Iveth Margarita Miranda Campa
Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 659/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Iveth Margarita Miranda Campa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Glósese a sus autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable, Presidenta de la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con el que solicita la devolución de los autos original del juicio laboral ******************** de su índice, para estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, remítasele los autos originales del expediente laboral ******************** de su índice, los que envió anexos a su informe justificado. Solicitando remita el acuse de recibo de manera inmediata. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma Claudia López López, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante Jesús Eduardo Acosta Moroyoqui, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 659/2023 VII, promovido por **, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitra, con residencia en esta ciudad, y la actuaria adscrita a dicha junta laboral. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el treinta de junio de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el mismo día, ** promovió demanda de amparo en contra de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y la actuaria adscrita a dicha junta laboral, contra el acto que se precisara en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La quejosa señaló como derechos vulnerados el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El tres de julio de dos mil veintitrés, se radicó la demanda con el consecutivo 659/2023 VII, y se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que la conducta se atribuye a autoridad residente en esta ciudad, lugar sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, informe justificado y las pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, la substanciación del juicio laboral 901/2021 de su índice, al no proveer en los términos previstos en la ley, respecto a desahogar las pruebas ofrecidas. Actuaria adscrita a la citada junta laboral, la omisión de realizar las notificaciones personales para el desahogo de las pruebas ofrecidas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitra, con residencia en esta ciudad, y la actuaria adscrita a dicha junta laboral, a pesar de que negaron el acto reclamado al rendir su respectivo informe justificado (foja 34 y 36). Se corrobora lo anterior, con los autos originales del expediente laboral 901/2021, que adjuntó dicha autoridad responsable al rendir el informe justificado. Constancias que cuentan con pleno valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debido a que esta juzgadora no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, ni que las partes la hubieran alegado, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Innecesario transcribir los conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación que se hacen valer, pues la falta de transcripción ningún perjuicio ocasiona a la parte quejosa, dado que se estudiarán las cuestiones de legalidad o inconstitucionalidad efectivamente planteadas y se resolverá con base en los principios de exhaustividad y congruencia tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. SEXTO. Análisis constitucionalidad del acto reclamado. El concepto de violación planteado es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada.En este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la accionante del amparo, es la parte trabajadora en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 158/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 359, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2010624, de rubro: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. La quejosa reclama la omisión de substanciar y recabar las pruebas ofrecidas en el expediente laboral 901/2021, no obstante que desde el uno de junio de dos mil veintidós, se admitieron los medios de convicción, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta fundado dicho concepto de violación, por lo siguiente. Del contenido del artículo 17 constitucional, se desprende que la garantía de administración de justicia, que contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Así lo anterior lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 192/2007, de rubro: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Ahora bien, los artículos 880, 883 y 884 de la Ley del Trabajo, aplicables, disponen lo siguiente: Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos. De dichos numerales, se advierten los procedimientos que deberán observar los Tribunales del Trabajo en los juicios laborales sometidos a su potestad, relativos al ofrecimiento y desahogo de pruebas, procedimientos que los constriñe a actuar y pronunciarse de conformidad con lo establecido y dentro de los términos señalados para tal efecto; en lo que interesa, conforme al artículo 883, la Junta responsable debía ordenar, en el auto de admisión de pruebas, que se giraran los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. En el caso, del contenido de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se advierte que en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de uno de junio de dos mil veintidós, se tuvo a las partes del juicio laboral por ofrecidas las pruebas que describieron en sus escritos de pruebas, realizando la calificación de las mismas y señalando los medios de perfeccionamiento de aquellas que por su naturaleza no pudieron desahogarse en ese acto, fijándose el dos de septiembre de ese año, y otras para el cinco del citado mes y anualidad, para el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte demanda; sin que a la fecha se hayan desahogado la totalidad de las probanzas ofrecidas por las partes. Es decir, si desde el uno de junio de dos mil veintidós se admitieron las ofrecidas por ambas partes, es evidente que se vulnera la garantía relativa prevista en el citado artículo 17 Constitucional, enfatizando que en numerables ocasión no fue posible llevar a cabo diversas pruebas testimoniales, en virtud de la falta de notificación, además de no requerir por las pruebas, apercibir ni hacer efectivo medio de apremio a fin de recabar los medios de convicción. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, marzo de 2019, con registro digital 2019400, de rubro: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio del quejoso su derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta Especial número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Desahogue dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el juicio laboral 901/2021, debiendo notificar a las partes personalmente, y hacer los medios de apremio previstos en la ley, y b) Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. Cabe indicar que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio laboral de origen se desahoguen las probanzas ofertadas por las partes, y, como consecuencia de ello, se avance a la etapa procesal siguiente, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio natural, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, materia común, página 732, del tenor siguiente:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo o sentencia, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, esto, de igual forma, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **, en contra de las autoridades y acto reclamado precisados en el considerando segundo, para los efectos de la parte final del último considerando. Notifíquese en lista electrónica a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a las diez horas con cuarenta minutos de hoy está programada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que aun transcurre a las partes el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedido en el auto de siete de los actuales, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, como se aprecia de la constancia de notificación respectiva del referido acuerdo Para dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia señalada para esta fecha y ahora en su lugar para su desahogo se fijan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.spm
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados y anexos, remitidos por las autoridades responsables, Presidente de la Junta Especial número 55 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y la Actuaria adscrita a la citada Junta; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y las constancias que se adjuntaron, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 de la Ley de Amparo, téngase a la junta laboral señalando como delegada a la licenciada indicada. Asimismo, el presidente de la referida junta remite, en carácter devolutivo, los autos originales del expediente laboral 901/2021 de su índice; dado el volumen de las constancias (220 fojas) y para un mejor manejo del expediente, se abre tomo de pruebas por separado y en su oportunidad devuélvase a la autoridad remitente. Lo anterior, considérese en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica.- Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.spm
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