IVÁN VICENTE CABRERA REYES y Otros.
Expediente 318/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- IVÁN VICENTE CABRERA REYES y Otros.
- Iván Vicente Cabrera Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
En atención al oficio remitido por las autoridades responsables pertenecientes al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, estese a lo acordado en proveído de tres de agosto de dos mil dieciséis (foja 258), en el que se dio vista a la parte quejosa con las medidas adoptadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; no obstante lo anterior, tómense en cuenta al momento de emitir el pronunciamiento respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante escrito registrado con el número 15508, la parte quejosa desahogó la vista concedida respecto de las constancias allegadas por las autoridades responsables en cumplimiento al fallo protector; por tanto, se procede a analizar si la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado por la parte quejosa consistió en: I.- La resolución de cinco de febrero de dos mil quince, que confirmó el correctivo disciplinario que le fue impuesto al quejoso IVÁN VICENTE CABRERA REYES el uno de septiembre de dos mil catorce. II.- En sentencia de uno de junio de dos mil quince, se concedió el amparo para el efecto de que la Coordinadora General de Centros Federales, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México realizara lo siguiente: ? Dejara sin efecto la resolución de cinco de febrero de dos mil quince; y: ? Dictara una nueva resolución en la que repusiera el procedimiento por parte del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz y antes de que procediera a determinar sobre la existencia de la probable infracción, se concediera a la parte quejosa un tiempo suficiente a fin de que estuviera en aptitud de manifestar por escrito lo que a su derecho conviniera, previo conocimiento cierto de los hechos que se le atribuyen. III.- La sentencia emitida en este asunto fue recurrida por la Coordinadora General de Centros Federales, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México (fojas 194-203). IV.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz confirmó la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo que, en acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la concesión otorgada a la parte quejosa (fojas 226 a 239). V.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables informaron las medidas adoptadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 244, 249, 252 a 254, 266 a 268, 270, 272 y 273). VI.- Del análisis de las constancias de autos, se advierte que la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria realizó lo siguiente: ? Dejó insubsistente la resolución dictada el cinco de febrero de dos mil quince, así como el correctivo disciplinario impuesto al quejoso; y: ? Ordenó reponer el procedimiento para que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz sesionara nuevamente para aplicar la corrección disciplinaria correspondiente, siempre y cuando las autoridades de esa unidad administrativa resolvieran lo conducente en atención a los lineamientos del cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio de amparo y respetaran en todo momento la garantía de audiencia del quejoso; esto es, deberían darle el tiempo consistente en tres días para contestar por escrito lo que a su interés conviniera una vez notificada la infracción que se le imputara (fojas 252 a 254). En consecuencia, PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como CONCLUIDO. No es óbice a la anterior determinación, las manifestaciones formuladas por la parte quejosa en la diligencia con la cual desahoga la vista otorgada (foja 259), debido a que sus manifestaciones resultan ajenas a la litis de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
De la diligencia de notificación del auto de tres de agosto de dos mil dieciséis, realizada al quejoso Iván Vicente Cabrera Reyes, se advierte que formuló diversas manifestaciones; al respecto, hágase de su conocimiento que éstas no tienen relación con el acto reclamado en este asunto. No obstante lo anterior, debido a que los actos que aduce el quejoso afectan su integridad física con motivo de los actos de tortura por parte de elementos de seguridad del centro de su reclusión; con fundamento en el artículo 17 Constitucional, así como al principio pro persona, dese vista al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, para que bajo su absoluta responsabilidad tome las medidas necesarias a efecto de garantizar la integridad física del quejoso; por tal motivo, recábese copia simple de la notificación personal de cuenta para que acompañé al oficio que al efecto se libre. Asimismo, se toman en cuenta las disposiciones legales siguientes: El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Artículo 1. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social." "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." En la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se determinó lo siguiente: "ARTÍCULO 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención." "ARTÍCULO 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción." "ARTÍCULO 8. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado". Con apoyo en las disposiciones anteriores, a efecto de esclarecer los posibles hechos de tortura que menciona el quejoso, dese vista a la Procuradora General de la República, con sede en Ciudad de México, para que en uso de sus facultades ordene a quien corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la existencia de los hechos de posible tortura alegados por el quejoso, identificar a los responsables, en su caso, iniciar su procesamiento penal, auxiliado con los medios y expertos idóneos para la investigación de estos casos; si del resultado de la averiguación previa se acreditan los posibles actos de tortura que alude el quejoso, determine las eventuales responsabilidades penales, en esa hipótesis, aplique las sanciones, así como las consecuencias que la ley prevea, asimismo, garantice la reparación del daño físico-psicológico, que, de ser así, haya sido causado al quejoso, con el objeto de establecer la secuela total del daño producido por la tortura, además de proponer el tratamiento correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, por la misma vía informe el trámite dado a lo manifestado por el promovente, apercibida que de no hacerlo, o informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. El criterio anterior, fue igualmente sostenido por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo directo 78/2012 de su índice, en sesión de dos de mayo de dos mil doce, en la cual la parte quejosa alegó que fue objeto de actos de tortura al momento de su detención por parte de los policías aprehensores, por tanto, atendiendo dichas manifestaciones, se ordenó que se iniciara la averiguación correspondiente para el esclarecimiento de tales hechos de tortura. Esta determinación no excede el ámbito de aplicabilidad del juicio de amparo aunque la Procuradora General de la República no figure como autoridad responsable, pues conforme con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, este juicio es el medio legal para reparar la violación de los derechos humanos reconocidos en ella y en tratados internacionales suscritos por México, ya que este órgano de amparo debe garantizar que el respeto a los derechos humanos avance, conforme con el principio de progresividad, además, de que el incumplimiento de la obligación de investigación oficiosa implica violación al derecho a la integridad física y psíquica, las cuales deben repararse, acorde también con el derecho del hoy quejoso a un recurso judicial efectivo y sencillo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable al caso, la tesis siguiente: Décima Época Registro: 2001218 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.) Página: 1107 "ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro hómine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito".
- Principal
El Coordinador General de Centros Federales, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en Ciudad de México, informa las medidas adoptadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, remite diversas constancias para tal efecto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, por el plazo de TRES DÍAS legalmente computado, con las constancias que obran en autos, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo; transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin éste, se dictará la resolución que corresponda.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Boca del Río, Veracruz, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 318/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, y adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en el toca relativo al amparo en revisión penal 111/2016 de la que se advierte que los Magistrados integrantes del citado Tribunal al resolver determinaron CONFIRMAR la sentencia recurrida. Acúsese recibo; hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la revisión. REQUERIMIENTO Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, justifiquen haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo o, en su caso, comunique las medidas que adopte con tal finalidad o el impedimento legal que tenga para hacerlo; apercibido que de no cumplir se le impondrá una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se continuará con el procedimiento establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo.
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