Ivette Magaña Huerta

Expediente 174/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
174/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/05/2019

Partes del expediente

  • Ivette Magaña Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 2756 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión de nueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del conflicto Competencial 2/2019; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: "PRIMERO. El Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es el competente para conocer del juicio de amparo promovido por Ivette Magaña Huerta, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Familiar Oral de Morelia, Michoacán y del Director de Seguridad Pública en el Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Con testimonio de esta resolución, envíese el expediente relativo a ese juzgador federal, y comuníquese lo anterior al Juez Octavo de Distrito, con sede en Uruapan, para los efectos legales conducentes.". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, toda vez que la competencia para conocer del presente asunto, se surte en favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán y al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de garantías. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio 2095, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán atento a su contenido téngasele informando que en proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, derivado de la demanda de amparo promovida por Ivette Magaña Huerta mismo que quedó registrado con el número 2/2019; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio telegráfico de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual insiste en declinar a este órgano de control constitucional la competencia para conocer la demanda de amparo promovida por ***, atento a su contenido, téngasele informando que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, son sede en Morelia, Michoacán, para que resuelva lo conducente en relación al conflicto competencia que plantea; de lo que se toma conocimiento por este Juzgado de Distrito para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Recepción de Incompetencia. Se tiene por recibido el oficio 6203 signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por el cual remite el cuaderno de incompetencia relativa al juicio de amparo 232/2019-II, que contiene la demanda de amparo promovida por Ivette Magaña Huerta, -de la que se anexaron seis copias-; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del mismo se desprende que la oficiante de mérito, se declaró incompetente por las siguientes razones: "De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia. a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la parte quejosa, en la demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "La orden de arresto emitida por la autoridad responsable dentro del juicio de origen". Asimismo, en el escrito aclaratorio especificó: "...la orden de arresto emitida por el Juez Segundo Familiar Oral, que se integra por el auto de fecha 31 treinta y uno de enero del 2019 dos mil diecinueve y el oficio número 347/2019 dirigido al Director de Seguridad Pública del Estado por el que ordena cumplimentar la orden de arresto...". De igual forma, aclaró que también señalaba como autoridad responsable ejecutora al Director de Seguridad Pública en el Estado, con sede en esta ciudad. Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tendrá materialización en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por ser ese el lugar en donde se encuentra el domicilio particular de la quejosa, quien a su vez en el escrito de demanda señaló que la orden de arresto que reclama se ejecutará en esa población, dado que ahí tiene su residencia y donde el juez ordenó se ejecutara la misma, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito Sin embargo, de forma respetuosa este Juzgado no comparte el criterio del homólogo oficiante, pues se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, por las razones que a continuación se exponen. En el caso que nos ocupa, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: "(.) el acto reclamado que señalo es la orden de arresto emitida por el Juez Segundo Familiar Oral, que se integra por el auto de fecha 31treita y uno de enero del 2019 dos mil diecinueve y el oficio número 347/2019 dirigido al Director de Seguridad Pública del Estado por el que se ordena cumplimentar la orden de arresto." Es decir, el promovente reclama a las autoridades responsables: La orden de arresto emitida por la autoridad responsable dentro del juicio de origen y el oficio 347/2019 que ordena su cumplimentación. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que el suscrito Juez, respetuosamente, no comparte la opinión del declinante y estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Lo anterior se sostiene, en virtud de que en el escrito de demanda de amparo se pone de manifiesto que los actos reclamados por la parte quejosa son: la orden de arresto decretada en su contra y el oficio 347/2019 por el que se ordena su cumplimentación; los cuales fueron atribuidos al Juez Segundo Familiar Oral del distrito judicial de Morelia, Michoacán, así como la posible ejecución de la mencionada orden atribuida al Director de Seguridad Pública quien también se ubica en la ciudad de Morelia, sin que pase inadvertido que el promovente de amparo en su escrito inicial de demanda, manifestó en el apartado antecedentes PRIMERO. Con fecha 20 veinte de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se admitió en trámite la demanda de divorcio enderezada en mi contra promovida por VICENTE GARCÍA, que por turno conoce el Juzgado Segundo en Materia Oral Familiar, a vía y términos propuestos. SEGUNDO. Toda vez que la suscrita resido en la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mediante exhorto remitido al Juez competente y en turno de ese Distrito Judicial, se ordenó que se llevara a cabo el emplazamiento a la suscrita, mismo que ocurrió el día 05 cinco de noviembre del año 2018 dos mil dieciocho. CUARTO. En el acuerdo dictado el día 18 dieciocho del mes de enero del año en curso, se señaló el día 28 veintiocho del mismo mes y año para la celebración de la audiencia de conciliación, a la cual me fue imposible asistir, dado que como ya lo expresé en el antecedente segundo, resido en Lázaro Cárdenas, además del hecho de que dependo de mi trabajo para la manutención de mi hijo menor de edad y de la suscrita, en el cual no me permitieron faltar. QUINTO. El día 31 treinta y uno de enero del año de transcurre, la autoridad responsable emitió un acuerdo en el que ordenó la ejecución del medio de apremio consistente en el ARRESTO en contra de la suscrita por no asistir en la única fecha y hora señalada para la audiencia de conciliación, por lo que, en ese mismo acto decretó que se girara oficio al Director de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que este último ordenara mi arresto en mi fuente de trabajo. SEXTO. Dentro del Juicio Ordinario Familiar 1759/2018 a que he venido haciendo referencia, con fecha 25 veinticinco de febrero de 2019 dos mil diecinueve, la autoridad responsable expidió el oficio número 347/2019, dirigido al Director de Seguridad Pública en el Estado, en donde ordena lo siguiente: "En cumplimento al auto dictado en esta misma fecha, dentro del expediente citado al rubro, me dirijo a Usted de la manera más atenta, a fin de que, dentro del término de tres días, informe a este juzgado lo siguiente: a) Ordene a quien corresponda arreste a Ivette Magaña Huerta, por hasta treinta y seis horas por una sola ocasión, de conformidad con el artículo 925 fracción IV del Código Familiar del Estado, haciéndole saber que su domicilio se encuentra en la calle 20 de noviembre, número 310, entre las calles Rector Hidalgo y Venustiano Carranza, colonia Centro en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sin otro particular por el momento, le reitero mí (sic) más atenta y distinguida consideración..." Esta determinación es precisamente de la que me duelo (.) " Manifestaciones que realizó la promovente de amparo bajo protesta de decir verdad. Ahora, en el caso que nos ocupa no fue señalada ninguna autoridad responsable ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial, esto, toda vez que las dos autoridades responsables señaladas tienen sus domicilios en Morelia, Michoacán; por lo que deberá conocer de la demanda el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de las autoridades ejecutoras -Morelia, Michoacán-, en virtud de que de existir tal orden de arresto, ninguna de ellas podrá cumplimentar lícitamente el mandato que señala como acto reclamado en el ámbito territorial en el que no tiene imperio para ejercer sus funciones. En este orden de ideas, el suscrito juzgador no comparte el criterio del titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, pues aún y cuando es verdad que la parte quejosa señaló como su lugar de residencia la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo cierto es que el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden. "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Lo subrayado es por este Juzgado. Es entonces que la competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, toda vez que éstos ejercen jurisdicción en dicha ciudad, y por las razones siguientes: Dentro de su jurisdicción, radica la autoridad señalada como ejecutora y la promovente del amparo en su demanda no señaló autoridades responsables ejecutoras de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, pues la quejosa, en ningún momento señaló autoridad alguna en la ciudad de Lázaro Cárdenas o que el acto reclamado se encuentre ejecutándose en esta circunscripción territorial, pues como ya se dijo, las autoridades responsables tienen sus domicilios en Morelia, Michoacán; por lo que, deberá conocer de la demanda el juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de la autoridad ejecutora. Ahora bien, contrario a lo que sostiene el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se actualiza la regla competencial establecida en el primer párrafo artículo 37, de la Ley de Amparo, porque las autoridades responsables señaladas por el quejoso en su demanda de amparo, residen en la ciudad de Morelia, Michoacán, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que en su punto cuarto, fracción XI, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los juzgados de distrito con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial entre otros, en el distrito judicial de Morelia y no señaló autoridades responsables ejecutoras en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Además, dicha autoridad, así como las restantes, residen en la ciudad de Morelia, sin que en el caso, el domicilio del quejoso sea un factor determinante para fincar la competencia en el juicio de amparo, pues como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 12/95 de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. ", el domicilio no es un factor para determinar competente al Juez de Distrito donde se ubica éste, pues adoptar tal criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover la demanda; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar; por ende, al no haber señalado autoridades ejecutoras en el domicilio competencia de este Juzgado, es claro que la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte en favor de la autoridad declinante, ya que la regla también concierne a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del Juez, de lo contrario, como ha quedado plasmado en párrafo anterior, el solo domicilio del amparista es insuficiente para justificar su competencia. En tal virtud, como se adelantó, este órgano de control constitucional, NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA y se ordena devolver los autos al JUEZ NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, y sus anexos, previo cuaderno de antecedentes que se forme, solicitándole el acuse el recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

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