Iván Vargas Reyes

Expediente 538/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
538/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
08/10/2021

Partes del expediente

  • Iván Vargas Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien le pudiera causar perjuicio, haya recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se decretó el sobreseimiento en el presente asunto. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no histórico y no obran documentos originales. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo **********/2020-VII, la licenciada **********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con el licenciado **********, Secretario que autoriza y da fe, declaró abierta la audiencia, a la cual no compareció ninguna de las partes, no obstante que se les indicó que podrían comparecer mediante escrito. Abierta la audiencia, en la Secretaría se hace relación de las constancias que se encuentran en autos, entre ellas la demanda de amparo y anexo, auto de admisión de diecinueve de octubre de dos mil veinte, las constancias de notificación a las partes, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, residente en esta ciudad; Titular de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador de Centros Federales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Asimismo, se certifica que hasta esta hora no se ha presentado promoción alguna dirigida a este expediente, que se encuentre pendiente por acordar. En atención a lo anterior la Jueza, acuerda: De conformidad con los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas las constancias de cuenta. Acto continuo, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la Juez abrió el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales presentadas por las autoridades responsables correspondientes en compañía a sus informes, se tienen por desahogadas. Con lo cual, se cierra este periodo. Continuando con la diligencia, la Jueza ordenó pasar a la etapa de alegatos. En dicha fase, el secretario se hizo constar que las partes no los formularon, por lo que, se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y la Jueza ordenó dictar la correspondiente. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2020-VII. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, por **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en favor del directo quejoso **********, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, a quien reclamó el traslado del referido quejoso del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho, residente en Ramos Arizpe, Coahuila. Asimismo, se proveyó lo conducente respecto a la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, el quejoso ********** ratificó su demanda de amparo y este órgano jurisdiccional la registró con el número **********/2020-VII y la admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los mismos, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el presente juicio, se desprende que consisten en los siguientes: 1.- La orden de traslado del quejoso ********** del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, ubicado en esta ciudad, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciocho, residente en Ramos Arizpe, Coahuila; 2.- La incomunicación que refirió dicho quejoso fue sujeto; y, 3.- La ejecución de lo anterior. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Es inexistente los actos reclamados por el quejoso, pues las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta localidad; Titular de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, por conducto de su Titular licenciado **********; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador de Centros Federales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente el acto consiste en la incomunicación del quejoso **********. Asimismo, la citada responsable Coordinador de Centros Federales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, negó el diverso acto precisado en considerando segundo considerando identificado bajo el punto número uno, relativo al traslado de la multicitada parte procesal. Sin que la parte quejosa haya aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuarlos. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) CUARTO. Existencia del acto reclamado. La potestad Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, al rendir informe justificado, aceptó el diverso acto concerniente a la orden de traslado que le atribuye el accionante del amparo, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad del mismo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Igualmente ES CIERTA la ejecución del traslado, reclamada al Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta localidad, no obstante que al rendir su informe negó categóricamente el acto dicho motivo de disenso, pues tal afirmación se desvirtúa en atención a que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, quien cuenta con el carácter de autoridad ordenadora, admitió su existencia; entonces indudablemente la autoridad ejecutora por razón de jerarquía, tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden. Lo anterior, se corrobora con el criterio establecido en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página cincuenta y seis, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de los oficios SSPC/PRS/28335/2019, (autorización de ingreso), SSPC/PRS/28333/2019 (autorización de traslado, a través del cual se informó a la autoridad penitenciaria del Estado de Chihuahua respecto de la autorización de ingreso del aquí quejoso al Centro Penitenciario Federal Número 18) y FGE-23S/4690/2019 de doce noviembre de dos mil diecinueve (solicitud de traslado); documentos a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la Tesis: I.14o.C.4 K, visible en la página 1118, del Tomo XVII, Febrero de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro: 184814) de voz y rubro: PRUEBA DOCUMENTAL. CONCEPTO. Documento es toda cosa que sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Puede ser declarativo-representativo cuando contenga una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como en el caso de los escritos públicos o privados, pero puede ser solamente representativo (no declarativo), cuando no contenga ninguna declaración, como ocurre en los planos, cuadros o fotografías; de ahí que el documento no es siempre un escrito. La raíz etimológica ratifica su carácter representativo, porque la voz documento deriva del vocablo docere que significa enseñar o hacer conocer. Por lo que la prueba documental es aquel medio de convicción por el cual una de las partes en litigio se sirve para demostrar un hecho que se encuentra vinculado a las cuestiones controvertidas en el procedimiento de referencia. QUINTO. Procedencia. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se impone analizar la procedencia del presente juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Es aplicable al caso la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Tomo Parte VIII, Materia Común, página 262, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En caso, este órgano de control constitucional concuerda con el hecho de que se actualiza las causas de improcedencia que hizo valer la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad México, establecidas en las fracciones XVIII y XX, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las que establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.] Como se puede advertir, las disposiciones constitucionales y legales transcritas establecen el principio de definitividad en el juicio de amparo, el cual consiste que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Es aplicable la jurisprudencia 447, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 297 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394403, que establece lo siguiente: RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, registro 2017117, que establece lo siguiente: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo. Al respecto, es importante recordar que en la especie, el acto reclamado lo constituye la orden de traslado que aparentemente existe en contra del quejoso, lo que evidencia que el peticionario de amparo no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción antes señalados y, por ende, impera su obligación de agotar el principio de definitividad, previo a acudir a esta instancia constitucional, al existir medios ordinarios de defensa para lograr la revocación, modificación, o nulificación de los actos de referencia. Sin embargo, para evidenciar lo anterior, resulta pertinente desarrollar las diversas cuestiones normativas que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. En efecto, el Título Cuarto, Capítulos IV y V de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece la existencia y tramitación de la figura jurídica de la controversia ante el Juez de Ejecución, siendo indispensable en el caso, citar los preceptos legales siguientes: 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada. [.] 120. Principios del procedimiento Las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. La persona privada de la libertad deberá contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales; mientras que la Autoridad Penitenciaria podrá intervenir por conducto de la persona titular de la dirección del Centro o de la persona que ésta designe. El promovente podrá desistirse de la acción y del recurso judicial en cualquier etapa del procedimiento, siempre que esto no implique la renuncia a un derecho fundamental. 121. Partes procesales En los procedimientos ante el Juez de Ejecución podrán intervenir como partes procesales, de acuerdo a la naturaleza de la controversia: I. La persona privada de la libertad; II. El defensor público o privado; III. El Ministerio Público; IV. La Autoridad Penitenciaria, el Director del Centro o quién los represente; V. El promovente de la acción o recurso, y VI. La víctima y su asesor jurídico, cuando el debate esté relacionado con la reparación del daño y cuando se afecte de manera directa o indirecta su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. [.] 122. Formulación de la controversia La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 123. Auto de inicio Una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente. Recibida la causa, el Juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto en cualquiera de los siguientes sentidos: I. Admitir la solicitud e iniciar el trámite del procedimiento; II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, si fuere necesario, o III. Desechar por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice una prevención, el solicitante tendrá un plazo de setenta y dos horas para que aclare o corrija la solicitud, en caso de no hacerlo, se desechará de plano. El auto que admita la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder del término de veinticuatro horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Las solicitudes que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumuladas en el auto admisorio para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. El auto que admite o niega la acumulación podrá ser reclamado mediante revocación. 124. Sustanciación En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la Autoridad Penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de las mismas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos, deberán indicar el nombre, domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. En la fecha fijada se celebrará la audiencia, a la cual deberán acudir todos los interesados. La ausencia del director del Centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico no suspenderá la audiencia. [.] 126. Desarrollo de la audiencia La audiencia se desarrollará sujetándose a las reglas siguientes: I. El Juez de Ejecución se constituirá en la sala de audiencias el día y hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes, declarará abierta la audiencia y dará una breve explicación de los motivos de la misma; II. El Juez de Ejecución verificará que las partes conocen de sus derechos constitucionales y legales que les corresponden en la audiencia y en caso contrario, se los hará saber; III. El Juez de Ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes; IV. Las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento; V. El Juez de Ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del Código; VI. Las partes formularán los alegatos finales y de ser procedente, el Juez de Ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera; VII. El Juez de Ejecución declarará cerrado el debate, y VIII. Emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia 127. Resolución El Juez de Ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. 128. Efectos generales Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la Autoridad Penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Cuando la Autoridad Penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la Autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la Autoridad Penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la Autoridad Penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la Autoridad Penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes. Como se puede advertir, los preceptos normativos anteriores establecen un mecanismo jurisdiccional para que el interno pueda acceder a la satisfacción de sus pretensiones; mismo que cumple con las pautas procedimentales de debido proceso, puesto que permite, e incluso a las demás personas legitimadas que pueden intervenir en dicha controversia dependiendo de la naturaleza del caso; la oportunidad de ofrecer pruebas, de alegar en audiencia de viva voz, y de ser destinatarios de una resolución que resuelva sobre la procedencia de sus pretensiones. Es importante destacar que, en este tipo de controversias, se protege la tutela judicial efectiva en favor del interno, puesto que oficiosamente se debe nombrar un defensor quien lo debe patrocinar en el procedimiento, así como en el medio de impugnación correspondiente, del que se hará alusión en párrafos subsecuentes. De igual forma, este tipo de controversias se pueden instar respecto de todos los tópicos relativos a: a) Las condiciones de internamiento; b) El plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; c) La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; d) Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente; e) Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil, y; f) Sobre duración, modificación o extinción de la pena o medidas de seguridad. En ese mismo tenor, es indispensable hacer notar que una vez presentado el escrito atinente a la controversia, el Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; asimismo, una vez recibida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución registrará la causa y la turnará al juez competente, éste último quien contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir un auto de que admita a trámite la controversia, siempre que no se actualice una causa notoria de desechamiento, y se cumplan con los requisitos de presentación establecidos en el fragmento normativo citado con antelación. En caso de ser admitida la solicitud o subsanada la prevención, la administración del juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes; además se requerirá a la autoridad penitenciaria para que dentro del mismo plazo rinda el informe que corresponda. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de estas a las partes que correspondan y se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual deberá realizarse al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En ese sentido, el Juez de Ejecución tendrá un plazo de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En esta, el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Asimismo, resulta de suma importancia destacar que el artículo 129 de la aludida Ley Nacional de Ejecución Penal, establece un procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en las controversias a las que se ha venido haciendo referencia, es decir, que la propia normatividad en comento contempla un mecanismo eficaz que hace posible la materialización de las resoluciones de referencia; por lo que los internos, de verse beneficiados con un fallo favorable a sus intereses, tendrán a su favor también un procedimiento para que se cumpla cabalmente con las resoluciones respectivas. En síntesis, y por lo que hace a la controversia de mérito, resulta claro que ésta constituye un medio de defensa legal adecuado, sencillo, sumario e idóneo para lograr dejar sin efectos los actos u omisiones perniciosas para los internos, tal como el traslado carcelario que se reclama en este sumario constitucional; mismo que como se ha expuesto, no contempla mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender la ejecución de los actos, por el contrario, establece requisitos de procedencia y plazos de tramitación y resolución considerablemente más breves que los que contempla la Ley de Amparo, así como la posibilidad de suspensión de los actos inmediatamente e incluso de oficio por el Juzgador de Ejecución. En ese mismo orden de ideas, conviene destacar el contenido normativo de los artículos 50, 51, 52 y 57 de la referida Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen que tratándose de traslados de personas privadas de su libertad, que deban efectuarse en territorio nacional, resulta procedente la controversia ante el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, precepto normativo que se estima imprescindible citar de manera textual: 39. Determinación de Faltas Disciplinarias La determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico. Para la determinación de las faltas, las normas disciplinarias deberán apegarse estrictamente a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, así como a la culpabilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que sólo podrán establecerse sanciones para las conductas que afecten bienes jurídicamente tutelados o que no impliquen el ejercicio de un derecho, y cuya autoría sea plenamente identificada, evitando así la imposición de medidas disciplinarias de carácter general. 41. Sanciones Disciplinarias La persona privada de la libertad no podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Sólo podrán ser aplicadas las sanciones disciplinarias siguientes: I. Amonestación en privado o en público; II. Reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios en el mismo Centro; III. Aislamiento temporal. Esta sanción sólo se permitirá como una medida estrictamente limitada en el tiempo y como último recurso, cuando se demuestre que sea necesaria para proteger derechos fundamentales, como la vida e integridad de las personas privadas de libertad, salvaguardar intereses legítimos relativos a la seguridad interna del Centro Penitenciario o del personal de dichas instituciones; IV. Restricción temporal del tránsito en el interior del Centro Penitenciario; V. Prohibición temporal del uso de aparatos electrónicos públicos; VI. Restricción temporal de las horas de visita semanales. [.] 48. Impugnación de resoluciones Las resoluciones del Comité Técnico se impugnarán dentro de los tres días siguientes a su notificación y procederá su revisión ante el Juez de Ejecución. Cuando se impugne resoluciones administrativas por faltas disciplinarias, se dejará en suspenso la aplicación de las sanciones impuestas, hasta que el Juez de Ejecución resuelva en definitiva, sin perjuicio de que se adopten las medidas administrativas necesarias que salvaguarden la seguridad y orden en el Centro Penitenciario. 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. [.] En efecto, como ya se había expuesto, tratándose de cuestiones de traslado de penal de personas internas, resulta procedente el procedimiento jurisdiccional denominado "controversia" ante el Juez de Ejecución. Ahora, como se puede observar, los artículos citados contemplan los traslados voluntarios, los involuntarios y los urgentes y/o excepcionales; sin embargo, el artículo 57 de la multicitada Ley, no hace distinción al respecto y contempla que los mismos pueden ser controvertidos ante el Juez de Ejecución que ejerza jurisdicción sobre el Centro Penitenciario de origen, como el receptor, a prevención. En ese sentido, es importante destacar que para tal efecto la parte quejosa debe ajustarse a los parámetros de presentación, tramitación e impugnación precisados en el Título Cuarto, Capítulos IV y V de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Además de lo anterior, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla también el recurso de apelación, siendo indispensable destacar el contenido de los artículos 131, 132 y 135, porciones legales que establecen lo siguiente: 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. [.] 135. Tramitación y resolución de la apelación En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones. Es decir, además del procedimiento jurisdiccional de referencia (controversia); la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un sistema recursivo a través del medio de impugnación de la apelación, para que, si las resoluciones dictadas en aquéllas resultan perjudiciales a los internos, puedan lograr la revocación de estas, y el dictado de una resolución favorable a sus intereses. En otras palabras, la controversia en la vía jurisdiccional, así como el recurso de apelación que se puede interponer contra las resoluciones derivadas de aquélla; constituyen medios de defensa ordinarios que permiten la modificación, revocación o nulificación de las cuestiones que se consideran perniciosas para los internos en centros penitenciarios. Por tanto, respecto de los actos reclamados en análisis, consistentes en la orden de traslado del peticionario de amparo del centro penitenciario en que actualmente se encuentra recluido a uno diverso, previo a la promoción del juicio de amparo, resultaba indispensable que la parte quejosa agotara el referido medio defensa consistente en la controversia a que alude el artículo 57 de la ley Nacional de Ejecución Penal, y en su caso, el recurso de apelación correspondiente si resultaba perjudicial la resolución recaída en la controversia de mérito; razón por la que queda de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo. Al caso es aplicable, la tesis aislada I.6o.P.156 P (10a), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, registro 2021558, que establece lo siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SU NATURALEZA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, ES LA BASE PARA DETERMINAR LA APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.) estableció, respectivamente, que este tipo de traslado, si se ejecuta sin intervención de la autoridad judicial, no puede considerarse como un acto dentro del procedimiento, por lo que la demanda de amparo en su contra podrá interponerse en el plazo excepcional previsto en el artículo 17, fracción IV, de la ley de la materia; y, que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, aun cuando sólo afecte la libertad personal de manera indirecta. La importancia de estos criterios radica en la diferenciación que realizan de la orden de traslado en la que interviene una autoridad judicial en materia penal, de aquellos emitidos y ejecutados únicamente por autoridades administrativas. De ahí que el Juez de Distrito, al decidir sobre la admisión de la demanda, deberá establecer el tipo de traslado reclamado con base en el capítulo V del título segundo, en donde se encuentran los artículos 49 a 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que los clasifica, sistematiza su procedimiento y prevé los medios de impugnación que proceden en su contra, como lo son el traslado voluntario de la persona privada de su libertad dentro del territorio nacional (artículo 50); el traslado involuntario de la persona privada de la libertad procesada o sentenciada (artículo 51); y, el traslado por excepción al involuntario de personas privadas de la libertad (artículo 52). Tal diferenciación no es vana, pues además de ser materia de ponderación tanto para efectos de la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, como para determinar el tipo de suspensión de la orden de traslado, también es parámetro para colegir la procedencia, o no, del juicio de amparo conforme al principio de definitividad, que lo rige, pues dependiendo del asunto específico, será la hipótesis de improcedencia que pudiera actualizarse conforme al artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, que analiza dicho principio diferenciando entre las resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (fracción XVIII), de los actos de autoridades distintas a los tribunales antes mencionados (fracción XX). Asimismo, sustenta lo antes resuelto la tesis II.4o.P.12 P (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, enero de dos mil veinte Tomo III, página 2671, registro 2021544, que establece lo siguiente: SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL CENTRO PENITENCIARIO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN Y NO MEDIANTE LA PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL DIRECTOR DEL CENTRO, AUN CUANDO AQUÉLLAS PUDIERAN RELACIONARSE CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. De conformidad con el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante el director del centro penitenciario en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En ese sentido, la petición administrativa puede resultar un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Sin embargo, cuando se impugne la resolución del comité técnico del centro penitenciario que impone sanciones disciplinarias, no procede la petición administrativa, sino la revisión ante el Juez de Ejecución establecida en el artículo 48 de la propia ley. Ello, no obstante que la sanción pudiera estar relacionada con las condiciones de internamiento, pues los aspectos de internamiento por los que procede la petición administrativa ante el director del centro penitenciario, no comprenden las situaciones en las que se encuentre el recluso, derivadas de una resolución sancionatoria emitida por el comité técnico respectivo, sino aquellas circunstancias en las que se encuentre de forma regular por el propio entorno del centro y que debe modificarse para propiciar o garantizar el nivel decoroso de vida en reclusión para todas las personas privadas de la libertad que pretende el modelo penitenciario actual. En ese mismo orden de ideas, resulta insoslayable reiterar que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción que haga viable el juicio de amparo sin haber agotado antes tales medios ordinarios de defensa, lo anterior se afirma, en atención a que: a) La orden de traslado reclamada no constituye un acto que carezca de fundamentación, toda vez que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no ha provocado el acto de autoridad que reclama. b) No se alegan sólo violaciones directas a la Constitución, al estar relacionadas sus pretensiones con la ilegalidad en que supuestamente incurrieron las responsables por dejar de darle la intervención correspondiente en el procedimiento relativo de traslado, lo que desbordaría las facultades de las autoridades penitenciarias; tópicos regulados en los artículos 15, fracción VIII y 49 a 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. c) Los medios de defensa expuestos y detallados con antelación, (la controversia y el recurso de apelación) están previstos y desarrollados de manera clara en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin que haya duda acerca de su existencia, eficacia y procedibilidad en casos como el que nos ocupa. d) Los medios de defensa de referencia no exigen mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender su ejecución; al contrario cumplen con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues constituyen medios de defensa idóneos para determinar si el traslado resultaron necesario y legal, o bien, si fue ilegal o no apegado a las pautas de reinserción social, a fin de proveer lo necesario para remediar tal cuestión; además, dichas herramientas favorecen a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto, y la suspensión de los actos materia de impugnación es inmediata. e) La parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento del cual emanan los actos reclamados. En ese sentido, se insiste, si los citados medios ordinarios de defensa cumplen con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, de conformidad con el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; al constituir medios accesibles, novedosos e idóneos para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual, aunado a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto; resulta inconcuso que la parte quejosa debe agotarlos antes de acudir al presente juicio constitucional. En este orden de ideas, no es inadvertido para este órgano de control de constitucionalidad, el contenido de las siguientes jurisprudencias y tesis aisladas: 1. Jurisprudencia 1a./J. 58/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, cuyo título y subtítulo establece lo siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. 2. Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, cuyo título y subtítulo establece lo siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. 3. Tesis aislada 1a. CLXVI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2006256, cuyo título y subtítulo establece lo siguiente: TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL. 4. Jurisprudencia 1a./J. 17/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2003323, cuyo título y subtítulo establece lo siguiente: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. Criterios todos que ciertamente resultan obligatorios para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la ley de la materia; sin embargo, ello no es óbice para justificar que en el caso no se oponen con el sentido de la determinación que se emite, toda vez que los criterios de referencia se generaron con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Al respecto, es indispensable hacer notar que los asuntos que dieron pauta a la creación de las tesis y jurisprudencias anteriores, se generaron con anterioridad a la emisión de la Ley de referencia, la cual desde su creación y aplicabilidad, cambió el paradigma de la forma en cómo se tutelaban los derechos de los internos en centros penitenciarios, lo que desde luego se generó como una creación legislativa obligada para organizar, estructurar y hacer posibles las previsiones contenidas en las reformas a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal; sobre todo desde el punto de vista de ejecución de las penas, ahora a cargo del Poder Judicial de la Federación y los Estados. En otras palabras, el contexto jurídico y fáctico al tenor del cual se generaron los criterios de referencia, es distinto al que opera en la actualidad con la plena operatividad de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y los mecanismos que prevé; razón por la cual constituiría un equívoco no analizar el contenido y aplicabilidad de las mismas, sin tomar en consideración la observancia de la norma que impera en el caso concreto, lo que la propia Suprema Corte ha considerado cuando existen cambios normativos que implican que los operadores jurídicos hagan una evaluación del contexto al tenor del cual se emiten las resoluciones. Al caso es aplicable, la tesis aislada 1a. LXXV/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 240 del Tomo XXXIII, Mayo de 2011, Novena Época, materia constitucional penal, registro 161960, que establece lo siguiente: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. SU APLICACIÓN SOBRE ACTOS PROCESALES A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en materia procesal no opera la aplicación retroactiva de la ley si se considera que la ley procesal está formada, entre otras, por normas que otorgan facultades jurídicas a una persona para participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento, y al estar éstas regidas por las disposiciones vigentes en la época en que van naciendo, no puede existir retroactividad mientras no se le prive de una facultad con la que contaba. Esto, porque es en la sustanciación de un juicio regido por la norma legal adjetiva donde tiene lugar la secuela de actos concatenados que constituyen el procedimiento, los que no se realizan ni se desarrollan en un solo instante, sino que se suceden en el tiempo, y es al diferente momento de realización de los actos procesales al que debe atenderse para determinar la ley adjetiva que debe regir el acto respectivo. Por tanto, si antes de actualizarse una etapa del procedimiento el legislador modifica su tramitación, suprime un recurso, amplía un término, modifica la valoración de las pruebas o el procedimiento mismo, no existe retroactividad de la ley, ya que las facultades que dan la posibilidad de participar en cualquier etapa del procedimiento, al no haberse actualizado ésta, no se afectan. Además, tratándose de leyes procesales, existe el principio doctrinario de que las nuevas son aplicables a todos los hechos posteriores a su promulgación, pues rigen para el futuro y no para el pasado, por lo que la abrogación o derogación de la ley antigua es instantánea, y en lo sucesivo debe aplicarse la nueva. En consecuencia, la aplicación del ordenamiento legal que establece el nuevo sistema procesal penal acusatorio sobre actos procesales acontecidos a partir de su entrada en vigor, no viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, y en apoyo de lo hasta aquí expuesto, resulta trascendente la tesis aislada I.1o.P.77 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicado en la página 2061, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia Penal, registro 2015519, que establece lo siguiente: LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, SUS DISPOSICIONES SON APLICABLES PARA LOS PROCEDIMIENTOS O ACTOS PROCEDIMENTALES QUE SURJAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE PENAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA CAUSA PENAL DEL SENTENCIADO HAYA CAUSADO ESTADO ANTES DEL INICIO DE ESA VIGENCIA (INTERPRETACIÓN DE SU ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO). El artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, establece que a partir de su vigencia quedarán abrogadas las legislaciones - federal y estatales- que regulan la ejecución de sanciones penales, pero acotó que dichas normas podrían tener un efecto ultractivo sobre procesos de ejecución que se estuviesen desarrollando, pues precisó que los procedimientos que se encontraran en trámite a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, continuarían con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de éstos, debiéndose aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en esa ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. constitucional. En ese tenor, cuando este precepto transitorio se refiere a "los procedimientos", alude a aquellos actos procedimentales que pueden acontecer dentro de toda la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de entrada en vigor de la ley indicada no habían finalizado, mas no a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria antes de su entrada en vigor y que, por ese motivo, tuviese que aplicárseles forzosamente una de las legislaciones abrogadas en toda la etapa de ejecución. Esto, se explica, porque en la etapa de ejecución de sanciones penales, existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, como por ejemplo, la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e, incluso, medidas que no tienen relación directa con la pena impuesta, pero que sí repercuten en la reinserción social de la persona, como son los traslados administrativos, ya sea dentro del mismo centro de reclusión donde se halla interno el sentenciado o a uno diverso. Esos procedimientos pueden surgir de manera accesoria o aleatoria o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuya causa penal haya causado estado antes de su entrada en vigor. Lo anterior, porque de acuerdo con el desenvolvimiento cronológico que ha tenido la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, en la que se instauraron los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, se colige que la voluntad del Constituyente Permanente fue que esos postulados lograran su efectividad en la vida jurídica-social en la prontitud posible; tan es así, que desde esta enmienda -en su artículo quinto transitorio- se dieron plazos más reducidos (tres años o emisión de ley secundaria) para que los alcances jurídicos inmersos en los artículos 18 y 21 constitucionales fueran llevados a cabo. Posteriormente, el Poder Reformador de la Constitución, en la reforma de 8 de octubre de 2013 al artículo 73, fracción XXI, de la Ley Fundamental, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados, redujera la confrontación de criterios y se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento. Por ende, si la Ley Nacional de Ejecución Penal representa para la Constitución General de la República, el medio idóneo para instrumentalizar los alcances de la reforma de 18 de junio de 2008, se insiste, en lo relativo a los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas; entonces, sus disposiciones deben aplicarse a todo procedimiento que acontezca dentro de la etapa de ejecución de sentencia y que a la fecha de su entrada en vigor no hubiesen comenzado, y no sólo a aquellos asuntos cuya sentencia condenatoria haya causado ejecutoria estando en vigor la referida ley especial. En otras palabras, la aplicación de esa ley nacional no se ciñe a los asuntos que causaron ejecutoria después de su entrada en vigor, sino que opera para los procedimientos o actos que surjan en la etapa de ejecución durante la vigencia de ese ordenamiento, con independencia de que las causas penales correspondientes hayan causado estado antes de su entrada en vigor. De otra manera, se correría el riesgo de dejar en un plano de desigualdad ante la ley, a personas con condiciones jurídicas idénticas (sentenciados ejecutoriados), sólo por el hecho de que las causas penales que respectivamente se les instruyeron causaron estado en diferentes momentos en relación con la entrada en vigor de la ley nacional, lo cual sería jurídicamente incorrecto. Además no influye a lo anterior el sistema de justicia penal con base en el cual el justiciable haya sido sentenciado (sistema mixto o tradicional, o bien, acusatorio oral), pues ni en la Constitución ni en la ley, existe un impedimento o restricción para que quienes se les fijó su situación jurídica conforme al sistema mixto o tradicional, puedan aplicárseles las disposiciones contenidas en la ley nacional; más aún cuando muchas figuras jurídicas que se instituyen en dicha legislación, en la actualidad ya se encuentran operando respecto de asuntos resueltos y provenientes del referido sistema que se encuentra abolido. Así como lo establecido en la diversa tesis aislada XXII.P.A.39 P, emitido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en la página 2312 del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia penal, registro 2018336, que establece lo siguiente: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PENAL. LAS INCIDENCIAS Y SOLICITUDES RELACIONADAS CON ÉSTE, DEBEN RESOLVERSE CONFORME A LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SI ÉSTA ES LA VIGENTE. De conformidad con el segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de este ordenamiento, continuarán con su sustanciación acorde con la legislación aplicable al inicio de éstos. Ahora bien, esto no quiere decir que aquellos que se insten con posterioridad a su entrada en vigor no puedan dirimirse conforme a ésta, puesto que en la etapa de ejecución de sanciones penales existe una diversidad de procedimientos tendentes a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de quienes se encuentran compurgando una pena impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada, con el objeto de que alcancen su pronta reinserción social, como por ejemplo, la solicitud de beneficios, la promoción de incidentes preliberacionales e, incluso, medidas que no tienen relación directa con la pena impuesta, pero que sí repercuten en la reinserción social de la persona, como son los traslados administrativos, ya sea dentro del mismo centro de reclusión donde se halla interno el sentenciado o a uno diverso. Esos procedimientos pueden surgir accesoria o aleatoriamente o en cualquier momento al procedimiento ordinario de ejecución, por lo cual, no puede impedirse la aplicación de esa ley nacional a aquellos sentenciados cuyo expediente haya causado estado antes de su entrada en vigor, sino que una vez vigente, es la que debe aplicarse para dirimir las incidencias y solicitudes relacionadas con el procedimiento de ejecución penal. En suma, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se trata de una creación legislativa que busca materializar la operatividad de los múltiples cambios de paradigmas tratándose del sistema penal y el sistema penitenciario que operaba en México; es decir, soslayar la observancia de las diversas figuras jurídicas y mecanismos que prevé la Ley de referencia, equivaldría a inobservar las diversas reformas que se han venido materializando sobre los artículos 1°, 18 y 21 de la Constitución Federal, a fin de hacer más asequibles los medios de defensa legales para que las personas privadas de su libertad accedan a la tutela de sus derechos en la especial condición en que se encuentran. De igual forma, soslayar la aplicabilidad y eficacia de los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal y trasladar la tutela jurisdiccional efectiva al juicio de amparo indirecto, como mecanismo para lograr las pretensiones de la parte quejosa en el juicio que nos ocupa, no solo implicaría restar operatividad al nuevo sistema penal y penitenciario que enarbolan las reformas constitucionales de referencia, sino también equivaldría a desconocer el carácter excepcional del juicio de amparo como verdadero medio de defensa de la constitucionalidad, lo que no resulta jurídicamente viable. Tal como lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja **********/2020, de su índice, donde medularmente consideró lo siguiente: [.] Esto es, el traslado urgente o excepcional, aun cuando se emita de forma oral, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral. Es decir, tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena verbalmente un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Por otra parte, esta Primera Sala de la Suprema Corte, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir de lo cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los jueces de ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. Del mismo precepto legal, también se desprende una facultad legal expresa a favor de la autoridad administrativa penitenciaria, para emitir y ejecutar la orden de traslado en los casos de excepción anunciados; es decir, se trata de una actuación realizada por autoridad competente para tales efectos. No se soslaya que esta Primera Sala, al resolver la Contradicción de Tesis 461/2012, 23 determinó que la orden de traslado de un procesado o de un sentenciado, si bien no entraña por sí misma una afectación a la libertad personal, porque ese menoscabo es producto de un acto que directamente mantiene restringido ese derecho, es decir, una sentencia condenatoria; sin embargo, no es imposible argumentar que no se afecta de forma indirecta ese derecho. Pese a ello, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III, y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional.Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Incluso, de resultar que la decisión judicial dictada no es acorde a sus intereses, podrán interponer el recurso de apelación que procede de conformidad con el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que la resolución que dirima la controversia judicial, pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Lo que lleva a concluir que la orden de traslado urgente o excepcional, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues se erige en un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. [.] En las relatadas circunstancias, lo que procede es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que las estudiadas son las que deben prevalecer, y lo segundo porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Es aplicable a respecto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028 que aparece en la página 708, Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio **********/2020-VII, promovido por el quejoso **********, contra actos de las autoridades responsables Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta localidad; Titular de la Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales con residencia en Aquiles Serdán, Chihuahua, por conducto de su Titular licenciado Francisco Javier Delgado Soto; Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Coordinador de Centros Federales del Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, por las razones expuestas en el tercer y último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo que informa el Secretario y en atención a que de autos se advierte, que el doce de febrero actual, se notificó a las partes el proveído con el cual se les dio vista con las documentales que exhibió como pruebas la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México; por lo que resulta evidente, que aún no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de las probanzas en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, sin que se oponga a lo dispuesto en la nueva Ley de Amparo, la tesis I.5o.C.2 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página quinientos noventa y cuatro, del Tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta para que obre únicamente como constancia legal, firmado por la Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación de la autoridad responsable Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, toda vez que mediante auto de quince de enero del año en curso, se tuvo rendido su informe justificado, con el cual se dio vista a las partes. No obstante lo anterior, con los anexos que acompañan al informe de mérito, tal como dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte, mismos que se desahogan dada a su propia y especial naturaleza; asimismo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

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