de violación alguno tendente a combatir los razonamiento que emitió la responsable en la resolución impugnada, este órgano jurisdiccional no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad del mismo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, por lo que deben permanecer incólumes y seguir rigiendo el sentido de la determinación reclamada. Resulta aplicable al caso por su contenido, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable bajo el registro digital 178786, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada." Ahora, si bien asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que el Tribunal responsable omitió pronunciarse respecto al acuerdo anexo a su petición de reprogramación de continuación de la audiencia de debate, cierto es también, que tal omisión no amerita la concesión del amparo. En efecto, ya que a nada práctico conllevaría la reposición de la audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para el efecto de que el Tribunal responsable se pronuncie respecto de tal constancia, en la medida de que como se dijo en párrafos precedentes, los diversos conceptos de violación no combaten los argumentos que determinaron infundados los agravios y subsistente el apercibimiento decretado en el auto recurrido. En las relacionadas consideraciones, y al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir en su favor, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, en contra del acto reclamado a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, consistente en la resolución dictada en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de noviembre del mismo año. Negativa del amparo que debe hacerse extensiva respecto del diverso acto consistente en el requerimiento de pago de la multa que le fue impuesta al quejoso en la referida audiencia, al reclamarse por vía de consecuencia y no por vicios propios. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto reclamado a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, consistente en la resolución dictada en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, relativa al recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de noviembre del mismo año, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad responsable remite disco. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, mediante el cual en alcance a su informe justificado, remite un disco versátil digital certificado, que contiene la audiencia celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, relativa a la causa penal***** de su índice; por tanto, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva, dejándose a disposición de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil veintitrés. Remite disco. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en auto de diecinueve del actual, se proveyó sobre su contenido. Por otra parte, téngasele remitiendo el disco en formato CD, a que hizo referencia en su informe justificado; por tanto, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite como prueba documental el disco compacto en formato CD, que remite la responsable, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva, dejándose a disposición de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Diferimiento. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en auto de diecinueve del actual, mediante el cual se da vista con el informe justificado rendido por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, Oaxaca, en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.
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