Ivette Hornedo Nicolini y Otros.

Expediente 853/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
853/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
30/05/2016

Partes del expediente

  • Ivette Hornedo Nicolini y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 853/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, y adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca relativo al amparo en revisión 348/2015, de la que se advierte que los Magistrados integrantes del citado Tribunal al resolver confirmaron la sentencia recurrida en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la revisión, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Ivette Hornedo Nicolini, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso a), 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo; así como el artículo 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso revisión que interpone la parte quejosa en contra de la sentencia indicada. Con copia del escrito que contiene la expresión de agravios córrase traslado a las partes y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para lo cual obténganse las copias conducentes para integrar los antecedentes de este asunto. Asimismo, una vez que las partes se encuentren notificadas de la tramitación del recurso, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se integre, conforme con lo previsto en el artículo 90 de la Ley aplicada, envíese el original del juicio de amparo en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, de conformidad con las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados Tribunales Colegiados, para los efectos de la substanciación del medio de impugnación, anexando el original del escrito que contiene la expresión de agravios y la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos a la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ivette Hornedo Nicolini, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, atento a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Expídase a las partes la copia que refiere el considerando quinto de este fallo. CUARTO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la audiencia respectiva relaciónense a título de alegatos; por otra parte, respecto de la prueba de informe que menciona se le solicite a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que manifieste ciertas circunstancias no ha lugar a admitirla, por las siguientes consideraciones: HIPÓTESIS NORMATIVA De acuerdo con los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o al derecho, sin más limitación que sean conducentes; por lo que el Juez de amparo está facultado para desechar las pruebas que estime inconducentes. HECHOS En el caso, los actos reclamados consisten en el oficio nueve de siete de mayo de dos mil quince expedido por el Subdirector de Inspección y Archivo General de Notarías en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, la negativa de informarle de la existencia de disposición testamentaria a nombre de Ignacio José Aiza y el oficio de doce de mayo de dos mil quince emitido por la Notaría Pública Número Diecisiete de Córdoba, Veracruz, actos que fueron parcialmente negados y aceptados por el Director General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y la Notaría Pública Número Diecisiete de Córdoba, Veracruz, en su respectivo informe justificado. La parte quejosa ofreció la prueba DE INFORMES, a cargo de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (autoridad responsable), con el efecto de que informe, la existencia de aviso del otorgamiento de testamento público abierto de Ignacio José Aiza otorgado por los notarios en la Décimo Cuarta Demarcación Notarial de Córdoba, Veracruz y en especial ante la Notaría Número Diecisiete, dentro del periodo comprendido del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro al mes de febrero de dos mil catorce. CONCLUSIONES De todo lo anterior, se concluye respetuosamente que no puede ordenarse a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en su carácter de autoridad responsable, que rinda informe en determinado sentido, máxime que en autos obra el que rindió y bajo su más estricta responsabilidad negó parcialmente la existencia de los actos reclamados que le fueron atribuidos. Adicionalmente, se considera que la prueba de informe a cargo de una autoridad responsable tendría como efecto la confesión de hechos determinados, con motivo de cuestionamientos particulares, lo cual está prohibido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, que no permite el desahogo de la prueba confesional de posiciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, procede desechar LA PRUEBA DE INFORME, propuesta por la parte quejosa. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Novena Época Registro: 178466 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: IV.3o.A.19 K Página: 1456 "DOCUMENTAL VÍA INFORME DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA CONFESIONAL POR POSICIONES PROSCRITA POR LA LEY DE AMPARO. La nota distintiva entre las pruebas testimonial y confesional consiste en el sujeto a cargo de quien se ofrece; si la ofrecida versa sobre la declaración de un tercero, a través de una serie de cuestionamientos sobre hechos que le constan, debatidos en el juicio, se estará ante la presencia de una prueba testimonial; por el contrario, la declaración de una de las partes, mediante un interrogatorio, constituye una prueba confesional por posiciones. Por ende, la probanza ofrecida en el juicio de garantías, consistente en la "documental vía informe" a cargo de una autoridad responsable, mediante la respuesta a una serie de cuestionamientos que plantea la parte quejosa vinculados con los actos reclamados; virtualmente se traduce en una confesional por posiciones, proscrita por el artículo 150 de la Ley de Amparo." Novena Época Registro: 181052 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Común Tesis: VIII.3o.14 K Página: 1780 PRUEBAS EN EL AMPARO. ES INADMISIBLE LA DECLARACIÓN DE UNA DE LAS PARTES A TRAVÉS DE "POSICIONES", INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA EN QUE SE FORMULE, PUES EQUIVALE A UNA CONFESIONAL NO PERMITIDA POR LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías no es admisible la prueba "de posiciones"; ello lleva a considerar que no debe admitirse la prueba de declaración de una de las partes, bajo la denominación de "prueba testimonial", pues una de las notas que distingue a la confesional de la testimonial, es el carácter que tienen en el juicio las personas a cargo de las cuales se desahogarán, toda vez que la doctrina suele distinguir las declaraciones procesales según el sujeto que las haga, y las denomina "confesiones" cuando provienen de una de las partes del proceso, y "testimoniales" cuando son de otras personas; así, en la prueba testimonial el sujeto declarará hechos que no le son propios, pero le constan, por haberlos presenciado u oído, mientras que en la confesional el sujeto refiere hechos que le son propios, es decir, que por sí mismo efectuó o dejó de hacer, surgiendo así una diversa nota, que distingue una de la otra, como lo es que el testigo expresa hechos que no le son perjudiciales, mientras que en la confesional, quien la desahoga, declara contra sí mismo. De ahí se tiene que, independientemente de la forma en que se formule un cuestionamiento a una de las partes, esto es, en forma de "posición" o de "interrogatorio", la prueba a su cargo propiamente se trata de una confesional y de estimar lo contrario, el argumento de que no le son formulados cuestionamientos conforme al formalismo establecido para las "posiciones", se llegaría al extremo de desvirtuar la naturaleza de la prueba confesional, asimilándola a la testimonial, ya que ésta no persigue que las partes reconozcan algún hecho que realizaron o dejaron de hacer que les perjudique en el juicio, lo cual es propio de la confesional a través de posiciones." Sin que la decisión anterior implique dejar sin defensa al oferente, debido a que al analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, se tomarán en cuenta todas las constancias que obran en el expediente en que se actúa, pues el artículo 75 de a Ley de Amparo, prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: Octava Época Registro: 224102 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Enero de 1991 Materia(s): Común Tesis: Página: 393 "PRUEBAS EN EL AMPARO. EL JUZGADOR PUEDE DESECHAR LAS QUE ESTIME INCONDUCENTES. Cuando las probanzas no fueron ofrecidas en forma oportuna para la primera audiencia señalada, sino para la diferida a otra fecha, y aun cuando del contexto de los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, se desprende que en los juicios de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto las de posiciones y las que fueran contra la moral y el derecho, no debe perderse de vista que dichos preceptos deben interpretarse en relación con el principio general de derecho que faculta al juzgador para desechar las pruebas que estime inoportunas, inconducentes o no idóneas, y en el caso es obvio que aquel derecho ya se perdió por la circunstancia de que no fue ejercitado dentro del término que fija la Ley de la materia, esto es, cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia de fondo, sin contar el del ofrecimiento ni el de la propia audiencia."

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