Ivonne Baños Tapia
Expediente 1686/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1686/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ivonne Baños Tapia
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de dieciséis de febrero del año en curso, dentro del recurso de queja 11/2022 la cual en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se desecha el recurso de queja Notifíquese". Se confirma la recepción de oficio 1094 de su índice y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto, no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente, carece de relevancia documental y por tanto es susceptible de destrucción. Ahora, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por *** autorizado de la quejosa Ivonne Baños Tapia, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo. En ese orden, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 101 y 102 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de agravios y copia del mismo, así como el juicio de amparo en que se actúa, su notificación y de las constancias que lo motivaron. En aras de una pronta impartición de justicia, remítase de inmediato a la superioridad para los fines legales conducente. Notifíquese
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria, Zona Pachuca, División Centro Oriente y otras. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1686/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero, la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La orden verbal o escrita de corte de suministro de energía eléctrica respecto del contrato celebrado entre Ivonne Baños Tapia y la Comisión Federal de Electricidad con número de servicio 261210505201 con número dé medidor GR678F. En esas condiciones, este juzgado federal considera que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En efecto, las autoridades responsables que emitieron el acto reclamado, no tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del presente medio de control constitucional. Conclusión que se alcanza en atención al contenido del artículo 103, fracción I de la Carta Magna, que establece lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del precepto transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En torno a este tema, acorde con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo el ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley -lo que dota al ente de una facultad administrativa-, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De lo antes expuesto, se pueden advertir como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho (particular) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así las cosas, el hecho que la Ley de Amparo contemple la posibilidad de incluir a los particulares con la calidad de autoridades responsables, significa que éstos deben tener una calidad especial frente al gobernado, donde los actos que realizan deben equipararse a los que realizan los órganos del Estado en sus funciones de supra a subordinación frente a los gobernados; es decir, que sean unilaterales y obligatorios, con independencia de que el propio ente que los emita pueda lograr su cumplimiento coactivo. Por ende, para que un particular pueda ser considerado como autoridad responsable para los efectos del juicio de protección de derechos fundamentales, es indispensable que realice actos equivalentes a los de la autoridad, pues con independencia de la denominación formal del ente autoritario que emita el acto u omita realizarlo, es su naturaleza la que permitirá concretar si en un caso determinado dicho ente actúa o no en una relación de supra a subordinación, diferente a las de coordinación que se dan en relaciones privadas, o de supra a subordinación entre órganos del propio estado. En este sentido, a fin de establecer si el CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria, Zona Pachuca, División Centro Oriente y otras que reconocieron los actos reclamados, actuaron como autoridades para efectos del amparo, debe ante todo atenderse a la naturaleza de la comisión, así como a la calidad con la que interactuó con la parte quejosa, es decir, si fue de coordinación o de subordinación, así como a la naturaleza del acto reclamado. En el caso concreto, la orden verbal o escrita de corte de suministro de energía eléctrica respecto del contrato celebrado entre Ivonne Baños Tapia y la Comisión Federal de Electricidad con número de servicio 261210505201 con número dé medidor GR678F; de ninguna manera puede considerarse como acto de autoridad, debido a que entre la parte quejosa y la autoridad denominada como responsable, no existe una relación de supra a subordinación, sino una relación contractual. Además, si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio relativo a que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa; una nueva reflexión sobre el tema condujo a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del contrato de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los jueces y tribunales del orden común. El criterio de referencia, se encuentra contenido en la Jurisprudencia PC.VII.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, visible en la página 1550 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Tomo III, Décima Época, junio de dos mil quince, registro 2011842, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Así pues, atendiendo al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia citada, relativo a que, cuando se esté ante una controversia que involucre cuestiones inherentes a derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. En consecuencia, es evidente que el acto reclamado consistente en el corte de suministro de energía eléctrica respecto del contrato celebrado entre Ivonne Baños Tapia y la Comisión Federal de Electricidad con número de servicio 261210505201 con número dé medidor GR678F, no es materia de control mediante el juicio de amparo, al no ser un acto de autoridad, sino derivado de una relación contractual, al existir la relación de coordinación entre el aludido organismo y el usuario del servicio. A mayor abundamiento, en la ejecutoria que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 198/2017, se determinó que no se debe descartar la eventualidad de que Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Sin embargo, en el caso, se estima que los actos reclamados en esta instancia no se ubican en esos supuestos de excepción, pues de las constancias que integran el sumario, no se advierte que se aleguen cuestiones inherentes a la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, como violación al derecho humano de vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como tampoco se advierte que con la ejecución del acto reclamado se comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, ni que con la suspensión o corte de energía se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de la parte quejosa o que ésta se encuentren en una situación vulnerable; por el contrario, se advierte que el acto reclamado deriva de la relación contractual de prestación del servicio de energía eléctrica, celebrado entre el quejoso y Comisión Federal de Electricidad. Es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que derivo de la citada contradicción 198/2017 y que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Lo anterior, en tanto que nuestro Máximo Tribunal, en el marco de un contrato de suministro de energía eléctrica, habla de derechos y obligaciones entre las partes, en el caso, entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular; y no de una relación de supra a subordinación, pues sitúa al organismo de que se trata, en la celebración de un contrato como persona moral, sujeto de derechos y obligaciones y no con el carácter de autoridad. Por lo que, si la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional en su carácter de consumidora del Servicio de Energía Eléctrica, servicio que actualmente presta la Comisión Federal de Electricidad; por tanto, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, porque es evidente que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, Empresa Productiva Subsidiaria, Zona Pachuca, División Centro Oriente no tiene el carácter de autoridad responsable para el presente juicio de amparo, dado que los actos que se les reclaman, derivan del contrato de suministro de energía eléctrica que la citada comisión proporciona a los particulares en un plano de igualdad, esto es, como un ente sujeto derechos y obligaciones; y no, con el carácter de autoridad. Cabe señalar que con la determinación alcanzada, el quejoso no queda sin defensa, pues existen medios ordinarios por los cuales puede hacer valer sus derechos, lo cual atiende a lo que establece el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé el derecho a la tutela jurisdiccional, entendido como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. En efecto, el acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, pues las controversias derivadas de los derechos y obligaciones derivadas del contrato de prestación del servicio de energía eléctrica son impugnables en la vía ordinaria mercantil. En esa tesitura, el hecho de que el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en el caso concreto, no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el particular pueda acudir a hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es, la vía ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan de la relación de coordinación por el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo; resulta procedente DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, a través del usuario "DanielAnaya" AUTORIZADOS En términos del artículo 12 de la misma Ley a ***, en virtud de que si se encontró registro de su célula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. Finalmente, se le autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "DanielAnaya" en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. Téngasele proporcionando una cuenta de correo electrónico el cual se tiene como formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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