Iveth Adriana Samayoa Aquino

Expediente 730/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
730/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Iveth Adriana Samayoa Aquino

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos del artículo 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, contra actos del Abogado General de la Universidad Autónoma de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 730/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente de la rescisión de contrato, orden de suspensión de pago de sus quincenas y aguinaldo, así como del cambio de formato de pago de sueldo y aguinaldo de pago electrónico a cheque, todo emitido dentro del procedimiento número AG/DJ/DAJ/41/2020, atribuido al Abogado General, Director de Personal y Prestaciones Sociales, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Jefe del Departamento de Prestaciones y Jefe del Departamento de Personal de la Universidad Autónoma de Chiapas, con residencia en esta ciudad. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (...)." De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a) Coordinación, b) Supra-subordinación y, c) Supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las entabladas entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público establecidos también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. En la especie, los actos reclamados precisados con anterioridad, fueron emitidos por personal de la Universidad Autónoma de Chiapas, esto es, Abogado General, Director de Personal y Prestaciones Sociales, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Jefe del Departamento de Prestaciones y Jefe del Departamento de Personal de la Universidad Autónoma de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por lo que procede determinar si su actuación tiene las características de un acto de autoridad para la procedencia del presente del juicio constitucional o en una relación de coordinación. Para lo anterior, es menester apuntar que el artículo 3°, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos Humberto Zavala Calderón de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. (.) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere." En dicho precepto constitucional se dota de autonomía a las universidades públicas, pues éstas tienen la facultad de autogobernarse, así como de tener un patrimonio propio. Además, tienen la capacidad de decisión respecto de la normatividad de su organización y funcionamiento, la designación de sus órganos de gobierno, selección de profesores y personal no docente, admisión de estudiantes, fijación de programas de estudio y disposición de su patrimonio e ingresos. Así, la propia Constitución precisa que la autonomía de las universidades conlleva que tales instituciones estén facultadas para: a) Determinar sus planes y programas; b) Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y, c) Administrar su patrimonio. En ese contexto, debe estimarse que la autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio. Por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, únicamente en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece, tratándose de la educación que imparta el Estado. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Novena Época, página 576 de rubro y texto: "AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. ORIGEN Y ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DE AUTOGOBIERNO CONFERIDAS A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. La autonomía de las universidades públicas es una atribución de autogobierno que tiene su origen en un acto formal y materialmente legislativo proveniente del Congreso de la Unión o de las Legislaturas Locales, a través del cual se les confiere independencia académica y patrimonial para determinar, sujetándose a lo dispuesto en la Constitución General de la República y en las leyes respectivas, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio; por tanto, la capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales les es conferida, único en el que puede desarrollarse aquélla, deben sujetarse a los principios que la propia Norma Fundamental establece tratándose de la educación que imparta el Estado." Asimismo, en el mismo dispositivo constitucional se establece que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la propia Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3º constitucional. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 1195/1992, realizó las siguientes precisiones:  Que las universidades, como organismos descentralizados son entes públicos que forman parte de la administración pública y, por ende, del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia atiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza.  Que la autonomía universitaria, en el rango constitucional, se configura como una auténtica garantía institucional, es decir, una protección constitucional de las características esenciales de dichas instituciones, para el aseguramiento de la libertad académica en el nivel de enseñanza superior.  Que de conformidad con el texto constitucional, la autonomía se traduce en la capacidad de decisión respecto de la normatividad de su organización y funcionamiento, la designación de sus órganos de gobierno, selección de profesores y personal no docente, admisión de estudiantes, fijación de programas de estudios y disposición de su patrimonio e ingresos.  Que por las anteriores razones, existen casos en que las universidades públicas, como organismos descentralizados de la administración pública, pueden constituirse en autoridades para efectos del juicio de amparo; sin embargo, precisó que en cuestiones relativas a prestaciones previstas en los contratos colectivos que rigen las relaciones laborales, no se está ante un acto unilateral, esto es, no se trata de una determinación tomada por el organismo, ante sí y por sí, sino que se trata de una determinación tomada en su carácter de patrón -calidad prevista en el artículo 3°, fracción VII, Constitucional-; hipótesis en la cual no se trata de autoridad para efectos del juicio de amparo. Las anteriores consideraciones se encuentran compendiadas en la tesis aislada P. XXVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, página 119, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACION LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter." Asimismo, resulta importante destacar que en el citado numeral 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también establece que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que se refiere la fracción VII del artículo 3º constitucional. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/2002- SS, estableció que las relaciones laborales que se dan en las universidades autónomas, se encuentran regidas por la Constitución Federal, al prever su artículo 3o. que las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que la fracción VII de dicho numeral se refiere, y por la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial. También precisó que en las relaciones laborales, las Universidades, como órganos del Estado, no actúan investidas de imperio, sino equiparadas a un patrón y, como tal, son sujetas de juicio laboral para determinar la legalidad de su proceder frente a sus trabajadores, dado que la autonomía con la que están dotadas no puede extenderse al grado de suponer que dichas instituciones educativas no están sujetas al régimen jurídico del país, es decir, que puedan conducirse con tal independencia que implicara anarquía y arbitrariedad. Continuó expresando que las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, es decir, entre patrones y trabajadores, aun tratándose de los originados con motivo de las relaciones de trabajo en las universidades y en las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, se sujetarán a la decisión de una autoridad laboral, conforme a los diversos preceptos legales que para la solución de los conflictos laborales establece la Ley Federal del Trabajo. De la mencionada ejecutoria emanó la jurisprudencia 2a./J. 102/2002,de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, página 298, de rubro y texto: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Las relaciones de trabajo entre las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y su personal administrativo y académico, están sujetas a las disposiciones del capítulo XVII, del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien les corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, dada la facultad con que cuentan para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, ello no implica que las decisiones que tomen en los aspectos laborales con su personal, sean jurisdiccionalmente inatacables, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria, ya que el artículo 3o. constitucional establece que las relaciones jurídicas de las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral, y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, los conflictos entre dichas universidades y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica una violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ya que el régimen a que se hallan sujetas y que deriva de sus propias leyes orgánicas, reglamentos y estatutos, no se menoscaba por el hecho de que sus controversias laborales, aun las de orden académico y administrativo, se sujeten a los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que conforme al artículo 353-S de la Ley Federal del Trabajo, dichas Juntas deben ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente." Asimismo, se cita en apoyo las tesis XIX.2o.A.C.45 A y XXVII.3o.21 L (10a.), de rubro y texto: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS. EL RECTOR Y OTROS FUNCIONARIOS NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SEPARAN DE MANERA DEFINITIVA A UN REPRESENTANTE ACADÉMICO DEL CONSEJO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 102/2002, publicada en la página 298, Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", estableció que los conflictos entre las universidades autónomas y sus trabajadores deben ser dilucidados ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, lo que de ningún modo implica violación a la autonomía universitaria en lo que se refiere a su facultad para fijar el ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo. En ese tenor, aquellos individuos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como son el rector, el presidente o el secretario del Consejo de las Unidades Académicas, que con tal calidad intervengan en la elección de un nuevo director de cualquiera de aquéllas y con ello afecten a un representante académico al separarlo definitivamente del consejo respectivo, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque no actúan investidos de imperio, sino equiparados a un patrón, en una relación de coordinación, cuyo conflicto debe ser resuelto ante la instancia laboral que corresponda.1 "UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE ÉSTA Y SU PERSONAL DOCENTE O ADMINISTRATIVO, DEBEN RESOLVERSE POR UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE INTEGRADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 353-S DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 102/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 298, de rubro: "UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS POR LEY. LOS CONFLICTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LAS RELACIONES LABORALES CON SU PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ACADÉMICO, DEBEN RESOLVERSE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.", los conflictos entre ese tipo de instituciones de educación y sus trabajadores se someterán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, que debe ajustar sus actuaciones y laudos no sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino también a las normas interiores, estatutarias y reglamentarias de la institución autónoma correspondiente. Por su parte, el artículo 353-S de la referida ley dispone que en ese tipo de conflictos de trabajo, las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje deberán estar integradas por un representante del gobierno y los representantes tanto de la universidad o institución autónoma y de sus trabajadores académicos o administrativos, según corresponda. Por tanto, al ser la Universidad de Quintana Roo un órgano autónomo en términos del artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los conflictos laborales que se susciten entre ésta y sus trabajadores académicos o administrativos deben resolverse por una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje integrada en los términos del referido artículo 353-S, de lo contrario, el laudo será nulo.2 En efecto, en el capítulo denominado "Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley" de la Ley Federal del Trabajo, se lee: Artículo 353-J. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones. Artículo 353-K. Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, conforme a los planes y programas establecidos por las mismas, Trabajador administrativo es la persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones. Artículo 353-L. Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos. Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. Artículo 353-M. El Trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser contratados por hora clase. Artículo 353-N. No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas. Artículo 353-Ñ. Los sindicatos y las directivas de los mismos que se constituyan en las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, únicamente estarán formados por los trabajadores que presten sus servicios en cada una de ellas y serán: I. De personal académico; II. De personal administrativo, o III. De institución si comprende a ambos tipos de trabajadores. Artículo 353-O. Los sindicatos a que se refiere el artículo anterior deberán registrarse ante la Autoridad Registral que establece esta Ley. Artículo 353-P. Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e instituciones y sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en el Artículo 388. Para tal efecto el sindicato de institución recibirá el tratamiento de sindicato de empresa y los sindicatos de personal académico o de personal administrativo tendrán el tratamiento de sindicato gremial. Artículo 353-Q. En los contratos colectivos las disposiciones relativas a los trabajadores académicos no se extenderán a los trabajadores administrativos, ni a la inversa, salvo que así se convenga expresamente. En ningún caso estos contratos podrán establecer para el personal académico la admisión exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el Artículo 395. Artículo 353-R. En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo. Además de los casos previstos por el Artículo 935, antes de la suspensión de los trabajos, las partes o en su defecto el Tribunal, con audiencia de aquéllas, fijarán el número indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una investigación o un experimento en curso. Artículo 353-S. (DEROGADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) Artículo 353-T. (DEROGADO, D.O.F. 1 DE MAYO DE 2019) Artículo 353-U. Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley. Así, de los preceptos legales transcritos, se desprende con toda claridad que las relaciones de trabajo entre los trabajadores administrativos y académicos, y las universidades e instituciones de educación superior autónomas, están sujetas a las disposiciones de dicho capítulo de la ley laboral, y si bien corresponde exclusivamente a las propias universidades o instituciones regular los aspectos académicos, y la evaluación académica debe efectuarse por el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las mismas instituciones establezcan, lo cierto es que ello no implica que las decisiones que en los aspectos laborales con su personal tomen las universidades de que se trata sean absolutas, en el sentido de que nadie pueda ponerlas en duda, pues ese no es el alcance de la autonomía universitaria. De esta manera, y de conformidad con lo señalado en la propia Constitución, deriva que la referida autonomía conlleva a que las universidades públicas están facultadas, entre otros aspectos, para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y, en concordancia con ello, las relaciones jurídicas que entablen las universidades públicas autónomas con su personal académico y administrativo son de naturaleza laboral y deben sujetarse a lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la propia Norma Fundamental y, por ende, a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, es dable concluir que en las relaciones entre el personal docente y la una institución educativa autónoma, dichos órganos del Estado no actúan investidos de imperio, sino equiparados a un patrón y, como tal, son sujetos de juicio laboral para determinar la legalidad de su proceder frente a sus trabajadores, dado que la autonomía no puede extenderse al grado de suponer que las instituciones no están sujetas al régimen jurídico del país, es decir, que pueda conducirse con tal independencia que implicara anarquía y arbitrariedad. Por ello, la aplicación de la normatividad interna de las universidades autónomas en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia del personal académico, normatividad que ha sido establecida por las propias instituciones conforme a las facultades de autonomía con que cuentan, puede originar conflictos de trabajo desligados de esa autonomía, para dar lugar a la aplicación de los procedimientos jurídicos laborales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, acorde también a las formalidades y requisitos previamente establecidos por la institución educativa respectiva. En el caso concreto, la aquí quejosa se duele en esencia de la rescisión de contrato, orden de suspensión de pago de sus quincenas y aguinaldo, así como el cambio de formato de pago de sueldo y aguinaldo de pago electrónico a cheque, todo emitido dentro del procedimiento número AG/DJ/DAJ/41/2020, atribuido al Abogado General, Director de Personal y Prestaciones Sociales, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, Jefe del Departamento de Prestaciones y Jefe del Departamento de Personal de la Universidad Autónoma de Chiapas, con residencia en esta ciudad Conviene precisar que de las manifestaciones que el promovente del amparo expuso en su demanda, se tiene que la aquí quejosa era docente de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, asimismo, de la transcripción que la quejosa realizó del citatorio en que se le solicitó que compareciera para rendir declaración en relación a diversas irregularidades detectadas en publicaciones de su autoría y/o coautoría, derivado de la revisión realizada por el Comité de Revisión y Seguimiento del "Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2020-2021", se observa que dicho procedimiento se inició por presunta violación a la normatividad universitaria. De igual manera, se advierte que se le informó que por tratarse de un trabajador sindicalizado, de conformidad con lo que establecen las cláusulas 13, 14 y 15 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, celebrado entre el gremio y esa casa de estudios3, se le dio la intervención que compete al Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH), de lo que se colige dicho procedimiento se sustanció en términos de la legislación universitaria, de Ley Federal del Trabajo, así como del Contrato Colectivo del Trabajo 2020, signado entre el personal académico de la Universidad Autónoma de Chiapas y dicha institución educativa. Ahora, conviene destacar que los numerales 1 y 64 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, prevén: "Artículo 1. La Universidad Autónoma de Chiapas, es un organismo autónomo descentralizado, de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación y del Estado. La sede de la Universidad es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, capital del Estado, y tendrá dentro de la entidad, las subsedes que se requieran para el cumplimiento de sus fines." (.) "Artículo 64. Las relaciones laborales entre la Universidad y su personal se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes aplicables." De lo dispuesto en aquellos numerales, se concluye la actualización del motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Es así, porque los actos que la quejosa atribuye a las señaladas como autoridades responsables, derivan de una relación de trabajador-patrón; y conforme a lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, las relaciones laborales entre la Universidad y su personal se regirán por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes aplicables. De lo anterior se advierte que, si bien la Universidad Autónoma de Chiapas es un organismo autónomo descentralizado4, también lo es que el personal de dicha institución, quienes fueron señalados como autoridades responsables, actuaron en representación de esa institución, en su carácter de ente patronal, de manera que los actos que se les atribuyen no tienen las características de actos de autoridad para efectos del juicio constitucional. Ello es así, en tanto que los actos que se les reclaman devienen de la aplicación directa de la legislación universitaria, así como del Contrato Colectivo del Trabajo 2020, signado entre el personal académico de la Universidad Autónoma de Chiapas y dicha institución; y, en relación con la Ley Federal del Trabajo, es decir, se trata de una cuestión meramente laboral, la cual es susceptible de combatirse mediante el procedimiento ordinario correspondiente. Además, si bien, como lo ha considerado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las universidades pueden realizar actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que en el caso no ocurre así, puesto que la rescisión laboral de la que se duele el solicitante del amparo deriva de una relación de coordinación, reclamable en el juicio laboral respectivo, ya que la controversia planteada, conforme a su naturaleza, es una acción del trabajo. Lo anterior, con independencia de que la determinación de rescindir su relación de trabajo, se haya emitido en un procedimiento en el que, aduce la quejosa, se violentó su derecho de audiencia; pues, como ya se precisó, aquel procedimiento se siguió con base en la reglamentación interna de la Universidad Autónoma de Chiapas y en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo respectivo; por tanto, aquella circunstancia no desvirtúa la 4Ello de conformidad con el numeral 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, en relación con el diverso 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. naturaleza de los actos reclamados ni de la relación laboral que los origina. Se robustece lo anterior, con la lectura de los conceptos de violación, en los que el promovente del amparo pretende que este órgano de control constitucional valore la legalidad de la actuación de la universidad, con base en el análisis de la Ley Federal del Trabajo; dicho de otro modo, intenta que este juzgado actúe como un órgano de legalidad en primera instancia, lo cual no tiene justificación alguna, en razón de que cuenta con los medios y tribunales pertinentes para hacer valer su acción. Se cita en apoyo la tesis IX Región)1o.2 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Décima Época, página 3834, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE A LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. La fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo de las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, se regirán por el apartado A del artículo 123 de la propia Carta Magna, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, a fin de respetar la autonomía, libertad de cátedra e investigación que lleven a cabo esas instituciones educativas. En concordancia con lo anterior, para respetar las normas de cada universidad o institución autónoma en lo que se refiere al ingreso y permanencia de su personal académico o administrativo, la referida Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, en su artículo 353-S prevé que para integrar las Juntas que conocerán de tales asuntos, habrá un representante de cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda. De esta manera, la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer de los conflictos laborales entre las universidades e instituciones autónomas, es a través de la integración especial de éstas, cuyo objetivo es garantizar el conocimiento de su normativa interna. Luego, como en el Estado de Guerrero se creó una Junta Especial en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sita en Chilpancingo, Guerrero, con jurisdicción en todo el territorio del Estado, para conocer y resolver únicamente los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación superior autónomas, corresponde a dicha Junta conocer de los conflictos laborales suscitados entre la Universidad Autónoma de Guerrero y sus trabajadores. De igual manera, refuerza lo sostenido la jurisprudencia 2a./J. 121/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, Décima Época, registro 2020540, página 243, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN EL AMPARO INDIRECTO EN QUE SE RECLAMARON LA RETENCIÓN Y/O SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES LABORALES. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA DE TRABAJO. Si bien en principio, para fijar la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito debe atenderse a la naturaleza de la resolución y de la autoridad responsable, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para establecer cuándo el juicio de amparo corresponde a la materia de trabajo, se debe considerar si el acto reclamado afecta de manera directa e inmediata algún derecho tutelado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, cuando el quejoso reclama la retención y/o suspensión de su cargo, del salario que percibe, del aguinaldo y prima vacacional o demás prestaciones de esa índole, resulta evidente que su naturaleza es laboral, independientemente de que la autoridad o autoridades señaladas como responsables tengan o no esa naturaleza, porque el bien jurídico o interés fundamental controvertido se relaciona con aspectos atinentes a derechos laborales protegidos por el citado artículo 123 y sus leyes reglamentarias e inciden en una afectación a los mismos; por ende, el competente para conocer de los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en el amparo indirecto en que se reclamaron tales actos es un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo." En ese orden de ideas, de admitir a trámite la demanda, lejos de beneficiar a la parte quejosa, le perjudicaría porque puede ser que en este momento todavía esté en aptitud de acudir al juicio laboral para controvertir los actos reclamados; en cambio, si se tramita todo el juicio de amparo culminará con un sobreseimiento y entonces pudiera ya no estar en aptitud de controvertir los actos mediante la vía laboral. En tal virtud, es claro que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia invocada, de ahí que, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. Es aplicable, por las razones que expone, la tesis aislada a XXIV.2o.11 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, registro 2021089, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que, frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio". Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 394/2018, de su índice, en sesión de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el cual este órgano jurisdiccional considera adecuado y orientador para desechar la demanda en el presente asunto REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Amado Xavier Hernández Aguilar, y como autorizados en términos restringidos de referido numeral a las diversas personas que menciona, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En tal virtud, y como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto al usuario que menciona, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En relación a su solicitud, y tomando en consideración que el usuario "Lic_Xavier", se encuentra registrado, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que la quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.

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