Ivette Jasmin Sánchez Morales

Expediente 427/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
427/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Ivette Jasmin Sánchez Morales

Actuaciones

  1. Principal

    AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veinte, en la cual la Justicia de la Unión no Amparó ni Protegió a -------------, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales H.C.S., HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo y , artículo 18, inciso b); que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y ." Por tanto, se ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que se negó la protección de la justicia federal, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias enviadas por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en cinco tomos, relativos al toca de apelación 128/2020, copia certificada de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en ese toca, incidente de liquidación de sentencia 192/2016 y dos juegos de copias certificadas de derivadas del expediente en mención, devuélvase a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,334.00 (cuatro mil trecientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Por otro lado, con fundamento en el artículo 21 del señalado Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa la documental que exhibió conjuntamente con su escrito de desahogo de demanda, en el entendido que cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copias certificada de la misma; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarla en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir a recoger la documental de referencia, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal...

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a uno de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Semanera de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual acusa recibo del oficio por el cual se le devolvieron las constancias relativas al toca de apelación 128/2020, copia certificada de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en ese toca, incidente de liquidación de sentencia 192/2016 y dos juegos de copias certificadas de derivadas del expediente en mención, dando un total de cinco tomos, mismas que había remitido como complemento de su informe justificado. Atento a lo anterior, este juzgado toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se conminó a la autoridad oficiante. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veinte, en la cual la Justicia de la Unión no Amparó ni Protegió a -------------, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales H.C.S., HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido, toda vez que no existe diligencia ni trámite pendiente por realizar. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo y , artículo 18, inciso b); que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y ." Por tanto, se ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pues se trata de un asunto en el que se negó la protección de la justicia federal, debiéndose dejar únicamente la demanda y la sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. En otro orden de ideas, toda vez que ya no es necesaria la retención de las constancias enviadas por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en cinco tomos, relativos al toca de apelación 128/2020, copia certificada de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida en ese toca, incidente de liquidación de sentencia 192/2016 y dos juegos de copias certificadas de derivadas del expediente en mención, devuélvase a su lugar de origen y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a la referida responsable para que en el plazo de TRES DÍAS computados legalmente, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,334.00 (cuatro mil trecientos treinta y cuatro pesos moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Por otro lado, con fundamento en el artículo 21 del señalado Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa la documental que exhibió conjuntamente con su escrito de desahogo de demanda, en el entendido que cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copias certificada de la misma; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarla en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. Asimismo, se precisa que para poder acudir a recoger la documental de referencia, conforme a los artículos 3 y 4 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Finalmente, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a las demás partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 427/2020-VII, promovido por ------------, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales H.C.S., contra actos del Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito depositado el tres de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial, turnado el seis de agosto posterior por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y recibido en esta última fecha en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, ------------, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales H.C.S., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, por las autoridades y actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. PRIMERA SALA REGIONAL FAMILIAR DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- Se reclama la violación de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucional, además de la violación a los Derechos Humanos de la Quejosa en representación del menor de siglas conocidas H.C.S., por los Actos de Autoridad cometidos por la H. Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en los autos del Toca 128/2020, y relativo al Juicio de Controversias sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, del índice 192/2016, con motivo de la Sentencia Interlocutoria de fecha 27 de febrero de 2020, que resolvió el Recurso de Apelación que se hiciera valer en contra de la resolución Interlocutoria de fecha 10 de enero del 2020 en el Incidente de Ejecución de Sentencia, en los autos del expediente 192/2016." SEGUNDO. La parte quejosa estimó que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los numerales 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y relativos con la Ley General para la Protección sobre los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y los Tratados Internacionales sobre los Derechos de los Menores. TERCERO. En proveído de diez de agosto de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo y se registró con el número 427/2020-VII, asimismo, se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Posteriormente, por acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se tuvo por desahogado el requerimiento formulado, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió informe justificado a la responsable, se dio la vista que corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional; además, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Enrique Cedeño Chávez, y se requirió a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de México, para que designara un representante especial en favor del menor quejoso al observarse que existía un conflicto de intereses entre los padres de éste. Subsiguientemente, en auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se tuvo por apersonado al licenciado ---------, en su carácter de Asesor Jurídico del menor quejoso; en tanto que, el emplazamiento del tercero interesado --------, se verificó el siete de septiembre posterior y el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se apersonó al presente sumario constitucional. Finalmente, seguido el trámite del asunto y previo diferimiento de la audiencia incidental, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 51 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; pues se reclaman actos que se verificaron y surten sus efectos dentro de la jurisdicción territorial de este órgano federal. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que los actos reclamados consisten en: La resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada dentro del toca 128/2020, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con motivo de la apelación que interpuso la aquí quejosa contra la interlocutoria de diez de enero de dos mil veinte, relativa al incidente por diferencia de pensión alimenticia y pago de garantía para subsistencia correspondiente al juicio de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar 192/2016, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. TERCERO. La Magistrada Semanera de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama. Asimismo, para justificar la legalidad de su actuación la responsable remitió los autos del toca de apelación 128/2020, copia certificada de la sentencia reclamada, incidente de liquidación de sentencia correspondiente al expediente 192/2016, y dos juegos de copias certificadas relativas a este último de los expedientes mencionados, mismas que tienen pleno valor probatorio y gozan de eficacia probatoria plena de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse lo relativo a la procedencia del presente juicio de amparo, lo aleguen o no las partes, debido a que su estudio es preferente por ser una cuestión de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso no se advierte de manera oficiosa causales de improcedencia de la presente acción de amparo, ni las partes hicieron valer alguna. QUINTO. La parte quejosa precisa como conceptos de violación los formulados en su escrito de demanda, los cuales no se transcriben, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sin embargo, previo al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, se procede a resaltar brevemente los antecedentes del acto reclamado, de conformidad con las constancias que integran el juicio natural, y de las cuales se advierte lo siguiente: 7. El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Quinto Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a Ivette Yasmin Sánchez Morales respecto de su entonces cónyuge Enrique Cedeño Chávez, concediéndose a las partes plazo común por cinco días para presentar pretensiones respecto de los puntos que no hubo consenso, ello dentro de las controversias del derecho familiar 192/2016. 8. Una vez hecho lo anterior, y seguido el procedimiento en sus etapas, por sentencia de treinta de octubre de dos mil diecisiete, se resolvió ese procedimiento familiar, en el que se dedujeron acciones de guarda y custodia, régimen de convivencia, así como pago y aseguramiento de pensión de alimentos (fojas 1 a 25, del tomo I de pruebas), en la que se resolvió: "PRIMERO.- Ha sido parcialmente procedente la CONTROVERSIA DEL DERECHO FAMILIAR, en la cual IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES y ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, acreditaron parcialmente las pretensiones que hicieron valer; SEGUNDO.- En suplencia de la quejosa se OTORGA EN FORMA DEFINITIVA a favor de la señora IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES, la guarda y custodia de su menor hijo HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ; TERCERO.- Se declara PROCEDENTE la pretensión reclamada por el señor ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, relativo a la fijación de un régimen de visitas y convivencias que deberán llevarse a cabo entre el antes mencionado con su menor hijo HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ, el cual se llevará a cabo en los términos establecidos en la presente resolución y bajo los apercibimientos decretados en la misma. (.) QUINTO.- Se estima justo, proporcional y equitativo fijar a favor del menor HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ, como pensión alimenticia definitiva y a cargo del señor ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, el monto que resulte de multiplicar TRES UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN DIARIA elevada a los días que correspondan a cada mes, la cual acorde a la publicación del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, realizada en el Diario Oficial de la Federación, será equivalente al valor que tenga el salario mínimo general vigente para todo el país, la cual de forma diaria deberá otorgar a su acreedor alimentario por conducto de la señora IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES, los primeros CINCO DÍAS DE CADA MES debiendo firmarle de recibido al deudor alimentario, o para el caso de negativa de la antes mencionada, la exhibición en este juzgado mediante billete de depósito, al día siguiente de transcurrido el plazo señalado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público de la adscripción para que en su caso y de considerarlo procedente, inicie la carpeta de investigación correspondiente, en atención al interés superior del menor. (.)." 9. Inconformes con el fallo, tanto ------------, como ------------, promovieron recurso de apelación, mismos que correspondió conocer a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, el cual se registró con el número de toca de apelación 1012/2017, y por ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 28 a 74, del tomo I de pruebas), determinó: "PRIMERO.- Resultaron infundados e inoperantes por una parte, pero parcialmente fundados por la otra, los agravios hechos valer por IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES. SEGUNDO.- Asimismo, han resultado infundados por una parte, pero fundados por la otra, los motivos de disenso hechos valer por ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ; en consecuencia: TERCERO.- Se modifica la sentencia definitiva impugnada, únicamente en su resolutivo quinto, agregando además un quinto bis, para quedar en los siguientes términos: "QUINTO.- Se estima justo, proporcional y equitativo fijar a favor del menor HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ, como pensión alimenticia definitiva y a cargo del señor ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, la cantidad que resulte de multiplicar DOS UNIDADES Y MEDIA DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN elevada a los días que correspondan a cada mes, la cual acorde a la publicación del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, realizada en el Diario Oficial de la Federación, será equivalente al valor que tenga el salario mínimo general vigente para todo el país, la cual de forma diaria deberá otorgar a su acreedor alimentario por conducto de la señora IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES, los primeros CINCO DÍAS DE CADA MES debiendo firmarle de recibido al deudor alimentario, o para el caso de negativa de la antes mencionada, la exhibición en este juzgado mediante billete de depósito, al día siguiente de transcurrido el plazo señalado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público de la adscripción para que en su caso y de considerarlo procedente, inicie la carpeta de investigación correspondiente, en atención al interés superior del menor. QUINTO BIS.- Se condena al demandado, para que en el término de ocho días contados a partir de que cause ejecutoria este (sic) resolución garantice su obligación alimentaria por el plazo de seis meses, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 4.143, de la ley adjetiva civil, esto es, mediante hipoteca, prenda fianza depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente." CUARTO.- No se condena al pago de costas en esta segunda instancia. QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y con testimonio de la presente resolución así como de sus notificaciones, devuélvanse los autos al juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente Toca como asunto concluido" 10. Posteriormente, la aquí quejosa Ivette Yasmin Sánchez Morales, promovió vía incidental liquidación de sentencia definitiva, reclamando como prestaciones a Enrique Cedeño Chávez, el pago de la cantidad de $10,060.10 (diez mil sesenta pesos 10/100 moneda nacional), como diferencia favor del menor quejoso respecto de la cantidad que se condenó como pensión alimenticia y que había depositado desde enero de dos mil diecinueve; así como, el pago de la cantidad de $7,701,00 (siete mil setecientos un pesos 00/100 monada nacional), como diferencia a favor del menor de la suma depositada para garantizar obligaciones alimentarias, y en contra del acreedor alimentario (fojas 1 a 3, del tomo II de pruebas). 11. En acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de ejecución de sentencia, respecto de las prestaciones reclamadas, ordenando dar vista y correr traslado al demandado incidentitas Enrique Cedeño Chávez, y una vez que ello aconteció y previo desahogo de su trámite, el diez de enero de dos mil veinte (Fojas 46 a 50, del tomo II de pruebas), se dictó sentencia interlocutoria en la que se señaló: "PRIMERO.- Por las consideración que han quedado vertidas en la parte considerativa de la presente resolución, SE APRUEBA Y SE REGULA hasta por la cantidad total de $417.16 (cuatrocientos diecisiete pesos 16/100 m.n), cantidad que deberá cubrir el señor ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, a favor del menor HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ, por conducto de la señora IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES, de conformidad (sic) en términos de los resolutivos QUINTO Y QUINTO BIS de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, por concepto de PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEFINITIVAS correspondientes al periodo que corrió del mes de febrero al mes de agosto de dos mil diecinueve. SEGUNDO.- En su oportunidad procesal requiérase al obligado ENRIQUE CEDEÑO MORALES, para que dentro de los OCHO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución exhiba y haga de la cantidad antes referida; bajo el apercibimiento legal que para el caso de no hacerlo, se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficiente, para cubrir la cantidad que adeuda y quedó liquida en la presente resolución; ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.166 del Código de Procedimientos Civiles. TERCERO. Se absuelve al demandado ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, del pago complementario de la prestación marcada con el inciso b." 12. No conforme con ello, la aquí quejosa, por conducto de su mandatario judicial, interpuso recurso de apelación (fojas 3 a 9, del tomo III de pruebas), mismo que correspondió conocer a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, y por auto de catorce de febrero de dos mil veinte, lo admitió a trámite y registró con el número de toca 128/2020, y por sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veinte (fojas 22 a 30, del tomo III de pruebas), determinó: "PRIMERO.- Resultaron infundados los agravios que hizo valer la señora IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES, a través de su mandatario judicial Guillermo Jaime Jiménez Solís, empero, ponderando el interés del hijo menor de edad de los litigantes, procede modificar la sentencia interlocutoria impugnada. SEGUNDO. Se modifica la Sentencia Interlocutoria apelada en su Primer Resolutivo para quedar en los siguientes términos: PRIMERO. Por las consideraciones que han quedado vertidas, en la parte considerativa de esta Ejecutoria, SE REGULA Y SE APRUEBA la planilla presentada por la incidentista hasta por la cantidad total de $419.64 (CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 64/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que deberá cubrir el señor ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, a favor del menor HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ, por conducto de la señora IVETTE YASMIN SÁNCHEZ MORALES, de conformidad con los Resolutivos QUINTO Y QUINTO BIS de la Ejecutoria por este Tribunal Alzada en fecha (08) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por concepto de PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DEFINITIVAS correspondientes al periodo que corrió del mes de febrero al mes de agosto de dos mil diecinueve (2019)." TERCERO. Se confirman los restantes puntos resolutivos de la sentencia interlocutoria apelada. (.)" Esta última determinación constituye la materia de análisis en el juicio de amparo que nos ocupa. Antes de abordar el fondo del asunto, debe destacarse que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción II, inciso a, del artículo 79 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, procede la suplencia de la deficiencia de la queja, aún ante la ausencia de conceptos de violación, debido a que nos encontramos ante la presencia de un asunto del índole familia en el que se encuentra involucrado un menor de edad. En las relatadas condiciones, este órgano de control constitucional, además de analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, verificará de oficio, si los actos reclamados cumplen o no con los requisitos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables, sin que ello implique necesariamente la concesión del amparo, sino sólo a fin de asegurar el pleno goce de sus derechos fundamentales. En ese mismo sentido, nuestra Carta Magna establece en el artículo 4°, lo siguiente: "Artículo 4: (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." De lo anterior se aprecia que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página trescientos treinta y cuatro, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO." A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento internacional, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y ha dicho también que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño. En ese sentido, destaca también lo establecido en los artículos 4, 7, 8, 9 del Convención sobre Derechos del Niño, señala lo siguiente: "Artículo 4 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. Artículo 7 1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. Artículo 8 1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas" De lo anterior se aprecia que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicha Convención. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Asimismo, los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Así también, los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Expuesto el marco normativo anterior, es claro que es obligación de los autoridades, por una parte, emitir resoluciones que se adecuen al derecho fundamental de legalidad, cumpliendo los requisitos que de ella emanan, tales como la fundamentación y motivación, y por otra, examinar todos los puntos controvertidos en el juicio, esto es, atender todas y cada una de las pretensiones propuestas, todo ello, a efecto de que la resolución correspondiente se ajuste a derecho respetando los principios de congruencia y de exhaustividad. Además de que, en toda contienda o asunto en el que se encentren involucrados derechos de menores, se deberá velar y cumplir con el cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando en todo momento y de manera plena sus derechos. Precisado lo anterior, ahora resulta oportuno ocuparse de los conceptos de violación que expuso la parte quejosa, quien substancialmente en su primer concepto de violación argumentó que la resolución reclamada en este asunto es violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y principios rectos del proceso consagrados por los numerales 1.194, 1.195, 1.134 al 1.138, 1.146, 5.32, fracción IV, del Código adjetivo Civil por su inexacta aplicación. Que es de explorado derecho que el juez que conoce de un procedimiento puesto a su consideración, únicamente debe constreñirse a los puntos a los puntos litigiosos planteados por las partes en sus escritos respectivos, y a los agravios que se exponen en el recurso de apelación ante la segunda instancia, sin modificar la causa de pedir y los motivos de disenso. Que por tal razón, si su parte contraria, esto es del deudor alimentista, dejó de combatir el fallo con el que concluyó el procedimiento de primera instancia enterado de que los puntos de los considerandos eran incongruentes con los resolutivos, dejo precluir su derecho para que la autoridad los aclarara. Que todo fallo habiendo sido firmado y publicado por la autoridad jurisdiccional no puede ser modificado, pues sólo así se cumple con los principios de seguridad y certeza jurídica, por lo que dicho fallo a su decir no puede ser modificado a capricho de la autoridad que lo emitió. Que con motivo del recurso de apelación cuya resolución se analiza en el presente amparo, el cual se interpuso contra la interlocutoria dictada en el incidente de ejecución de sentencia para actualizar diferencias respecto de las pensiones alimentarias, la autoridad responsable resolvió bajo una serie de razonamientos que, a su decir, no son lógicos pues la responsable dejó de analizar y resolver ese incidente en base a los resolutivos que en su momento emitió en la ejecutoria de ese asunto, argumentando que lo que debe prevalecer son los considerandos, por lo que en su opinión fue incorrecta la resolución que aquí se analiza pues no se condenó al deudor al pago de alimentos en términos de la planilla que presentó. Insiste que la autoridad responsable dejó de analizar que en la ejecutoria dictada en el toca de apelación 1012/2017, si bien en el considerando quinto señaló que se condenaba al deudor alimentista a pagar por concepto de alimentos la cantidad que resulte de aplicar dos y media unidades de medida y actualización por cada día, multiplicado por los días que tenga cada mes, también cierto es que en el quinto resolutivo del fallo se estableció que se condenaba al deudor al pago de dos y media unidades diarias de medida y actualización elevada a los días que correspondan a cada mes, la cual acorde a la publicación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, realizada en el Diario Oficial de la Federación, será equivalente al valor que tenga el salario mínimo general vigente en todo el país. Continúa insistiendo que la responsable dejó de considerar que las sentencias se consideran como un todo, por lo que no se debió resolver el incidente planteado y que fue motivo de apelación en base al considerando de la sentencia con la que culminó ese procedimiento, puesto que los resolutivos establecieron una cuestión diversa, por lo que a su consideración si era procedente la planilla de pensiones que presentó, cuantificado en base al salario mínimo, por lo que aduce que no está debidamente fundada y motivada esa resolución. Dicho concepto de violación deviene infundado. En lo que concierne a que dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, en principio se estima oportuno resaltar que el principio de seguridad jurídica, se encuentra consagrado en el artículo 14 constitucional, el cual, refiere el derecho de legalidad y que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16, que deben imperar en toda resolución o acto gubernamental. En efecto, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los derechos de legalidad y seguridad jurídica, que consagran los artículos 14 y 16, constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación, requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. Consideraciones que desde luego, resultan aplicables a las determinaciones emitidas por una autoridad jurisdiccional, ello, pues está obligada a fundar y motivar sus actuaciones citando al efecto los preceptos legales en que apoye su resolución y exponiendo las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162 de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. En el caso, se desprende que en la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por el Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, en la que determinó declarar infundados los agravios que hizo valer la quejosa Ivette Yasmin Sánchez Morales, por conducto de su mandatario judicial; sin embargo, ponderando el interés superior del menor de edad, modificó la sentencia interlocutoria impugnada por cuanto hace a su primer resolutivo y confirmó los restantes puntos resolutivos de la interlocutoria dictada en el diez de enero de dos mil veinte, por el Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, relativa al incidente de pensiones promovido en el procedimiento especial de divorcio incausado (en ejecución de pretensiones) 192/2016; contrario a lo alegado por la quejosa, sí se agotó la exigencia de motivación y fundamentación prevista en el artículo 16 constitucional, pues citó los preceptos aplicables al caso concreto, así como las razones por las cuales consideró infundados los agravios expresados por la quejosa, pero en suplencia de la queja era procedente modificar el primer punto resolutivo de la sentencia sometida a su consideración, señalando que: - Lo infundado de los disensos de que se trata resultaban precisamente del texto de la ejecutoria de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por ese mismo tribunal en el toca 1012/2017. - En oposición a lo alegado por la recurrente, la condena alimentaria impuesta a cargo del aquí tercero interesado, en la ejecutoria antes indicada resulta ser clara, precisa y puntual en cuanto a su monto, mismo que consiste en el equivalente que resulte de dos y media (2 ½) Unidades de Medida y Actualización (UMAS), multiplicado por los días que integran cada mes. - En la ejecutoria claramente se indicó el importe que en esa temporalidad arrojaban las dos y media Unidades de Medida y Actualización, en la cantidad de $6,125.60 (seis mil ciento veinticinco pesos 60/100 moneda nacional), aproximadamente, ello en la variación de los días que componen cada mes. - Contrario a lo afirmado por la recurrente, el juez de los autos de ninguna manera puso en duda la ejecutoria, mucho menos interpretó a su manera ese fallo emitido por la Alzada, puesto que refirió que el parámetro de dos y media Unidades de Medida y Actualización que se utilizó para cuantificar la pensión alimenticia reclamada en ese incidente, fue el impuesto al deudor, por concepto de pensión alimenticia a favor del menor quejoso, y no así cantidad en base al valor del salario mínimo diario general vigente, como lo pretendía la recurrente aquí quejosa. - Por ello, la decisión del operador judicial de modo alguno violentó las garantías de seguridad jurídica, de legalidad ni los derechos humanos del menor acreedor alimentario, puesto que su actuar se ciñó a lo expuesto literalmente en la ejecutoria que ese mismo tribunal dicto en la apelación que en su momento se interpuso contra la sentencia definitiva. - Si bien era cierto, en el quinto resolutivo de le referida ejecutoria, en relación a la pensión alimenticia en cuestión, se asentó lo siguiente "será equivalente al valor que tenga el salario mínimo general vigente para todo el país", ello se trató de un equívoco (lapsus calamis), que no tienen ninguna relación, ni deriva de los argumentos que integran los considerandos de la multicitada ejecutoria, siendo que, la parte resolutiva es la que puede perjudicar a los litigantes, y no la parte considerativa, pero que es e explorado derecho que ese principio debe entenderse unido al de congruencia, según el cual los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlo, y al efecto aplicó la jurisprudencia de rubro "SENTENCIAS. SU AUTORIDAD SE EXTIENDE A LOS CONSIDERANDOS". - La naturaleza del incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas, sólo tiene por objeto verificar si el deudor alimentario cumplió con aquéllas que le fueron reclamadas; ello, dese luego tomando en consideración la condena que se impuso en ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 1012/2017, en razón del equivalente de dos y medida (2 ½) Unidades de Medida y Actualización diarias, multiplicado por los días que contenga cada mes, de ahí lo infundado de los agravios. - Luego, señaló que durante el periodo reclamado transcurrieron siete -7 mesesfebrero- agosto de 2019, advirtiéndose que por tal concepto el apelante debió pagar la cantidad de $44,778.64 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 64/100 moneada nacional), en tanto que en actuaciones quedó justificado que el demandado incidentista realizó el pago de $44,359.00 (cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con los depósitos que realizó ante el Juzgado de Origen mediante billete de depósito. Por tanto, al confrontar ambas cantidades resulta un diferendo por la cantidad de $419.64 (cuatrocientos diecinueve pesos 64/100 moneda nacional) a cargo del demandado incidentista. - Si en la sentencia sujeta a revisión el juzgador determinó que por tal concepto el señor Enrique Cedeño Chávez, debió pagar la cantidad de $417.16 (cuatrocientos diecisiete pesos 16/100 moneda nacional), lo que evidencia que existió una diferencia ascendente de $2.64 (dos pesos 64/100 moneda nacional), a cargo del deudor, por lo que en estricto acatamiento del interés superior del hijo menor de edad y supliendo en su favor la deficiencia de la queja, se reguló y aprobó la planilla presentada por la incidentitas, para adecuar la realidad en concordancia con las actuaciones. - Por ello, en términos de los numerales 1.366, 2.157, 2.158, 2.163, del Código de Procedimientos Civiles, ese cuerpo colegiado determinó modificar la interlocutoria impugnada, y para ello reguló y aprobó planilla presentada por la incidentista hasta por la cantidad de $419,64 (cuatrocientos diecinueve pesos 64/100 moneda nacional), que deberá pagar el tercero interesado, a favor de su menor quejoso, por conducto de la madre, por concepto de pensiones alimenticias definitivas, que corresponden al periodo que corrió del mes de febrero al mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). Así las cosas, la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, expresó las diversas razones por las cuales consideró que los agravios de la quejosa en esa instancia eran infundados, cumpliendo con la fundamentación y motivación, no obstante al observar una diferencia a favor del quejoso respecto de la planilla de pensiones alimenticias, la responsable en suplencia de queja deficiente y en atención al interés superior del menor, declaró procedente modificar la sentencia sujeta a revisión, a fin de hacer acorde la cantidad a la actuaciones del juicio de origen, pero ello tomando como base la ejecutoria que se dictó en el procedimiento de origen, de lo que se puede observar que cumplió con las exigidas por el numeral 16 constitucional, colmando los principios de exhaustividad y congruencia, sin que el suscrito advierta que se haya cometido en agravio de la parte quejosa una violación a sus derechos fundamentales. Por otra parte, en cuanto hace a la porción de su concepto de violación que señala que la autoridad responsable debió considerar que su petición se basó fundamentalmente en lo que se resolvió en el resolutivo quinto de la ejecutoria dictada en el juicio en lo principal, en la que se fijó que la pensión alimenticia que corresponde pagar al aquí tercero interesado a favor del menor quejoso, debió calcularse en base a dos y medida unidades de medida y actualización diarias equivalentes al valor que tenga el salario mínimo general vigente para el país, y no así únicamente en dos y media unidades de medida y actualización como lo refirió en el considerando quinto de ese mismo fallo, también deviene infundado. Ello, toda vez que se considera correcto lo señalado por la responsable, en el sentido de que efectivamente en atención al principio de congruencia, los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos, por lo que considera ajustado a derecho que haya desestimado los motivos de disenso que planteó en relación a la resolución que fue materia de la apelación que ahora aquí se analiza. En efecto, el principio de congruencia consiste en que las resoluciones deben atender todos los planteamientos de la litis, tal como quedó formulada por medio de los escritos de demanda, contestación y desahogo a la vista dada con esta última, en su caso; además de desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio y los puntos resolutivos. Es aplicable al tema precedente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 77, del tomo 217-228 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, materia común, que es del tenor siguiente: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUE CONSISTE ESTE PRINCIPIO. La congruencia significa conformidad en cuanto a extensión, concepto y alcance entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las demandas, contestaciones y demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes." Como consecuencia, existen diversas situaciones por las cuales no se cumple con el principio de congruencia, los cuales son: 1. Cuando el fallo contiene determinaciones contradictorias entre sí. 2. Cuando concede al actor más de lo que pide. 3. Cuando no resuelve todas las cuestiones planteadas en la litis o resuelve puntos que no figuran en ella. De manera que el principio de congruencia, en esencia, está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis, tal y como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica consistente en que la resolución no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí, y por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. Para corroborar lo anterior, en el caso concreto basta la lectura del numeral 1195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece: "Artículo 1.195.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas, las contestaciones y las demás pretensiones deducidas por las partes; deberán ocuparse exclusivamente de las personas, cosas, acciones y excepciones que hayan sido materia del juicio, decidiendo todos los puntos litigiosos. Cuando éstos hubieran sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos." De la lectura del precepto reproducido, se advierte la existencia de los dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado de toda determinación judicial: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero está señalado en forma expresa, en tanto que el segundo queda implícito en esa disposición legal. Realizada la precisión que antecede, si bien este juzgado federal puede advertir que en la ejecutoria que se dictó en el toca de apelación 1012/2017, interpuesto contra la sentencia definitiva emitida en las controversia relativa al procedimiento especial de divorcio incausado y en ejecución de pretensiones, promovido por la quejosa Ivette Yasmin Sánchez Morales y el tercero interesado Enrique Cedeño Chávez, registrado con el número 192/2016, -cuyo contenido no está sujeto a análisis de la presente sentencia; sin embargo, al ser cosa juzgada si sirvió como fundamento para emitir la sentencia interlocutoria que se sometió a apelación cuya resolución se analiza-, se desatendió el principio de congruencia, lo cual resulta evidente porque al resolver el recurso de referencia, y en lo que aquí interesa se señaló: "QUINTO.- Se estima justo, proporcional y equitativo fijar a favor del menor HENDRIK CEDEÑO SÁNCHEZ, como pensión alimenticia definitiva y a cargo del señor ENRIQUE CEDEÑO CHÁVEZ, la cantidad que resulte de multiplicar DOS UNIDADES Y MEDIA DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN elevada a los días que correspondan a cada mes, la cual acorde a la publicación del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, realizada en el Diario Oficial de la Federación, será equivalente al valor que tenga el salario mínimo general vigente para todo el país." Esto es, en el resolutivo se estableció que el acreedor alimentario tendría que pagar por concepto de pensión alimenticia dos unidades y media de medida y actualización elevada a los días que correspondieran a cada mes, y ello sería por el equivalente al salario mínimo general vigente en el país; sin embargo, también cierto es que en la parte considerativa se estableció: "(.) En ese orden de ideas, asiste razón al apelante en cuanto refiere que la pensión alimenticia decretada a su cargo, resulta elevada, y no corresponde a sus posibilidades económicas actuales; motivo por el cual atendiendo al binomio de capacidad-necesidad que debe ser ponderado en este cao, se estima factible reducir el monto establecido por el Juez primario (3 UMAS), para decretarlo a razón de dos unidades y media de medida y actualización de forma diaria, que equivaldrían aproximadamente a $6,125.60 (seis mil ciento veinticinco pesos 60/100 M.N.) mensuales;." Ahora, en esa parte considerativa únicamente se indicó que dicha pensión debía ser otorgada en base a dos y media unidades de medida y actualización, de forma diaria, dando un equivalente aproximado a la cantidad precisada, esto es, si bien existe congruencia en cuanto a las unidades de medida y actualización que se deben proporcionar por concepto de pensión alimenticia, en una parte se estableció que deberían ser dos y medida unidades de medida y actualización (considerando), y en otra, se indicó esa misma cantidad de pero equivalente al valor que tuviera el salario mínimo general vigente en el país (resolutivo), lo cual no fue congruente, Empero, como lo considero la responsable lo cierto es que cuando en los resolutivos de una sentencia se adviertan deficiencias en su estructuración gramatical, creándose duda sobre el contenido exacto de lo resuelto o de sus límites, es válido acudir a la parte considerativa de aquél, en cuyo apartado hubieren quedado indicados los elementos que integran los puntos de condena, pues debe atenderse al principio que establece que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos, a fin de concretar el sentido y alcance de la decisión, por ser dicho segmento de la sentencia más explícito. Por tanto, como bien lo indicó la responsable para efectos de cuantificar y actualizar los alimentos cuya resolución se sometió a análisis a través del recurso de apelación, fue valido que para verificar la planilla de pensiones alimenticias que hizo valer la quejosa, se hiciera en base a cantidad que se decretó, esto es bajo la unidad de medida y actualización, sin tener que hacer diversa cuantificación, puesto que no se estableció de esa forma en tal considerando, aun ante la impresión que se dejó ver en su resolutivo, puesto que se insiste, las consideraciones de la sentencia reclamada son las que deben prevalecer ante la contradicción con el resolutivo enunciado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1026, del Tomo XVII, Abril de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIA. LOS CONSIDERANDOS DE ÉSTA, RIGEN A LOS RESOLUTIVOS Y SIRVEN PARA INTERPRETARLOS. Cuando existe discrepancia entre un considerando de una sentencia y un resolutivo de la misma, debe entenderse que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos; y, por ende, los argumentos de la sentencia, por sí mismos, no causan agravios al quejoso, cuando éstos no han conducido a la ilegalidad de la resolución reclamada." Más aún que como se indicó, la ejecutoria de referencia que resolvió el procedimiento de origen, no está sujeta a análisis de la presente sentencia, pues no es el acto reclamado; sin embargo, sí sirvió como fundamento para emitir la interlocutoria que se sometió a apelación cuya resolución se analiza en este asunto, por lo que la primera de las mencionadas ya tiene la connotación de cosa juzgada, puesto que no se advierte de autos que fuera combatida. De ahí que, a través de este amparo no pueda modificarse y resulte suficiente para determinar que fue correcta la determinación de la Sala responsable al momento de emitir la resolución que se sometió a su consideración, puesto que como se indicó, ante tal incongruencia advertida en esa ejecutoria, fue acertado que el juez primigenio acudiera a la parte considerativa para analizar la cantidad que por alimentos tiene que cubrir el aquí tercero interesado, a favor del menor quejoso, y luego confirmada por la autoridad aquí responsable. Por otra parte, en su segundo concepto de violación la parte quejosa refiere que es de explorado derecho que la suplencia de la queja es de aplicación oficiosa a favor de menores. Además, explica una serie de razonamientos en relación a porqué a su decir se creó la Unidad de Medida y Actualización, y se desvinculó el Salario Mínimo General vigente de las Leyes para dejar de ser utilizado como unidad de medida, que por tal razón las pensiones alimentarias deben ser determinadas en base al salario mínimo general vigente por existir disposición constitucional en ese sentido, y por tanto en el caso en concreto, se debió de aplicar dicha disposición en favor del menor quejoso. El anterior concepto de violación deviene infundado en parte, esto es, respecto de las cuestiones relativas a que en todo procedimiento donde se encuentre involucrado un menor, de manera oficiosa debe aplicarse la suplencia de la queja. Lo anterior es así, pues como se indicó en párrafos que anteceden, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la Sala Responsable al momento de emitir la sentencia que reclama, sí suplió la deficiencia de la queja a favor del quejoso, lo cual inclusive fue suficiente para modificar el primer resolutivo de la sentencia interlocutoria apelada. Puesto que para ello señaló que durante el periodo reclamado respecto de la actualización de pensiones, transcurrieron siete meses, correspondientes de febrero a agosto de dos mil diecinueve, y que durante ese periodo el deudor debió pagar la cantidad de $44,778.64 (cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos 64/100 moneada nacional); en tanto que, si de actuaciones quedó justificado que el demandado incidentista realizó el pago de $44,359.00 (cuarenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), con los depósitos que realizó ante el juzgado de origen mediante billete de depósito; por tanto, al confrontar ambas cantidades resultó un diferendo por la cantidad de $419.64 (cuatrocientos diecinueve pesos 64/100 moneda nacional) a cargo del demandado incidentista. Además, señaló que ello era así con independencia de que en la sentencia sujeta a revisión el juzgador de origen hubiera determinado que por tal concepto el señor Enrique Cedeño Chávez, debió pagar la cantidad de $417.16 (cuatrocientos diecisiete pesos 16/100 moneda nacional), de tal suerte que ello evidencia que existió una diferencia ascendente de $2.64 (dos pesos 64/100 moneda nacional), a cargo del deudor, por lo que en estricto acatamiento del interés superior del hijo menor de edad y supliendo en su favor la deficiencia de la queja, se reguló y aprobó la planilla presentada por la incidentitas, para adecuar la realidad en concordancia con las actuaciones. Razón la antes dicha por la que en términos de los numerales 1.366, 2.157, 2.158, 2.163, del Código de Procedimientos Civiles, ese cuerpo colegiado determinó modificar la interlocutoria impugnada, y para ello reguló y aprobó planilla presentada por la incidentista hasta por la cantidad de $419,64 (cuatrocientos diecinueve pesos 64/100 moneda nacional), que deberá pagar el tercero interesado, a favor de su menor hijo, por conducto de la madre, por concepto de pensiones alimenticias definitivas, que corresponden al periodo que corrió del mes de febrero al mes de agosto de dos mil diecinueve, luego entonces contrario a lo señalado por la quejosa en su concepto de violación, la responsable sí aplicó la suplencia de la queja a favor del menor, en atención al interés suprior que debe preservar por mandato constitucional, en términos del numeral 4 Constitucional. Y finalmente, la porción de ese mismo concepto de violación que refiere, en el sentido de que para la fijación de pensiones alimenticias se debe fijar con base en el salario mínimo general y no en base a la unidad de medida y actualización, resulta inoperante. Ello es así, ya que de lo antes expuesto se pone de manifiesto que la quejosa en nada destruye las consideraciones que sirvieron de base a la responsable para emitir la resolución que hoy se reclama, puesto que con las mismas pretende evidenciar que se debió hacer el cálculo de actualización de pensiones alimenticias en base al salario mínimo general vigente y no así en unidades de medida y actualización. Empero, como lo precisó la responsable, en el incidente de liquidación de pensiones alimenticias vencidas sólo tiene por objeto verificar sí el deudor alimentario ha dado cumplimiento con aquéllas que le fueron reclamadas, pero no así la forma bajo las cuales se deben cuantificar, puesto que ello ya se encuentra establecido en la sentencia definitiva en la que se condenó a tal prestación. Apoya a lo anterior, la jusriprudencia 1a./J. 81/2002 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." En el contexto apuntado, al resultar infundados e inoperante en parte, los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, y sin que este órgano federal advierta cuestión que suplir, lo procedente en el caso es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 61, 62, 73, 74, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a ----------, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales H.C.S., respecto del acto precisado en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en diverso último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así, lo resolvió y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en Naucalpan Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante el secretario Jesús Facio Rodríguez, que da fe, hasta el día de hoy treinta de octubre de dos mil veinte, en que las labores del juzgado lo permitieron.

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