Iveth Adrana Samayoa Aquino
Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2022
Partes del expediente
- Iveth Adrana Samayoa Aquino
Actuaciones
- Principal
.. En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de treinta y uno de enero del presente año, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica". (Énfasis añadido). Atento a lo anterior, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido...
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de catorce de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la demanda de amparo promovida por Amado Xavier Hernández Aguilar, quien se ostenta como apoderado legal de Iveth Adrana Samayoa Aquino, contra actos del Juez Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 45/2022. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES Ahora, del contenido integral de la demanda, no se advierte con claridad cuál es el acto o actos de que se duele la parte quejosa. Ello, toda vez que en el capítulo relativo al acto reclamado, refiere de manera genérica la negativa de fijar fecha para la audiencia preliminar de ley dentro de los diez días que, a su decir, en el plazo fijado por la ley, violación al debido proceso y al derecho de audiencia, en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno, con residencia en esta ciudad. Al respecto, es menester precisar que la violación al debido proceso y al derecho de audiencia, son en realidad calificativas de los actos y argumentos para destacar sus aspectos circunstanciales, sin que el quejoso haya precisado cuál es el acto o actos de que se duele, esto es, la conducta (activa o pasiva), que se atribuye a la autoridad responsable. Tiene aplicación, la tesis I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 69, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Por otra parte, en el apartado de antecedentes, narra que la responsable dio vista con la contestación de la demanda y por medio de escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dio de contestación a la vista, por lo que, solicitó se procediera a fijar la fecha de la audiencia, asimismo, señala que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, hizo un recordatorio, sin que haya señalado la fecha. Además, refiere que el doce de enero de dos mil veintiuno, le requirió de manera verbal la fijación de la fecha y que ésta argumentó que no podría cumplir con los términos de ley. De ahí que no se advierte con precisión cuál o cuáles son los actos reclamados y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno, ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que las autoridades responsables tengan certeza respecto de qué acto deben pronunciarse al rendir sus informes y en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Tiene aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Por otro lado, el promovente de la demanda Amado Xavier Hernández Aguilar, se ostenta como apoderado legal de la directa quejosa Iveth Adrana Samayoa Aquino. Sin embargo, de la copia del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 41/2021, que anexa a la demanda con el cual pretende acreditar su personalidad, se advierte únicamente el nombre de Iveth Adriana Samayoa Aquino, como parte actora en el juicio natural. Por lo tanto, no se advierte con claridad cuál es el nombre correcto de la directa quejosa, esto es, Iveth Adrana Samayoa Aquino o Iveth Adriana Samayoa Aquino. Además, la copia del acuerdo doce de abril de dos mil veintiuno que adjuntó a su demanda se encuentra incompleta, pues no se observa la primera parte de la hoja marcada con el número dos, por lo que resulta insuficiente para acreditar la personalidad con que ostenta. Por otro lado, se observa que la impetrante de garantías no narra la totalidad de los antecedentes del acto o actos reclamados; es decir, omite hacer una narración precisa de todos aquellos acontecimientos positivos o negativos ocurridos con antelación al acto o actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías; esto, porque así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia, pues es necesario que amplíe los antecedentes de los actos reclamados. Ello, pues de una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que la misma parte quejosa promovió el diverso juicio de amparo 260/2021, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que reclamó el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con sede en esta ciudad, por medio del cual se acordó que no ha lugar a dar trámite a la demanda interpuesta por la directa quejosa y se ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, además, se ordenó el archivo del asunto como concluido. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por tanto, dado que de los datos que se advierten del juicio de amparo 260/2021, del índice de este Juzgado, se advierte que al parecer el juicio del que deriva el acto reclamado en el presente asunto se encuentra concluido, lo que no concuerda con los antecedentes que la parte quejosa narra en la demanda, de ahí que, deberá aclarar dichas circunstancias. Antecedentes que resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo; esto, porque, como se dijo, así lo exige la fracción V, del artículo 108, de la ley de la materia. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En tal virtud, con fundamento en los numerales 108, fracciones I, IV y V y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, precise de forma específica: A) Tomando en consideración que en el apartado relativo al acto reclamado refiere de manera genérica la negativa de fijar fecha para la audiencia preliminar de ley dentro de los diez días que, a su decir, en el plazo fijado por la ley, en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, en el apartado de antecedentes, narra que la responsable dio vista con la contestación de la demanda y por medio de escrito de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dio de contestación a la vista, por lo que, solicitó se procediera a fijar la fecha de la audiencia, asimismo, señala que con fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, hizo un recordatorio, sin que haya señalado la fecha. Además, refiere que el doce de enero de dos mil veintiuno, le requirió de manera verbal la fijación de la fecha y que ésta argumentó que no podría cumplir con los términos de ley. En tal virtud, deberá precisar si lo que reclama es únicamente la negativa expresa realizada de manera verbal el doce de enero de dos mil veintiuno, de fijar fecha para la audiencia preliminar, en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno, con residencia en esta ciudad o si reclama una negativa diversa, indicando de qué manera se realizó, en qué fecha y si se lo atribuye al titular de dicho órgano jurisdiccional. B) O bien, si lo que en realidad reclama es la omisión de fijar fecha para la audiencia preliminar, en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno, con residencia en esta ciudad, precisando en qué fecha lo solicitó y si se lo atribuye al titular de dicho órgano jurisdiccional. C) Toda vez que menciona la violación al debido proceso y al derecho de audiencia, en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno, con residencia en esta ciudad, deberá precisar si pretende reclamar un acto diverso derivado de dichas manifestaciones, esto es, la conducta (activa o pasiva), que atribuye a la autoridad responsable, absteniéndose de formular calificativas del mismo y argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales, precisando su fecha, número de oficio o cualquier otro dato que permita identificarlo y si se lo atribuye al Juez Primero Especializado en Materia Laboral, con residencia en esta ciudad. D) Aclare cuál es el nombre correcto de la directa quejosa, esto es, Iveth Adrana Samayoa Aquino o Iveth Adriana Samayoa Aquino. E) De igual manera, toda vez que se advierte que la copia digitalizada del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, que anexó a la demanda con la cual pretende acreditar su personalidad, se encuentra incompleta, pues no se observa la primera parte de la hoja marcada con el número dos, por lo que resulta insuficiente para acreditar su personalidad. En tal virtud, deberá exhibir el documento idóneo y completo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad con que se ostenta. En el entendido que para la exhibición de dicho documento deberá tomar en consideración el contenido del artículo 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, tomando en consideración que la presente demanda es tramitada vía en línea, por ello, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado que adjunte es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia P/J.43/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 48, que es del contenido siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.- Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo". Así como, la Jurisprudencia P./J. 23/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, página 7, del rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." F) Tomando en cuenta que la misma parte quejosa Amado Xavier Hernández Aguilar, en su carácter de apoderado legal de Iveth Adriana Samayoa Aquino, promovió el diverso juicio de amparo 260/2021, del índice de este Juzgado, en el que reclamó el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 41/2021, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral Región Uno, con sede en esta ciudad, por medio del cual se acordó que no ha lugar a dar trámite a la demanda interpuesta por la directa quejosa y se ordenó remitir el asunto al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas, además, se ordenó el archivo del asunto como concluido. Por tanto, dado que de los datos que se advierten del juicio de amparo 260/2021, del índice de este Juzgado, se advierte que al parecer el juicio del que deriva el acto reclamado en el presente asunto se encuentra concluido, lo que no concuerda con los antecedentes que la parte quejosa narra en la demanda, de ahí que, deberá ampliar sus antecedentes, bajo protesta de decir verdad, aclarando dichas circunstancias. G) De igual forma, manifieste si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra el acto reclamado o alguno relacionado; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Hágase del conocimiento de la parte quejosa y de sus autorizados que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que, de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia, o se acordará lo conducente, dependiendo la irregularidad que subsista. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a la Secretaria, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados en los términos que refiere a las personas que menciona. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones que se dicten en el presente asunto al usuario "Lic_Xavier" que menciona, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. De igual manera, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario; por tanto, como lo dispone el numeral 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, realícese las gestiones conducentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el usuario en cita pueda efectuar la consulta electrónica del expediente en que se actúa. Atento a lo acordado en el párrafo que antecede, se instruye al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que habilite la casilla electrónica del auto referido; asimismo, verifique que todas y cada una de las determinaciones que se lleguen a emitir a partir del presente auto en el expediente en que se actúa puedan ser consultadas vía electrónica, es decir, al momento de realizar la publicación del acuerdo deberá cerciorarse que la casilla correspondiente a la notificación electrónica o por lista se encuentren debidamente requisitadas, para efecto de que la quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.
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