Iván Salazar Espinosa

Expediente 330/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
330/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Iván Salazar Espinosa

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días; en consecuencia, se declara que la determinación de veinticuatro de marzo del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, por su propio derecho, en el presente juicio de amparo 330/2023-VII, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Finalmente, sin que se omita precisar que el presente asunto, no es considerado asunto de relevancia documental.

  2. Principal

    vista la demanda de amparo promovida por ***** contra actos del Juez Cuarto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 330/2023-VII. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico. DESECHAMIENTO. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Dicho precepto autoriza al órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Una vez señalado lo anterior, de la lectura integra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos que reclama el quejoso, consisten en:  Los autos de ocho y catorce de marzo del presente año, dictados en la tercería excluyente de dominio promovida dentro del juicio oral mercantil 263/2022, del índice del Juzgado Cuarto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través de los cuales, en el primero no acordó de conformidad lo solicitado por el aquí quejoso, en el sentido de suspender la citación para sentencia de dicha tercería, mientras que en el segundo, no se admitió como prueba superviniente la documental que intentó incorporar, relativa al acuse del escrito aclaratorio de doce de octubre de dos mil veintidós, en la que se solicitó la corrección del convenio de reconocimiento de adeudo y dación de pago que se celebró en un diverso procedimiento. Así pues, este juzgado estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen:"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado este precepto jurídico, específicamente, en la parte relativa a que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por tanto, procede el amparo indirecto contra actos realizados en un juicio, que sean de imposible reparación entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo. Luego entonces, si en el caso el quejoso reclama las determinaciones en las que por una parte, no se suspendió la citación para el dictado de sentencia de la tercería excluyente promovida dentro del juicio de origen, mientras que en la segunda determinación no se admitió la prueba documental que intentó incorporar como superveniente, no implica que necesariamente dichas situaciones, influirán en la determinación que tome el juez de origen al resolver el fondo de ese procedimiento de tercería. En ese sentido, la resolución con la que concluya ese trámite, incluso, puede resultar favorable al quejoso y aún en el supuesto de serle adverso, puede alegar estas violaciones mediante la vía correcta que en su caso y oportunidad promueva contra dichas determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Lo anterior, confirma que los actos reclamados no quebrantan en perjuicio del quejoso, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación. En ese sentido, dicho reclamo no constituye un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, página dos mil ochocientos doce, de rubro: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO." Así como la diversa tesis I.3o.C.179 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primero Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Página 937, de título: "CITACIÓN PARA SENTENCIA. PROCEDE RECURSO EN SU CONTRA Y ÉSTE DEBE AGOTARSE PARA PREPARAR EL AMPARO DIRECTO DONDE SE PROPUSO LA VIOLACIÓN PROCESAL CONSISTENTE EN EL DESAHOGO PENDIENTE DE UNA PRUEBA." De igual forma, la emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, Página 627, del rubro: "TERCERÍAS. LOS PROVEÍDOS DICTADOS EN EL TRÁMITE DE LAS MISMAS NO SON ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE." Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo; por tanto, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por Iván Salazar Espinosa, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro orden de ideas, ya que el promovente proporcionó el nombre de usuario "IVANESPINOSA"; en términos de lo dispuesto por los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta vía internet y notificaciones electrónicas del asunto, por así haberlo solicitado en el escrito inicial; por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias. También, se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12, de la Ley de Amparo, a Miguel Guillermo Arias Hernández, ya que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Aunado a ello, se tiene a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico ctorresramos37@gmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se considere necesarios, y estar en posibilidades de dar expedites al asunto, conforme a lo señalado en el numeral 17 Constitucional. TRÁMITE DE JUICIO EN LINEA. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 257, fracción I, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se sugiere a la parte quejosa que, de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. También, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Jesús Facio Rodríguez, a saber 5553870500, extensión 1387, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 30 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, de conformidad con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como por lo establecido en el Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y reformado mediante el diverso acuerdo publicado el veintiséis de marzo de dos mil veinte, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial.

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