Ivan Villafuentes Tellez

Expediente 1208/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1208/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Ivan Villafuentes Tellez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese únicamente a los autos el escrito signado por ****, por medio del cual solicita se le dé acceso al presente juicio vía electrónica; lo anterior, en virtud de que no tiene personalidad en el presente juicio de amparo. Cúmplase.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE DEL CONTENIDO DE LA RAZON ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE 31 DE octubre DE 2017, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO AUTO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Hidalgo, por medio del cual rinde su informe justificado. En atención a su contenido, informa que en sus registros no existe petición formulada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, sin embargo, obran sus peticiones de veintidós de marzo, tres de mayo y tres de julio de dos mil diecisiete, las cuales son las mismas que el quejoso anexo a su escrito de demanda, peticiones a las cuales recayó el oficio 20197 de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete mediante el cual dio contestación a las mismas, notificada al quejoso el treinta de este mes y año; por ende, provéase lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En atención a lo anterior, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto transcrito se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Ahora, para que se actualice la referida causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Ello es así, toda vez que el acto reclamado por el quejoso Iván Villafuentes Téllez, lo hizo consistir en la respuesta a sus peticiones de veintidós de marzo, tres de mayo y tres de julio de dos mil diecisiete, mismas que anexo a su escrito de demanda, así como la notificación respectiva. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por la Encargada de la Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Hidalgo, se advierte que a las anteriores peticiones recayó como respuesta el oficio 20197 de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, mismo que notificó al quejoso el treinta de este mes y año. Lo anterior permite concluir que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso atribuyó a las autoridades responsables, puesto que quedó acreditado que el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, no fue violentado pues aun cuando la autoridad aduce en su informe justificado que no recibió la petición de veintisiete de abril del año en curso, la misma autoridad dio contestación a las peticiones de veintidós de marzo, tres de mayo y tres de julio de dos mil diecisiete, mismas que corresponden a los acuse de recibo que el quejoso anexo a su escrito de demanda. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia número 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso, (página 70), cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS." En tales condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento antes citada, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, dado el sentido del presente proveído Notifíquese personalmente. "

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Encargado de la Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Hidalgo, por medio del cual rinde su informe justificado. En atención a su contenido, informa que en sus registros no existe petición formulada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, sin embargo, obran sus peticiones de veintidós de marzo, tres de mayo y tres de julio de dos mil diecisiete, las cuales son las mismas que el quejoso anexo a su escrito de demanda, peticiones a las cuales recayó el oficio 20197 de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete mediante el cual dio contestación a las mismas, notificada al quejoso el treinta de este mes y año; por ende, provéase lo conducente: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En atención a lo anterior, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto transcrito se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Ahora, para que se actualice la referida causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Ello es así, toda vez que el acto reclamado por el quejoso Iván Villafuentes Téllez, lo hizo consistir en la respuesta a sus peticiones de veintidós de marzo, tres de mayo y tres de julio de dos mil diecisiete, mismas que anexo a su escrito de demanda, así como la notificación respectiva. Ahora, del contenido del informe justificado rendido por la Encargada de la Dirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Hidalgo, se advierte que a las anteriores peticiones recayó como respuesta el oficio 20197 de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, mismo que notificó al quejoso el treinta de este mes y año. Lo anterior permite concluir que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso atribuyó a las autoridades responsables, puesto que quedó acreditado que el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, no fue violentado pues aun cuando la autoridad aduce en su informe justificado que no recibió la petición de veintisiete de abril del año en curso, la misma autoridad dio contestación a las peticiones de veintidós de marzo, tres de mayo y tres de julio de dos mil diecisiete, mismas que corresponden a los acuse de recibo que el quejoso anexo a su escrito de demanda. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia número 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso, (página 70), cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS." En tales condiciones, al actualizarse la causa de sobreseimiento antes citada, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se oponen con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del siete de noviembre de dos mil diecisiete, dado el sentido del presente proveído Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Iván Villafuentes Téllez, por su propio derecho, contra actos que reclama del Encargado de la Dirección de Recursos Humanos del OPD Servicios de Salud de Hidalgo y/o Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite; regístrese con el número que le corresponda; sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo Vigente, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, relacionándolo con el oficio al que da contestación, y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia certificada debidamente legible de las constancias que tomó en consideración para emitirlo. Asimismo, hágasele saber que de no rendir su informe, o bien, de no remitir las constancias en los términos que se le solicitan, este Juzgado de Distrito se encuentra facultado por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia, para imponerle una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), al resolver el fondo del asunto. Por ello, se apercibe a la autoridad responsable aludida que dicha multa le será aplicada en caso de no rendir el informe solicitado precisamente dentro del plazo que le fue concedido, pues al hacerlo en forma extemporánea retardaría indebidamente la celebración de la audiencia constitucional, cuya fecha fue fijada considerando la anticipación con que el informe debe ser conocido por la parte quejosa. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Hágase saber a la parte quejosa, así como a las autoridades responsables, que acorde con lo previsto por el artículo 64 de la Ley de la Materia, están obligadas a manifestar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trecientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), según las circunstancias del caso. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, manifiesta su imposibilidad de notificar a alguna de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informe que no existe otra de las autoridades, o en caso que el Servicio Postal Mexicano devuelva el sobre del oficio de transcripción de este proveído por inexistencia de la autoridad destinataria, sin mayor trámite, se les tendrá como inexistentes, suspendiéndose toda comunicación procesal con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley y con copia de la demanda de derechos, dese al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la documental que anexa a su escrito de demanda, las cuales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, lo anterior sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el momento procesal oportuno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos restringido para de igual forma oír y recibir notificaciones a los licenciados Azyel Chávez Torres y Luis Enrique Rodríguez Sollano, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.

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