Iván Alejandro Vieyra Alvarado
Expediente 24/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 27 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 24/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- A. M. V. R.
- Iván Alejandro Vieyra Alvarado
- A. M. V. R. y Otros.
- Rosalía Rojas López
- Iván Alejandro Vieyra Alvarado y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que en el expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintidós, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno, es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido. Y, respecto del duplicado de este incidente, es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, por lo que, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Una vez destruidos, deberá remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y en consideración a que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. Es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, del citado Acuerdo General, motivo por el cual trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA.- EN URUAPAN, MICHOACÁN; A LAS NUEVE HORAS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA ROSALÍA ROJAS LÓPEZ, o sus autorizados, no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción; ni se pudieron de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del CITATORIO que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que dice: Uruapan, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al contenido del oficio 2740/2022, remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar, si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por la persona juzgadora de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen, actos preliminares para su cumplimiento. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada por este juzgado, la cual causó ejecutoria el siete de septiembre del mismo año, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizara lo siguiente: "1. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de cinco de enero de dos mil veintidós y emita otro en el que, en relación con el padre quejoso Iván Alejandro Vieyra Alvarado, reitere las consideraciones que antes vertió; y, 2. En su lugar, emitir una nueva determinación, en la cual: 2.1. Vuelva a analizar la petición por lo que ve a los derechos de la menor de iniciales A.M.V.R, y tomando en consideración que el derecho de habitación forma parte de los alimentos, considere que sí se encuentra la solicitud relacionada con la litis del juicio y que está en aptitud de pronunciarse al respecto; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, decida de fondo lo que conforme a derecho proceda, analizando el caso con perspectiva de infancia y perspectiva de género". DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO A fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, remitió lo siguiente: 1. Oficio 2484/2022, al cual adjuntó copia certificada del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 2. Oficio 2740/2022, al que acompañó acta de once de octubre de dos mil veintidós, relativa al depósito de la menor de iniciales A.M.V.R. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto, por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA En ese sentido, de las documentales remitidas por la responsable se tiene que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a fin de acreditar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente el auto de cinco de enero de dos mil veintidós [acto reclamado] y, dictó otro, en el que reiteró las consideraciones que antes vertió en relación con el escrito presentado por Iván Alejandro Vieyra Alvarado -aquí quejoso-, en el sentido de que no resolvería sobre el derecho real y/o personal respecto del inmueble ubicado en avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 82, Lázaro Cárdenas, Michoacán, dado que no era materia del asunto y que dejaba a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía familia o civil, ya que del convenio celebrado por él y Rosalía Rojas López -progenitora de la menor-, dentro del expediente 163/2016, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre divorcio por mutuo consentimiento, no se advertía que hubieren pactado qué pasaría con el inmueble si la guarda y custodia de la menor se modificara. Posteriormente, se pronunció en relación con la petición planteada por el aquí quejoso -actor en el juicio de origen- respecto del derecho de la menor de edad de habitar el inmueble descrito con anterioridad, y determinó que, en atención al interés superior de la menor, y partiendo de que la infante gozaba de la presunción legal de la necesidad de recibir los alimentos, la cual incluía la vivienda, fijó como medida provisional, que la menor debía habitar dicho domicilio, acompañada de su progenitor Iván Alejandro Vieyra Alvarado -quien ejerce legalmente su guarda y custodia-. Asimismo, tomó como instrumento de análisis resolver con perspectiva de género tanto de Rosalía Rojas López -progenitora de la menor-, como de la infante de iniciales A.M.V.L.; y de la ponderación de los derechos entre ambas, concluyó, que respecto de la citada menor se advertía una desventaja atendiendo a su minoría de edad y debido a la dependencia de sus progenitores, ya que frente a la situación de su progenitora se desprendía que obtenía un salario remuneratorio al laborar en una institución educativa pública, por lo que podría sufragar sus propios gastos económicos, sin que se actualizara un desequilibrio en relación con su hija menor edad. Finalmente, en aras de preservar el derecho familiar de la menor a vivir en un ambiente libre de violencia, determinó la salida de Rosalía Rojas López -progenitora de la menor-, del domicilio que habitaba, y fijó día y hora hábil, a fin de que se llevara a cabo la diligencia relativa al depósito de la infante, acompañada de quien actualmente ejerce la custodia provisional en el domicilio citado anteriormente, previo desalojo de la demandada. En ese sentido, del examen de las documentales aludidas, se advierte la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado, y emitió otro, en el que reiteró las consideraciones que vertió en relación con la petición del quejoso; analizó la petición relativa a los derechos de la menor de iniciales A.M.V.R., tomando en consideración que el derecho de habitación forma parte de los alimentos, y que se encontraba relacionada con la litis del juicio. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, y bajo la perspectiva de infancia y de género, ordenó el depósito de la menor en el domicilio ubicado en avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 82, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por tanto, es procedente concluir que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA.- EN URUAPAN, MICHOACÁN; A LAS NUEVE HORAS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA IVÁN ALEJANDRO VIEYRA ALVARADO EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA DE INICIALES A.M.V.R. o sus autorizados, no comparecieron al Órgano Jurisdiccional de mi adscripción; ni se pudieron de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del citatorio que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés; queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que dice: Uruapan, Michoacán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto al contenido del oficio 2740/2022, remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar, si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por la persona juzgadora de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen, actos preliminares para su cumplimiento. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO En sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada por este juzgado, la cual causó ejecutoria el siete de septiembre del mismo año, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizara lo siguiente: "1. Dejar insubsistente el acuerdo reclamado de cinco de enero de dos mil veintidós y emita otro en el que, en relación con el padre quejoso Iván Alejandro Vieyra Alvarado, reitere las consideraciones que antes vertió; y, 2. En su lugar, emitir una nueva determinación, en la cual: 2.1. Vuelva a analizar la petición por lo que ve a los derechos de la menor de iniciales A.M.V.R, y tomando en consideración que el derecho de habitación forma parte de los alimentos, considere que sí se encuentra la solicitud relacionada con la litis del juicio y que está en aptitud de pronunciarse al respecto; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, decida de fondo lo que conforme a derecho proceda, analizando el caso con perspectiva de infancia y perspectiva de género". DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO A fin de acreditar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, remitió lo siguiente: 1. Oficio 2484/2022, al cual adjuntó copia certificada del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 2. Oficio 2740/2022, al que acompañó acta de once de octubre de dos mil veintidós, relativa al depósito de la menor de iniciales A.M.V.R. Documentales que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto, por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA En ese sentido, de las documentales remitidas por la responsable se tiene que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a fin de acreditar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente el auto de cinco de enero de dos mil veintidós [acto reclamado] y, dictó otro, en el que reiteró las consideraciones que antes vertió en relación con el escrito presentado por Iván Alejandro Vieyra Alvarado -aquí quejoso-, en el sentido de que no resolvería sobre el derecho real y/o personal respecto del inmueble ubicado en avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 82, Lázaro Cárdenas, Michoacán, dado que no era materia del asunto y que dejaba a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía familia o civil, ya que del convenio celebrado por él y Rosalía Rojas López -progenitora de la menor-, dentro del expediente 163/2016, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria familiar sobre divorcio por mutuo consentimiento, no se advertía que hubieren pactado qué pasaría con el inmueble si la guarda y custodia de la menor se modificara. Posteriormente, se pronunció en relación con la petición planteada por el aquí quejoso -actor en el juicio de origen- respecto del derecho de la menor de edad de habitar el inmueble descrito con anterioridad, y determinó que, en atención al interés superior de la menor, y partiendo de que la infante gozaba de la presunción legal de la necesidad de recibir los alimentos, la cual incluía la vivienda, fijó como medida provisional, que la menor debía habitar dicho domicilio, acompañada de su progenitor Iván Alejandro Vieyra Alvarado -quien ejerce legalmente su guarda y custodia-. Asimismo, tomó como instrumento de análisis resolver con perspectiva de género tanto de Rosalía Rojas López -progenitora de la menor-, como de la infante de iniciales A.M.V.L.; y de la ponderación de los derechos entre ambas, concluyó, que respecto de la citada menor se advertía una desventaja atendiendo a su minoría de edad y debido a la dependencia de sus progenitores, ya que frente a la situación de su progenitora se desprendía que obtenía un salario remuneratorio al laborar en una institución educativa pública, por lo que podría sufragar sus propios gastos económicos, sin que se actualizara un desequilibrio en relación con su hija menor edad. Finalmente, en aras de preservar el derecho familiar de la menor a vivir en un ambiente libre de violencia, determinó la salida de Rosalía Rojas López -progenitora de la menor-, del domicilio que habitaba, y fijó día y hora hábil, a fin de que se llevara a cabo la diligencia relativa al depósito de la infante, acompañada de quien actualmente ejerce la custodia provisional en el domicilio citado anteriormente, previo desalojo de la demandada. En ese sentido, del examen de las documentales aludidas, se advierte la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado, y emitió otro, en el que reiteró las consideraciones que vertió en relación con la petición del quejoso; analizó la petición relativa a los derechos de la menor de iniciales A.M.V.R., tomando en consideración que el derecho de habitación forma parte de los alimentos, y que se encontraba relacionada con la litis del juicio. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, y bajo la perspectiva de infancia y de género, ordenó el depósito de la menor en el domicilio ubicado en avenida Heroica Escuela Naval Militar, número 82, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por tanto, es procedente concluir que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
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